Provisión de agua a poblaciones sin acceso a redes por emergencia - COVID-19

Seguidamente presento el resumen de las lecciones aprendidas de las experiencias en América Latina y el Caribe, expuestas en el documento para discusión N° IDP-DP-00845 publicada por la División de Agua y Saneamiento del BID, respecto a la provisión de agua potable a las poblaciones sin acceso a redes durante la emergencia por COVID-19 :

• En situación de crisis sanitaria, el Derecho al Agua y al Saneamiento se vuelve imprescindible para asegurar la salud pública, y pone en relevancia el esfuerzo focalizado a la implementación del mismo.
• Los gobiernos, a través de sus prestadores, deben propender a conseguir un acceso seguro a los servicios de agua y saneamiento para sus poblaciones.
• Para los prestadores pequeños resulta clave fomentar la asociatividad entre varios de ellos con el fin de fortalecer sus capacidades administrativas, operativas y financieras, lo que pueda mejorar su gestión en sostenibilidad y enfrentar con mayor solvencia adversidades como la pandemia.
• En tiempo de crisis se vuelve muy importante mantener la comunicación y buena relación entre el prestador y el usuario del servicio, para solucionar en forma viable los problemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
• Durante la pandemia se ha visto la necesidad de reforzar la seguridad física de las instalaciones de agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión de estos servicios, en razón del incremento de robos y vandalismo generados por la crisis económica y social.
• Las soluciones alternativas para la dotación de agua a poblaciones sin servicio continuo no son las más eficientes desde el punto de vista técnico, económico, logístico y social; pero se vuelve necesarias en situaciones de emergencia.
• Los prestadores deben disponer de estudios y diseños para proyectos de agua potable y saneamiento previo a la consecución de un financiamiento, esto permite la ejecución rápida de obras, especialmente en casos emergentes como los ocasionados por la pandemia.
• Los prestadores han experimentado durante esta crisis sanitaria la necesidad de reforzar el trabajo de protección de fuentes sustentado en lineamientos apropiados que garanticen la disponibilidad de agua para sus clientes y para poblaciones vulnerables sin acceso a servicio a través de redes.
• Los prestadores han visto la necesidad de realizar programas permanentes de consumo responsable del recurso agua, debido al incremento en la demanda, que generó el cambio de hábitos sanitarios durante la pandemia.
• Los prestadores asimilaron durante esta pandemia la importancia de disponer de planes para la entrega de agua en situaciones emergentes y en especial para poblaciones vulnerables que no disponen de servicio a través de redes.
• Las entidades prestadoras deben contar con opciones de abastecimiento de agua mediante acciones que realizan tener redundancia en sus sistemas, por ejemplo circuitos hidráulicos, interconexión entre plantas, tanques y redes, pozos en reserva, y reservorios emergentes.
• Los prestadores deben gestionar oportunamente el financiamiento y avales para intervención en soluciones de provisión de agua y saneamiento para poblaciones vulnerables sin acceso a servicios mediante redes.
• Los prestadores deben prever la asignación de recursos financieros y recursos humanos a nivel de los cuadros técnicos de reserva para la atención de situaciones emergentes.
• Cada prestador debe identificar y definir las necesidades y las mejores soluciones para dotación de agua y saneamiento a sus poblaciones según sus características sociológicas, culturales, regionales y geográficas.

La provisión de agua potable a poblaciones sin acceso a redes usando camiones cisterna es el más utilizado por emergencia-COVID-19

A modo de reflexión

La situación sanitaria ocasionada por la pandemia evidenció la necesidad de que los prestadores de servicios de agua y saneamiento cuenten con planes de emergencia para la provisión de agua a sus poblaciones y en especial a los más vulnerables que no cuentan con servicio a través de redes.

Se ha identificado claramente que en esta condición de crisis sanitaria el abastecimiento de agua potable ha adquirido una importancia muy relevante priorizando este servicio por sobre el de saneamiento por parte de los prestadores de servicios.

La provisión de agua potable a poblaciones vulnerables sin acceso a servicio mediante redes ha demandado de los operadores de la región la implementación de soluciones alternativas para cumplir con una responsabilidad social y de salud pública, debido a las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto al lavado frecuente de manos con agua y jabón en el afán de Contribuir a mitigar el contagio de la COVID-19.

Investigación criminal para garantizar el acceso al recurso agua

El resultado de mis investigaciones sobre la gestión del recurso agua en Perú, un país sumamente complejo dada su indudable diversidad, me llevó en las últimas décadas a relacionar las causalidades resultantes en los ecosistemas deteriorados por las restricciones políticas de la ocupación y uso del territorio que responden a múltiples intereses. El uso de los recursos naturales y el agua en particular, gestan superposiciones en la toma de decisiones por parte de las autoridades para gestionar los impactos generados;agudizándose  por el cambio climático que afecta la sostenibilidad requerida por el país en términos de gobernanza y gobernabilidad. 

El registro histórico de la gestión de agua en Perú reporta elevados sobrecostos.

Vulnerabilidad en fuentes de agua

Parte de las evidencias que proporcionamos investigadores en el transcurso del tiempo, son registradas por instituciones transfrontera, tales como BID,BM...; éste último suscribe que el 22% de la superficie glaciar en el Perú desapareció en los últimos treinta (30) años.

Un impacto paisajístico que relaciona la pérdida en fuentes de agua producto de los nevados de las altas cumbres, puede ser mensurada en forma masiva por la población que se percata de este hecho al transitar por la carretera central en "Ticlio" o abra de Anticona (paso en la cordillera de los Andes a 4818 msnm ó 15807 pies), donde se visualiza la pérdida paulatina de nieve hasta la ausencia sostenida de las mismas durante algunos meses del año. 

Retroceso y desaparición de Glaciares en Perú_Vista de Los Andes Centrales

En este contexto, la población que se abastece y depende exclusivamente de fuentes de agua proveniente de los glaciares es altamente vulnerable y sus situación se agudizará en áreas con glaciares proveedores de agua en cinco cadenas montañosas que podrían desaparecer en los próximos veinte (20) años.

Necesidad del fortalecimiento en investigación criminal

La teoría del delito como parte del Derecho Penal, permiten determinar con precisión si existen o no elementos constitutivos del tipo penal en los comportamientos gestados en el proceso social que acompaña al Derecho humano-como es el derecho al acceso al agua para uso primario según Ley 29338 - donde la capacitación en investigación criminal deviene en fundamental,sustentado en las consideraciones del proceso histórico seguido.
El Estado peruano, mediante Ley 24949 (1988) y su modificatoria Ley 28078 (2003),buscó integrar sus fuerzas policiales y desaparecer la duplicidad de funciones para ofrecer un mejor servicio a la sociedad; sin embargo, como efecto colateral se produjo una reducción en la capacidad de investigación criminal. La policía entonces se vio en la necesidad de adecuar su forma y singularidad al carácter propio de la Nación en las ciento cincuenta y nueve cuencas hidrográficas que conforman el territorio peruano, en donde la naturaleza y alcance de la misión asignada a la policía estaba relacionada con las especificidades del espacio geosocial en el cual operaban.
Al globalizarse la fórmula regulatoria jurídico-legal de  la criminalidad en este extremo, desligó a la policía del poder judicial para ponerla al servicio del Ejecutivo, bajo el marco de insuficiencia en la investigación del delito.
La nueva modalidad de gobernanza se sustentó desplegando la intervención del Ministerio Público desde la etapa policial; sin embargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público la circunscribe al ámbito de investigación preliminar. Las restricciones subsistentes se trataron de resolver mediante sendas normas, la Ley 27934 (2003) y el Decreto Legislativo 989 (2007) que regulan la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. 
Los efectos residuales impactan en la administración de justicia,donde conceptos de celeridad y especialidad  en los procesos resultan extraños al desempeño de órganos jurisdiccionales especializados en delitos  ambientales en Distritos Judiciales del país.
En el escenario descrito, germinaron los impases en la capacidad y calidad del gasto público para agua y saneamiento, alimentados por la débil gobernanza permisiva con la baja rentabilidad para el Estado, pues los espacios generados por altos índices de corrupción mantuvieron al país -hasta la actualidad- sin lograr la cobertura de agua y saneamiento  anhelada por sucesivas administraciones del Estado.

Capacidad y calidad del gasto público 

Aplicando el modelo de gestión que permitió festinar procesos,presionar en la cadena de pagos, socializar los "diezmos" y contribuir a que Perú pierda aproximadamente tres mil millones de dólares cada año por efectos de corrupción se produjo la inversión sectorial en saneamiento que gastó el orden de cinco mil millones de dólares en el lapso de veinticinco años (1985-2010) ; y estando a los actuados para cerrar la brecha en area urbana hacia el año del bicentenario de la independencia del país (2021) demanda gastar el orden de dieciséis mil millones de dólares en los cuatro años que restan.
Los cuellos de botella dinámicos registrados, evidenciaron una falta de capacidad en el gasto público en el periodo 2011-2016, donde solamente se pudieron invertir seis mil seiscientos sesenta y dos millones de soles ( de los S/. 11.600 millones de soles asignados ) para ejecutar proyectos y obras de agua y saneamiento. Siguiendo el mismo criterio, en el transcurso 2009-2014 el Gobierno Central transfirió dieciocho mil millones de soles a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento, comprobándose que la calidad de los servicios no mejoraron en dichas entidades. 
En síntesis, la dinámica del modelo en el marco del paradigma para lograr "coberturas", impusieron la necesidad de gastar compulsivamente hasta diez veces mas, sin contar con suficientes especialistas, a quienes se llegó a diferenciar en sus remuneraciones del nivel gerencial en EPS hasta por diez veces menos en ciudades del interior del país contrastando con su capital,Lima.
No será complicado entonces entender el porque existen las empresas filiales de la antigua SENAPA (1981)  hoy convertidas en empresas municipales que se encuentran-en su mayoría- recurrentemente quebradas técnica y financieramente, pese a recibir intermitente apoyo económico y financiero del Estado; operando formas de corrupción bajo el manto de incompetencia, inficionadas con procedimientos de recepción de obras ineficientes  que emergen con problemas de operación y mantenimiento, afectando en la calidad del sistema integral y convirtiéndolas en Empresas insostenibles. 
Como corolario se tiene a una importante cantidad de obras sometidas a control y fiscalización por el Sistema Nacional de Control, vistas por el ministerio público y siendo judicializadas sólo algunas. El punto es que en tanto el proceso sancionador, como las obras inconclusas, paralizadas y cuestionadas por la población beneficiaria demandan años de inercia que les mantiene sin acceso al recurso agua; de los miles de funcionarios pasibles de sanción muy pocos son alcanzados por el brazo de la Ley tal como lo presenté en Inversiones,corrupción e impunidad.

Cobertura del servicio de agua en cuarenta y nueve (49) meses

La presión ejercida para alcanzar la meta de cerrar la brecha de agua en zona urbana del país en aproximadamente cuarenta y nueve meses (aprox. un mil quinientos días), evidencia las debilidades en términos de recursos humanos especializados que tratara de cubrirse a través de redefinir el sector por el Ejecutivo con el Decreto Legislativo 1280 (2016) aprobando la Ley marco de gestión y prestación de servicios de saneamiento y que el Legislativo modificara y derogara en parte por Ley 30672 (2017).

Medidas integrales de rápido impacto

La frase “Si no hubiera corrupción en el Perú del pasado, ya tendríamos agua potable en todo el país, pero se llevaron la plata", pasa por el ciclo "protesta-propuesta-acción", y  a diferencia de las medidas de rápido impacto en saneamiento que acrecentaron el forado sectorial en las arcas del tesoro público- las medidas integrales de rápido impacto u otras que pudiera implementar el Estado a través de diversas instituciones como en el caso de OTASS para garantizar el acceso al recurso agua en el plazo previsto; no debiera desestabilizar Empresas, hacer atractivo el sector a profesionales especializados, formalizar las cadenas de pago, entre otras medidas a tomar ; y para ello es imprescindible fortalecer como componente transversal a la investigación criminal  a efectos de identificar y sancionar a los corruptores, de esta forma se podría mitigar el impacto que generan las asociaciones ilícitas para delinquir y los sobrecostos producidos por la corrupción en el sector.  

El Dato

• Casos emblemáticos de falta de capacidad de respuesta en el proceso de reconstrucción como en los casos del Terremoto en Pisco (2007) y El Niño Costero (2016-2017), generan altos niveles de desconfianza en los actores sociales que ralentizan la ejecución de obras y por consiguiente la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas.
• Tres meses al año se presentan con diversa intensidad los impactos generados por el Fenómeno El Niño. Lo que en cuatro años implicarían retrasos por doce meses en obras civiles destinadas a cobertura de servicios, sin perjuicio del tiempo que demande reparar los daños adicionales que pudieran ocasionar los embates de la naturaleza.

Disponibilidad y acceso al agua en Perú

Para tocar aspectos básicos del entendimiento sobre disponibilidad y acceso al agua, debo precisar que nos referimos al agua dulce y los diversos usos que se le da, considerando no sólo el espacio, sino el tiempo. Por consiguiente, entre otros, tocamos los derechos no sólo de los usuarios actuales, sino de los usos y usuarios futuros.

Por ello, cuando enfocamos los Sistemas de Gestión Ambiental-Agua, miramos las leyes de la materia y la naturaleza, bajo una perspectiva de sistemas de gestión integrados, basados en el proceso de mejora continua y el sentido dinámico mas amplio.

En Perú, esto explica la necesidad de situarse a nivel de los espacios de cuencas hidrográficas,verificándose la desigual distribución en disponibilidad del agua.
Los registros sobre balance hídrico para estructurar los mapas de zonas de vida en el año 1957 y que fueron registradas en 1976 por ONERN, contrastados con datos actuales,explicarían la evolución y variabilidad del recurso hídrico en territorio nacional. 

El proceso de crecimiento y densificación poblacional en centros urbanos de la faja costera y la consiguiente atención de sus necesidades básicas, paulatinamente fueron reduciendo la disponibilidad del recurso agua, derivando en una crisis ambiental.

Crisis del agua y crisis de gobernabilidad

El VI foro Mundial del Agua (Francia,2012) acuñó la frase "la crisis del agua por la que atraviesa el mundo obedece en gran medida a una crisis de gobernabilidad".

En el tiempo, las diferentes administraciones del estado peruano, priorizaron obras hídricas de infraestructura mayor, para atender los requerimientos de la población e industria especialmente asentadas en la faja costera.
El centralismo agudizó el problema de disponibilidad de agua; el retrato de Lima que alberga el 30% de la población en 2.5% del territorio nacional, constituye el modelo replicado por otras ciudades como Piura, la quinta ciudad mas poblada del país situada también en zona costera en el valle del río Piura, a 981 km al norte de Lima.   

Piura vive gran parte del año con escasez del agua y en ocasiones,como la actual con el embate del fenómeno "El Niño-Costero",sufre inundaciones;en ambos casos, se evidencia la desigualdad de acceso al agua de calidad para el consumo humano.

En este universo de escasez, de emergencia recurrente por El Niño o la Niña y fallas de mercado local, se hace necesaria la aplicación de un modelo regulatorio propio (adecuado a su realidad y particulares necesidades), pues no se trata sólo de un tema hidrológico y de financiamiento, sino también de buena gobernabilidad.
Concordaremos entonces en que para gestionar la escasez del agua y los riesgos naturales o antropogénicos asociados a ésta, son necesarias instituciones sólidas,participación de la población y firmeza en la aplicación de políticas locales en los diferentes niveles de gestión. 

Tomando medidas hoy para que no falte agua mañana

Refiriéndonos a una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento en Piura (EPS-Grau) técnicamente se encuentra quebrada y sin posibilidad que el Gobierno Central le inyecte recursos para reflotar su capacidad de operación; en este contexto instituciones como el regulador SUNASS y el Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento, a través de OTASS; se ven limitadas en sus funciones, pues miran que en el tiempo sus esfuerzos para que la población pueda tener acceso al agua, no son sostenibles.

Este escenario se da, pese a que en el período 2009 al 2014, el Gobierno Central transfirió a las EPS el orden de 18 mil millones de soles, y no obstante este presupuesto, la calidad de los servicios no mejoró. 

La administración actual del país, pretende revertir tal situación con el Decreto Legislativo Nº 1280, cuyo propósito es fortalecer la autonomía de las EPS y lograr una gestión con indicadores de eficiencia institucional en favor de la población.

Lo antes mencionado sólo es una visión de lo que sucede en un sector, por lo que es necesario ver holísticamente la disponibilidad y acceso al estratégico recurso agua, tomando en consideración el desarrollo sostenible de otros sectores extractivos y productivos.