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martes, 6 de octubre de 2020

INSEGURIDAD SOCIAL EN PERÚ POR COVID-19

Durante su primer debate con Donald Trump en el marco del proceso electoral en Estados Unidos, el senador, vice presidente, candidato a la presidencia de Estados Unidos de norteamérica en las elecciones de noviembre del 2020, Joe Biden mostró a Perú como un país altamente impactado por el COVID-19. Con la intención de mostrar que su contendiente Donald Trump tuvo una mala gestión frente al COVID-19, Biden mostró un gráfico que posicionaba a Estados Unidos en el puesto nueve dentro de la gráfica de mortalidad por COVID-19 por cada 100 000 habitantes; y en el primer lugar de esa tabla estaba Perú.
Perú mostrado como el país  con mayor muertos por COVID-19 por 100000 habitantes en el mundo.

Esta dramática realidad en Perú obedece a una serie de errores en el proceso seguido frente al manejo de la pandemia, partiendo de la existencia de un débil sistema de salud, continuando con la falla estratégica de utilizar pruebas rápidas sin contar con un adecuado sistema de seguimiento a los casos de infectados identificados, lo que en la praxis neutralizó los esfuerzos de médicos y epidemiólogos quienes no pudieron impedir que Perú se presente como el país con mayor cantidad de muertos en el mundo, debido al COVID-19 por cien mil habitantes. 

EFECTOS DE LA INSEGURIDAD SOCIAL


La falta de capacidad demostrada por el Estado peruano se identifica no solamente en los miles de muertos por COVID-19, transmitiéndose a los familiares que, sin perjuicio de pasar por el dolor de cremar a su muertos, tienen que lidiar con la salvaje burocracia de un seguro social que en el papel considera la posibilidad a los deudos de cobrar los gastos del sepelio de un familiar afiliado a ESSALUD, el cual deberá realizar un trámite de rembolso de hasta dos mil setenta soles por el fallecimiento de un familiar (trabajador regular, activo o pensionista) afiliado a esta entidad.
El tema pasa por un vía crucis porque ese pedido de reembolso de pleno derecho - que debiera ser de ejecución automática - tiene un plazo de seis meses (180 días) desde la fecha que se indica en el certificado de defunción, de lo contrario, el dinero se dirige al fondo del seguro social. El problema se agudiza desde el momento en que el Estado de emergencia en Perú, pasa los doscientos días, incluyendo algunos detalles como fue el caso de la rígida inmovilización social, incluyendo la paralización de instituciones estratégicas como es el caso del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, en donde se deberá tramitar la partida de defunción original del beneficiario fallecido, rectificación de partidas u otros especiales de ser el caso para que acredite su condición de beneficiario ( Testamento o sucesión intestada).
En este extremo, los lentos reflejos de la representación nacional en el Congreso de la República, se integra a estos cuellos de botella por las que deben transitar esta población afectada y sensibilizada, que va incrementándose paulatinamente en la medida que continúan produciéndose las muertes por COVID-19, aunque en menor proporción, pero expectantes ante los futuros efectos de un eventual rebrote de la pandemia.
Las industrias extractivas estratégicas, como es en el caso de la minería y petróleo, podrían continuar siendo afectadas, ante eventuales protestas sociales de una población que exprese sus protestas incorrectamente dirigidas, con las conocidas restricciones frente a sus normales operaciones.

miércoles, 16 de diciembre de 2015

Perú-Ecuador frente a minería ilegal

La actividad minera ilegal en zonas de frontera genera impactos transfronterizos que obligan a su tratamiento de manera articulada y consensuada. En ese contexto, la minería ilegal ha pasado a formar parte de la agenda bilateral con Ecuador. De manera consistente con las políticas nacionales sobre la materia, los presidentes Ollanta Humala y Rafael Correa han decidido desarrollar una respuesta conjunta de lucha contra la minería ilegal en la zona fronteriza común.
El encuentro que las delegaciones peruana y ecuatoriana realizaron en abril de este año en la zona del puesto de vigilancia El Tambo, en la provincia de Condorcanqui, reveló la voluntad de las partes de dar un tratamiento bilateral a la problemática transfronteriza en un clima de cordialidad y cooperación. La visita fue la respuesta de ambos gobiernos a la existencia de actividades de minería ilegal en la Cordillera del Cóndor, escenario del conflicto del Cenepa en 1995.
Para confirmar el compromiso, delegaciones de ambos países se reunieron sucesivamente en Lima en julio, y en Huaquillas (Ecuador) en noviembre, con el propósito de acordar –primero– y revisar el cumplimiento –después– de la hoja de ruta a seguir por el Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre Minería Ilegal, conformado por instituciones peruanas y ecuatorianas, que han establecido una estrategia conjunta de lucha contra la minería ilegal en la zona de frontera, con un enfoque preventivo y de erradicación.
La hoja de ruta contempla aspectos de protección al medio ambiente y el desarrollo de la zona fronteriza de ambos países e incluye el intercambio de información sobre marcos legales y experiencias nacionales, así como campañas de sensibilización, capacitación, cooperación, asistencia mutua y el desarrollo de visitas de reconocimiento y operaciones coordinadas de interdicción en las áreas más afectadas.
La estrategia peruana y ecuatoriana se inscribe en acciones adoptadas de alcance regional. En junio del 2013 la Comunidad Andina adoptó la Decisión 774, que creó la política andina de lucha contra la minería ilegal; y en mayo del 2013, en la declaración aprobada por los ministros de Relaciones Exteriores de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, se incluyó una referencia a este fenómeno, y se creó un grupo especializado sobre minería ilegal. En el ámbito multilateral, la Organización de las Naciones Unidas reconoce que la minería ilegal es una de las formas nuevas y emergentes de la delincuencia organizada transnacional.
Asimismo, como parte de la respuesta del Estado Peruano ante este problema, el Consejo Nacional de Desarrollo e Integración Fronteriza ha concertado con los gobiernos regionales y locales y con la población organizada planes de acción directa, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional del Estado y desarrollar proyectos de infraestructura en áreas críticas de frontera donde se presenta la minería ilegal y otros problemas socioambientales de implicancia transfronteriza.

viernes, 9 de octubre de 2015

Consultan previa en Perú según GBM

El director del GBM para las economías de Bolivia, Chile, Perú y Venezuela, Alberto Rodríguez, señaló, en relación a los conflictos sociales que se han registrado por la ejecución de importantes proyectos mineros como Tía María y Las Bambas, que es natural que en un proceso de esta naturaleza haya desacuerdos y que ciertos grupos se sientan afectados. 
“En el fondo lo más importante es que se respete la ley y que esas consultas se realicen, pues los proyectos mineros, y de cualquier tipo, tienen que respetar las normas medioambientales y sociales”, señaló tras su participación en el foro ‘Empleos, salarios y la desaceleración en América Latina’ realizado en el marco de las Juntas de Gobernadores del FMI y del GBM. 
En ese sentido reveló que el GMB está trabajando un plan para mostrar mecanismos que permitan crear un vínculo entre la actividad extractiva y la inversión pública en jurisdicciones que albergan los yacimientos.

miércoles, 18 de marzo de 2015

Análisis por escenarios prospectivos

Este análisis, permite una mirada a los conflictos en el tiempo buscando una visión hacia un objetivo común que se traza en el proceso de planeamiento y permite evaluar escenarios para conjugar el resultado mediante las acciones necesarias. 
La opinión de un experto ambientalista, como es en el caso de Felipe Injoque Espinoza, que además tiene una vasta experiencia en manejo de conflictos socioambientales, nos dará luces a cerca del escenario en que se mueven actualmente las inversiones de las actividades extractivas en Perú :
"Aplicando la idea en retrospectiva, hemos visto el proceso social peruano que se viene escribiendo matizado por distintas perspectivas profesionales y políticas. Autores como Peter Klaren en “Nación y Sociedad en la Historia del Perú”, ponen en perspectiva la presencia de las comunidades indígenas del Perú en su historia y permite rastrear conflictos sociales asociados a ellas desde el siglo XIX en el período Republicano y nos permite ver como el país se relaciona con los procesos de la revolución industrial y el capitalismo durante varias etapas de su historia, empezando con la economía del guano, la economía del salitre, la economía del caucho y el sesgo mercantil que nos dejó la colonia.
Ya en el oncenio de Legía hubo un proceso de apertura económica al mercado de norteamérica que permitió el ingreso de la Cerro de Pasco Corporation y otros, que generó reacciones contrarias al final de su gobierno y permitió el desarrollo del aprismo y de la izquierda bajo pensadores como Mariátegui.
Recientemente leía el libro "Los Dueños del Perú" de Carlos Malpica Silva Santisteban, en el que se presentaba el mapa del poder en el país en la década del sesenta, antes de la Revolución de Velazco Alvarado. Se presenta en este libro a un primer poder relacionado con los poseedores de tierra, los grandes hacendados o las grandes haciendas, productoras primarias de productos de exportación. Conjuntamente con las empresas exportadoras y las empresas mineras, controlaban el flujo de divisas del país, según el estudio realizado por Jorge Bravo Bresani (Gran Empresa, Pequeña Nación) citado por el autor.
En un enfoque de perspectiva, el autor nos presenta su diagnóstico del sistema económico imperante en el país en esos tiempos, las reformas que se instauran en el Velazcato y luego los procesos de reacción que se dieron en el segundo gobierno de Belaunde. Lamentablemente el citado autor fallece tempranamente y la década del noventa, con el crecimiento económico, el neoliberalismo desarrollado con resultados económicos crecientes durante los últimos 25 años, convivió con cambios en la relación de los poderes y enfoque social descritos por el autor.
Se hará necesaria una visión integradora de algún estudioso, que pueda tomar la posta para analizar como se han dado estos cambios en relación a una visión de país dividida entre los defensores del modelo económico de mercado y los de modelos defendidos cuando existía la guerra fría y los postulados de la izquierda revolucionaria se sostenían en el gigante soviético o en el chino, que postulaban modelos estatistas y contratistas de la economía que han quedado atrás con el derrumbamiento del muro de Berlin y la desaparición de la Unión Soviética.
Sin embargo la impronta de la izquierda no ha quedado ahí, sino que se ha reciclado bajo el liderazgo de pensadores como Martha Harnecker, que ha planteado nuevas formas de enfocar el socialismo, integrando el discurso ambiental, el de derechos humanos y el de los derechos de las comunidades indígenas propugnado por el Tratado 169 de la OIT, como estrategia para desestabilizar a las empresas, a las fuerzas del orden y al sistema en sí mismo.
Toda esta estrategia ha calado en un mundo que buscaba respuestas y soluciones y que enfocó también los temas ambientales, los temas de derechos humanos y los de las comunidades indígenas, por lo que lo planteado como una fórmula para desestabilizar un orden establecido, apoyándose en movimientos nacionalistas que llegan al poder en Venezuela, Ecuador y Bolivia. Sin embargo, esta estrategia se encontró con una agenda similar en el otro lado del escenario, con instituciones que se han ido fortaleciendo en el control y manejo ambiental desde su nacimiento con el acta de protección ambiental de 1970 de los Estados Unidos y que en el Perú se inicia en la década de los noventas con el Código del Medio Ambiente, con un proceso de deslinde y titulación de tierras que provocó la consolidación legal de la propiedad de tierras comunales en sierra y selva acá en Perú, que alivió la presión social en el escenario de las comunidades indígenas, aunque quedó pendiente el espacio de la amazonía. Y en cuanto a derechos humanos, esto se ha convertido a través de la gobernanza corporativa en medios de limitar el accionar de empresas transnacionales en lo que se refiere a derechos humanos, comunidades y medio ambiente, que se asocia ahora a los temas de financiamiento de proyectos.
Entonces, la confrontación de ideas o de sistemas de pensamiento político entre un modelo renovado de izquierda y un modelo neoliberal, que incluyen temas ambientales, de comunidades y de derechos humanos no es el fondo del problema, como aparentemente nos podrían hacer creer los lideres de uno u otro grupo, sino que es el marco en el que se desenvuelve la sociedad del país, digamos, las condiciones naturales y sociales que forman la historia, geografía y sociedad del país. Porque existe una cordillera de los andes que conformó las condiciones climáticas de costa, sierra y selva, existe la corriente de Humboldt que determina las condiciones climáticas de la costa, existió esta configuración desde el deshielo de fin del Pleistoceno y en este espacio geográfico y climático se desarrolla la sociedad y la cultura del país.
En estas “condiciones” se han desarrollado las culturas preincas, los incas, la colonia y la República, alternando poderes y formas de gobierno, en sintonía con el mundo que influyó más o menos a la sociedad peruana. Es un todo dinámico en el que convive una sociedad heredera de ayllus y otra heredera de migrantes extranjeros que se hicieron peruanos durante los casi dos siglos de la existencia de la República.
Hoy estamos viviendo la gran migración asiática, con una cada vez mayor presencia de inversiones y migrantes chinos, coreanos, etc.  Ese crisol genera diversidad, genera oportunidades, que se han dado no solo en Lima, sino también en distintas partes del país donde en distintos momentos, migrantes de distintos lugares crearon riqueza dejando una impronta que se sumó a la del país. Palestinos, chinos, japoneses, italianos, etc.
Hoy asistimos a una etapa de cambio de condiciones de mercado que empezó en 2013 y la caída de precios de los commodities en el mercado mundial ha hecho que se empiece a desinflar una economía que había sostenido crecimientos de 6 % anual y hoy alcanza solo el 2 %.
Paralelamente, el chorreo que se había venido dando a través de las compras locales, formación de empresas comunales y desarrollo de iniciativas empresariales locales, convenios y otros mecanismos, también se viene afectando, por lo que los intereses de esta nueva clase económica, de antiguas comunidades que pugnan por modernizarse y donde el interés particular y el comunal comparten espacio, vienen sumando su cuota a la conflictividad en algunas zonas de influencia de las empresas extractivas.
El caso de Pichanaki, en el campo petrolero, el caso de Tia María en el espacio minero y recientemente el caso de Apurímac por el lado de las empresas eléctricas, como ejemplos. Todo ello sumado a un escenario electoral, donde las ideologías son bandera para la búsqueda del poder en la justa por venir.
Lo que debe tener claro el país es lo que se quiere, la meta a la que se busca llegar en el mediano y largo plazo, para poder orientar acciones consensuadas para ir corrigiendo rumbos. La agenda es la misma en las distintas canteras que entrarán en justa. Gobernar un país tiene que ver con generar riqueza, promover inversión, educar, generar salud, cultura, pero cobra vigencia el trabajo de Carlos Malpica Silva Santisteban, sobre los Dueños del Perú, porque estamos seguros que hoy no son los mismos dueños, hoy mas peruanos son dueños, más comunidades tienen propiedad, más peruanos tienen acceso a la educación y a fuentes de trabajo o de riqueza.
Lo que pasa es que el proceso es desordenado y conflictivo, debido a la visión colonial, a la postergación de más de 100 años de la población local y la falta de una visión integradora del país que respetara la cultura existente mirando al país como por conquistar y no por integrar.
El proceso de crecimiento constante del país en los últimos 25 años ha sido posible porque se ha ido internalizando el tema ambiental y el tema social en consonancia con corrientes internacionales. Empresas y Estado han ido juntos dando pasos que han permitido inversión con respeto y este proceso debe continuar a pesar de la coyuntura de precios bajos. Por ello el gobierno está impulsando grandes proyectos y obras que mantengan la tendencia de crecimiento y permita seguir creciendo al país.
La coyuntura electoral y el riesgo que aparentemente se genera en los espacios sociales de los proyectos indicados y de otros, se da como señal de que existen cosas que deben seguir corrigiéndose para seguir mejorando.
El caso de Pluspetrol pone en evidencia no solo la necesidad de internalizar pasivos ambientales por la empresa y por el Estado, sino el fondo referente al problema de propiedad no resuelto en la amazonía con las Comunidades Indígenas o nativas. El caso de Tia María seguramente tendrá que seguir la agenda de apertura que se ha tenido y ha involucrado a mayor cantidad de población a favor del proyecto, buscando evitar la satanización de la oposición, haciéndolos participar siempre con presencia también del Estado, pero en el marco de construcción de confianza mutua. Hay un dicho que dice: “conversar no es pactar”, que refleja el nivel de empatía y comunicación que debe propiciarse por empresas, estado y comunidad. El caso de Apurímac que está hoy en agenda, deberemos irlo estudiando para poder entender el motivo o detonante que seguramente está detrás de este problema, sin desmedro del escenario pre electoral". 

jueves, 26 de febrero de 2015

Manejo de conflicto en Pichanaki

En Agitadores & Actividades extractivas  describimos ,como antesala, algunos detalles que rodearon la toma de pozos operados por la empresa Pluspetrol.
Seguidamente, presentamos la opinión especializada del consultor socio ambiental Felipe Injoque Espìnoza, sobre el conflicto social en Pichanaki :
"El conflicto social desatado en Pichanaki a raíz del paro del 09 de febrero (2015), con la secuela de violencia lamentable, es un tema que ha despertado mucho interés desde varias aristas en las redes sociales, como la referida al rol del Estado, la referida al comportamiento de la empresa o la orientadas a satanizar el comportamiento de algunos líderes sociales involucrados.
Sin embargo es importante también poner en perspectiva que este es un Lote concesionado por el Estado para exploración por hidrocarburos. Es el Lote108, que abarca Junín, Pasco y Ayacucho, con más de 300 km de largo, en el cual la empresa ha focalizado su interés en la zona norte, lejos de la conflictiva zona del VRAE y donde Pichanaki ha sido un punto logístico para acceder a sus áreas de mayor interés.
En los días que han pasado, en las noticias, la empresa Pluspetrol ha sido ampliamente entrevistada, por lo que se puede tener claridad en cuanto a sus planes de negocio y la orientación del trabajo que han realizado, así como el foco de interés que tienen. No está claro sin embargo, el como han actuado con respecto a los líderes que han desarrollado el conflicto, para poder hacer un símil con otros conflictos. Pero estoy seguro que han trabajado con la gente en muchos sitios, donde no hay molestias, sino todo lo contrario, apoyo a su proyecto y conocimiento apropiado debido a un proceso de consulta ciudadana realizado por la empresa.
Porqué entonces un punto en el mapa, como Pichanaki, que para Pluspetrol es un punto logístico, se convierte en un problema social o más bien sociopolítico. Porque Pichanaki no es una comunidad campesina, no es una comunidad indígena, sino una población o ciudad con muchos años de historial de ser un lugar donde existe desorden, por decir lo menos y donde las oportunidades para hacer negocios fuera de la ley, permiten el florecimiento de clanes que no son precisamente aliados de la formalidad de una empresa como Pluspetrol y otras. También está el hecho de que al sur del Lote, como se ha mencionado está presente uno de los enclaves cocaleros, que también está seguramente buscando evitar que la formalidad se acerque a su zona, con lo que encontraríamos causales de interés para generar conflictos.
Entonces debemos colegir que ante una situación de esta naturaleza, la estrategia de una empresa extractiva, que está en etapa de exploración no es la estrategia que pueda responder a un escenario complejo, como el planteado. Relaciones comunitarias solamente, o agreguemos también Relaciones Públicas, no puede ser sino un brazo formal de una estrategia de la empresa mucho más amplia que no conocemos, pero que por las evidencias, probablemente no se está manejando adecuadamente aun.
Hace unos años tuvimos oportunidad de ver un proyecto hidroeléctrico en una zona de características similares y un operador muy grande cuya estrategia abordó una alianza con el Estado y un manejo social muy estrecho en la zona tanto cercana como en el ámbito macro del proyecto, con resultados muy positivos, al no haberse creado ningún conflicto durante su desarrollo. Claramente un enfoque distinto seguramente debido a que mientras en el caso de Pluspetrol, se está ante un tema de riesgo de exploración, en el otro era la construcción de una infraestructura hidroeléctrica, con todo seguro en el futuro, por lo que asegurar la variable política o socio política es clave.
Seguramente veremos a Pluspetrol enrumbando hacia una estrategia similar conforme el proyecto aterrice sus reservas y el nivel de inseguridad y riesgo baje, afianzándose la inversión en el largo plazo.

Tierra y Agua

A la luz de la continua aparición de temas periodísticos referidos a Pluspetrol y los nativos, a Pichanaki o el tema ambiental, se puede apreciar que el tema que ahora está en el tapete es el de propiedad y el de agua, que como dice un dicho, es causal de violencia.
Parecería que hay una secuencia articulada de acciones de las comunidades nativas de Loreto por el Lote 109 (antes Lote 1AB), a continuación de la que las organizaciones sociales de la Selva Central (Lote 108). Primero por un tema que produjo la caída de un ministro y que ahora devela el interés que subyace en la lucha social emprendida. Analicemos pues la agenda tierra y agua, que parece sugerirnos esta secuencia de hechos y veamos hacia adonde apunta y quienes están involucrados.
Para nadie es desconocido que nuestro país (Perú) nació de la independencia de una colonia española, la cual se implantó sobre una cultura autóctona milenaria que en el momento de la conquista estaba en su fase llamada panperuana tardía, con la expansión del imperio incaico. Luego de tres siglos de colonia, en la cual la corona española reconoció títulos a las Comunidades de Indígenas, como lo atestiguan los Garashipos en cuero de oveja que mantienen algunas comunidades muy antiguas en la sierra, la naciente patria peruana, desconoció títulos españoles y cambió radicalmente el trato y reconocimiento a los indígenas, propiciando que durante una centuria hasta la Constitución de 1920 crecieran las haciendas y latifundios a expensas de los terrenos comunales, antiguamente reconocidos por la colonia. Desde 1921 que se crea la Dirección Nacional de Asuntos Indígenas, muchas de estas antiguas comunidades de indígenas fueron registrándose y  volviendo a adquirir personería jurídica, mediante un representante o personero que actuaba de interlocutor con las autoridades de la república. Si leemos a Scorza y estudiamos el tema, efectivamente las Comunidades fueron elevando su voz en una guerra silenciosa por lograr el reconocimiento a sus antiguos títulos de propiedad. Finalmente explotó la lucha a fines de los cincuentas y comienzo de los sesentas, con masacres y enfrentamientos cruentos entre comunidades y autoridades, lo cual propició el crecimiento de la ideología de izquierda reinvindicativa, que se calzó en la ancestral lucha por las tierras de las comunidades campesinas, de forma similar al proceso de sincretización religiosa que se dió durante la colonia.
En Lima siempre mirando al mar y hacia afuera del país, muchas veces ni se veía todo este proceso interno cargado de dolor, de resentimiento, que dificultaba la viabilidad del país. En este proceso social las postergadas comunidades exigieron con creciente fuerza una mayor presencia en la vida política del país y una agenda paritaria con el sistema. Los hitos que hicieron posible su crecimiento fueron las luchas de los sesentas, la revolución de 1968, la llegada del aprismo en 1985 al poder y la aprobación de la ley de deslinde y titulación de tierras comunales, así como luego la ley de tierras de 1994 que prácticamente limitó la posibilidad de expropiar tierras con fines mineros.  Este proceso de igualación dió pie a que en la década de los 2000, se presentaran con mayor fuerza y evidencia los procesos de conflictividad socioambiental que ahora tenemos constantemente en agenda. 
Ahora ¿nos sorprende que en la Selva los nativos de las comunidades quieran lo mismo?, cuando ellos fueron postergados por el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas de 1968 con una inclusión incompleta en el proceso de titulación de tierras, dejando la gran mayoría de sus tierras como propiedad del Estado, para concesiones forestales o petroleras. ¿Coincidencia que los principales conflictos con nativos se han dado con el tema forestal en Bagua y con temas extractivos de minería y petróleo ahora? Creo que bajo esta perspectiva, la agenda está clara, los amigos líderes comunales de la sierra, después de exitosa labor durante 20 años, están apoyando a las comunidades nativas, marginadas en la legislación de los setentas.
La agenda del agua, contaminación, daño ambiental, es agenda común de presión que todas las comunidades utilizan para reclamar sus derechos, el cual analizamos brevemente a continuación.
En el caso del lote 108, se menciona en el Comercio el vertimiento de agua de perforación por años, con altos contenidos salinos, los cuales han dañado el ecosistema que da sustento a los nativos y que motiva el reclamo indemnizatorio que hacen conjuntamente con el reclamo de retribución por el uso de las tierras.
Cual es el tamaño del pasivo del Estado que no se sincera y aunque la OEFA viene sancionando a Pluspetrol, no se menciona el daño actual proveniente de los pasivos de Petroperú, que no tienen a quien ser asignados.  Creo que el Estado, la OEFA y la autoridad ambiental no se puede poner en la posición de fiscalizador de lo que el mismo Estado ha creado en tiempos en que no existía la legislación ambiental. Porqué no afronta el tema como en otros países financiando la remediación y lo necesario para recuperar las áreas dañadas, en vez de querer endosar a Pluspetrol o cualquier empresa su enorme parte en la responsabilidad.
Creo que el Estado tiene una enorme cuenta que saldar y no lo hará con la clásica política de avestruz para lo que quiere esconder como su responsabilidad por lo realizado por Petroperú en el tema ambiental y social y la de atropellar cuando quiere hacer lo que le da la gana, como el querer volver a que Petroperú sea operador. Todavía recuerdo años atrás a fines de los ochentas e inicios de los noventas a funcionarios de Petroperú cuando querían entrar al Parque Nacional del Manu para promover un lote, con argumentos de que por unos cuantos nativos, animalitos y plantitas no se puede parar el desarrollo. Esa forma de pensar tiene que ser erradicada del Estado para mirar al futuro con viabilidad, que solo puede nacer de la equidad con los hermanos nativos, con la maravillosa naturaleza amazónica con que hemos sido privilegiados como país.
Yo creo que es hora que las empresas petroleras, forestales y otras sean aliadas del desarrollo de la mano con las poblaciones y no contra las poblaciones, cuidando la naturaleza, internalizado su costo  y no externalizándolo como se ha venido haciendo desde que los antiguos Bandeirantes asolaron la amazonía de Maynas en la época de las primeras misiones y colonización en plena colonia española. Qué clase de negocio es uno que genera bien estar fuera de la zona donde se genera y luego no tiene fondos para cubrir el daño creado por la externalización ambiental y social realizada.
Las comunidades nativas bien asesoradas por los exitosos líderes de las batallas ganadas en las comunidades campesinas, vuelven a ser las comunidades de indígenas que artificialmente se separaron y lucharán sin duda por años para lograr equidad. Es hora de darnos cuenta y no rasgarnos vestiduras sin ver la pintura completa, como de alguna forma estamos tratando de mostrar. Hay una agenda pendiente que debe ser trabajada para que el país sea viable en el largo plazo. Ahora todos somos peruanos, pero no podemos despreciar nuestro pasado, nuestra antigua sociedad y poblaciones ancestrales. Debemos igualar como dice la Constitución a estos compatriotas que fueron marginados por un sistema que no viene al caso juzgar, debemos mirar adelante, dialogar, corregir, respetar y crear condiciones para el bienestar de ellos y del resto del país, pero con su participación.

El Paradigma de la Propiedad Comunal

Un tema a investigar para tener claridad en el caso de Pichanaki, en la Selva Central, Lote 108 y en Loreto, Lote 109, donde Pluspetrol se ha convertido en un motivo o detonante de una lucha mucho mayor de reclamo al Estado, es el de propiedad comunal en la Amazonía. 
Los conceptos han sido manejados de distinta forma a los aplicados en el resto del país, porque la Amazonía no dejó de verse como una frontera a conquistar, tanto por un Estado lejano en su modelo costeño y de latifundio durante muchos años de la historia republicana, como por la Iglesia, que consideraba a los nativos como un objetivo de evangelización y no solo la Iglesia Católica, sino también de otras confesiones más recientemente.
En lo que a propiedad se refiere hubo una política de colonización durante la república que inicialmente persiguió a los nativos como mano de obra, lo que se agudiza en la época del caucho y fue práctica común bajo la idea de culturizarlos, catequizarlos, pero no se habló de propiedad de los nativos, porque por el lado del Estado era una frontera y por el lado comunal, su estilo de vida silvestre impedía que formaran parte de la nación en términos de ciudadanía por lo que no poseían derechos. Ya luego de la Constitución de 1920 que inicia un proceso de reconocimiento a las Comunidades de Indígenas y luego durante el gobierno revolucionario de fines de los sesentas, se legisló sobre comunidades nativas y se promovió los asentamientos, que impulsó durante varios gobiernos la titulación de comunidades nativas solo en relación a sus poblados con el objetivo de asentar a poblaciones de costumbres itinerantes en un amplio territorio comunal, que fue considerado como territorio del Estado, susceptible a concesiones.
Mientras en la selva baja se configuraba un trato en base a concesiones forestales, concesiones petroleras, básicamente, en la selva alta una mayor densidad de ocupación y presencia de colonos que llegan desde la sierra y desde el exterior, configura un modelo de transición en el que se da la propiedad y un registro predial, dentro del marco jurídico nacional, como es en la zona de la Selva Central, pero también se dan comunidades, también se dan concesiones, según la accesibilidad y la densidad de ocupación.
Una mirada en perspectiva nos proporciona más claridad para entender el fondo de esta conflictividad que se da en poblaciones que, si bien no han tenido un registro de conflictividad muy evidente, aparecen en "Historia de la Gobernación y Comandancia General de Maynas" de Waldemar Espinoza, donde los Huambisas y los Aguarunas tuvieron tempranas rebeliones a inicios de la República.
Finalmente como escribió Adam Kahane en "Como Resolver Problemas Complejos", el planeamiento por escenarios, basado en el estudio y análisis más amplio, como el esbozado, permite aproximaciones que lleguen a reconocimientos y consensos evitando conflictos innecesarios".

miércoles, 25 de febrero de 2015

Minería peruana & Camisea

La minería peruana está pasando por un bache con proyectos como Conga y otros, sin embargo_de cara al futuro_ puede mirarse en el espejo de la experiencia vivida en el país con la industria del gas natural y el Proyecto Camisea.
Seguidamente reproducimos un interesante artículo de TOGY sobre el particular :  
"Perú fue el primer país productor de hidrocarburos en América Latina, con su primer  pozo perforado de petróleo en 1863. Después de más de un siglo de perforación intensiva y la producción de petróleo concentrada en gran medida en la costa norte y, en menor medida, en la selva tropical norte, la producción petrolera del Perú alcanzó su punto máximo en 1982 a poco más de 200 mil barriles de petróleo por día.
Mientras que Perú había producido previamente grandes cantidades de petróleo, el gas natural nunca se había considerado deseable, y sus grandes reservas permanecían sin explotar.
En medio de nueva apertura económica en el Perú durante la presidencia de Alberto Fujimori, con la inestabilidad económica, mayor libre mercado y la mejora de las condiciones de negocio para las empresas extranjeras. En este entorno, el gobierno comenzó a tomar medidas para desarrollar el proyecto Camisea.

EL CONSORCIO

Descubierto en 1986 por Shell, la exploración de la región de Camisea reveló reservas estimadas de al menos 14,6 billones de pies cúbicos (385 bcm) de gas natural. Un consorcio inicial de Shell y la estadounidense Mobil (ahora ExxonMobil) comenzó a desarrollar el campo, pero se retiró en 1998 debido a la oposición política y una supuesta falta de rentabilidad, lo que demandó un esfuerzo renovado del gobierno para impulsar el desarrollo del campo .
En mayo de 1999, una Comisión Especial para Camisea presenta una nueva licitación para las distintas fases del proyecto Camisea, invitando a las empresas a presentar ofertas para las concesiones en producción, transporte, y distribución del gas en Lima y Callao .
Un nuevo Consorcio Camisea se adjudicó la concesión para la producción, formado por Hunt Oil con sede en EEUU (35,2%), argentina Pluspetrol (27,2 %), la surcoreana SK Corporation (17,6 %), la compañía argelina Sonatrach (10 %) y la argentina Tecpetrol (10 %). Posteriormente, Repsol compró una participación del 10 % al consorcio de Hunt Oil.
La concesión para el transporte fue dado a Transportadora de Gas del Perú (TGP), un consorcio de Tecgas de Argentina - propiedad mayoritaria de la Peruana Graña y Montero - (30 %), Pluspetrol (19,2 %), Hunt Oil (19,2 %), Graña y Montero (12 %), Sonatrach (10 %) y SK Corporation (9,6 %).
La propiedad cambió mucho desde que se inició la construcción, y los accionistas son actualmente: Grupo de Energía de Bogotá 23,6 %, Enagás 22.4 %, 21.2 % Sonatrach, SK Corporation 11,2 %, GDF Suez 8 %,  Plan de Pensión y Junta de Inversión de Canadá 10,4 %, y  Graña y Montero 2,98 %.
Mientras que la concesión de distribución fue a Gas Natural de Lima y Callao, un consorcio de Tractebel (99 %) y Punta Huaca de Luna (1 %). La compañía ya ha cambiado de nombre y ahora se denomina Cálidda propiedad del Grupo de Energía de Bogotá (60 %) y Promigas (40 %).

CONSTRUCCIÓN Y FINANCIAMIENTO

El Proyecto Camisea consistió no sólo de los yacimientos de gas, donde los pozos de producción fueron perforados en los campos de San Martín y Cashiriari en los bloques 88 y 56, sino también de toda la gama de servicios necesarios para transportar y procesar el gas.
Estos incluyen la estación de procesamiento de gas en Las Malvinas en la región de Cuzco, de la que el gas se transporta en dos ductos, uno llevando gas a Lima, y ​​los otros líquidos que se transportaban a la planta de fraccionamiento de Pisco e instalación de Perú LNG  para la exportación.
Se esperaba que requerirá una inversión combinada de US $ 3 mil millones y $ 4 mil millones  para las tres etapas del proyecto [upstream, midstream y downstream].
Para la parte aguas arriba (upstream), una financiación considerable se obtuvo del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos ($ 210 millones) y Citibank Grupo ($ 120 millones), con una mayor financiación recibida de una serie de bancos y organizaciones comerciales más pequeños.
Hasta la fecha, la exploración y el desarrollo del proyecto Camisea ha costado más de $ 3.7 mil millones, incluyendo las expansiones de la planta de separación de Las Malvinas y la planta de fraccionamiento en Pisco. El consorcio Camisea ha anunciado que durante 2015-2016 se tiene previsto invertir un adicional de $ 500 millones en el bloque 88, que verá la exploración y la actividad de perforación como el suministro del bloque será enteramente dedicada al servicio de la demanda interna.

PRODUCCIÓN Y EXPANSIÓN

Con una producción inicial de 400 mpc (11,3 mcm) por día de gas natural, Camisea ha estado en un proceso de continua expansión desde que comenzó operaciones. En la actualidad, el proyecto está produciendo 45,3 (1,6 millones de pies cúbicos) por día, lo que le permite abastecer el 95 % de la demanda interna del Perú para el gas, así como la exportación de más de 200 millones de pies cúbicos (5,66 bcm) de LNG a México a partir de la instalación de Perú LNG.
El gasoducto TgP, con una capacidad inicial de alrededor de 600 mpc (17 mcm), fue ampliado para contener 920 mpc (26 mcm) entre 2012 y 2015.
El gasoducto sufrió una serie de problemas, con varias rupturas que se produjeron poco después de que comenzaron las operaciones , y un ataque de Sendero Luminoso en 2012.
Después de celebrar el décimo aniversario de la llegada del gas de Camisea en Lima en agosto de 2014, el Consorcio Camisea sigue mirando hacia el futuro, con planes a gran escala para el desarrollo del campo.
En 2014, se llevaron a cabo más de 200 kilómetros cuadrados de exploración sísmica y el primer pozo exploratorio fue perforado en el campo Kimaro. Un total de $ 500 millones se invertirán hasta el 2016 en el aumento de la producción en el campo.
La producción en el bloque 88 se ha dedicado exclusivamente a la demanda interna, a principios de agosto de 2014, pero con la nueva producción en el bloque 56, al igual que en los bloques adyacentes 57 y 58 propiedad de Repsol y China National Petroleum Corporation, respectivamente, la producción se prevé que sea más que suficiente para abastecer la demanda interna y tienen un amplio  sobrante de gas para la licuefacción y exportación.
Con la concesión y construcción del sur de Perú Gas Pipeline, el Consorcio Camisea para el año 2018 tendrá dos tuberías a través de las cuales podrá transportar gas, dándoles un nuevo incentivo para producir más gas.
Un obstáculo puede ser el precio fijo bajo del gas, lo que ha llevado a algunos observadores a especular que los operadores podrán abstenerse de declarar nuevas reservas hasta que se hayan subido los precios, el aumento de sus márgenes de beneficio.
Mientras que el precio exacto que se venderá aún no está claro, es evidente que Camisea continuará abasteciendo de gas a la población peruana en la próxima década.

sábado, 14 de febrero de 2015

Agitadores & Actividades extractivas

En Antiminería & conflictos sociales que difundiéramos en noviembre del 2011, registramos la dimensión en que se mueven los frentes de defensa ambiental y su uso como mascaron de proa para arrinconar a las actividades extractivas en eventos coyunturales. Un año pre electoral es  uno de estos casos, en que se evidencia el despliegue del aparato logístico de operadores políticos en lugares estratégicos del territorio peruano.
En estricto, tratan de posicionarse políticamente para contar con presencia real en determinadas zonas y utilizan la inacción y/o deficiencias de un Estado peruano que reacciona sólo cuando tiene el problema en ciernes de una crisis gubernamental.
A modo de ejemplo citaremos el caso de la industria del petroleo, que en abril de 2014 los nativos achuar tomaron la base petrolera de Jibarito (Región Loreto) por una semana y en Setiembre del mismo año provocó un paro indefinido inadecuadamente resuelto por el Ejecutivo. Como consecuencia,el 26 de enero del 2015, aproximadamente 400 nativos de las comunidades de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón tomaron 14 pozos operados por la empresa argentina Pluspetrol en la misma precitada base de Jibarito.
Las comunidades reclaman al Estado peruano y a Pluspetrol que reconozcan sus derechos al territorio (mediante la titulación), la remediación de las zonas afectadas por la explotación petrolera (que tienen pasivos ambientales históricos), una compensación por el uso de los territorios e indemnización por daños sujetos a una evaluación ambiental.
La situación escaló a una región distante del reclamo inicial, focalizándose en el distrito de Pichanaki_provincia de Chanchamayo (Región Junín) donde la empresa ejecutaba labores de exploración. El factor detonante constituyó la demora del diálogo ante un paro indefinido en la zona que registraba su tercer día de manifestaciones. Las protestas dejaron un muerto y 37 heridos.
Es así que ante el cese de operaciones de exploración de la empresa Pluspetrol en Pichanaki, el presidente Ollanta Humala lamentó que este tema se haya tenido que resolver con violencia y destacó la existencia de un grupo de agitadores en la zona.
Ollanta Humala pidió a las autoridades locales y regionales que conduzcan "las demandas legítimas de la población en un cauce democrático" para evitar que surjan  estos agitadores profesionales".
"Ellos quieren que el Perú se adapte a su forma de ver las cosas, porque ellos no quieren adaptarse al desarrollo del país. Eso es lo que tenemos que rechazar. La democracia tiene que tener fuerza para defenderse de esta gente que lo que busca es violencia, atraso y confrontación", manifestó Humala sobre los agitadores.
Asimismo, el mandatario afirmó también que estos agitadores "tienen muchas veces y responden a intereses económicos subalternos".
Por otro lado, Ollanta Humala expresó que, "como gobierno central, tenemos que asumir nuestras responsabilidades en el sentido de que debemos de tener mayor presencia en el interior del país".
Entretanto, el ex presidente García indico que “ahora los Humala denuncian a los agitadores. Pero ¿qué hicieron ellos en Andahuaylas, Bagua y Conga? " , recordando métodos similares aplicados para intervenir en las precitadas localidades.

miércoles, 11 de febrero de 2015

Agenda pendiente de pasivos y daños ambientales

La actualización de Pasivos ambientales mineros fue tratado en detalle para este espacio en PAMs & FONAM del mes de Junio del año 2012.
El saldo ambiental de la extracción minera irresponsable en el Perú salta a la vista. En el 2014 se hizo un inventario de los pasivos mineros que nunca fueron cerrados y que siguen contaminando los recursos naturales y la vida de las comunidades.
Según la Ley 28271, los pasivos ambientales son aquellas instalaciones, efluentes, emisiones, restos o depósitos de residuos mineros abandonados o inactivos que constituyen un riesgo para la salud.
A lo largo de 42 cuencas hidrográficas, hay 8.571 pasivos que fueron abandonados por mineros desde 1920 a la fecha, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Incluso, algunos cuantos provienen de la Colonia.
El valle del Mantaro (Junín) es una de las zonas más contaminadas con 1.336 pasivos. Le siguen los valles del Santa (827), Apurímac (647), Alto Huallaga (517) y Rímac-Lurín (384). Se trata de los territorios más afectados, pero no son los únicos.
La Dirección General de Minería (DGM) estima que se necesitan unos US$500 millones para remediar el daño ambiental que hoy siguen causando los 8.571 pasivos inventariados por los ingenieros de esta dependencia. Esta es una inversión de largo plazo que podría hacerse durante –al menos– cuatro décadas dentro del plan que el Estado inició desde el 2010 para atender este problema: invertir en cerrar los pasivos mientras busca a los responsables para hacerles devolver lo invertido.
En virtud a este plan, el Minem aprobó ayer que la DGM solucione el problema ambiental de 134 pasivos ubicados en las regiones de Áncash, Lima, Puno y Cajamarca. En esta tarea se invertirán S/.6,2 millones.
La resolución precisa que, mientras ejecuta este trabajo, el Estado deberá buscar a los responsables del daño ambiental causado por los pasivos.

jueves, 25 de diciembre de 2014

¿ Funciona la formalización minera ?

La agencia oficial Andina publica la discrepancia existente en la información sobre cifras en marcha de formalización minera al cierre del año 2014, presentada entre el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Defensoría del Pueblo, en los siguientes términos:
"Un total de 60,858 mineros informales ya han presentado su declaración de compromiso con la clara intención de completar las gestiones necesarias para su formalización oficial que les permitirá operar conforme a ley, reveló el MEM.
El titular de la Dirección General de Formalización Minera del MEM, José Manuel Pando, destacó que a la fecha ya son 631 los mineros pequeños y artesanales los que se encuentran aptos para explotar sus denuncios.
Aclaró que este número de mineros ya formalizados fueron beneficiados a través de 8 resoluciones emitidas por la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno, tras comprobar que presentaron toda la documentación requerida.
"No es preciso que sean solamente 5 los formalizados porque las cooperativas de mineros están conformados por mineros informales. Entonces en su conjunto, formalizados son los componentes de esas cooperativas", subrayó.
Cuestionó en tal sentido las cifras manejadas por la Defensoría del Pueblo que en su informe sobre el balance de la gestión estatal frente a la minería ilegal 2012-2014, señaló que solo 7 declaraciones de compromiso se encuentran aptos para operar.
"No es un número grande frente a 60,858 personas que presentaron su declaración a la actualidad, pero tampoco es que solo son 5 personas como se está diciendo. Hay que tener cuidado como se maneja la información, porque puede resultar tendencioso tratar de jalar el asunto para decir que la formalización no funciona", aseveró.
Pando detalló que Arequipa es la región con mayor número de mineros que gestionan su formalización, con 15,213 declaraciones de compromiso, seguido de Ayacucho, con la presentación de 8,913 casos.
De ahí le siguen Apurímac (7,280), Puno (6,847), La Libertad (5,280), Madre de Dios (3,194), Áncash (2,972), Ica (2,073), Piura (1,941), Cusco (1,729), Lima (1,293).
Pando reconoció que dos de los cuatro pasos que deben cumplir los mineros para formalizarse son complejos.
"No es imposible, tenemos más de 60,000 que están encaminados a esta formalización y están tratando de conseguir cumplir con esos pasos", manifestó.
Confió en que el número de mineros formalizados será mucho mayor en el 2015 y que para ello se trabaja en buscar fórmulas de solución al problema que representan los pasos referidos a la firma de los contratos.
Explicó que la declaración de compromiso acredita que el minero está desarrollando actividad minera en curso, sin autorización, en determinado lugar, hasta que se emita la resolución que le otorga la autoridad del MEM".

jueves, 10 de julio de 2014

Estrategia para actividades extractivas

El grupo Organiza da cuenta de los alcances de la conferencia “Sobrevivencia de la Industria Extractiva frente a los líderes ideológicos” desarrollada en las instalaciones del  Instituto de Ingenieros de Minas del Perú; donde el expositor Rafael Valencia – Dongo  Cárdenas  se refirió a las estrategias utilizadas por las empresas del rubro extractivo.
Indicó que actualmente las organizaciones desarrollan una estrategia que está mal enfocada, es decir quieren cambiar creencias dando contra-argumentos. Sin embargo, el efecto real difiere radicalmente del objetivo inicial.
Para re-enfocarla, propone asociar a la minería con otro concepto, es decir no combatir el concepto preasociado.
Explica que primero se debe generar mensajes promoviendo otro concepto (Minería y Familia); segundo, lograr que los trabajadores y sus familias se comprometan con el desarrollo; tercero, alcanzar una masa crítica que combata a los opositores de la inversión privada.
Otra alternativa mencionada; fue el mecanismo de Obras por Impuestos. Esta modalidad permite desarrollar obras en vez de pagar el Impuesto a la Renta; con ello se otorga una oportunidad a la entidad privada para que pueda ejecutar proyectos que el Estado ha priorizado.