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martes, 28 de septiembre de 2021

Estados de emergencia por metales pesados en agua de consumo humano

La actual administración Castillo en Perú, atendiendo al principio de celeridad y de acuerdo a una serie de informes técnicos , entre los cuales se encuentra el reporte de peligro inminente N° 185 -28/9/2021 / COEN – INDECI , el cual  indicó que desde hace dos años atrás, el 3 de abril de 2019, se registrara la contaminación de pozos de agua para consumo humano, como resultado de los estudios realizados que reportaron concentraciones de metales pesados, los mismos que superaron los límites máximos permisibles y se encontraban provocando múltiples enfermedades a los pobladores más cercanos a la afluencia del río Coata en Puno. 
En este escenario, el día de hoy martes 28 de setiembre del 2021, se publica el Decreto Supremo Nº 158-2021-PCM que declara el estado de emergencia en varias localidades de los distritos de coata, huata y capachica de la provincia de Puno y del distrito de caracoto de la provincia de san román, del departamento de Puno por peligro inminente ante contaminación de agua para consumo humano.

Otras emergencias similares en territorio peruano

Por citar alguna otra, haré referencia al estado de emergencia por contaminación de aguas superficiales del rio moche , el cual se registró en el DS N° 204-2020-PCM (27/12/2020) y se prorrogaron en la línea de tiempo de los estados de emergencia aplicados con DS N° 035-2021-PCM (25/2/2021); DS N° 081-2021-PCM (23/4/2021), DS N° 125-2021-PCM (26/6/2021). 
Cabe precisar que los impactos generados en salud pública por pasivos ambientales mineros, es un tema de larga data en Perú y que demanda atención oportuna de sus funcionarios en los tres niveles de gestión.

viernes, 3 de septiembre de 2021

Política Nacional del Ambiente al 2030 & emergencias ambientales

El Estado peruano, en aplicación del artículo 67 de su Constitución Política y el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, planteó el Decreto Supremo N° 023-2021-MINAM que aprueba la política nacional del ambiente al 2030, el mismo que adolece de serias deficiencias en el diagnóstico que le desvía de los objetivos prioritarios y metas alcanzar en su desarrollo sostenible, realidad que demanda corregir rumbos y ejecutar acciones adecuadas a las necesidades de su población.
Es así que en el precitado Decreto Supremo, explicando los problemas ambientales que presenta, se ocupa de la inadecuada gestión de sustancias químicas tóxicas y metales pesados, considerando "la deficiente manipulación de las mismas" que se traduce en peligros para la salud humana, animal o vegetal y en la afectación de los componentes ambientales, tales como por ejemplo, generación de residuos peligrosos, accidentes y emergencias ambientales. El resultado de una mala gestión de sustancias químicas tóxicas, metales pesados y metaloides pone en riesgo de contaminación de la salud; hace mención que según el Ministerio de Salud, en el año 2018 se registraron 4 867 casos de personas contaminadas por exposición a metales pesados, siendo el departamento de Pasco el que reportó la mayoría de estos casos. Se soslaya información de miles de enfermos y muertes producidas en este cuello de botella existentes por décadas en la franja costera del país y que los regímenes de turno obviaron. 
Las estadísticas oficiales, indican en la praxis que los riesgos atribuidos al cambio climático, explicados hace décadas, se convirtieron en una dramática realidad con la pérdida de vidas humanas, acreditadas con sendos decretos supremos que sustentan las propias emergencias ambientales. De esta forma pasar lapsos de emergencia en emergencia se tornó en rutinaria y sin resolver los problemas de fondo que tienen sustento sistémico en la relación hombre y su medio ambiente. 

Emergencia ambiental que impacta en la salud pública: La Libertad-Perú

Para explicar directamente el problema, ocasionado por el impacto ambiental del cambio climático en países megadiversos como Perú; citare el caso de la contaminación de la cuenca del río Moche, ubicado en la región de La libertad, al norte de Lima, la capital peruana.
El Reporte N° 9 de peligro inminente N° 145-30/6/2021/COEN-INDECI de junio del año 2021 indica que desde el 01 de noviembre del 2020 se viene registrando una contaminación hídrica a consecuencia de pasivos ambientales de proyectos mineros; estimando que 354.093 personas estarían expuestas al peligro y cien hectáreas de cultivo podrían ser afectadas.
Esta línea de pensamiento para sustentar el estado de emergencia por contaminación de aguas superficiales del rio moche se registró en el DS N° 204-2020-PCM (27/12/2020) y asimismo se prorrogaron en la línea de tiempo de los estados de emergencia aplicados con DS N° 035-2021-PCM (25/2/2021); DS N° 081-2021-PCM (23/4/2021), DS N° 125-2021-PCM (26/6/2021) y muy probablemente proseguirá hasta que el radar de la prensa local pase la página por otros temas de coyuntura de interés público como sucediera en el pasado con otras cuencas del país.
Emergencia en La Libertad-Cuenca del río Moche impactado por pasivos ambientales_2021
De la imagen satelital adjunta, se podrá apreciar que la cuenca del rio moche por efecto de la deglaciación (aumento de la temperatura y cambio climático) no presenta en la cuenca alta lagunas ni nevados que puedan contribuir en forma importante a mejorar el régimen de descargas, en época de deshielo y estiaje; es así que el escurrimiento superficial del río Moche es debido a las precipitaciones pluviales estacionales que caen sobre las laderas occidentales de la cordillera de los Andes. Asimismo, se observa que por acción natural y del hombre, los bosques de protección en la cuenca se encuentran en proceso franco de extinción. Recordemos que millones de hectáreas de bosques fueron depredados en Perú.
Veinticuatro años atrás (1997), la evaluación ambiental territorial realizada por el ministerio de energía y minas identificó y caracterizó las minas abandonadas, activas y paralizadas de ese entonces, cuyo detalle se presenta seguidamente:
Evaluación ambiental territorial de la cuenca del rio Moche realizada en 1997 por el MINEM-Perú

La cuenca del río Moche  ubicada en la Región La Libertad, comprende en parte o totalmente las provincias de Trujillo, Otuzco, Santiago de Chuco y Julcán. Esta nace en la Laguna Grande, sobre los 3.898 m.s.n.m., próxima a la localidad de Quiruvilca; con 2.708 km² de área total de drenaje y 102 kilómetros aproximadamente de longitud desde sus nacientes hasta su desembocadura en el océano pacífico, presentando una pendiente promedio de 4%.
En la década de los 70, la desaparecida oficina nacional de evaluación de recursos naturales (ONERN), mediante el análisis de los hidrogramas de descargas diarias correspondientes al período multianual 1931-1970 diferenció tres períodos dentro del ciclo anual : avenidas, estiaje y un período  transicional entre avenidas y estiaje. En ese entonces se estableció que el río Moche descargaba el 74% de su volumen anual durante el período de avenidas y sólo el 15% durante el período de estiaje, el 11% restante del volumen de agua anual correspondía al período de transición.
El procesamiento de la información histórica del período 1931-1970 permitió desde esa fecha determinar la tendencia a la disminución a largo plazo de los volúmenes de las descargas anuales, así por ejemplo, se pudo determinar que el volumen del período 1931-1950 fue superior en 10% al volumen registrado durante el período 1951-1970.
Con la data de esta cuenca del rio Moche y procesos similares en la zona cero explicada en este espacio, y bajo una óptica de prospectiva estratégica, nos permite identificar el escenario presente y de cara al futuro. En estricto rigor : " la dinámica del ciclo hidrológico en la cuenca pasará de estrés hídrico a escasez de agua " o lo que en lenguaje coloquial se traduce en que "la falta de agua será agravada por la contaminación de la misma, si es que en la Política Nacional del Ambiente se continúa pensando en términos de coberturas de los servicios de agua y soslaye la calidad del recurso hídrico".
Este mensaje lo vengo sosteniendo hace décadas desde diversos foros académicos en Perú, como es el caso de  la Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Agraria La Molina, entre otros, así como en el Congreso de la República, sin obtener mayor eco en la representación nacional. 

Reporte de pasivos ambientales mineros en zona de influencia   

La prensa local, viene documentando los impactos ambientales producidos en el sector minero, agrícola, saneamiento, entre otros. Organismos estatales del nivel central como MINAM, MINEM,AMSAC, OEFA, MINAGRI, ANA, MINSA ; así como autoridades del nivel regional y local, vienen accionando de acuerdo al ámbito de sus competencias, motivo por el cual, resulta fundamental contar con planes, programas y proyectos que sigan una política nacional ambiental claramente definida y sustentada en ciencia, para lo cual es preciso utilizar instrumentos de gestión en los tres niveles de gobierno que permitan sinergias y no duplicar esfuerzos para atender temas prioritarios como es el caso de evitar los elevados índices de morbi mortalidad en las zonas identificadas. 
Cuenca baja del rio Moche, que incorpora áreas agrícolas y zona urbana.
Cuenca alta del rio Moche, en época de estiaje. Localidad de Quiruvilca-La Libertad.

Aporte de pasivos ambientales mineros son evidenciados en la cuenca alta del rio Moche.

Reducción de mortalidad en las regiones impactadas

Algunas consideraciones evidencian la necesidad de ajustar la política nacional ambiental a las necesidades del Perú de cara al 2030 :
►Para cautelar la salud pública en el país , es preciso reducir la morbilidad en la población y el indicador mortalidad en la zona cero identificada en la franja costera comprendida entre Tumbes y Arequipa. La libertad se incluye en este espacio.
►Habida cuenta que el Estado de Emergencia Nacional, Emergencia Sanitaria y  las Emergencias Ambientales en Perú, como es en el caso citado por contaminación hídrica de la cuenca del rio Moche, tienen carácter sistémico que afectan transversalmente a los componentes ambientales en cuencas hidrográficas, así como a sectores extractivos y productivos, trascendiendo a las divisiones políticas, ya sean estas distritos, provincias, departamentos o regiones, se hace necesario mantener una visión holística para involucrar los esfuerzos que realizan tanto el sector público como el privado para lograr llegar a buen puerto con soluciones adecuadas. 
► El impacto de la reciente  pandemia del COVID-19 para una población de 2 016.771 habitantes como es la localizada en la región La Libertad, registra 10.083 fallecidos por esta enfermedad infecciosa viral , con una letalidad de 11.66 % ; sin embargo, información oficial del SINADEF viene reportando  la secuencia creciente de fallecidos en los últimos cinco años : 7.458 (2017), 7.535 (2018) , 8.309 (2019), 12.616 (2020) y 11.529 (Hasta 02 de setiembres de 2121). Estas cifras nos indican que el número de fallecidos venía escalando anualmente antes del ingreso de la pandemia al país y se acentuó con su presencia.
►El informe técnico del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades : IT-CDC- N° 076-2021 "Proyección de escenarios de la tercera ola de COVID-19 en el Perú" estima en 4.977 fallecidos en el escario mas conservador y 8.261 fallecidos en el peor escenario previsto para las muertes en la región Las Libertad y del Reporte N° 9 de peligro inminente N° 145-30/6/2021/COEN-INDECI de junio 2021, que en su anexo 1 sobre avance de ejecución presupuestal (partida 0068- Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres) que mide la capacidad de gasto en los municipios provinciales de Trujillo, Otuzco, Julcán y Santiago de Chuco, se podría deducir que en todos los escenarios, el número de fallecidos seguiría la espiral creciente y al término del 2021 superaría los fallecidos del año 2020.
En este orden de apreciaciones, la política nacional del Ambiente al 2030 deberá incorporar a la atención sistémica por cuencas para atender los problemas de agua en términos de calidad, cantidad, continuidad, costo y cobertura; asimismo, gestionar el problema de residuos municipales e industriales, bioacumulación y todos los demás impactos que fueran vinculantes al cambio climático que viene afectando al país con mayor intensidad en las últimas décadas.

miércoles, 19 de diciembre de 2018

Ejes prioritarios del ejecutivo peruano para reforestar

En la reunión de gobierno regional ejecutivo de diciembre 2018 en Perú(noveno país en extensión de bosques a nivel mundial y el segundo,con mayor extensión en la Amazonía), se presentaron acciones conjuntas entre los ministerios del ambiente, energía y minas, y agricultura y riego;los cuales fueron difundidas por INFOREGION.
La ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, presentó los ejes prioritarios del poder Ejecutivo para combatir la deforestación en el país,teniendo en cuenta que el 57% del territorio nacional (73 Millones de hectáreas) está compuesto por bosques (húmedo amazónico, seco y andino), que albergan una gran variedad de flora y fauna.

Primer Eje_Institucionalidad y gobernanza 

A través del cual se articulan las políticas sectoriales vinculadas a los recursos naturales, así como implementar planes de lucha contra la deforestación e implementar unidades de gestión forestal y de fauna silvestre en la Amazonía. Dijo que sin institucionalidad y si un Estado fortalecido no se podrá enfrentar con éxito este tema.

Segundo Eje_Gestión integral del territorio

Tiene como meta al 2021 que las 25 regiones del país cuenten con una zonificación ecológica y económica, lo que permitirá conocer los beneficios y limitaciones ambientales del país, entre otros aspectos que benefician o afectan a la población. Eso significa tener un aprovechamiento sostenible con un manejo integral del territorio. “La lucha contra las actividades ilegales es importante y nos vamos a organizar mejor”, añadió.

Tercer Eje_Producción sostenible

Está referido a la . Esto tiene como objetivo, para el Bicentenario, lograr la reforestación de 170 mil hectáreas degradadas mediante la instalación de plantaciones forestales con fines múltiples, así como facilitar y ampliar el acceso a mercados relacionados a la producción sostenible y bionegocios, entre otros. En esta línea, Fabiola Muñoz resaltó el crecimiento que ha registrado el turismo de naturaleza y la contribución social de los bosques en el país. “El capital natural más importante que tienen las familias indígenas son los bosques”, acotó. Durante su exposición, indicó que “si no tenemos bosques nos vamos a quedar sin agua, y si los seguimos cortando, vamos a tener menos glaciales y menos agua. Es imperativo parar la deforestación”. La elaboración y definición de estos ejes se desarrolló de manera conjunta entre los ministerios de Ambiente, de Energía y Minas, y Agricultura y Riego. 

Cuarto Eje_Lucha contra actividades económicas ilegales

Estuvo a cargo del ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, quien se refirió a la conformación de un comité especial para el manejo sostenible de recursos naturales en Madre de Dios para que en un plazo de tres meses haga un diagnóstico integral sobre el tema, y otra comisión especial que en un plazo de seis meses haga una propuesta integral que permita contar con un catastro integrado respecto a la minería informal. A su turno, el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, dijo que los bosques son una fuente importante de biodiversidad y cumplen un rol importante en el desarrollo del país. “La lucha contra la deforestación es una prioridad del Estado peruano”, acotó".

martes, 16 de enero de 2018

Crisis política peruana tras Minería & exclusión social

2011...

En el año 2011 presenté hechos históricos en Minería & exclusión social a efectos de hacer notar - tras décadas de recorrer el territorio nacional y contrastar las distintas realidades en diferentes pisos altitudinales del país- que la pobreza y la exclusión en el Perú presenta características singulares a otras latitudes del Planeta; lo cual implica mensurarlas en su real dimensión en el marco de un modelo propio, para alcanzar efectivos resultados generacionales hasta lograr superarlas. 
Es así que como un efecto de una inadecuada lectura de indicadores de operatividad subrayé "el recurrente bajo cumplimiento de metas sociales previstas a alcanzar por los diferentes programas sociales en las sucesivas administraciones del gobierno central peruano y la inadecuada calidad de gasto asignado por los presupuestos públicos orientados sin presentar capacidades de sincronización, resiliencia, sintonía y mucho menos armonizada con las situaciones extremas (naturales y antrópicas) por las que transitan las colectividades asistidas como beneficiarios de dichos programas". 
Es preciso recordar que el año 2011 el precio internacional del metal y particularmente el Oro, alcanzó máximos históricos,beneficiando la economía de la Nación, sin embargo, el rostro humano de la población excluida siguió alimentando cifras estadísticas en rojo.
En América Latina, diversos países, abordaron la inclusión y el desarrollo humano a través de concentrar la dirección de las políticas y programas sociales bajo un sólo organismo, delegando en éste la función de ente planificador, coordinador y rector de estas políticas y Programas.
Perú, al seguir esta corriente, aplicó un modelo similar al de Chile y México.
En este escenario, el Congreso de la República peruana aprobó (22 / 08/2011) el dictamen que dispuso crear el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS-Ley 29792), para concentrar los principales programas sociales que ejecuta e implementa el Gobierno. Así se le adscribe el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCODES ; organismo que fuera creado por Decreto Legislativo N° 657 del año 1991 bajo el nombre de Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social-FONCODES, sustentado en la situación de pobreza que afrontaba el país a inicios de la década del 90. Un año después, el Decreto Ley N° 26157, lo ubica como un organismo descentralizado autónomo, dependiente de la Presidencia de la República, con autonomía funcional, económica, financiera, administrativa y técnica. Una década después (2002), la Ley N° 27793 le da forma de Organismo Público Descentralizado (OPD) a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y posteriormente, mediante el Decreto Supremo N° 060-2003-PCM (2003) y el Decreto Supremo N° 004-2004-MIMDES (2004), quedó absorbido por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social.
Siguiendo la tendencia de constantes cambios, mediante Decreto Supremo N° 002-2012-MIDIS y Decreto Supremo N°010-2012-MIDIS, pusieron en  evaluación y reorganización a los programas sociales de FONCODES; asimismo, con Resolución Directoral N° 228-2012-FONCODES, se prioriza la pobreza monetaria focalizada en hogares rurales, atendiendo los requerimientos de ese entonces del MIDIS.
Cabe mencionar que en Perú se definió originalmente como la "Inclusión Social", a la incorporación económica, social, política y cultural de los grupos sociales excluidos y vulnerables a la comunidad nacional, con plenos derechos y acceso a los mercados, que requieren un esfuerzo público adicional a los sistemas permanentes del Estado para cerrar las brechas en la pobreza, desigualdad, vulnerabilidades y riesgos.

2018...

La crisis política que viene arrastrando actualmente el Perú, agudiza el malestar popular, alimentada ésta con el indulto del ex presidente Fujimori, efecto Odebrecht, el embate de El Niño costero, sismos y otros eventos que impactan al país en el actual periodo de gobierno.
Es indudable los buenos deseos y esfuerzo institucional realizado por el Estado peruano, a través del tiempo y  en sus tres niveles de gestión, para atender las necesidades de la población excluida del país, sin embargo, esa suma de voluntades no logró obtener sus frutos por que el esfuerzo sin contar con una adecuada planificación hicieron que la frustración se traslade a sectores estratégicos como es la que se encuentra bajo responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Riego. Un sector que involucra la mayor cantidad de mano de obra no calificada del país, con altos niveles de pobreza, desigualdad extrema en zonas rurales, prominentes vulnerabilidades y elevados riesgos; habida cuenta que poblaciones nucleadas y dispersas de hombres y mujeres del campo no cuentan con servicios básicos. Situación que se agrava con las lagunas de información de precios de sus productos, llevándolos al final del día a subsidiar a las ciudades y desfinanciar a las parcelas agrícolas.
La carencia de una visión prospectiva y planificación estratégica, hacen que los programas sociales ejecuten mirando el espejo retrovisor y de esa forma no se logra alcanzar la cobertura de los beneficiarios.
En resumen, las normas y políticas existen en el papel, sin embargo estas no se cumplen por razones diversas, asi que el Plan Operativo,Presupuesto Institucional,Planes Estratégicos y otros instrumentos de gestión como el Plan Estratégico Sectorial Multianual son en la praxis elementos burocráticos que no cumplen los objetivos para los cuales fueron diseñados.
La energía por frustraciones acumulada en el tiempo, hacen que las poblaciones excluidas se agrupen exteriorizando su malestar y voz de protesta, tal como sucedió en el pasado y recientemente con productores de arroz y papa, éstos últimos acordaron con autoridades del ejecutivo la adquisición de excedentes de producción mediante los gobiernos regionales para la distribución en los programas sociales.
En este contexto, el desarrollo minero está en función de la estabilidad en la agricultura, pues podrá avanzar en sus diferentes fases en la medida que se reduzca reclamaciones a políticas públicas con toma de carreteras o litigios por uso agua en territorios con tradición minera y fundamentalmente que los programas sociales logren las coberturas deseadas de beneficiarios, mitigando las protestas sociales y socio ambientales que puedan destrabar proyectos mineros que se encuentran en cartera.

domingo, 7 de enero de 2018

Agricultura & Minería en la administración PPK

La administración del presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (PPK), no puede seguir gobernando con teorías y grados académicos que desconocen y divergen de las verdaderas necesidades del país, por lo cual es importante volver los ojos para atender los retos y desafíos actuales y futuros que se presentan en el país de los Incas.
El desafío planteado para el relacionar la minería y la agricultura, desarrollando operaciones en un mismo espacio geográfico, es un tema pendiente a diecisiete meses del mandato PPK. 
Este reto no es actual, tiene como un importante hito el año 2002, cuando la protesta social en el departamento de Piura consiguió la cancelación de Tambogrande, el frustrado proyecto aurífero de la minera canadiense Manhattan, que perdió sesenta millones de dólares en el proyecto que reposaba sobre parte de un valle de producción agrícola.
Luego del fracaso de varios ministros de Estado en la cartera de Agricultura y riego de los últimos tres periodos presidenciales, el desafío mantiene renovada vigencia.
Los pasados Ministros y el actual que estaría por dejar el cargo, no pudieron conectar la posición política descentralista y la viabilidad económica de importantes proyectos de la gran minería que se mantienen estancados por el enfrentamiento entre agro y minería, teniendo a los recursos agua y suelo, como elementos en discordia. Este estancamiento del orden de veinte proyectos mineros en el país, causan perdidas por sesenta y siete mil millones de dólares al erario nacional.
Las funciones en el despacho ministerial de Agricultura están claramente definidas, sin embargo esta cartera se encuentra ejecutando las políticas de gobierno mirando el espejo retrovisor, toda vez que sus actividades se focalizaron en remediar los daños causados por el Fenómeno El Niño 2017 y actividades de prevención descolmatando causes de ríos, actividades en donde Contraloría General de la República advirtiera riesgos de corrupción.

Ventanas de oportunidades con efectos del cambio climático

El nuevo titular de la cartera debe considerar la tarea de lograr que la agricultura familiar sea la principal responsable de la comida que llegue a las mesas de las familias peruanas, tarea que se ha venido postergando lamentablemente en  el tiempo.
No puede soslayar los impactos generados por el cambio climático que se encuentra vigente en el país y transfrontera, tampoco las lagunas de información interna sobre la materia pudiendo utilizar herramientas para el análisis de las políticas agropecuarias latinoamericanas como es el caso de AGROMONITOR.
Efectos de los fenómenos climatológicos adversos en la producción y el comercio de los alimentos es un tema que deben considerarse en la futura gestión,tomando en consideración que los efectos negativos deben mitigarse oportunamente y los positivos deberían potenciarse en la medida que Perú es un país megadiverso y cuenta con los recursos para lograr competitividad en el sector Agrícola compartiendo sinergias con el sector minero.

miércoles, 12 de julio de 2017

Desregulación tarifaria del agua

Es gratificante tomar conocimiento que la posición que defendí sobre la regulación integrada del agua en diversos foros del pasado y webinars del presente, en el extremo referido a la existencia de inadecuados costos y estructuras tarifarias aplicados a los usuarios del agua en Perú, van progresivamente tomando racionalidad en la conciencia ciudadana, comunidad académica, científica y público identificado con el uso eficiente del recurso hídrico; para lograr la sostenibilidad del recurso hídrico. 
Ante las fallas de la economía de mercado que impedían asignar el recurso agua con eficacia, la intervención del Estado peruano se vio plasmada sin garantías que esta intervención beneficie a la sociedad, hecho que es subsanable y perfectible para atender a los grandes intereses nacionales con el fortalecimiento del regulador y mejoras efectivas en el aspecto regulatorio en un escenario complejo de diversidad ecosistémica. 
Existe la posición teórica a contrario sensu, que se ve reflejada a modo de ejemplo en la "desregulación tarifaria", tal cual lo expresa el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA en su Título IV y específicamente en su Capítulo IV. 

Regulación sectorial y regulación integrada del agua

En las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, la gestión gubernamental del Perú fué sectorial, floreciendo infraestructuras hidráulicas que incrementaron la oferta coyuntural de agua en la costa; posteriormente en la década de los 90 se dieron leyes sectoriales para el uso de agua.
A inicios del nuevo milenio, en el año 2008 se crea la Autoridad Nacional del Agua y en el 2014 es aprobada la gestión integrada de recursos hídricos como política de Estado número 33 del Acuerdo Nacional.
Cuarenta años transcurrieron entre las consideraciones establecidas por la ley general de aguas (1969) y la ley de Recursos Hídricos (2009) para regular el uso y gestión del agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Con la última norma se extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable.
Los usos y costumbres en los últimos veinticinco años permitieron a los usuarios del agua convenir que entre los objetivos de los precios del agua deberían cumplir: de un lado con un propósito social ampliando la cobertura hacia las áreas que no cuentan con agua y por otro; su meta económica, proporcionando incentivos para el uso eficiente del recurso y asimismo cubrir el costo real y beneficioso del servicio.
Este proceso se reglamenta en Enero del año 2014 con las Juntas,Comisiones y Comités de usuarios según lo dispuesto por la Ley de Organizaciones de usuarios - Ley N° 30157 a partir del cual se delimitaría técnicamente los sectores y subsectores hidráulicos de las 159 cuencas a nivel nacional.
En este contexto, los hechos indican que existieron esfuerzos para regular el recurso agua en forma sectorial y con saludables pinceladas de regulación integrada del agua. 

Efectos de la falta de gestión integrada del agua

La visión parcial generó lagunas de información sobre el uso del recurso hídrico provocando controversias, tal como lo manifesté cinco años atrás en uso del agua y minería .
Resulta paradójico que hace treinta y ocho años atrás(1979) la desaparecida ONERN determinaba que el dos por ciento (2%) del agua a nivel nacional era usada por la minería, trece años después (1992), en el estudio básico situacional de los recursos hídricos del Perú realizado por el MINAG-DGAS, registraba que el sector minero usaba uno por ciento (1%) del agua a escala nacional.
En la actualidad se estima como válidos la equivalencia para el uso del agua por el sector minero a los determinados por ONERN en 1979, es decir, la minería usa dos por ciento (2%) del agua disponible a nivel nacional.
En ese orden de ideas el uso del recurso hídrico por la industria informal y en especial por la minería ilegal, por sus altos niveles de contaminación generadas, contribuyen con subregistros, dificultando una adecuada planificación en la gestión del agua.
De otro lado, la inexistencia de la gestión integral del agua, contribuyó a que sólo el seis por ciento (6%) del territorio nacional-estimados como tierras aptas para cultivo-utilicen el ochenta y seis por ciento (86%) de la disponibilidad del agua con una baja eficiencia en su uso, pues 2/3 partes del recurso agua se pierden.
La incipiente regulación sistémica no pudo evitar la escasez de los recursos agua y tierra fértil, los cuales entran en franco deterioro con el deficiente uso de los precitados recursos. Las pérdidas y uso ineficiente del agua aumentan los niveles de erosión y salinización del orden de trescientos mil hectáreas de suelos que dejaron de ser fértiles, perjudicando a una parte de los dos millones doscientos mil productores del campo.
El panorama se complica cuando se habla de hacer prospectiva con el monopolio natural del uso poblacional del servicio de agua potable presionada por el crecimiento de ciudades de la costa, allí donde se localizan dos de cada tres peruanos; atendiendo que actualmente se consumiría el siete por ciento (7%) de la disponibilidad del agua con una eficiencia de uso estimada en cincuenta por ciento (50 %).

Retribuciones económicas y tarifas de agua 

Saludo a quienes discrepan con mi posición y están por mantener el stato quo en proyectos constructivos para captar y usar agua como sierra verde (sierra azul),Marca II (obras de cabecera)  y todo programa o proyecto vinculado a la siembra y cosecha de agua; pero insisto en que las políticas y normas especialmente tarifarias en materia de regulación sectorial que soslayan la gestión integrada del agua de cara al Bicentenario de la República (2021) no son eficientes y deben revisarse en Perú a fin de garantizar la disponibilidad, acceso y el suministro para el consumo humano y otros usos que a modo de paráfrasis viene asociado con la pérdida de agua de los glaciares, disminución de las aguas subterráneas en los acuíferos, efectos de la contaminación de los recursos hídricos y las deficiencias en la capacidad y calidad de gasto en programas de inversiones sectoriales en la gestión del agua.
Las retribuciones económicas y tarifas por el uso del agua en Perú generan no pocas controversias por las inequidades existentes pues mantienen es sesgo del pasado cuando la gestión del agua estaba circunscrita al sector agrario. La lectura y contrastación de los DS N° 017-2013-MINAGRI,DS N° 024-2015-MINAGRI y DS N° 021-2016-MINAGRI ; las tarifas aprobadas a las EPS reguladas por SUNASS y la utilización de los recursos provenientes del monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en la costa peruana, proporcionan elementos de base para promover con mayor énfasis la gestión integrada del agua, pues está probado que existe un deterioro creciente en cantidad y calidad de los recurso hídricos en las cuencas hidrográficas del Perú, particularmente en la costa, poniendo en riesgo la sostenibilidad del agua.En síntesis,el manejo tarifario sectorial no garantiza la sostenibilidad del recurso hídrico, por lo cual la desregulación tarifaria del agua no es una opción en el país.

El Dato

De acuerdo a ley de recursos hídricos (2009), los titulares de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y eficiente del recurso mediante el pago de retribuciones económicas (por el uso del agua, por el vertimiento de uso de agua residual)   y tarifas ( por el servicio de distribución del agua en los usos sectoriales, por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor, por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas).