Incertidumbre minera 2011_2013

Transcurridos veintiún (21) meses de asumida la administración de Estado peruano, el ejecutivo _ al parecer_ estaría haciendo esfuerzos por resolver la incertidumbre y expectativas mal fundadas generadas con la Ley de Consulta Previa (Aprobada por el Congreso en Agosto del 2011).
La consulta previa, planeada para que haya mayor paz social, terminó siendo  todo lo contrario y tiene a la administración Humala arrinconada tanto por empresarios como comuneros presionándolo, unos para invertir y los otros para defender el agua que alimenta a sus bosques y forma de vida.
En vista que pasado este lapso _21 meses_ no se cuenta con la lista de comunidades indígenas y originarias que pueden acogerse a la precitada Ley de Consulta Previa, el ejecutivo decidió aceptar la renuncia de un funcionario de nivel viceministerial y sin embargo, mantiene las mismas dificultades primigenias, de la propia administración del estado peruano y las empresas_Mineras_ para dirimir intereses y tensiones con las comunidades.
El prestigioso diario El Comercio, grafica lo expresado en los siguientes términos:  
La tensión acumulada durante los últimos meses entre el Viceministerio de Interculturalidad y el Ministerio de Energía y Minas(MEM) estalló esta semana. Un día después de la entrevista dominical dada por el presidente Ollanta Humala, el viceministro de Interculturalidad, Iván Lanegra, presentó su carta de renuncia y el viernes el Ejecutivo la aceptó. Su salida no solo pone en evidencia las irreconciliables posturas en el Ejecutivo sobre cuáles son los pueblos indígenas con derecho a ser consultados y la necesidad de asegurar nuevos proyectos mineros, marca también el inicio de una feroz lucha de poderes y visiones sobre dónde y cuándo hay que impulsar la consulta previa en el Perú. En la entrevista, Humala recogió la visión del MEM, cuestionó la existencia de pueblos indígenas en los Andes y señaló: “En la sierra, la mayor parte son comunidades agrarias producto de la reforma agraria”. De ese modo Humala marcó distancia de la propuesta del Viceministerio de Interculturalidad, que había incluido en su base de datos de pueblos indígenas -aún sin publicar- a comunidades aimaras y quechuas de Apurímac, Áncash, Lambayeque, Huánuco, Ayacucho y el Cusco, regiones donde se sitúan los principales proyectos mineros.

Localización de proyectos mineros auríferos en Perú.

COMUNIDADES CAMPESINAS 

Las declaraciones de Humala no fueron aisladas. Se produjeron en la misma semana en la que el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, confirmó que 14 proyectos mineros ubicados en la sierra no pasarían por la consulta previa, a pesar de que desde inicios de este año el texto único de procedimientos administrativos (TUPA) de su sector incluye la necesidad de realizar la consulta antes del proceso de exploración minera y luego para la explotación. ¿Cuáles son los proyectos que no se consultarán? Solicitamos la información al MEM, pero no respondieron. Uno de los problemas respecto de las comunidades campesinas es la ausencia de cifras claras. Mientras el último censo hecho por Cofopri (2010) señala la existencia de 6.069 comunidades campesinas en la costa y la sierra, Sunarp tiene registradas 6.234. “No entendemos estas diferencias, hace falta un censo actualizado de comunidades campesinas”, señala Pedro Castillo, abogado del Centro Peruano de Estudios Sociales (Cepes). José Luis López Follegatti, coordinador del Grupo de Diálogo de Minería y Desarrollo Sostenible, afirma que el MEM no debería oponerse a los procesos de consulta previa porque ya están normados y porque se podrían generar más conflictos sociales. “En lugar de unificar procesos eligieron saltarse la consulta, no se dan cuenta de que hubieran podido hacer más viable la negociación”, dice. Las últimas semanas, el viceministro afrontó las críticas no solo del Ejecutivo (que se resiste a publicar la base de datos), sino también de algunas ONG y dirigentes campesinos que cuestionaban el uso de la lengua originaria para identificar a los pueblos indígenas con derecho a la consulta. La falta de ese respaldo político del gobierno y de la sociedad civil aceleró su renuncia. Sin embargo,El Comercio conoció que entre agosto y noviembre del año pasado el MEM envió dos oficios en los que solicitaba información sobre la existencia de pueblos indígenas en 32 proyectos mineros. El Ministerio de Cultura identificó pueblos indígenas con derecho a consulta previa en 14 proyectos. Lo que llama la atención, además de la coincidencia con el número de proyectos anunciados por el MEM, es que en un informe interno elaborado por la Dirección General de Minería, el 12 de diciembre del año pasado, se menciona que en Apurímac ya se había iniciado un proceso de consulta previa con el proyecto Angostura, en tierras de la comunidad campesina Nueva Esperanza de Mollepiña, en el distrito de Curpahuasi (Apurímac). “La etapa de evaluación para el proceso de consulta del proyecto Angostura se inició el 5 de diciembre del 2012”, se lee en el informe. ¿En qué situación se encuentra este proceso? El MEM aún no responde, pero este caso permite conocer que por lo menos hasta el año pasado el sector sí reconocía a las comunidades andinas como pueblos indígenas con derecho a consulta.

LA BASE DE DATOS 

A esto se suma que no todas las comunidades están registradas y que de las registradas no todas tienen claros sus linderos. “Estamos elaborando una nueva directiva pensada en las comunidades campesinas, en respetar sus costumbres y su cosmovisión”, dice Javier Anaya, abogado especialista en comunidades campesinas de Sunarp. ¿Todas las comunidades campesinas son pueblos con derecho a la consulta previa? No. Y precisamente la base de datos que había elaborado el Viceministerio de Interculturalidad las identificaba. A un sector del Ejecutivo le pareció que eran demasiadas y que podían poner en riesgo los nuevos proyectos de inversión. Con la renuncia de Lanegra y de parte de su equipo técnico, la base de datos queda a la deriva. En la entrevista del domingo,Humala recordó que había una demanda pendiente sobre esta y luego argumentó que “lo que está habiendo es un proceso de revisión de comunidades, no se trata de publicar la base de datos y de que mañana se tenga medio Perú con comunidades”. Si la base de datos está operativa desde setiembre del año pasado (como informó este diario el 17/2/2013) y que esta incluso ya ha sido presentada al presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, ¿a qué se refiere el presidente cuando menciona que “hay un proceso de revisión de comunidades”?.En el Ministerio de Cultura no lo saben. 

CONFLICTOS 

Cada vez que una empresa busca ingresar a explorar en el territorio de una comunidad campesina debe contar con la aprobación de dos tercios de los comuneros. Si la comunidad es considerada pueblo indígena, la ley señala que deberá, además, iniciarse un proceso de consulta previa para discutir la declaración de impacto ambiental de la exploración. “El gobierno debió haber unificado los dos instrumentos en un solo proceso de consulta en lugar de saltarse la consulta”, sostiene López. La decisión del gobierno de no consultar los proyectos mineros ubicados en tierras de pueblos indígenas respondería a un cambio en el sector minero. “Hace un año la consigna era que no importaban los costos [financieros, ambientales, sociales y tecnológicos] si los precios estaban altos; ahora los cuatro costos se han incrementado, hay más conflictos, más exigencias ambientales y mayor precio de la tecnología. Hay cierta incertidumbre, caen algunos precios y las empresas tienen más precaución”, explica López Follegati.

Incertidumbre en la exploración minera y políticas tributarias

La incertidumbre de descubrimiento de recursos minerales necesarios para emprender un proyecto minero rentable deben tenerse en consideración cuando se establezcan las políticas tributarias para el sector.

La prospección, exploración,labores de desarrollo y preparación para acceder al mineral demandan significativos recursos y tiempo.

No pocas veces los esfuerzos que demanda las actividades mineras prosperan y se tiene que abandonar la propuesta abortando el proyecto minero.

Los niveles de incertidumbre son muchas veces decisivos para los efectos de tomar la mejor decisión a fin de minimizar los riesgos de inversión . 

Antes de extraer el  mineral se invierte importantes recursos en 
pruebas que demandan tiempo y existe niveles de incertidumbre.

Altos niveles de incertidumbre generan especulaciones y eventualmente desinformación, tal como se produjo en el país a raíz    de una de las más sonadas propuestas electorales del próximo gobierno sobre la aplicación de mayores impuestos a la minería o sobreganancias mineras.

Los inversionistas temen que en Perú se amplíe el rol del Estado en la economía y aumente el gasto público en programas sociales, minando el auge económico que generó la minería en la última década.
La sensibilidad del sector minero formal creció apesar que se mencionara que no se crearían nuevos impuestos a la minería.

Como muestra del impacto causado podemos citar la jornada de hoy lunes seis de Junio, un día después de la realización de las elecciones presidenciales, teniendo como protagonista a la bolsa de Lima que se hundió casi un 12.51 por ciento , el peor nivel desde octubre de 2008, presionada mayormente por los papeles mineros.

De otro lado, las acciones peruanas que cotizan en Estados Unidos se desplomaban, el fondo negociable de MSCI de acciones peruanas iShares perdía un 6,8 por ciento antes de la apertura del mercado, mientras que los papeles de la minera peruana Buenaventura caían un 4,9 por ciento. Los títulos de Southern Copper Corporation perdían un 2,8 por ciento.

Así mismo, en Londres, los papeles del grupo Hochschild cedían más del 8 por ciento -dado que el grupo capta la mayor parte de sus ganancias de sus operaciones en el Perú- y los de su competidor Xstrata cedían un 0,48 por ciento.

El nuevo gobierno peruano debe tener presente esta señal que el sector minero es clave  para la economía nacional y debería otorgarse seguridades a las potenciales inversiones a efectos de estabilizar a los agentes económicos de cara al futuro.

Perú compite hoy por las inversiones mineras, principalmente con Chile, país cuya tasa impositiva efectiva es menor que la del Perú. En el Perú, si uno suma el Impuesto a la Renta, más las regalías, el aporte voluntario, los derechos de vigencia, la participación de los trabajadores, y los dividendos, termina en una tasa efectiva que, dependiendo del caso, puede ir de 48% a 62%. En Chile, si uno suma todo eso la tasa es menor.

En el caso de las regalías, Chile aplica una tasa sobre las utilidades, mientras Perú lo hace sobre las ventas brutas, lo que constituye una diferencia importante.

Actualmente se presume del eventual impacto en los proyectos mineros en cartera que potencialmente se estarían desarrollando en territorio nacional.

Esperamos que nuestro nuevo gobernante continúe liderando el crecimiento del país, promoviendo las inversiones y la estabilidad jurídica y política.

En principio, las propuestas económicas del nuevo gobierno son sensatas : mantener los equilibrios macroeconómicos, consolidar el crecimiento, generar condiciones para que la inversión privada nacional y extranjera se incremente y siga contribuyendo con el crecimiento

Lo importante es mantener las líneas maestras y garantizar la estabilidad jurídica, las reglas claras y predecibles, y dejar claramente establecido que en el Perú se respetan las normas y los contratos.

Este mensaje es ciertamente válido tanto para los inversionistas extranjeros, como para los nacionales.