Políticas públicas aportantes a la continuación o rebrote de infecciones

Una advertencia al mundo entero sobre la implementación de medidas de políticas públicas erradas constituyen los casos de Lima (Latinoamérica-Perú) y Madrid (Europa-España) que influyen en la continuación o en la nueva oleada de infecciones epidémicas por COVID-19.

Reacciones con estrictas cuarentenas

Perú, que al inicio de la pandemia, a mediados de marzo, su gobierno reaccionó rápido y decretó una de las cuarentenas más restrictivas en Latinoamérica; en tanto que al principio, el gobierno español tardó en responder al coronavirus, pero posteriormente impuso una de las cuarentenas más estrictas en Europa, llegando  aplanar la curva y después comenzó a flexibilizar las restricciones.
Actualmente, España tiene nuevamente el nivel más elevado de infección en Europa, la peor tasa de mortalidad del continente, y un repunte de casos en localidades como Madrid. En tanto en Perú - que nunca se llegó a aplanar la curva - pese a las disposiciones para usar cubrebocas y medidas de confinamiento dada por el Estado de emergencia fueron similares, ocupa los primeros lugares entre los países actualmente más afectados por COVID-19 en todo el mundo.

¿Qué sucedió?

En el caso de España, las autoridades regionales, que controlan las políticas sanitarias, calcularon erróneamente la llegada de una probable segunda oleada en otoño, y no implementaron medidas sanitarias adecuadas para cubrir las vacaciones.
En el caso de Perú, las autoridades aplicaron erróneamente medidas que confunden urgencia-emergencia-catástrofe-desastre en escenarios megadiversos, las cuales causaron impacto inmediato, ampliando la crisis de la salud pública, a los campos social, político, económico y ambiental.

Emergencia que franquean paso a la corrupción en Perú

Faltan once meses para que el Perú conmemore su Bicentenario de Independencia, lapso en que vivió episodios históricos de corrupción sistémica, los cuales inficionaron a instituciones tutelares de la Nación, comprometiendo autoridades y funcionarios en los tres niveles de gestión: Nacional, Regional y local,  muchos de los cuales purgaron condena efectiva y otros continúan en procesos judiciales.
Con la aparición de la Pandemia, se levantaron voces interesadas pidiendo el estado de emergencia en todo el territorio nacional para lo que en estricto constituían urgencias en ecosistemas locales, diferenciándose de las verdaderas emergencias en áreas altamente vulnerables como en la cuenca baja del río Rímac donde se ubica la zona estratégica de Lima metropolitana y Callao. Hoy primero de setiembre, se cumplen ciento sesenta y nueve días del Estado de Emergencia en Perú, periodo en que se proyectó destinar entre el 9% y el 12% de su PBI para apoyar a las personas que hubieran perdido su empleo (o autoempleo) y a las empresas que se hubieran quedado sin ingresos por la ralentización de la economía y evitar que se rompa la cadena de pagos. Perú lideraba la lista regional de América Latina de mayor gasto fiscal frente a la pandemia con un nueve por ciento (9%) del PBI, en tanto que según proyecciones del Banco Mundial, Perú caería 12% y sería el país con mayor caída de PBI en Sudamérica este año 2020.

Incumplimiento e informalidad asumida por la sociedad

Haciendo un símil de la dinámica de incumplimiento asumida frente al COVID-19 por la sociedad española en cuanto al ruido provocado por el tema de vacaciones y turismo ; los problemas preexistentes de la informalidad asumida por la sociedad peruana ayudan a entender por qué en Perú persiste el brote y explican por qué tiene la mayor tasa de mortalidad entre los más afectados por la pandemia en el mundo.

Un factor que incrementa los efectos por acción u omisión de las medidas tomadas obedece al desarrollo mal entendido, con un crecimiento sustentado en el marco de la informalidad multisistémica que no se limita a definirla como toda empresa no constituida en sociedad y cuyos trabajadores no gozan de beneficios laborales, sino que se amplía e incorpora aspectos educativos, sanitarios, económicos, sociales y toda aquella actividad que se ejecuta bajo el radar de las leyes, por lo que esa informalidad involucra su ejercicio independientemente del sector público o privado en el que se desarrolla.

Informalidad sistémica que incide en persistencia del brote epidémico en Perú.

Efectos e impactos del COVID-19 para el caso peruano

El shock de COVID-19 está generando una conocida ralentización de los flujos de capital en mercados emergentes. En el pasado, los costos de alta volatilidad y cambios salvajes en todos los mercados para América Latina y el Caribe han sido significativos, por lo que en esta oportunidad es necesario hacer una visión prospectiva para entender las eventuales consecuencias - tomando las medidas oportunas que correspondan- particularmente en el caso peruano.

Por citar a la parada súbita, ésta ocurre cuando el financiamiento externo del que disponen los países prestatarios se interrumpe bruscamente, obligando a una reversión en el saldo de la  cuenta corriente de la balanza de pagos, de déficit a superávit, o al menos a un punto de equilibrio. A finales del año 2019, la región de América Latina y el Caribe mostraba condiciones iniciales vulnerables en términos de equilibrio fiscal, grado de dolarización de pasivos, y disponibilidad de reservas internacionales haciendo que algunos países sean más vulnerables que otros.

En ese sentido, los operadores deben permanecer enfocados no sólo en los aspectos técnicos, sino en la forma en que los noticias y rumores pueden causar cambios repentinos en los mercados influenciados por la diseminación del COVID-19.

Es necesaria aplicación de políticas coordinadas para enfrentar al COVID-19

Efecto del deterioro de otros indicadores

Los resultados obtenidos al noveno día de cuarentena ( de los 15 días impuestos) en territorio peruano, vienen arrojando progresos iniciales en un país con diversas realidades determinadas por su geografía, clima, cuencas, así como diversidad de factores demográficos y sociales que alcanzan a 32 millones de habitantes.
El impacto del COVID-19 en zonas urbanas nucleadas y las zonas rurales dispersas  son distintas en la medida de sus particulares estados de situación. La diferencia sustantiva se evidencia en el nivel cultural y de vulnerabilidad alcanzada por las grandes ciudades y en particular su capital, la ciudad de Lima donde se focalizan hasta la fecha siete de cada diez casos identificados positivamente con el virus.

Es probable que estas cifras iniciales se modifiquen un tanto al mejorar el diagnóstico en los casos confirmados con el COVID-19, pero no modificarán su tendencia de ciudad extremadamente vulnerable a desastres epidémicos y potenciales sismos. Otras ciudades intermedias de la costa peruana siguen a la capital peruana en su nivel de vulnerabilidad, especialmente en la costa norte donde la falta de agua, carencia de combustible intradomiciliario y elevada temperatura ambiental-algunas localidades alcanzan 36 ° C - dificultan el nivel de cumplimiento de la cuarentena.

La administración peruana, se encuentra atendiendo esta debilidad al fortalecer el sector salud con recursos humanos, equipamiento y logística para el eventual aumento de casos que necesitaran atención hospitalaria.

El tema entonces pasa por el daño que viene causando el rumor de una posible ampliación de cuarentena con toque de queda en todo el país, lo que sin haberse ampliado, ya empieza a resquebrajar una disciplina que la gran mayoría de ciudadanos en Perú viene acatando, que en la praxis no es de cumplimiento similar en todo el territorio por las consideraciones antes expuestas.

Impactos después del COVID-19 

Las noticias y evaluación de acontecimientos acompañan el antes, durante y después de los desastres, el paso del COVID-19 no será la excepción. Perú - sin perjuicio de su frontal lucha contra la corrupción- tiene fortalezas y debilidades que atender, ya que es el segundo productor global de cobre. En 2019, se generaron 2.45 millones toneladas métricas, también fue el segundo productor de plata (3,860 toneladas) y el séptimo de oro (128.4 toneladas); el precio internacional del cobre es de tendencia a la baja,  asimismo el precio del petróleo se desploma -Perú efectuó importantes inversiones en este sector-, mientras el oro alcanza brevemente su máximo de hace siete años a modo de protección de capitales ante el pánico en los mercados que generó la caída de importantes bolsas mundiales.

El 9 de febrero del 2020, mediante Decreto Supremo N° 004-2020-SA , el gobierno peruano declaró en Emergencia sanitaria por 90 días calendario a Loreto, Madre de Dios y San Martín (Amazonía peruana) por brote epidémico de Dengue, que al 10 de marzo del 2020 se notificó la existencia de 12,288 (entre posibles casos y confirmados) con 22 muertes.

Con Decreto Supremo N° 008-2020-SA del once de marzo se declaró emergencia sanitaria por 90 días para prevenir y controlar el COVID-19 y el quince de marzo se decretó Estado de Emergencia Nacional disponiendo una serie de medidas entre las que destaca el aislamiento social obligatorio en todo el territorio peruano.

El Perú tiene el 14% de los casos estimados de tuberculosis en la Región de las Américas; Lima Metropolitana y el Callao notifican el 64% de los casos de tuberculosis (TB) del país, el 79% de los casos de TB multidrogorresistente y el 70% de los casos de TB extensamente resistente. Asimismo, Lima es la tercera ciudad  con mayor congestión vehicular del mundo, hechos que suman a la vulnerabilidad antes indicada frente al COVID-19.

Bajo este escenario viene transitando la epidemia del coronavirus COVID-19 en Perú, cuyo paso merece una evaluación integral de los hechos, lo que a mi juicio el tratar de uniformizar con medidas únicas en un territorio megadiverso no es una opción, pues basta mirar la historia y conocer las realidades de las cuencas para aterrizar con intervenciones de políticas coordinadas, transectoriales,multidisciplinarias y transfrontera en la región, pues el impulso colectivo puede y debe ayudar a las economías a recuperarse de este evento denominado COVID-19 que tiene aún episodios por discurrir.

Hasta siempre maestro Julio Kuroiwa Horiuchi

Como ex alumno y actual docente de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), así como miembro de la Asociación de ex becarios de JICA-Perú (APEBEJA) lamento en sumo grado la partida del ingeniero Julio Kuroiwa Horiuchi, experto en sismología y gestión de riesgo de desastres. El país y la comunidad científica sufrió una gran pérdida. Nuestras condolencias a la familia.

Científico y profesor emérito de la UNI Julio Kuroiwa Horiuchi

Seguidamente un extracto de su brillante trayectoria profesional:

En 1961, tras graduarse como ingeniero civil en la UNI, viajó para seguir cursos de sismología en el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica Muto (Japón) y en 1966 continuó su capacitación en el Instituto de Tecnología de California (California Institute of Technology / Caltech-/USA), donde recibió clases de Charles Richter ( En cuyo honor se bautizó la escala para medir la intensidad sísmica.)

El maestro Kuroiwa introdujo el curso de sismología en las universidades del Perú y fue el primer director del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres (CISMID) de la UNI, fundado en 1976.

En el año 2008, el Centro Biográfico Internacional de Cambridge-Reino Unido, lo consideró entre los cien científicos más destacados del planeta. 
Recibió el premio Naciones Unidas Sasakawa UNDRO Prevención de Desastres en 1990 en Ginebra, Suiza. En noviembre del 2017, el doctor Julio Kuroiwa, ganó el premio internacional "Hamaguchi Goryo" en Japón a mérito de su contribución por más de cuatro décadas con investigaciones y consultorías en el campo de la gestión de riesgo de desastres en Perú y varios países de la región de las Américas. Este premio - otorgado a personas u organizaciones que realizan contribuciones científicas o pragmáticas de manera significativa para la mejora de la resiliencia costera contra tsunamis, marejadas y otros desastres costeros - se estableció en homenaje a un aldeano japonés que salvó muchas vidas humanas, prendiendo fuego a sus cosechas de arroz para alertarlas sobre un tsunami. De igual forma, los aportes científicos del ingeniero Julio Kuroiwa posibilitaron y permitirán salvar miles de vidas de cara al futuro no sólo en Perú; descanse en paz amigo y maestro de maestros.

Costo del agua en emergencia

Las políticas y normas sobre tarifas de agua deben adecuarse a fin de garantizar la disponibilidad, acceso y el suministro para el consumo humano y otros usos.

Luego de  haberse declarado estado de emergencia en cuarenta y tres por ciento (43%) del total de distritos existentes en el país, por causa de las lluvias, huaycos e inundaciones; millones de peruanos sufren actualmente por el abastecimiento del agua potable.

Esta situación evidenció los graves problemas que tienen las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) y la reguladora (SUNASS), con el Estudio Tarifario que contiene la evaluación técnica de los planes maestros optimizados (PMO) formulados por  las EPS y aprobados por SUNASS, tras la determinación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, incluyendo programas de inversiones aplicables a cada EPS, aterrizando con las tarifas de agua que finalmente es lo que siente el usuario, porque afecta su economía. 

De las causas

El diagnóstico de las causas es similar desde hace un cuarto de siglo atrás en Perú, deficiente gestión de las EPS e inadecuada regulación haciendo insostenible los servicios, que tiene como punta del iceberg a las tarifas que deben pagar finalmente los usuarios del agua.

La escasez del agua dulce en la franja costera ( donde se encuentran dos de cada tres peruanos), con el mayor usuario  del agua (sector agrícola) que pierde importantes volúmenes de agua al regar por inundación cultivos inapropiados para la costa, carencia de cultura del reuso de agua , uso ineficiente del agua tratada, problemas de operación y mantenimiento en sistemas vulnerables al cambio climático, completan algunas contribuciones a las causas, con el añadido de la continúa presión ejercida por el crecimiento de las grandes ciudades demandando mayores servicios de agua potable.

En este escenario, la figura del regulador queda distorsionada al atender las solicitaciones del usuario, el estado y de una exigua presencia del inversionista (en contraste con otros sectores regulados).

Las tarifas de agua deben garantizar el costo social del servicio

De las tarifas

SUNASS al soslayar criterios de ingeniería adaptada a ecosistemas locales en la evaluación de cada  EPS para la asignación de sus tarifas, terminó distorsionando aún más las fallas de mercado y las variables que intervienen en el proceso de tarificación para determinar el costo del servicio del agua.

El desequilibrio que hace deficiente las corridas del proceso regulatorio, se puede observar en la tarifa actual del agua distribuida por redes en Lima (costo promedio de S/2.81 soles por metro cúbico); que aún aplicando los subsidios cruzados, se termina afectando la economía de las poblaciones de menores recursos. La falta de medidores domiciliarios, es un factor adicional para generar incertidumbres y mayores costos al usuario en épocas de interrupción en el servicio de agua. El precio del agua se incrementa en cinco o seis veces el costo promedio por metro cúbico de agua servido por redes, en poblaciones que acceden al agua (sin calidad asegurada) a través  de camiones cisterna, las mayores distancias recorridas por el vehículo influyen en el incremento del costo, así como la escasez prolongada. Existen lagunas de información al respecto en el área rural. 

De los indicadores

La ineficaz aplicación de políticas y normas adaptadas a las realidades de ecosistemas locales por parte del regulador SUNASS, no permitió a las EPS ampliar las coberturas con el servicio de agua potable a través de redes a los peruanos sin agua; tampoco incentivar el uso eficiente del recurso y cubrir el costo del servicio a través de las tarifas aprobadas. 

Datos duros proporcionados por la actual administración del gobierno central corroboran las precisiones antes mencionadas:

Reducida capacidad de gasto_De los once mil seiscientos millones de soles asignados para proyectos de agua y saneamiento en el país en el periodo 2011 al 2016, solo se invirtieron seis mil seis cientos sesenta y dos millones de soles, lo que representa un nivel de ejecución de cincuenta y siete por ciento ( 57%).

Deficiencia en calidad de gasto_ Pese a los dieciocho mil millones de soles transferidos por el gobierno central a las EPS en el periodo 2009 al 2014, la calidad de los servicios no mejoró para el usuario en términos de cobertura,cantidad,calidad,continuidad y costo del agua. En este contexto, nuevamente las tarifas aprobadas por el regulador SUNASS sólo atendieron coyunturas y no sumaron para atender la sostenibilidad del servicio. 

Cabe anotar que la penetración de altos niveles de corrupción en la industria de la construcción ligada al sector agua y saneamiento, contribuyeron sustantivamente en la calidad del gasto público en las EPS. 

Cadena crítica

El usuario que no tiene un buen servicio, tiene poca disponibilidad a pagar por ese servicio, y por consiguiente reduce los ingresos por facturación de las EPS; al mermar estos ingresos por facturación de las EPS , se reduce  el aporte por regulación al regulador SUNASS y en esta secuencia de sucesos dependientes surgen las fluctuaciones estadísticas vistas en los periodos de retorno de las grandes avenidas en la franja costera del país y particularmente en el norte, incidiendo como efecto combinado en los sistemas de producción del servicio de agua para el consumo humano y donde el costo del agua y las tarifas en emergencia deben internalizar el costo social del servicio.

Condición sine qua non para la reconstrucción

Resulta fundamental fortalecer capacidades de los veintiséis consejos de cuencas con igual número de asambleas de usuarios para que emitan opinión respecto a las tarifas agrarias actuales que permiten el uso ineficiente del recurso agua. La ubicación e identificación por parte de la Autoridad Nacional del Agua, de mas de un mil trescientas presas construidas en el país debieran inventariarse en su totalidad y definir la finalidad de uso, priorizando el suministro de agua de fuente superficial para consumo humano.

El uso real,efectivo, beneficioso y sostenible de las aguas subterráneas debieran incorporarse en zonas altamente vulnerables,con especial énfasis donde la napa freática fue sobrexplotada. 

En este contexto, las tarifas deben reflejar necesariamente las necesidades que tiene el país para abrir una ventana de oportunidades al reconstruir en breve plazo las instalaciones de las EPS que aprovechando economías escala sean sostenibles en el tiempo. Las tarifas deben ser lo suficientemente atractivas para abrir paso a la inversión privada en el sector agua y saneamiento, de tal modo que los recursos del estado también puedan dirigirse hacia la zona rural, donde poblaciones nucleadas y dispersas en territorio nacional, demandan de los servicios básicos.

Nuevo marco legal de los servicios de saneamiento en Perú

En Perú se está dando un importante paso para redefinir un nuevo marco legal del sector Saneamiento con el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento; la misma que deroga la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley N° 26338) y la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento _ excepto el artículo 3° ( Ley N° 30045).

Se busca dar autonomía a los Prestadores de Servicios de Saneamiento, para que así puedan lograr la eficiencia requerida, ampliando y mejorando los servicios de agua y saneamiento que brindan a la población.

En estricto se busca corregir la dificultosa situación de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), a consecuencia de una marcada interferencia política y a la falta de inversiones eficientes. Las EPS pasarán a llamarse empresas con lo cual la Junta General de Accionistas garantiza la autonomía de la gestión empresarial y la rendición transparente de sus finanzas.

El nuevo marco legal en agua y saneamiento responde a los retos y desafíos futuros del sector en el país.

Recoge la recomendaciones para el fortalecimiento de las actividades de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)a nivel de todo el territorio peruano. Se incorpora los criterios del porte para la gestión de la EPS y cuenta con facultades para supervisar al dominio de las municipalidades y juntas de administración, que operan en el ámbito rural.Se encarga a la Sunass aprobar la Escala Eficiente para la integración de los prestadores de servicios en un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días calendario. De otro lado, se fortalece la labor del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) como un organismo de asistencia técnica a las EPS.

Desafíos ocultos en agua y saneamiento_Perú-2016

En Control de empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS) mencionamos los graves problemas de gestión por la que atraviesa el tema de agua potable y saneamiento en el país de los incas. Se hace necesario cambiar las “reglas de juego” en el sector para orientarlo  a la prestación de un servicio de calidad, pasando de un política pública promotora de la construcción a una política pública promotora de un servicio de calidad.

De esa manera, se reducirían casos como los ocurridos en Iquitos , que luego de haber invertido millones de soles en el sistema, no se aprecia una mejora en la calidad del servicio brindado; el caso de Lambayeque (Epsel) donde en los últimos seis años se perdieron más de 100 millones de soles y de similar forma, otros casos donde la EPS se encuentran técnica y económicamente quebradas.

Los especialistas en la materia lo mencionamos en diferentes foros, incluyendo ante espacios del Congreso de la República, sin embargo, la respuesta del legislativo se limitó a pronunciarse en materia de la no privatización del servicio de agua potable y alcantarillado. 

Los evidentes retos de cara al futuro, pasan por el alto grado de intervención política en los niveles de gestión del agua y saneamiento en las EPS de los gobiernos municipales y en la mayor EPS del país, SEDAPAL a cargo del gobierno central.  

En este escenario, sale una voz calificada que el diario Gestión publica en los siguientes términos:

"Las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) que operan en el país no garantizan el servicio de agua potable en el futuro, señaló el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Edmer Trujillo, quien criticó duramente a estas empresas.

“Los servicios no son sostenibles, ninguna de las instituciones que prestan el servicio de agua potable y saneamiento, incluido Sedapal, garantizan el servicio en el futuro. No son capaces de asumir con sus recursos la expansión urbana, no son capaces de hacer inversiones para mejorar el servicio”, añadió el titular del sector.

El ministro dijo que las EPS, que desde los noventa son administradas por los municipios, deben ser instituciones autónomas y eficientes, pues los gobiernos locales no tienen la capacidad técnica ni cuentan con el personal adecuado para guiarlas.

“Desde hace 25 años el diagnóstico es el mismo, el agua no llega a todos y a quienes llega es de mala calidad”, insistió el titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Trujillo agregó que pese a que muchas de las obras son financiadas por el Gobierno Central, la falta de personal calificado y de una gestión eficiente y moderna ha hecho que se construyan e instalen por ejemplo redes de alcantarillado que no cuentan con áreas cercanas para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales.

También criticó que se hayan hecho obras desproporcionadas sin asegurar que la calidad de este servicio fundamental esté asegurado.

“Si comparamos con hace 25 años hay un poco más de peruanos con el servicio en términos porcentuales, sin embargo en mejora de calidad del servicio no hemos avanzado nada, porque a lo único que nos hemos dedicado a hacer es obras y más obras”, mencionó.

Señaló que los proyectos deben tener tres objetivos: cerrar brechas, mejorar el servicio y proteger el medio ambiente.

“No vamos a dejar de hacer obras porque tenemos que incorporar a esos peruanos que no tienen el servicio, pero hay que hacer inversiones eficientes”, finalizó".

Epílogo de Ollanta....... lecciones aprendidas y dejadas en defensa

Este próximo 28 de Julio asumirá la administración del estado peruano el cuarto gobierno democrático consecutivo y en este contexto presentamos un análisis de IDL-Reporteros  que fuera presentada en la columna ‘Las palabras’ escrita por Gustavo Gorriti y publicada en la edición 2446 de la revista ‘Caretas’.

"Una regla con pocas excepciones en el Perú es que se ingresa rutilante al gobierno y se sale quemado de él. Aunque la popularidad de los mandatarios suele elevarse en una térmica misericordiosa durante las últimas semanas en el poder, lo cierto es que persiste la brecha entre el entusiasmo inaugural y la tristeza gris (o el repudio) de los últimos días.

En ese marco, el epílogo del gobierno de Humala resulta extraño. No solo se va sin aplausos, rumbo a un incierto destino legal, sino atacado desde todos lados y atacándose a sí mismo también.

No tendría que haber sido así, por varias razones. En primer lugar, el gobierno de Humala cumplió un compromiso fundamental con el país: el juramento de San Marcos, de respetar, defender y proteger la Democracia en el Perú, que se encontraba en peligro. Juró hacerlo y ahora, cinco años después, queda claro que cumplió.

En cuanto al ejercicio del gobierno en sí, coincido en parte con lo que declaró Martín Tanaka en una entrevista reciente: “… si uno evalúa este gobierno por sus políticas públicas y sus decisiones, merecería una aprobación muchísimo más alta que la que va a tener al irse”. Tanaka considera que el gobierno de Humala fue mejor que los de Toledo y García, pero que “se está yendo peor, por su torpeza política”.

¿Solo ‘torpeza política’?

Sin duda que la hay, pero ¿eso explica la percepción actual de fracaso que acompaña al régimen saliente? Me parece que no.

Si me pongo a examinar las políticas, medidas y conductas del gobierno que se va en varios sectores, encuentro en acción, una y otra vez, una especie de dialéctica perversa en la que los aciertos, incluso los más lúcidos, tienen el contrapunto de mezquindades, egoísmos miopes y hasta ocasionales autosabotajes.

Lo vemos en, por ejemplo, el sector seguridad.

En cuanto a la lucha contra los remanentes de Sendero Luminoso, los logros del gobierno de Humala son, de lejos, superiores a los de los regímenes de Alejandro Toledo y Alan García.

Es cierto que durante el gobierno de García se armó un sistema de, sobre todo, inteligencia policial, puesta en práctica fundamentalmente por los grupos de investigaciones especiales de la Dirandro –bajo la dirección del primero coronel y luego general PNP Carlos Morán–, que lograron avances importantes en el Alto Huallaga, pero no llegaron a capturar al jefe senderista ‘Artemio’.

El epílogo del gobierno de Humala resulta extraño.

No solo se va sin aplausos, rumbo a un incierto destino legal, sino atacado desde varios lados y atacándose a sí mismo también.

Fue en el gobierno de Humala cuando –como desarrollo de lo anterior– se logró el arresto de ‘Artemio’ y la desactivación de la organización senderista. Después de treinta años de presencia continua, Sendero fue completamente derrotado en el Huallaga.

En el VRAE la situación era mucho más difícil y compleja. Los esfuerzos contrainsurgentes durante el gobierno de García (en el de Toledo fueron mucho más limitados y sin resultado positivo), tuvieron –pese a esfuerzos importantes, como la toma de los baluartes senderistas de Vizcatán y Bidón, que fueron luego evacuados– un saldo negativo. El SL-VRAE resistió la ofensiva militar, causó muchas bajas y pérdida de armamento en varias emboscadas y avanzó hacia La Convención, para amenazar el eje energético y extorsionar a sus operadores.

En abril de 2012, el secuestro masivo de 36 trabajadores en Kepashiato por SL, marcó el punto más bajo en la respuesta del Estado al SL-VRAE durante el gobierno de Humala. Entre el abandono de policías y las emboscadas a soldados, las bajas fueron muy altas y los resultados no solo nulos sino negativos.

Pero a partir de ahí la situación mejoró rápidamente. Bajo la coordinación del viceministro (primero del Interior y luego de Defensa) Iván Vega, la fuerza especial del Comando Conjunto (el CIOEC), junto con los grupos de investigación policial formados por Morán y reforzados por la Dincote, unificó en forma fluida y eficaz la inteligencia con las operaciones. En el VRAE, un crecientemente robustecido comando militar amplió, desde bases más seguras y mejores, su control territorial y operativo, sobre todo a partir del comando del general César Díaz Peche; y –luego del breve interregno del general Leonardo Longa–, con el del general César Astudillo.

Los resultados no tardaron en llegar: “William” (uno de los mandos militares más importantes de Sendero) fue abatido; y luego cayeron también “Alipio” y “Gabriel”, todos emboscados en operaciones cuidadosamente planeadas y eficientemente ejecutadas. Hubo muchas otras operaciones complementarias, y el resultado fue un dramático descenso en el accionar de SL-VRAE. Si en el 2011 tuvieron más de 130 acciones, en el 2013 apenas llegaron a 40, a la mitad de ese número el 2014 y a casi nada el 2015.

Lo más importante fue que la presencia de SL-VRAE en La Convención fue, para todo propósito práctico, erradicada y controlada así la amenaza al eje energético (el gasoducto de Camisea).

Nada mal en términos de contrainsurgencia.

Otro notable logro operativo –sobre todo por la manera de realizarlo– fue la interdicción del puente aéreo de la cocaína entre el VRAE y Bolivia, en 2015. En lugar de romper el puente con aeronaves de combate (como se hizo exitosamente en los 90), el CE-VRAEM lo hizo inutilizando las decenas de pistas de aterrizaje con explosivos. Eso no había tenido éxito en ninguna de las otras ocasiones en las que se intentó, pero aquí, bajo el mando del general Astudillo, el masivo, terco y recurrente empleo de zapadores militares en la demolición de más de 200 pistas clandestinas, consiguió fracturar el puente aéreo, por lo menos hasta ahora.

Esos son logros innegables que no se hubieran conseguido sin el apoyo directo del presidente Humala. Uno pensaría que el compromiso de este con el mérito y la eficiencia militar era un rasgo definitorio de su gestión.

Pero el mismo presidente pasó antes de tiempo al retiro –para allanar el camino a otros– al general Díaz Peche; hizo lo mismo con otros militares destacados como el general Wálter Chávez Cruz o el coronel Carlos Romero (ya repuesto judicialmente); forzó ascensos de amigos, copromocionales o parientes, sin atención al mérito; permitió un poder desmesurado (y de resultados negativos) al coronel (r) Adrián Villafuerte, entre otras cosas.

Finalmente, en una especie de clímax del desacierto y la torpeza, hizo que el ministro de Defensa, Jakke Valakivi, amenazara con iniciar acciones legales por nada menos que “traición a la patria” por un reportaje de Panorama sobre el mal manejo de fondos de inteligencia en el CE-VRAE; manejo visiblemente corrupto y ciertamente escandaloso por la incompetencia en el control y registro de informantes.

La amenaza a las periodistas de Panorama fue descabellada y contraproducente. Si alguien puso en peligro la seguridad de otros, esos fueron los oficiales de inteligencia que registraron informantes con sus nombres reales.

El reportaje de Panorama sufre de varios defectos, uno de los cuales es imputar al general César Astudillo responsabilidades que no tiene. Echarle indirectamente la culpa, por ejemplo, de una emboscada que sucedió varios meses después de haber dejado el mando del CE-VRAE.

Pero el maltrato principal a Astudillo provino del Gobierno y fue obligarlo (como hizo el Ministerio de Defensa) a ser el único funcionario entrevistado, poco antes de que el mismo ministerio saliera con la amenaza estridente e histérica de la denuncia “por traición a la Patria”.

¿Hay una manera más segura de liquidar la carrera de un oficial que tuvo logros notables en un puesto de importancia crucial? Eso no tiene nada de transparencia y mucho, más bien, de búsqueda de chivo expiatorio e indiferencia a todo lo que no sea la auto-protección del círculo cercano.Claridad y audacia de un lado; egoísmo y miopía intelectual del otro. Entender a quien corre y se atasca al mismo tiempo no es fácil. Por ahora, en el epílogo de Ollanta, es preciso señalar el mérito pero también subrayar la auto-destructiva mezquindad".

Socializar el proyecto Tía María

Tres muertos, más de 200 heridos, 54 días de paro indefinido y una denuncia de soborno: ese es el saldo del último conflicto minero de Perú que llevó al presidente Ollanta Humala a desplegar al ejército en los alrededores de la mina en la región sureña de Arequipa.

En el centro de la polémica está un millonario proyecto de Southern Perú Copper Company (SPCC), principal subsidiaria del Grupo México, para construir la mina de cobre "Tía María".

Los residentes del valle del Tambo, en la provincia de Islay, la mayoría agricultores y ganaderos, consideran que el proyecto arruinará el medio ambiente y dañará la agricultura en el área.

Pero Southern Perú Copper Company asegura que cumplirá con los más altos estándares medioambientales.

En todo caso, la compañía anunció este viernes una "pausa" en el desarrollo de su millonario proyecto despejar dudas de los opositores al plan en un plazo de 60 días.

"Hemos escuchado al (...) Presidente y en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica que el país requiere, le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días", dijo el presidente de Southern Copper, Oscar González.

¿Qué está en juego?

La subsidiaria del Grupo México prevé invertir US$1.400 millones en el proyecto minero Tía María, que tendrá una proyección estimada de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre desde el inicio de operaciones.

Sin embargo, la compañía mexicana no lo ha tenido fácil desde el principio. En 2011, cuando se anunció el proyecto durante el gobierno de Alan García, Tía María ya originó protestas que dejaron tres muertos y más de 40 heridos.

Estuvo paralizado dos años, hasta que la empresa presentó un nuevo estudio de impacto ambiental con el que consiguió que el gobierno de Humala le diera permisos de construcción este año.

Los grupos locales piden ahora que se suspenda porque aseguran que el desarrollo minero contaminará sus campos de cultivo y el agua del río de la zona, el Tambo.

La compañía alega que usará agua de mar desalinizada y un portavoz de Southern Copper llegó a acusar a la población de "terrorismo antiminero".

¿Sobornos?

En medio de los cruces de acusaciones entre la empresa mexicana y los comuneros peruanos, el gobierno de Humala decidió suspender las negociaciones con la filial de la minera mexicana hasta que aclare si tiene alguna responsabilidad en el presunto interno de soborno a líderes comunitarios para que frenaran las protestas.

La polémica surgió después de que se publicara un audio en el que se puede oír a un dirigente comunitario, Pepe Julio Gutiérrez, el principal líder de las protestas, hablar con un abogado al que le planteaba la posibilidad de pedir dinero a la empresa minera para calmar las movilizaciones.

En un comunicado, SPCC rechazó estar negociando con los promotores de las protestas y lamentó la "incorrecta acción" que, dice, "fue ocasionada por terceros ajenos a la organización".

Este viernes, el dirigente Pepe Julio Gutiérrez fue detenido acusado de extorsión y asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber pedido dinero a la minera.

BBC Mundo solicitó a Southern Perú Copper Company una entrevista, pero un portavoz de la compañía señaló que por el momento no darán declaraciones al respecto.

Otros "problemas" del Grupo México

La de Tía María no es la única controversia en la que está metido el Grupo México por sus inversiones en el campo de la minería.

Con Germán Larrea Mota-Velasco como principal accionista -es el segundo hombre más rico de México después de Carlos Slim- la compañía ha estado involucrada en varios accidentes.

Uno de ellos, el derrame el año pasado de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, en Sonora (México), fue considerado por el gobierno como "el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos".

Las sustancias tóxicas llegaron a los ríos Bacanuchi y Sonora y afectaron a miles de personas.

Precisamente esta misma semana, el Grupo México se ha visto envuelto en otra polémica en España luego de que el gobierno de Andalucía anunciase la suspensión de uno de sus proyectos en la mina de cobre, zinc y plomo de Aznalcóllar de manera cautelar por las supuestas denuncias de irregularidades en el proceso de adjudicación.

Sin embargo, la minera aseguró este viernes no haber sido notificada por el momento.

¿Un nuevo Conga?

Las interrogantes el torno al proyecto Tía María hacen preguntarse si no correrá una suerte similar a la del proyecto aurífero de Conga, en Cajamarca, que fue suspendido en 2012 por protestas que dejaron cinco muertos.

El sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Aldo Panfichi, asegura no ver otra solución para este conflicto debido a que las voces por la suspensión o postergación de la explotación minera son mayoritarias y al punto violento al que han llegado las protestas.

Entre las voces que piden la suspensión está la del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez.

"Ningún proyecto se puede imponer por la fuerza y menos ejecutar en las condiciones de violencia que se vive en Islay. Creo que debe darse una pausa, generar un espacio, para, primero, apaciguar los ánimos y, segundo, retomar el diálogo", dijo en un comunicado publicado en la página web de la SNMPE.

Gálvez aboga por una pausa "de tres a cuatro meses" que permitiría a los agricultores cosechar y sembrar para paliar las pérdidas del paro y que devolvería "la tranquilidad en Arequipa".

"Hay una situación de punto muerto entre el Estado y las empresas y una desconfianza muy grande de las comunidades locales sobre la capacidad del Estado de hacer cumplir la legislación. No le creen al presidente Humala diga lo que diga y haga lo que haga", le dijo el profesor Panfichi a BBC Mundo.

En este sentido, el analista apunta a que, con elecciones en el horizonte el próximo año, "el proyecto de Tía María en el mejor de los casos será retomado por el próximo gobierno a ser electo".