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miércoles, 1 de febrero de 2023

Calificación crediticia e inversiones mineras en Perú

La recurrente crisis política en que vive el país de los incas, agrava las cifras que indiqué en Inversión minera y billones de dólares en daños por crisis en Perú, en el sentido que anualmente se pierden 10 billones de dólares como consecuencia de flujos financieros ilícitos; lo que equivale al 4.5% de su PBI. De esta cifra, el 40% proviene de la minería ilegal e informal, lo que representa 4 billones de dólares al año.
Las protestas sociales que se agudizaron luego del 7 de Diciembre de 2022 , vienen generando lamentables pérdidas de vidas humanas y daños económicos producto de bloqueos de vías y actos de violencia contra la infraestructura pública y privada que a la fecha se aproximan a un billón de dólares, situación que no pasa desapercibida para el añálisis de importantes calificadoras  al efectuar el análisis crediticio del país.
Las perspectivas negativas se puede apreciar seguidamente:

Importantes calificadoras de riesgo colocan al Perú en estado de alerta para actuales y futuras inversiones.

Salida de la crisis

Sin perjuicio de la coyuntura política, el Perú continúa siendo un país confiable y viable dada las reservas internacionales y los recursos naturales con que cuenta, especialmente en el sector minero metálico y no metálico, donde el oro, la plata y el cobre, entre otros, le permite contar con estabilidad económica y financiera.
Sin embargo, el actual prolongado entrampamiento existente entre el ejecutivo y el congreso de la república para buscar una salida consensuada a la crisis política, en poco abona al sector privado para poder manejar los niveles de inflación que podrían colocar en insostenibles a los proyectos en marcha y a los nuevos que se encuentran en cartera de las actividades mineras y servicios conexos.

jueves, 26 de enero de 2023

Minería y protestas sociales en Perú

Este análisis sobre la convulsión social que viene aconteciendo en Perú, es a modo de continuación de una publicación hecha hace ocho años atrás en este espacio bajo el título "Análisis por escenarios prospectivos" que data de marzo del 2015.
En ese entonces veíamos el  proceso social peruano desde distintas perspectivas profesionales y políticas. Citando autores como Peter Klaren en “Nación y Sociedad en la Historia del Perú”, se puso en perspectiva la presencia de las comunidades indígenas del Perú en su historia y permitía rastrear conflictos sociales asociados a ellas desde el siglo XIX en el período Republicano y asimismo observar al país relacionado con los procesos de la revolución industrial y el capitalismo durante distintas etapas de su historia, empezando con la economía del guano, la economía del salitre, la economía del caucho y el sesgo mercantil dejado por la colonia.
En el oncenio de Legía se registró un proceso de apertura económica al mercado norteamericano que permitió el ingreso de la Cerro de Pasco Corporation y otros, que generaron reacciones contrarias al final de su gobierno y permitió el desarrollo del aprismo y de la izquierda bajo pensadores como Mariátegui.
El libro "Los Dueños del Perú" de Carlos Malpica, en el que se presentaba el mapa del poder en el país en la década de los sesenta, antes de la Revolución de Velazco Alvarado. Se mencionaba a un primer poder relacionado con los poseedores de tierra, los grandes hacendados o los latifundios, productoras primarias de productos de exportación.Conjuntamente con las empresas exportadoras y las empresas mineras, controlaban el flujo de divisas del país.
Así se presentaba un diagnóstico del sistema económico imperante en el país en aquellos tiempos, las reformas que se instauran en la administración de Velazco y luego los procesos de reacción que se dieron en el segundo gobierno de Belaunde.
La década del noventa, con el crecimiento económico, convivió con cambios en la relación de los poderes y enfoque social descritos por el autor.
Con el advenimiento del nuevo milenio, se aprecian cambios en relación a una visión de país dividida entre los defensores del modelo económico de mercado y los de modelos defendidos cuando existía la guerra fría y los postulados de la izquierda revolucionaria se sostenían en el gigante soviético o en el chino, que postulaban modelos estatistas y contratistas de la economía que han quedado atrás con la caida del muro de Berlin y la desaparición de la Unión Soviética.
Suscribíamos entonces que la impronta de la izquierda no ha quedado ahí, sino que se ha reciclado bajo el liderazgo de pensadores como Martha Harnecker, que planteó nuevas formas de enfocar el socialismo, integrando el discurso ambiental, el de derechos humanos y el de los derechos de las comunidades indígenas propugnado por el Tratado 169 de la OIT, como estrategia para desestabilizar a las empresas, a las fuerzas del orden y al sistema en sí mismo.
Toda esta estrategia ha calado en un mundo que buscaba respuestas y soluciones y que enfocó también los temas ambientales, los temas de derechos humanos y los de las comunidades indígenas, por lo que lo planteado como una fórmula para desestabilizar un orden establecido, apoyándose en movimientos nacionalistas que llegan al poder en Venezuela, Ecuador y Bolivia.
Sin embargo, esta estrategia se encontró con una agenda similar en el otro lado del escenario, con instituciones que se han ido fortaleciendo en el control y manejo ambiental desde su nacimiento con el acta de protección ambiental de 1970 de los Estados Unidos y que en el Perú se inicia en la década de los noventas con el Código del Medio Ambiente, con un proceso de deslinde y titulación de tierras que provocó la consolidación legal de la propiedad de tierras comunales en sierra y selva acá en Perú, que alivió la presión social en el escenario de las comunidades indígenas, quedando aún pendiente el espacio de la amazonía. Y en cuanto a derechos humanos, esto se ha convertido a través de la gobernanza corporativa en medios de limitar el accionar de empresas transnacionales en lo que se refiere a derechos humanos, comunidades y medio ambiente, que se asocia ahora a los temas de financiamiento de proyectos en los tres niveles de gestión existentes en el país..
La Ingeniería , el Derecho, la Economía y otras disciplinas tienen un gran reto de cara al futuro en Perú.

Sobre el fondo del problema

Concideramos en ese entonces y nos ratificamos hoy en día, que la confrontación de ideas o de sistemas de pensamiento político entre un modelo renovado de izquierda y un modelo neoliberal, que incluyen temas ambientales, de comunidades y de derechos humanos no es el fondo del problema, como aparentemente nos podrían hacer creer los lideres de uno u otro grupo tratando de llevar agua para su molino, sino que en estricto es el marco en el que se desenvuelve la sociedad del país; dicho de otro modolas condiciones naturales y sociales que forman la historia, geografía y sociedad del país
Respecto a las condiciones naturales, la existencia de la cordillera de los andes que conformó las cuencas hidrográficas y las condiciones climáticas de costa, sierra y selva, existe la corriente de Humboldt que determina las condiciones climáticas de la costa, existió esta configuración desde el deshielo de fin del Pleistoceno y en este espacio geográfico y climático se desarrolla la sociedad y la cultura del país.
Bajo estas condiciones  se desarrollaron las culturas preincas, el imperio de los incas, la colonia y la República, alternando poderes y formas de gobierno, en sintonía con el mundo que influyó en mayor o menor grado a la sociedad peruana. Es un todo dinámico en el que convive una sociedad heredera de ayllus y otra heredera de migrantes extranjeros que se hicieron peruanos durante los 202 años de la existencia de la República.
Las consideraciones que son efectos de las condiciones sociales pasan por atender temas tan complejos como la descentralización, informalidad, educación, salud pública, corrupción, entre otros que influyen en el crecimiento y desarrollo socio-económico de los espacios geosociales situados en las cuencas hidrográficas que forman parte del territorio peruano.

Sobre el proceso actual

Hoy en el país estamos viviendo la gran migración asiática, con una cada vez mayor presencia de inversiones y migrantes chinos, coreanos, etc. No es posible soslayar el impacto de la pandemia a partir de marzo de 2020 y los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania con el avance Ruso sucedido en febrero del 2022.  
Los estragos producidos en la economía y sociedad peruana se encuentra en proceso de control de daños, pues al ineficaz manejo de la pandemia que dejó al Perú como el país con la más alta mortalidad percápita del planeta, se le suma la supina incapacidad para garantizar la seguridad alimentaria en el país tipificada en las fallidas compras de fertilizantes para la campaña agrícola 2022-2023. 
La política de entrega de bonos para mitigar los impases subsistentes en una población que suman unos tres millones entre hombres y mujeres del campo, no terminan por ser suficientes ante la presión social del orden de medio millón de personas vinculadas a la mineria informal y otro grupo importante dedicado a la tala ilegal, narcotráfico y actividades ilícitas conexas.  
Ese crisol genera diversidad en el tiempo, abre ventanas de oportunidades a las grandes mayorías que forman parte de los 33 millones de personas localizadas en territorio peruano, que se han dado no solo en Lima, sino también en diferentes partes del país donde en distintos momentos, migrantes crearon riqueza dejando una impronta que se sumó a la del país: Chinos, japoneses, italianos, palestinos, venezolanos,etc.
Hoy asistimos a una etapa de cambio de condiciones de mercado que empezó en el año 2013 y la caída de precios de los commodities en el mercado mundial ha hecho que se empiece a desinflar una economía que había sostenido crecimientos de 6 % anual y hoy alcanza solamente el 2 % en la mejor de las proyecciones.
Paralelamente, el chorreo que se había venido dando a través de las compras locales, formación de empresas comunales y desarrollo de iniciativas empresariales locales, convenios y otros mecanismos, también se viene afectando, por lo que los intereses de esta nueva clase económica, de antiguas comunidades que pugnan por modernizarse y donde el interés particular y el comunal comparten espacio, vienen sumando su cuota a la conflictividad en algunas zonas de influencia de las empresas extractivas.

El sur del país y la agenda política

Si tomáramos como línea base desde el año 2015 los títulos con los que vengo describiendo los acontecimientos de la realidad peruana del sector minero y las protestas socioambientales publicadas en este espacio, podría citar a : Escalamiento de conflicto por Tía María (9/5/2015),impacto ambiental recurrente como tema de seguridad y orden interno (22/8/2015),Cajamarca y Apurímac: Cartera de proyectos mineros y conflictos sociales (7/11/3016),conflictos sociales frente a disponibilidad de agua, alimentos y energía (13/6/2019),¿Aval del Ejecutivo en las protestas sociales contra Proyectos mineros? (12/8/2019),atención del Estado peruano a conflicto de tierras y explotación forestal (14/3/ 2021), entre otros, que analizadas en su conjunto podría facilmente determinarse las causas que gatillaron la posición del sur del país y entender la agenda política que está detrás de los evidentes problemas identificados en Puno, Cusco, Apurimac, Arequipa, Ica y otras localidades sin perjuicio del escenario electoral que permite la alta rotación en el sillón de pizarro.
Lo que debe tener claro el país es la meta alcanzar en el mediano y largo plazo, para poder orientar acciones consensuadas e ir corrigiendo rumbos.
La agenda es la misma en las distintas canteras que entrarán en justa electoral. Gobernar un país tiene que ver con generar riqueza, promover inversión, educar, generar salud, cultura, pero cobra vigencia el trabajo sobre los Dueños del Perú, porque estamos seguros que hoy no son los mismos dueños, hoy mas peruanos son dueños, más comunidades tienen propiedad, más peruanos tienen acceso a la educación y a fuentes de trabajo o de riqueza.
Lo que sucede es que el proceso es desordenado y conflictivo por factores internos y externos, debido a la visión colonial, a la postergación de siglos de la población local y la falta de una visión integradora del país que respetara la cultura existente mirando al país como por conquistar y no por integrar.
El proceso de crecimiento constante del país en los últimos 25 años fue posible porque se ha ido internalizando el tema ambiental y el tema social en consonancia con corrientes internacionales. 
Empresas y Estado han ido juntos dando pasos que han permitido inversión con respeto y este proceso debe continuar a pesar de la coyuntura de precios bajos de los comodities y el no aprovechamiento del precio del cobre en su momento cuando alcanzara niveles expectantes. 
Por ello el gobierno debe dinamizar las miles de obras públicas paralizadas e impulsar grandes proyectos y obras que mantengan la tendencia de crecimiento y permita finalmente alcanzar un desarrollo sostenible al país. Asimismo existe la necesidad de internalizar pasivos ambientales por la empresa y por el Estado, de otro lado, el problema de propiedad aún no resuelto en la amazonía con las comunidades indígenas o nativas. 
Los hechos acontecidos demuestran que a través de la violencia no se construye un país y se integra a la Nación.
La toma de carreteras sólo aisla a los pueblos y daña a la población mas vulnerable, en ese sentido el nivel de empatía y comunicación debe primar entre las empresas, Estado y comunidad. 

Violencia que no debe repetirse

Sendas jornadas de violencia en Enero del año 2023 fueron vividas por la Empresa minera Antapaccay localizada en la provincia de Espinar en el Cusco. 
Los destrozos efectuados en el campamento minero ubicado en la comunidad de Tintaya marquiri cercana a la localidad de Yauri no sólo afecta a la propiedad privada de la empresa suiza Glencore, sino que perjudica a más de cien empresas locales que le prestan servicios y a miles de trabajadores que son impactados por la paralización de labores, de otro lado daña al ocho por ciento del cobre que el país exporta, reduciéndole en sus ingresos que financian al presupuesto público.
Las protestas no pueden ni deben confundirse con acciones que dañan la integridad física
 de  las personas ni a bienes públicos o privados.

lunes, 9 de enero de 2023

No es opción una muerte más en Perú por discrepancias políticas

Hoy lunes 9 de Enero del 2023, será un día de infausta recordación en las mentes de los peruanos por las catorce (14) muertes confirmadas para un solo día en la localidad de Puno. Tanto la defensoría del pueblo como el ministerio de Salud dan cuenta de este número de fallecidos como producto del enfrentamiento entre las fuerzas del orden y ciudadanos que protestaban exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y nuevas elecciones.
Con la precitada cifra , se eleva a cuarenta (40) muertes por discrepancias políticas durante la administración Boluarte, cuyo primer gabinete tiene previsto asistir el día de mañana a pedir el voto de confianza ante la representación nacional del Congreso de la República.

Crónica de una muerte anunciada en Puno

En múltiples publicaciones a través del tiempo, transmití la necesidad de atender a diversas localidades situadas en la región Puno, que demandaban la presencia de las instituciones competentes del Estado peruano. 
Es así que en mi publicación "Minería e inclusión Social" (19/11/2011) tocaba la relación entre el progreso y la asimilación de los marginados, en razón de cautelar la heredad, que es la naturaleza entregada al ser humano para su servicio, la cual debe ser respetada, pero debe ser compartida y debe ser cuidada porque así la hemos recibido de quienes nos antecedieron.
Asimismo en "Minería y mercurio en peces- Titicaca"(1/5/2013) expresé la necesidad de contar con un oportuno reporte y socialización de información técnica consistente, sin perjuicio de brindar la protección en la salud pública y garantizar la sostenibilidad de los proyectos productivos, lo cual reduciría la aplicación de medidas traumáticas, focalizando la toma de medidas restrictivas o de interdicción por parte del ejecutivo en puntos específicos y como consecuencia evitaría mayores conflictos socioambientales mineros en la región Puno.
Más recientemente, en "Estados de emergencia por metales pesados en agua de consumo humano" (28/9/2021) cité al DS N° 158-2021-PCM que declaraba el estado de emergencia en distritos de coata, huata y capachica de la provincia de Puno y del distrito de caracoto de la Provincia de San Román en el departamento de Puno, por peligro inminente ante contaminación de agua para consumo humano.
El punto es que nos encontramos frente a una población altamente sensibilizada por la postración sufrida a lo largo de décadas y que los diferentes gobiernos de turno , aplicando sus propias políticas de gobierno, soslayaron la atención oportuna de los pueblos.
En este contexto, es fundamental que prime la cultura de la paz y los puntos que mantienen la línea de colisón entre las partes en conflicto, puedan resolverse en la mejor de las formas y al mas breve plazo priorizando los altos intereses de la patria a los efectos de volver a encaminarse en las sendas de progreso y desarrollo. 
Monitoreo de la concentración de Plomo en Agua- Puno

domingo, 14 de marzo de 2021

Atención del Estado peruano a conflicto de tierras y explotación forestal

La próxima administración del estado peruano, deberían tener una mejor respuesta en su agenda de gobierno para poner un alto a la represión de líderes ambientales e indígenas en la Amazonía peruana, ya que desde el año 2013 a la fecha, suman quince (15) los asesinatos perpetrados por mafias enquistadas en esa parte del país por conflictos de tierras ligadas a la explotación forestal.
Conflictos de tierras ligadas a explotación forestal originan muertes que deben ser atendidas por el Estado peruano.
Los hechos acontecidos, obedecerían a una falta de presencia del Estado, presentados paralelos al lapso de la pandemia que azota al país en que se produjeron los asesinatos de defensores ambientales : Arbildo Meléndez, (indígena cacataibo /abril 2020 - Huánuco); Gonzalo Pio ( indígena asháninka /(mayo 2020 - Junín); Lorenzo Wampa, (Guardaparques/ junio 2020 - Amazonas); Roberto Pachecho ( setiembre 2020 - Madre de Dios);  Herasmo García y Yenes Ríos (Líderes de comunidades indígenas de Ucayali/ Marzo 2021); siendo el reciente caso reportado por la Central de Comunidades de la Selva Central, sobre el asesinato de Estela Casanto Mauricio, fundadora de la comunidad nativa ashaninka Shankivironi, ubicado en el valle del río Perene, de la región Junín.

lunes, 12 de agosto de 2019

¿Aval del Ejecutivo en las protestas sociales contra Proyectos mineros?

¿Aval del Ejecutivo?

Resulta una señal preocupante para el país la noticia del aval y participación de los gobernadores regionales en sendos casos de protestas sociales contra proyectos mineros. Es el caso de las máximas autoridades de las regiones de Arequipa, Moquegua y anteriormente Cajamarca y otras regiones con tradición minera, donde se evidencia posiciones encontradas entre los niveles de gestión Regional y Nacional del mismo Ejecutivo. En un año pre electoral y el anuncio del pedido de adelanto de elecciones en Perú para el año 2020, es altamente probable que esta situación escale.

Luego de Tía María y Quellaveco ¿ Quién sigue? 

A las protestas efectuadas por el Proyecto Tía María en la región Arequipa, se suma otra en la región Moquegua. Semana Económica publica que Moquegua inició paro contra Proyecto Quellaveco cuya medida de protesta tiene el aval del gobernador regional. Anglo American sostiene que se ha cumplido con exigencias de la población.Desde hoy, la región Moquegua inició un paro contra el proyecto minero de Quellaveco con el aval del gobernador regional de Moquegua, Zenón Cuevas, que indica que no se están cumpliendo los acuerdos de la minera Anglo American con la población.“El 60% de los trabajadores son foráneos; mientras que el 40% restante son de Moquegua”, reclama Cuevas, quien indicó que la minera se había comprometido en que su fuerza laboral iba a estar conformada por un 80% de moqueguanos. Ante ello, el gobernador ha llamado a iniciar un paro indefinido contra el proyecto, según el diario Gestión.
El proyecto cuprífero ha sido mencionado recientemente por el presidente Martín Vizcarra como uno de los proyectos mineros que ha salido adelante tras comprometerse con los pedidos de la población, panorama distinto, según el presidente, al que ocurre en estos días con el proyecto Tía María.“He sido gobernador regional de Moquegua y el proyecto más grande es el de la minera Quellaveco. Lo hicimos con diálogo”, comentó el mandatario el último fin semana. Hace casi un mes la empresa minera Anglo American ha señalado que no han incumplido ninguno de los 26 acuerdos tomados con la población de Moquegua desde hace siete años y que, incluso, la tasa de contratación de mano de obra no calificada supera el nivel acordado. Según la empresa, la mano de obra no calificada que emplea en el proyecto es de 95% y de no calificada fluctúa entre el 30% y el 40%. En total, son 4,946 moqueguanos en el proyecto.

jueves, 13 de junio de 2019

Conflictos sociales frente a disponibilidad de Agua, Alimentos y Energía

En sistemas de gestión ambiental y particularmente en la gestión social, resulta fundamental monitorear científicamente los resultados que arrojen los instrumentos que  mensuren la simbiosis existente en la relación Agua-Alimentos-Energía (AAE).
En este contexto, las Naciones Unidas, a través de su Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, (DAES), se constituye un nexo fundamental entre las políticas mundiales económicas, sociales y medioambientales y las acciones que se emprenden a nivel nacional. Su mensaje es claro : “ Las Naciones que no le dan la importancia a este trinomio, pueden llegar a sufrir de “estrés”, por la carencia y/o malgasto de alguno de estos factores mencionados”. Las consecuencias son evidentes : Incremento de los conflictos sociales.
Una mayor incidencia de conflictos socio-ambientales para el caso peruano, un país andino mega diverso y vulnerable a los efectos del cambio climático, precisa de una lectura clara que le permita mitigar la ocurrencia de impactos altamente probables de cara al futuro.

Trazabilidad para la seguridad alimentaria

La débil sinergia que los sistemas políticos prestan a este trinomio AAE, se constituyen en un factor  responsable del actual desbalance y desequilibrio entre el hombre y su medio ambiente. La ecuación es simple, a los sucesos dependientes y fluctuaciones estadísticas, se adiciona una población vulnerable situada en zonas de influencia, desconfiada de la capacidad del Estado  para prevenir y/o mitigar la potencial afectación en términos de calidad y/o cantidad de agua disponible, producto de actividades minero-energéticas produciendo  externalidades y sobrecostos a la agricultura, ergo a la alimentación en áreas identificadas como críticas.

Presión poblacional

El crecimiento de la población peruana [millones de habitantes], en siete décadas pasó de menos de diez (1950) a treinta y dos (2019) y traspasaría en una década treinta y siete (2030), superando cuarenta en tres décadas (2050). Eventos migratorios coyunturales instantáneos se suman al proceso incremental ejerciendo presión  sobre los servicios básicos en ciudades, en especial en la franja desértica costera donde la disponibilidad y acceso al recurso agua cuenta con marcadas restricciones.

Vista del Territorio peruano_Franja costera y amazonía. Fuente NASA.

Interdependencia y paralelismo en la relación AAE

Se encuentra latente el desafío planteado para relacionar el sector minero energético con la agricultura, desarrollando operaciones con las restricciones ya conocidas en el mismo espacio geográfico, con distintos pisos altitudinales que marcan la disponibilidad del recurso agua, en donde se hace necesaria las buenas prácticas y uso eficiente de AAE. Con la creciente presión social, económica y ambiental sobre los componentes sistémicos AAE, se incrementan y ponen de relieve las diversas interdependencias, entre las que puedo citar al desarrollo agrícola amenazado por elevado  costo de bombeo y agotamiento de los acuíferos; una agricultura sin mayor acceso a los adelantos tecnológicos necesita cada vez más agua y requiere mayor suministro de energía eléctrica producida con esa misma agua, para alimentar sus propios procesos.

Incremento de la erosión y desplazamiento de sedimentos

Los eventos extraordinarios presentados en territorio peruano para con el fenómeno El Niño de los años 82-83 y 97-98, evidenciaron un incremento de la erosión en diferentes cuencas hidrográficas. En el extremo norte de la costa peruana  se registró un aumento en treinta veces el transporte promedio anual de sedimentos fluviales.
La denominada capa arable de los suelos son lavadas por efecto de la escorrentía superficial en la cuenca alta y transportada hacia la cuenca baja, este proceso se ve incrementado por la tala de bosques a través del tiempo impactando en la calidad de las aguas que transportan ingentes cantidades de sólidos totales.

Vista de la costa sur peruana_Líneas de Nazca y áreas erosionadas_Fuente NASA.

Impacto en la gobernanza y gobernabilidad en Perú 

Parafraseando a la frase acuñada en el VI foro Mundial del Agua (Francia,2012)  "la crisis del agua por la que atraviesa el Perú obedece en gran medida a una crisis de gobernabilidad" y en ese orden de ideas, la crisis de gobernanza del agua referido a los prestadores de servicios de agua y saneamiento que enfrentan dificultades financieras debido a altos costos de energía, son evidenciados por los segmentos AAE soslayados en la praxis, que desconocen y divergen de las verdaderas necesidades del país.
En estricto se busca que el gobierno, en sus tres niveles de gestión, fomente acciones en relación a la gobernanza Agua-Alimentos-Energía (AAE), que implemente programas, que sea activista y que cumpla con las legislaciones que ha creado.
Los críticos al actual régimen pregonan que las exportaciones bajan por sexto mes consecutivo en el 2019, el desempleo aumentó un 5.5% y no hay mayor inversión en proyectos de gran porte e interés Nacional; que no se toma en cuenta la posición de agricultores como actores importantes de la cadena productiva en la comida principal del mercado peruano, sin embargo, no miran el proceso histórico seguido a lo largo de los casi doscientos años de vida en la República peruana, excluyen el panorama general de crecimiento peruano, tampoco el efecto Odebrecht y la posición de ex presidentes presos o con causas judiciales; en prospectiva la diversidad ecosistémica existente en el país andino, sin perjuicio a dimensionar los efectos de los fenómenos climatológicos adversos en la producción y el comercio de alimentos.
Esta diferencia conceptual podría entenderse, al margen de la proximidad del año pre electoral, a la forma de como medir el comportamiento económico. Un ejemplo pragmático es la forma de ver si cayó o creció la economía peruana en el primer trimestre del 2019. Según The Economist, la economía peruana cayó en un 5.3% en el primer trimestre. En contraste, el INEI muestra un crecimiento de 2.6%. Mientras The Economist lo hace respecto al trimestre anterior (cuarto trimestre del 2018), el INEI se basa en la comparación con el primer trimestre del 2018.
Suelos amazónicos en Perú impactados por acción antrópica.

lunes, 7 de noviembre de 2016

Cajamarca & Apurimac : Cartera de Proyectos mineros y conflictos sociales

Cajamarca y Apurímac son las regiones con mayor participación en la cartera de proyectos mineros con inversiones estimadas en US$10,432 millones y US$ 9,713 millones, respectivamente, montos que equivalen a alrededor de 3 y 11 veces el PBI de cada región, informó el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Proyectos mineros.

Ambas regiones concentran el 44% del portafolio de inversiones del país pero a la vez son las regiones más pobres del país.
"Estas dos regiones, a su vez, presentan altos índices de pobreza, de 48.2 y 36.5%, y concentran el 44% del stock de inversiones mineras; es decir, que en conjunto presentan un monto de US$ 20.145 millones", afirmó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL.
De acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minas, para los próximos cinco años el Perú tendría un total de 46 proyectos mineros por un monto ascendente a US$ 45,596 millones.
Cajamarca, tiene en cartera cinco proyectos mineros, entre los cuales destacan: Conga, de US$ 4,800 millones, de capitales de EE.UU. (aún sin fecha de inicio); el proyecto Galeno por US$ 3,500 millones de capitales chinos y cuya fecha de inicio de operaciones sería el 2021.
Apurímac, por su parte, presenta seis proyectos mineros, de los cuales resalta el proyecto Haquira de US$ 2,800 millones, de capitales canadienses y con fecha de inicio para el 2019. Igualmente figura el proyecto Cotabambas, de US$ 1,963 millones, también de capitales canadienses el cual podría ejecutarse en el 2020.

Conflictos sociales.

Sin embargo, para el IEDEP la inestabilidad política y social juega en contra de la realización de estas inversiones. Según la Defensoría del Pueblo (DP), al mes de setiembre se registraron 207 conflictos sociales, de los cuales 146 son casos activos (70.5%) y 61 casos latentes (29.5%).
"Del total de conflictos identificados, 145 (70.0%) son de tipo socioambiental, de los cuales 91 se refieren a conflictos en la actividad minera, 25 en hidrocarburos y 13 en energía", indicó Peñaranda.
En este contexto, Apurímac y Cajamarca se encuentran entre las regiones que concentran la mayoría de conflictos sociales con 24 y 16, respectivamente. También figuran Áncash (22) y Puno (18). En el caso de Apurímac, se tienen 11 conflictos socioambientales, de los cuales en cinco se ha establecido el diálogo y en los seis restantes no. Y en el caso de Cajamarca también se tienen 11 conflictos de los cuales solo cuatro se encuentran en una etapa de diálogo.

lunes, 15 de agosto de 2016

¡ Acciones preventivas y oportunas para 10 mil millones de dólares !

En nuestro reporte ¿Se cambió el EIA en las Bambas?  describimos el proceso seguido en Las Bambas, el proyecto minero actual más grande del país, el cual cuenta con una inversión prevista de diez mil millones de dólares.
A modo de recuento, mencionamos la linea de tiempo seguido en el proceso:
  • Año 2004,Xstrata Copper obtuvo la licencia para explorar Las Bambas.
  • Año 2008,finaliza fase exploratoria luego de perforar un total de 306 908 metros acumulados.
  • Año 2010, se realiza la primera audiencia pública del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en Challhuahuacho, provincia de Cotabambas, en Apurimac. Asimismo se suscribe el contrato de transferencia de la titularidad de las concesiones mineras con el Estado con una inversión estimada en 5 mil millones de dólares.
  • Año 2011, el Estado peruano aprobó el EIA con lo que se inicia el proceso de construcción de la inversión planeada.
  • Año 2013, las empresas Glencore (australiana) y Xstrata (china) se fusionaron. Debido a las leyes antimonopolio de China, Xstrata se vio obligada a vender el proyecto.En el mismo año 2013, Xtrata Las Bambas S.A. entregó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) sobre modificaciones a “componentes auxiliares” del proyecto, especificando "la incorporación de la planta de molibdeno y de filtrado" con el que se concluyó que no tendrá un impacto ambiental significativo en la zona. Tras cuatro días de presentado, el documento fue aprobado.
  • Año 2014, se vendió Las Bambas por US$ 5,850 millones al consorcio liderado por MMG Limited (62,5 %), empresa filial de China Minmetals Corp, junto a Guoxin International Investment Co. Ltd (22,5 %) y CITIC Metal Co. Ltd (15 %). Al final, Glencore Plc recibió US$ 7 mil millones por la mina.
  • En febrero del 2015, los dirigentes de la zona ya amenazaban con retomar paro en contra del proyecto.Tras lamentar la violencia que se dio en las protestas de ese entonces la administración Humala  decretó estado de emergencia en varios distritos de las regiones de Apurímac y Cusco. 
  • En abril del 2016,se reactivó el conflicto por las Bambas y se mantiene latente, en fecha cercana a la culminación del proceso electoral presidencial.
  • En Agosto del 2016,ya con la nueva administración PPK, se reactiva este conflicto latente con bloqueo de carreteras

El impase subsistente

Con la compra de Las Bambas hubo modificaciones en este lo que provocó el rechazo de varias comunidades campesinas y organizaciones de las zonas de influencia del proyecto minero en la región Apurimac.
Entre los cambios se encuentran: la no construcción del mineroducto (con eventual impacto en zonas de tránsito y transporte del mineral); la construcción de una planta de molibdeno en Fuerabamba (con posible afectación al río Challhuahuacho) y la construcción de otra planta de filtros en el lugar.
Los manifestantes piden que estas plantas sean retiradas y que el proyecto sea puesto a consulta previa nuevamente, aduciendo los cambios en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). De otro lado, las comunidades de los distritos de Grau, Challhuahuacho, Mara y Ccapacmarca, piden ser incluidos en la zona de influencia del proyecto debido a que se ubican en la Línea de Transmisión Eléctrica y la Vía de Transporte de Carga Pesada.
En este escenario, el Estado peruano a través del Ministerio de Energía  y Minas sostuvo que estas modificaciones no implican riesgos ambientales significativos, por lo tanto, no hay necesidad de aprobación ni participación ciudadana adicional. Asimismo asegura que no se ejecutaron los talleres de participación ciudadana porque en el caso de los ITS, esta información solo se difunde a "las autoridades locales y provinciales correspondientes".

Acciones preventivas

El estado de situación actual de Las Bambas, requiere en las instancias transectoriales correspondientes  la toma de decisiones preventivas y oportunas, mirando las grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo que tiene el país de cara al futuro.

jueves, 17 de diciembre de 2015

Meritocracia para eliminar corrupción

Un tema sustantivo que alienta la corrupción en diversos países del mundo y específicamente en Perú, es la permisividad con que instituciones tutelares y auxiliares del Estado se ven penetradas por este accionar.
Es este escenario, el diario oficial El Peruano, publica el día de hoy en el espacio Tribuna Parlamentaria, un artículo del ex presidente y actual miembro de la Comisión de inteligencia del Congreso de la República, el parlamentario Cesar yrupailla Montes quien indica lo siguiente:
"Hace una década atrás entró en vigor el Día Internacional contra la Corrupción fijado para el 9 de diciembre de todos los años, por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas  y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito conducen los esfuerzos para combatir este delito transversal a muchos sectores.
La corrupción está definida como un fenómeno social, político y económico, que afecta a los países del planeta. Su accionar horada instituciones democráticas distorsionando procesos electorales, pervirtiendo  el imperio de la ley bajo el manto protector de  una burocracia que tienen en los diezmos y sobornos un sello que los caracteriza.
También impacta en el crecimiento y desarrollo económico de los pueblos, pues desalienta la inyección de capitales frescos a la economía de un país pues los elevados gastos que demanda la corrupción, no terminan siendo internalizados apropiadamente entre sus costos de operación.
El Contralor  Fuad Khoury, acaba de señalar que el costo de la corrupción en Perú, se estima en unos 11 000  millones de soles e indica que esta cifra se podría duplicar si no se actúa con firmeza y celeridad en los casos judicializados.
Ante estas aseveraciones, es oportuno manifestar que el estado de derecho peruano se defiende y pone ante la justicia a ex autoridades de los ámbitos nacional, regional y local que actuaron ilegalmente. Algunos de ellos fueron condenados y purgan prisión, otros evaden a la Ley y están prófugos como es el caso de ex presidentes regionales y alcaldes. En ese sentido resulta indispensable sanear el poder judicial, fiscalía, fuerzas armadas, policía y organismos jurisdiccionales, donde la meritocracia debe primar a los intereses crematísticos que pudieran prevalecer en los nombramientos o ascensos jerárquicos.
La campaña internacional conjunta próxima a culminar este 2015, se centró en cómo la corrupción perfora la democracia y el estado de derecho, y estando a un poco más de cien días de las justas electorales generales en nuestro país se hace necesario redoblar los esfuerzos para actuar contra toda forma de corrupción que afecta los procesos democráticos en justas electorales".

lunes, 23 de noviembre de 2015

¿Base militar para minería ilegal?

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, indicó que se evaluarán si debe establecerse una base militar en La Pampa, (región Madre de Dios), lugar donde prolifera la minería ilegal y donde fue asesinado el ciudadano Alfredo Vracko Neuenschwander por oponerse a dicha actividad ilegal. “En algún momento habrá que establecer una base militar”, puntualizó en entrevista con RPP Noticias 
Estas declaraciones las brindó luego de lamentar la muerte del activista Vracko Neuenschwander, quien fue asesinado en su vivienda presuntamente por mineros ilegales. Además, advirtió que muchos guardaparques de la zona están siendo amenazados por los mineros ilegales, situación por la cual están abandonando sus puestos de trabajo.
Asimismo, indicó que la Fiscalía no apoya en las actividades de interdicción en Madre de Dios. “Uno realmente se siente solo en la interdicción, y luchar contra una lacra que está destruyendo bosques y explotando a niños”, señaló.
También indicó que el Gobernador Regional de Madre de Dios, Luis Otsuka, se opone a las interdicciones, a retirar las maquinarias de la minería ilegal y al control de los insumos químicos.
En respuesta, el gobernador regional indicó que el Ministro del Ambiente es el responsable de la depredación de La Pampa. Sin embargo, reconoció que se opone al control de combustible y la erradicación de maquinarias de la minería ilegal.

jueves, 1 de octubre de 2015

¿Se cambió el EIA en las Bambas?

El ministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura, aseguró que el proyecto minero Las Bambas no se detendrá y entrará en operaciones el próximo año, a pesar de las protestas de los pobladores en varias provincias de la región de Apurímac.
El conflicto ha cobrado (por ahora) 4 muertos y 15 heridos de gravedad, entre ellos 6 policías. Incluso, se ha declarado el estado de emergencia por 30 días en 6 regiones. A continuación, Capital te explica las claves para entender cómo Las Bambas pasó de la calma a la tormenta.

1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL PROYECTO?

Situado a más de 4,000 metros sobre el nivel del mar entre las provincias de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac, el yacimiento pretende convertirse en una de las minas de cobre más grandes del mundo una vez que alcance su nivel de producción plena.

2. INICIO DEL PROYECTO

En 2004, la compañía anglo suiza Xstrata Copper obtuvo la licencia para explorar Las Bambas y en 2010, por medio de un contrato millonario (5 mil millones de dólares) con el Estado, se convirtió en la dueña del yacimiento. 

3. LAS BAMBAS CAMBIÓ DE DUEÑO

Desde entonces, la relación entre la mina y las comunidades cercanas era relativamente buena; sin embargo, todo cambió en mayo del 2013, cuando las empresas Glencore (australiana) y Xstrata se fusionaron.
Debido a las leyes antimonopolio de China y para evitar distorsiones con el mercado cuprífero, Xstrata tuvo que vender el proyecto Las Bambas en abril del 2014. Y la favorecida fue la empresa china MMG, integrada por China Minerals (estatal), Guoxin Investment International y Citic. Desde allí comenzaron los problemas que desencadenaron lo que se vive hoy en Apurimac.

4. Y CAMBIARON LAS REGLAS DEL JUEGO

Los nuevos dueños chinos pidieron una modificación del estudio de impacto ambiental (EIA), que incluyó la cancelación de un mineroducto y la construcción de una planta de molibdeno. La noticia no fue del agrado de varias comunidades campesinas y organizaciones de las zonas de impacto.

5. EL CONFLICTO SOCIAL

Los pobladores aseguran que la no construcción del mineroducto (que atravesaba tres provincias hasta llegar a Espinar, según Noticias SER) pone en riesgo las zonas aledañas, debido al transporte del mineral. Además, sostienen que la construcción de la planta podría afectar a una de las fuentes de agua de la zona (Challhuahuacho), así como la edificación de otra planta de filtros en el lugar, informó La República.

6. ¿Y AHORA?

Los pobladores exigen que estas plantas sean retiradas y que el proyecto minero sea puesto a consulta previa. De paso, las comunidades de los distritos de Grau, Challhuahuacho, Mara y Ccapacmarca, piden ser incluidos en la zona de influencia del proyecto, debido a que se ubican en la Línea de Transmisión Eléctrica y la Vía de Transporte de Carga Pesada, informó el citado medio.

7. IMPORTANCIA DEL PROYECTO

Según información del Ministerio de Energía y Minas (MEM), es el mayor proyecto minero que tiene el país con una inversión de US$10,000 millones. Además, la mina tiene reservas minerales de 6,9 millones de toneladas de cobre y 10,5 millones de toneladas de recursos minerales y se espera que produzca más de 2 millones de toneladas de cobre concentrado en sus primeros cinco años.

martes, 29 de septiembre de 2015

Conflictos sociales por Las Bambas

El Poder Ejecutivo declaró el estado de emergencia por 30 días en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros (departamento de Apurímac), así como en las provincias de Chumbivilcas y Espinar (departamento de Cusco) para restablecer el orden interno y procurar la defensa de los derechos de los ciudadanos, esto tras la protesta contra el proyecto minero Las Bambas, que dejó 3 muertos hasta el momento.
Según un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano, la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las mencionadas provincias.
Durante el estado de emergencia en Las Bambas quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24, apartado f del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
El decreto supremo lleva la rúbrica del presidente Ollanta Humala Tasso, y está refrendado por el titular de la PCM, Pedro Cateriano; así como por los ministros de Defensa, Jakke Valakivi Álvarez; del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; y de Justicia, Gustavo Adrianzén Olaya.

sábado, 22 de agosto de 2015

Impacto ambiental recurrente como tema de seguridad y orden interno

En Estado, pasivos ambientales y conflictos sociales, que publicamos casi hace un quinquenio atrás, en situación previa al cambio en la administración del gobierno nacional peruano ocurrido en el 2011; describimos un lapso en donde los conflictos mineros escalaban y ponían en riesgo el desarrollo de la minería. Hoy la minería en Perú esta fuertemente impactada.
Cinco años después, nos encontramos en un escenario similar, pues el 2016 habrá el cambio democrático en la jefatura del Estado, mirando una situación recurrente en los conflictos sociales que continúan, siendo las protestas cada vez más violentas.
Hicimos mención entonces de sucesos ocurridos en Cajamarca,Cusco,Arequipa y Ancash. En esta última citamos eventos antimineros en las ciudades de Huaraz y Recuay, indicando que no debían ni podían ser soslayados.
Decíamos entonces que "con el uso de la violencia se atentó contra instituciones públicas y privadas,bloquearon carreteras,paralizándose la ciudad sin que el estado de derecho pudiera detener esta escalada de anarquía y destrucción".
Meses previos al año electoral 2016, tenemos el añadido que científicamente se anticipa un evento de singular magnitud con el denominado fenómeno "El Niño" que se presenta histórica y recurrentemente afectando al territorio nacional.
El cambio climático afectará los distintos pisos altitudinales existentes en el país y en especial, aquellas zonas especialmente vulnerables ya conocidas en Perú.
Es momento de trabajar preventivamente en la praxis y no quedarse en iniciativas legales que la práctica burocrática entorpece en los tres diferentes niveles de gestión del gobierno.
"Impactos ambientales que se traducen en un tema de seguridad nacional y orden interno".
En este contexto, el sistema de defensa civil debería redoblar esfuerzos para prepararse en las distintas jurisdicciones del país y en especial en zonas vulnerables y muy sensibles del país.
Asimismo, la oficina nacional de gobierno interior (ONAGI), instrumento del Poder Ejecutivo para fortalecer la presencia del Estado en todo el territorio nacional, debería mejorar sus actuación en prevención coadyuvando a la gobernabilidad del país,  mantenimiento del orden interno y orden público.

domingo, 16 de agosto de 2015

Tucuy Ricuy y ONAGI en Perú

El TucuyRicuy (“ El que todo lo ve, quien todo lo oye”) era una especie de agente secreto de los incas.Eran funcionarios estatales que viajaban de incógnitos por las diferentes regiones del imperio,observando la forma como se aplicaban las leyes y disposiciones del Inca.En el momento preciso se identificaban ante los habitantes por medio de unos hilos de la mascaypacha del Inca, luego de lo cual empezaban su labor visitaba los lugares de su responsabilidad para informar al Cuzco. Visitaba también las obras públicas y solía correr con  la información de todo  lo observado y actuado, al Hijo del Sol, cuando las cosas iban bien o mal y este tomaba las medidas respectivas oportunamente.
Hoy por hoy su nuevo mundo en Perú, sus herederos ya no son más parte de los incas ahora pertenece al sistema de las nuevas gobernaciones que dependen del ministerio del interior del ejecutivo peruano.Estos vendrían a ser los ojos y oídos de la presidencia de la república y en la actualidad se articulan en la oficina nacional de gobierno interior (ONAGI), representando al Poder Ejecutivo en el ámbito de su jurisdicción y fortaleciendo la presencia del Estado en todo el territorio nacional, coadyuvando a la gobernabilidad, al seguimiento y ejecución de las Políticas Nacionales, al mantenimiento del orden interno y orden público, y a la paz social.
En este contexto, ONAGI es un organismo público ejecutor, con autonomía administrativa, funcional y económica, que en el ejercicio de sus funciones, contempla la presencia del Estado en todo el territorio nacional.  Tanto  el Decreto Legislativo 1140, (10/12/ 2012) y el Decreto Supremo 003-2013-IN, formalizan la estructura orgánica de ONAGI.
ONAGI, conforme a su reglamento de organización y funciones , se compone de cuatro direcciones generales, como órganos de línea : La Dirección General de Autoridades Políticas; La Dirección General de Autorizaciones Especiales;La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanciones; y la Dirección General de Desarrollo de Capacidades y Evaluación. Es en este contexto que la prevención de conflictos sociales, socioambientales y afines, en sectores estratégicos como es en el caso del sector energía y minas debiera estar atendido oportunamente, tarea que al parecer no se estuviera ejecutando adecuadamente a la luz de los resultados presentados en el evento de enfrentamientos entre la policía y trabajadores mineros del paralizado complejo metalúrgico de Doe Run.

martes, 9 de junio de 2015

Inversiones & Hospital de Moyobamba

El pasivo es bastante conocido: proyectos paralizados por miles de millones de dólares. Pero el aprendizaje ha sido amplio. Prueba de ello son los US$19.000 millones en inversiones mineras viabilizadas por las empresas mineras, merced a un acertado relacionamiento social.
Es el caso de Las Bambas (US$10.000 mlls.), la Ampliación de Cerro Verde (US$4.600 mlls.), la Ampliación de Toquepala (US$1.200 mlls.), Tambomayo (US$250 mlls.) y Shahuindo (US$130 mlls.), por citar los proyecto más conocidos.
De Quellaveco (US$3.300 mlls.), La Granja (no hay una cifra confirmada pero se habla de más de US$1.000 mlls.), Corani (US$600 mlls), Ollachea (US$170 mlls.) y la reanudación del Complejo Metalúrgico de La Oroya – CMLO (US$800 mlls.), proyectos en suspenso por factores económicos, pero que gozan de una amplia base popular de apoyo que presiona por su desarrollo.
Eso es lo que acontece en La Oroya, donde la población no solamente exige la reanudación de operaciones del complejo metalúrgico, sino que amaga con perpetrar un ‘segundo Tía María’ para forzar al Estado a generar las condiciones que permitan atraer la inversión minera.
Para este contexto de experiencia de inversiones en el país, en lo que va del año y de manera conjunta, los  niveles de gobierno local, Regional y nacional declararon viables 7,356 Proyectos de inversión pública, por un monto total de 21,089 millones de soles al 4 de Junio del 2015, informó el Ministerio de Economía y Finanzas y publicado por la agencia oficial Andina.
Sin embargo, el fantasma de proyectos paralizados por millones de dólares persiste, con el consecuente riesgo de elevar los niveles de conflictos sociales en un año pre electoral.
Con la finalidad de tener alertas tempranas que no impacten en los proyectos de grandes inversiones previstas, se hace necesaria entonces una respuesta inmediata de parte del ejecutivo, a los efectos dar respuesta a las justas demandas de poblaciones que reclaman servicios básicos, como es en el caso del componente de los servicios de salud.
Para ilustrar con un ejemplo el escenario antes descrito, citaremos el caso del proyecto de inversión y construcción del Hospital  de Moyobamba en la región San Martín. En el año 2011 la población asentadas en las provincias del alto mayo en San martín, observaban con beneplácito el desarrollo del proyecto del Nuevo Hospital de Moyobamba.

Sin embargo, luego de realizado los procesos correspondientes para otorgar la buena pro a las empresas encargadas de la ejecución de las obras,equipamiento y supervisión de las mismas en el hospital, surgieron controversias entre las partes contratantes.
Desde Abril del año 2014, la unidad ejecutora intervino la obra por incumplimiento de los plazos en la ejecución referida a una supuesta falta de liquidez, motivo por el cual la constructora interpuso acción de arbitraje administrativo ante el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).
La paralización de la infraestructura construida y la exposición de los equipos a los rigores del clima y el tiempo en estado de abandono, fueron verificados en sendos procesos de supervisión y fiscalización. 
Congresista de la República Cesar Yrupailla constatando el deterioro de equipos abandonados al interior del hospital.
Activado el arbitraje, se produjeron cuestionamientos que entramparon el oportuno accionar del organismo autónomo del Estado_OSCE, que según norma debiera resolver en días lo que va durando a la fecha mas de siete (07) meses.

El impase del caso emblemático de este hospital ha escalado de tal forma que el propio jefe de Estado tomó conocimiento del proceso y es así que en fecha 05 de febrero del 2015, el presidente de la República peruana Ollanta Humala Tasso indicaba en su discurso de orden:
"Pero también lo que tenemos que trabajar en San Martín son los proyectos de desarrollo. Por ejemplo, Moyobamba necesita su hospital, ese hospital está en estos momentos paralizado, desde al año pasado, y es de la gestión regional anterior, y yo le propongo al presidente regional de una vez que haga el expediente técnico del 30 por ciento que falta hacer para completarlo.  Son 100 millones de soles que cuesta ese hospital y estamos dispuestos a trabajar si inmediatamente levantan la medida cautelar y me hacen el expediente, si no pueden pásenmelo a mí y yo le armo el expediente para que la población tenga su hospital".
En junio del 2015, los impases subsisten y se activaron mecanismos judiciales para resolver asuntos administrativos que generan el malestar de la población en ese extremo del país. 

Actualmente el frente de defensa de Moyobamba anunció un paro de 48 horas para los días 9 y 10 de junio, exigiendo la culminación del hospital de esta ciudad que se encuentra paralizada desde hace8 meses.
En una asamblea popular, las organizaciones acordaron acatar esta medida de protesta ante los problemas legales que existe entre el Organismo de Supervisión y Contratación del Estado (Osce) y el consorcio encargado de esta obra.
Los dirigentes indicaron que vienen organizando los piquetes de lucha con el apoyo de las autoridades locales para acatar esta medida de protesta.
La reacción reguladora oportuna del gobierno central se hace necesaria para evitar que los conflictos sociales se nutran de casos como el expuesto que se encuentran fuera de la influencia de localidades con tradición minera.

sábado, 23 de mayo de 2015

Estado de emergencia por Tía María

Debido a los nuevos actos de violencia registrados durante las protestas contra el proyecto Tía María, el Gobierno resolvió anoche decretar el estado de emergencia en todos los distritos de la provincia de Islay, en Arequipa,anunció el jefe del Gabinete Ministerial, Pedro Cateriano.
Precisó que quedan suspendidas a partir de hoy las libertades personales, referidas a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y la libertad de reunión.
Indicó que conforme lo establece la Constitución y de acuerdo con el decreto que se publicará en El Peruano, la Policía Nacional, con el respaldo de las Fuerzas Armadas, se encargará del mantenimiento del orden público.

Régimen de excepción

Cateriano sustentó que el Gobierno ha tomado la determinación de decretar el estado de emergencia de conformidad con el régimen de excepción que establece la Constitución Política. En ese sentido, dijo que el Gobierno no hubiera querido llegar a esta situación, y prueba de ello es que se han hecho todos los esfuerzos para solucionar los cuestionamientos técnicos al proyecto Tía María, mediante el diálogo, como corresponde a un sistema democrático. “No obstante, a pesar de que la propia empresa ofreció una pausa para que en este período se pueda explicar con amplitud y debatir todo lo relacionado con la temática técnica del proyecto, hoy han continuado los actos de violencia.” “Cuando las circunstancias demuestran que un grupo mínimo no quiere acatar la Constitución y la ley; es decir, violentar el Estado de derecho, el Gobierno tiene los instrumentos legales que la Constitución franquea para garantizar el mantenimiento del orden público.”
En ese contexto, el titular de la PCM recalcó que el gobierno del presidente Ollanta Humala defenderá con firmeza, pero con apego a la Constitución y a la ley, el derecho de todos los peruanos a vivir en paz y en democracia, exhortando a que se deponga la violencia y solucionemos las diferencias basado en el diálogo.