La integración andina y los desafíos del siglo XXI

Hoy 26 de mayo de 2026 se conmemora 57 años de la firma del Acuerdo de Cartagena, instrumento que dio origen al proceso de integración andina y sentó las bases de uno de los proyectos de cooperación regional más importantes y duraderos de América Latina.

A lo largo de casi seis décadas, la integración andina ha evolucionado desde un mecanismo orientado principalmente a la cooperación económica y comercial hacia un sistema integral que incorpora dimensiones políticas, sociales, ambientales, culturales y de ciudadanía regional. Este proceso ha permitido construir instituciones supranacionales, fortalecer la cooperación entre los países miembros y generar beneficios concretos para millones de ciudadanos.

Los orígenes de la integración andina

La historia de la integración andina comenzó el 26 de mayo de 1969, cuando Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Cartagena en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Mediante este instrumento se creó el denominado Pacto Andino, concebido como un mecanismo destinado a promover el desarrollo económico y social de sus miembros mediante la integración regional y la cooperación entre sus economías. Posteriormente, el 10 de marzo de 1996, con la entrada en vigor del Protocolo de Trujillo, el Pacto Andino adoptó oficialmente la denominación de Comunidad Andina (CAN), dando paso a una nueva etapa caracterizada por una institucionalidad más sólida y una visión integral del proceso de integración.

El Parlamento Andino: la voz democrática de los pueblos andinos

Uno de los hitos más importantes en la construcción institucional de la integración regional fue la creación del Parlamento Andino el 25 de octubre de 1979 en la ciudad de La Paz, Bolivia.
El Parlamento Andino constituye el órgano deliberante y representativo del Sistema Andino de Integración. Su naturaleza es comunitaria y democrática, ya que representa a los pueblos andinos mediante parlamentarios elegidos por sufragio universal y directo.
Asimismo, cuenta con personalidad jurídica internacional y capacidad de ejercicio de conformidad con el ordenamiento jurídico supranacional andino.
Actualmente está integrado por representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú. Asimismo, Chile participa activamente en diversos mecanismos de integración andina en calidad de país asociado.
El Parlamento Andino cuenta además con miembros observadores permanentes, entre ellos el Reino de España, el Reino de Marruecos y la República de Turquía, fortaleciendo así los vínculos de cooperación interregional.

De un acuerdo comercial a una comunidad de ciudadanos

La integración andina representa uno de los procesos más relevantes de cooperación regional en América Latina. Su evolución demuestra cómo un acuerdo inicialmente concebido para facilitar el comercio pudo transformarse progresivamente en una comunidad política, económica y social dotada de instituciones propias, normas comunitarias y mecanismos de concertación. Entre sus principales logros históricos destacan: La creación de instituciones supranacionales permanentes; el establecimiento del Tribunal Andino de Justicia. la consolidación del Parlamento Andino como órgano democrático de representación regional; la eliminación progresiva de barreras comerciales; la construcción de una zona andina de libre comercio; la libre circulación de personas; la cooperación en materia ambiental, educativa, energética y digital y el fortalecimiento de una identidad regional andina compartida.

Principales hitos de la integración andina

1969: Nace el Pacto Andino

Con la firma del Acuerdo de Cartagena se inicia formalmente el proceso de integración andina, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social mediante la cooperación regional.

1970: Inicio de la CAF

Comienza a operar la Corporación Andina de Fomento, hoy CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, entidad que se convertiría en una de las principales fuentes de financiamiento para proyectos de integración y desarrollo en la región.

1973: Incorporación de Venezuela

Venezuela se integra formalmente al proceso andino, fortaleciendo el peso político y económico del bloque regional.

1976: Retiro de Chile

Chile se retira del Pacto Andino debido a diferencias respecto al modelo económico impulsado por el bloque. Décadas más tarde retomaría su vinculación como país asociado.

1978: Creación del Fondo Andino de Reservas

Se constituye una institución destinada a fortalecer la estabilidad financiera de los países miembros, antecedente directo del actual Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

1979: Consolidación institucional

Se suscribe el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino y se crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, fortaleciendo significativamente la arquitectura institucional del proceso integrador.

Década de 1980: Resiliencia y fortalecimiento

Pese a las crisis económicas que afectaron a América Latina, la integración andina logró preservar sus principales instituciones y continuar desarrollando mecanismos de cooperación regional.

1990: Nace el Consejo Presidencial Andino

Los Jefes de Estado institucionalizan sus reuniones periódicas, otorgando mayor conducción política al proceso de integración.

1991-1994: Apertura económica

Se consolida la Zona Andina de Libre Comercio, se aprueba el Arancel Externo Común y se implementan diversas medidas destinadas a facilitar el comercio intrarregional.

1996: Nace la Comunidad Andina

La suscripción del Protocolo de Trujillo marca una profunda reforma institucional. Surge oficialmente la Comunidad Andina y se crea el Sistema Andino de Integración (SAI).

2001: Ciudadanía andina

Los ciudadanos de los países miembros comienzan a viajar utilizando únicamente sus documentos nacionales de identidad, fortaleciendo la movilidad regional.

2006: Reencuentro e internacionalización

Chile retorna al proceso como país asociado y el Parlamento Andino participa activamente en la creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), ampliando la proyección internacional de la integración andina.

2010-2018: Modernización institucional

La Comunidad Andina impulsa políticas vinculadas con infraestructura, transporte, integración fronteriza, movilidad humana y fortalecimiento institucional.

2019: Medio siglo de integración

La Comunidad Andina celebra sus primeros cincuenta años de existencia. Los presidentes andinos reafirman su compromiso con el fortalecimiento del proceso integrador y destacan avances en comercio, movilidad e integración fronteriza.

La nueva etapa: una integración orientada al ciudadano

A partir de 2020, la integración andina ingresó en una nueva fase caracterizada por una visión más cercana a las necesidades de la ciudadanía. La pandemia del COVID-19 evidenció la importancia de la cooperación regional y aceleró el desarrollo de iniciativas vinculadas con salud pública, conectividad digital, migración, educación, medio ambiente y transformación tecnológica.

2020: Cooperación frente a la pandemia

La Comunidad Andina aprobó una Estrategia Andina frente al COVID-19 e impulsó iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación sanitaria, económica y social. Ese mismo año se aprobó la Carta Ambiental Andina, considerada uno de los instrumentos ambientales más ambiciosos de la región, incorporando compromisos relacionados con cambio climático, biodiversidad, sostenibilidad y protección de ecosistemas estratégicos.

2021: Estatuto Migratorio Andino

La entrada en vigor del Estatuto Migratorio Andino constituyó uno de los mayores avances en materia de integración ciudadana. Este instrumento facilitó la residencia, circulación y regularización migratoria de millones de ciudadanos andinos, consolidando una visión regional basada en derechos.

2022: Integración digital

Se implementó progresivamente la eliminación de los costos de roaming internacional entre los países andinos, permitiendo una conectividad más accesible para millones de usuarios.

2023: Reactivación económica

Los países andinos impulsaron iniciativas orientadas a fortalecer las cadenas regionales de valor, la facilitación aduanera, la seguridad alimentaria y la cooperación energética.

2024: Agenda ambiental y desarrollo sostenible

La Comunidad Andina profundizó sus esfuerzos en materias como lucha contra la minería ilegal, protección de la Amazonía, gestión hídrica, transición energética y adaptación al cambio climático.

2025: Fortalecimiento del Parlamento Andino

El Parlamento Andino consolidó su papel como órgano democrático del Sistema Andino de Integración, impulsando iniciativas relacionadas con educación, derechos humanos, ciberseguridad, democracia digital, participación ciudadana y cooperación universitaria.

2026: Una integración con visión de futuro

Al cumplir 57 años de existencia, la Comunidad Andina se mantiene como el proceso de integración más antiguo y con mayor grado de institucionalidad supranacional en América Latina. En este contexto histórico, la cooperación regional no constituye únicamente un instrumento económico, sino también una herramienta para promover el desarrollo sostenible, fortalecer la democracia, ampliar oportunidades y construir un futuro compartido para los pueblos andinos. Así, los principales retos y desafíos para esta nueva etapa, vinculadas a la transición energética,minerales críticos,seguridad alimentaria,infraestructura regional,desarrollo sostenible, entre otros, incluyen: Fortalecer la libre movilidad de los ciudadanos andinos; Consolidar la integración digital regional; Incrementar el comercio intracomunitario y la competitividad económica; Profundizar la cooperación frente al cambio climático; Impulsar la interconexión energética regional; Combatir las economías ilegales y la minería ilegal; Fortalecer la seguridad alimentaria; Promover la educación, la innovación y la movilidad académica.

RRSS municipales & transición energética andina

Durante décadas, los residuos sólidos municipales fueron entendidos en América Latina únicamente como un problema sanitario asociado al crecimiento urbano. Las ciudades crecieron, el consumo aumentó y, junto con ello, millones de toneladas de residuos comenzaron a acumularse diariamente en botaderos a cielo abierto, vertederos y rellenos sanitarios. Sin embargo, el contexto actual obliga a replantear esa visión tradicional. Lo que antes era considerado basura hoy empieza a ser visto como un recurso estratégico capaz de influir en la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de la región andina.

En cinco países : Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, se generan el orden de cuarenta (40) millones de toneladas anuales de residuos sólidos municipales; y más del 50 % de éstos corresponde a materia orgánica susceptible de ser valorizada mediante tecnologías de biodigestión anaeróbica, captura de biogás o sistemas Waste to Energy (WTE); por consiguiente, una parte importante de aquello que hoy se entierra podría convertirse en electricidad, fertilizantes y nuevos recursos aprovechables. Paradójicamente, gran parte de este potencial continúa enterrándose diariamente en rellenos sanitarios o, peor aún, terminando en botaderos informales sin ningún tipo de control ambiental.

Por la gran magnitud de botaderos a cielo abierto, éstos pueden observarse satelitalmente.

El principal problema estructural de estos países continúa siendo la persistencia de un modelo lineal basado en extraer, consumir y desechar. Este esquema ha generado una presión creciente sobre los sistemas de disposición final, obligando a los municipios a destinar enormes recursos económicos únicamente para recolectar, transportar y enterrar residuos. En muchos casos, los gobiernos locales apenas logran sostener servicios básicos de limpieza pública, sin capacidad financiera suficiente para invertir en tecnologías modernas de valorización, reciclaje o recuperación energética.

La situación es más complicada en zonas rurales, ciudades intermedias, territorios amazónicos y regiones altoandinas, donde la limitada infraestructura sanitaria dificulta el manejo adecuado de residuos. Así, millones de toneladas continúan llegando a botaderos a cielo abierto, afectando ecosistemas y servicios ambientales al provocar contaminación de ríos, degradación de suelos, emisiones de metano y afectación directa sobre poblaciones vulnerables.

El cambio climático agrava aún más esta problemática, debido a lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos que dinamizan los lixiviados. incrementando los riesgos ambientales asociados a sistemas precarios de disposición final. Esta posibilidad adquiere enorme relevancia para estos países donde la minería constituye uno de los principales motores económicos y, simultáneamente, uno de los mayores consumidores de energía eléctrica.

La minería moderna requiere crecientes cantidades de electricidad para procesos de trituración, molienda, bombeo, ventilación, procesamiento metalúrgico y automatización industrial. A medida que los yacimientos se vuelven más profundos y complejos, la demanda energética minera continuará incrementándose de forma sostenida. La transición energética global depende directamente de minerales estratégicos producidos en la región andina.

Los vehículos eléctricos, las energías renovables, las redes inteligentes y las nuevas tecnologías requieren minería, para lo cual se debe construir modelos mineros cada vez más sostenibles, eficientes y articulados con procesos de economía circular. 

En este contexto, la valorización energética de residuos sólidos municipales podría convertirse en uno de los grandes puntos de convergencia entre desarrollo urbano, transición energética y minería sostenible.

Países desarrollados del planeta han demostrado que es posible reducir drásticamente la dependencia de rellenos sanitarios mediante sistemas integrados de reciclaje, biodigestión y generación eléctrica a partir de residuos. En varias ciudades europeas, la basura dejó de ser vista como un problema para convertirse en una fuente complementaria de energía y desarrollo tecnológico.

La Comunidad Andina todavía enfrenta enormes desafíos para avanzar hacia ese escenario. La baja segregación en origen, la informalidad del reciclaje, las limitaciones presupuestales municipales, la débil planificación regional y la falta de infraestructura tecnológica continúan siendo barreras importantes. A ello se suma la necesidad de fortalecer marcos regulatorios, desarrollar capacidades técnicas y promover educación ambiental ciudadana.

El Dato

►La región andina posee abundante materia orgánica aprovechable, creciente demanda energética y una expansión industrial y minera que requerirá nuevas fuentes de electricidad durante las próximas décadas. Bajo una adecuada planificación, los residuos sólidos podrían transformarse simultáneamente en una solución ambiental y en un recurso energético estratégico para el desarrollo regional.

►La verdadera discusión de futuro ya no debería centrarse únicamente en cómo eliminar residuos, sino en cómo transformar aquello que hoy enterramos en nuevas oportunidades de energía, innovación y sostenibilidad. 

El Niño : Fenómeno o evento

En términos sencillos, y respondiendo a una inquietud frecuente de mis discípulos de la región andina, conviene precisar que El Niño no debe entenderse únicamente como una lluvia intensa o una emergencia temporal, sino como un fenómeno climático complejo que forma parte de la dinámica natural del océano Pacífico y de la atmósfera.

Cuando se habla de “El Niño” en sentido general, se hace referencia al proceso climático recurrente asociado al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, capaz de alterar lluvias, temperaturas, sequías, actividades productivas y ecosistemas en varios países de América del Sur, especialmente en Perú y Ecuador.

En cambio, cuando ese fenómeno se presenta en un periodo determinado y con características concretas, los especialistas suelen hablar de un evento El Niño, como ocurrió en 1982-1983, 1997-1998 o durante el Niño Costero de 2017. 

Esta diferencia puede parecer trivialmente académica, no obstante ayuda a comprender mejor por qué la minería, la agricultura, la pesca, el turismo y la infraestructura andina reaccionan de manera distinta frente a cada episodio.

No todos los eventos tienen la misma intensidad ni generan iguales consecuencias. Algunos producen lluvias extraordinarias e inundaciones en la costa peruana y ecuatoriana; otros alteran la disponibilidad hídrica, afectan carreteras, incrementan la erosión o modifican la productividad pesquera asociada a la corriente de Humboldt.

Por ello, entender a El Niño como fenómeno y a cada ocurrencia específica como evento permite analizar con mayor rigor técnico los impactos económicos, sociales y ambientales que periódicamente enfrenta la Comunidad Andina. 

Asi, el fenómeno El Niño suele ser presentado en el Perú como un evento estrictamente climático, una anomalía del océano que, de manera casi inexorable, desencadena lluvias, inundaciones y pérdidas económicas.

Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente para entender la magnitud real de sus impactos. La recurrente experiencia demuestra que los efectos del Niño no dependen únicamente de la temperatura del mar, sino de una red más compleja donde interactúan el clima, la estructura económica y, de manera decisiva, la calidad de la gobernanza.

En ese contexto, el escenario que en el lapso 2026-2027 se perfila como una eventual posibilidad de acople entre el Niño global y el Niño costero, obliga a replantear el análisis desde una perspectiva preventiva más integral.

El Perú se encuentra en una posición particularmente sensible frente a este fenómeno. A diferencia de otros países, su costa está directamente expuesta al calentamiento de la región Niño 1+2, lo que hace que los eventos costeros tengan efectos inmediatos sobre el territorio. Pero cuando este calentamiento se sincroniza con un Niño global en la región 3.4, el fenómeno adquiere una dimensión distinta, reforzándose la interacción entre océano y atmósfera, se prolonga la duración del evento y se intensifican las precipitaciones.

En consecuencia, no se trata de una suma de efectos, sino de un proceso de amplificación. 

El antecedente del año 2017 resulta ilustrativo, pues a pesar de no haber estado plenamente acoplado a un Niño global fuerte, el Niño costero generó daños equivalentes a más de 1.6% del PBI peruano. 

Evento registrado por la NASA en El Niño del año 2017 

Eventual escenario de acoplamiento y en medio de una crisis política

¿Qué ocurriría si un evento de esa naturaleza se produjera en condiciones de acoplamiento pleno y en el contexto político que viene atravesando el país?. 

Para responder a esta interrogante es necesario abandonar la idea de que el impacto económico del Niño es solo una función directa de su intensidad climática. 

En estricto, el efecto final puede entenderse mejor como el resultado de una interacción entre tres factores: la magnitud del evento, el nivel de exposición de la economía y la capacidad del Estado para gestionar el riesgo. 

Estos elementos no actúan de manera independiente; se potencian entre sí. Así, un evento climático de similar intensidad puede generar consecuencias radicalmente distintas dependiendo de la calidad institucional del país que lo enfrenta. En el caso peruano, esta variable adquiere una relevancia crítica. La fragilidad política que ha caracterizado al Perú en los últimos años introduce un factor de vulnerabilidad adicional. La alta rotación de autoridades, la fragmentación del sistema político, la debilidad en la ejecución del gasto público y la persistente descoordinación entre niveles de gobierno configuran un escenario en el cual la capacidad de respuesta del Estado se ve seriamente limitada. 

En estas condiciones, los problemas no se originan únicamente en la naturaleza, sino en la forma de acción o inacción en que el aparato público reacciona frente a ella. Las obras de prevención se postergan, la planificación pierde continuidad y la respuesta tiende a ser reactiva antes que preventiva. El resultado es que el daño económico no solo ocurre, sino que se amplifica.

Es en este punto donde el análisis del sector minero suele verse distorsionado por percepciones simplificadas. Existe una narrativa extendida que tiende a asociar la minería con la vulnerabilidad frente a eventos climáticos, cuando en realidad su rol es mucho más ambivalente y depende del contexto en el que opera. 

En un entorno de gobernanza relativamente funcional, la minería puede desempeñar un papel estabilizador, toda vez que sostiene las exportaciones, genera divisas, contribuye a la recaudación fiscal y ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica en momentos de crisis. Bajo estas condiciones, lejos de agravar el problema, actúa como un amortiguador frente al shock.

No obstante, cuando el mismo fenómeno ocurre en un contexto de debilidad institucional y, además, bajo un escenario de acoplamiento climático, la situación cambia de manera sustancial. Las interrupciones en la infraestructura logística, la paralización de operaciones por eventos extremos, la deficiente gestión de conflictos sociales y la limitada capacidad de supervisión ambiental pueden convertir a la minería en un canal adicional de transmisión del impacto económico.

En este caso, no es la actividad minera en sí la que genera el problema, sino la incapacidad del entorno institucional para sostener su funcionamiento en condiciones adversas.De este modo, la minería deja de ser un amortiguador y pasa a formar parte del mecanismo de propagación del shock. 

Este análisis adquiere una dimensión aún mayor cuando se observa desde la perspectiva de la Comunidad Andina. Aunque los países de la región comparten ciertos rasgos estructurales, sus niveles de exposición climática, dependencia económica y calidad institucional varían significativamente.

El Perú destaca por la combinación de alta exposición al Niño costero, fuerte dependencia de la minería y una marcada inestabilidad política, lo que lo convierte en el país más vulnerable ante un escenario de acoplamiento.

Ecuador enfrenta riesgos climáticos similares, aunque con menor capacidad de amortiguación económica, mientras que Colombia y Bolivia presentan dinámicas distintas, con impactos más asociados a variaciones hidrológicas o a debilidades institucionales específicas.

Esta heterogeneidad no elimina, sin embargo, la necesidad de una respuesta coordinada. Por el contrario, refuerza la idea de que el Fenómeno El Niño debe ser abordado como un riesgo sistémico regional. En este contexto, instancias como el Parlamento Andino adquieren una relevancia particular, no solo como espacios de deliberación política, sino como plataformas para impulsar estrategias conjuntas en materia de prevención, infraestructura resiliente y estabilidad económica frente a shocks climáticos.

La articulación de sistemas de alerta temprana, la coordinación de políticas públicas y el fortalecimiento institucional a nivel regional podrían marcar una diferencia sustantiva en la forma en que estos eventos son enfrentados en el futuro.

El dato 

►El Fenómeno El Niño no puede seguir siendo interpretado únicamente como un evento natural. En el Perú, su impacto es también el reflejo de las condiciones políticas e institucionales del país. 

►Cuando un evento climático de gran magnitud se encuentra con un Estado débil, sus efectos se potencian y pueden traducirse en pérdidas económicas que comprometen varios puntos del producto interno bruto. Para el caso peruano, se aproximaron a veinte por ciento de su PBI en tres eventos estimados para los años : 1982-1983 (11,6 %) ;1997-1998 (6,2 %)  y 2017  (1,6 %).

Tres eventos extremos de El Niño 82/83;97/98 y 16/17 comprometieron aprox 20% del PBI peruano

►Resulta prioritario avanzar hacia una comprensión más realista de los desafíos que enfrenta el Perú y la región andina en un contexto de creciente incertidumbre climática y fragilidad política. 

TSM/Datos procesados por el IGP-Mayo 2026

TSM/Datos procesados por IMARPE-Abril 2026

Oro ilegal sin frontera

Una década atrás , al definir el marco conceptual del oro ilegal, indiqué que cuando me refería a la minería ilegal, básicamente pensaba en oro ilegal, así es como en efecto de lucha frente a oro ilegal  integraba reportes de la cadena Reuters y diario 16, citando la investigación del portal Ojo Público sobre los vuelos secretos del oro ilegal. 

Desde entonces ya era conocido el "puente aéreo" creado por exportadoras de Bolivia para transportar toneladas de metal de origen sospechoso a las refinerías de Miami.

El oro, ingresado como contrabando y acopiado por las compañías de La Paz, era extraído de los centros de la minería ilegal de Madre de Dios, Puno y otras regiones del sur peruano.  OjoPúblico estableció entonces que un grupo de aerolíneas provenientes de Bolivia ingresó un cargamento de 35 toneladas de oro, en barras de presunto origen ilícito, por el aeropuerto Jorge Chávez. El origen de esta versión aurífera del ‘puente aéreo’ entre Perú y Bolivia se remonta a febrero del año 2013, poco después de que agentes aduaneros ejecutaran una operación sin precedentes en el Callao para incautar una tonelada de oro. Esta valiosa carga iba a ser enviada a Estados Unidos y Europa por un grupo de compañías de fachada vinculadas a acopiadores de la minería ilegal.

De otro lado, en minería informal de oro avanza en el norte peruano publicada el 2017, indicaba que esta actividad focalizada concentraba aproximadamente el diez por ciento de la producción nacional de oro, extraida de las regiones Piura, Cajamarca, La Libertad y Áncash.

En este contexto, hoy el diario La República actualiza el tema en cuestión con El oro se sale por los bordes, escrito por Mirko Lauer en los siguientes términos:

"Dos historias de oro en las fronteras peruanas. Una de ellas es en Macará, frente al Ecuador, donde el domingo Perú destruyó dos dragas dedicadas a la minería ilegal, informa el diario en línea Infobae. La otra es una denuncia sobre tráfico de oro ilegal peruano nacionalizado boliviano y luego exportado, afirma la prensa de Bolivia.

La situación con Ecuador no es nueva. Las minas ilegales, todas del lado peruano, son cordialmente compartidas por personas de los dos países. La ventaja es para el país del norte, con carreteras que llegan prácticamente hasta la frontera. Dos dragas instaladas, consideradas maquinaria pesada, hablan de una presencia muy asentada.

Las incursiones mineras del vecino norteño no han producido mayor convulsión. Las minas están lejos de los centros poblados, y parece haber oro suficiente para repartir. Sin embargo así, con desdén por la línea de frontera, comenzó el conflicto con Ecuador en el pasado.Buenas tapias producen buenos vecinos.

En Puno y Madre de Dios el oro ilegal fluye, pero no hay noticias de una presencia ilícita de mineros bolivianos. El oro es trasladado del Perú a Bolivia, en lo que va camino de volverse un puente aéreo, y de allí su exportación realiza mayores utilidades. Más de uno ha visto a este tipo de intereses bolivianos detrás de la pugnacidad en la zona productora.

Una idea detrás de lo anterior es que el rechazo a la presencia militar en Puno nace del temor a que ellos se queden, y con eso frustren un estupendo negocio transfronterizo. Es probable que el oro de la frontera norte simplemente no represente negocio alguno para Perú, con una que otra excepción fácil de imaginar.

Estas dos historias sobre oro ponen de relieve la territorialidad de las economías ilegales en el Perú, en su mayoría recursos que fluyen hacia afuera. En el caso del triángulo Puno-Madre de Dios-Bolivia, el libro de Valdés, Basombrío y Vera sobre economías criminales detecta allí territorio peruano fuera de control. 

Todos son delitos silenciosos, como las vitrinas de lujosas joyerías. En el sur las recientes protestas les han puesto encima los reflectores. En el norte ha sido la destrucción de dos dragas ilegales. Pero negocios tan buenos pesan mucho sobre las conciencias locales, de los dos lados de cada frontera".

El Dato

El incremento de las actividades contaminantes de origen antropogénico que usan mercurio en forma inadecuada,como es en el caso de los pasivos ambientales y la mineria ilegal aurífera, constituyen especial preocupación en salud pública, por su persistencia en ecosistemas,capacidad de movilidad en la cadena trófica y toxicidad ambiental. 

La existencia de pasivos ambientales mineros y la minería ilegal , son parte de la agenda pendiente en la Región. 

Crisis de mortalidad en el tiempo _ COVID-19

El estudio de las grandes crisis de mortalidad que afectaron a las sociedades del pasado para entender la mortalidad por COVID-19 debe ser transdisciplinario y sustentarse en diversas fuentes que permitan observar el fenómeno desde distintas perspectivas.
La data existente de pandemias pasadas ilustran la sensibilidad e importancia del indicador de fallecidos.

Fallecidos por COVID-19 en Perú

¿Cuántos habitantes había en Perú y cuál fue la cantidad de fallecidos por causa del COVID-19 en el año 2020?. Para responder estas preguntas, podemos usar los últimos datos censales de 2017 (Censos Nacionales 2017_XII de Población_VII de Vivienda_III de comunidades indígenas) y las actas de defunciones del Sistema Informático Nacional de Defunciones. 
La información oficial indica que al primero de Junio del 2020 se produjeron 4634 fallecidos en todo el territorio nacional por causas atribuidas al coronavirus y de ésta cifra, 1786 corresponden a Lima. De otro lado, diversos investigadores y consultoras, indican otras cifras que triplican la precitada cifra. 
El diario Gestión, publica que más de 17,000 decesos por COVID-19 habrían ocurrido entre abril y mayo en Perú 
Lo cierto es que pueden haber diversas estimaciones, pero lo sustantivo es que exista un alineamiento en las cifras a los efectos de afinar tan importante indicador en el país andino-amazónico que permita georeferenciar esta data en zonas en las que haya encontrado los 170,039 casos diagnosticados positivamente de COVID-19.

Necesidad de información oficial confiable

El primero de marzo del 2020 , publiqué en “Información oficial y oportunamente socializada del COVID-19",indicando la necesidad de manejar información oficial confiable y oportunamente socializada sobre los hechos científicos para que se pueda determinar con precisión los riesgos que corre y adoptar precauciones razonables en diversos países del planeta , incluyendo a países de Latinoamérica como es el caso de Perú, para evitar el estrés y ansiedad que producen daños económicos colaterales por el brote epidémico.
Los niveles de riesgo de una mayor morbimortalidad dependerá del lugar en el que vivan las personas o de los lugares a los que haya viajado recientemente. En ese sentido el riesgo de infección es mayor en las zonas donde existan sub registros de las defunciones, como sucede en la periferia de áreas urbanas y zonas dispersas de los ríos en la amazonía.

A modo de ejemplo puedo citar los casos de las localidades de Cabo Pantoja (frontera con Ecuador) ubicada a orillas del río Napo y Santa Rosa de Yavarí, una isla fluvial del río Amazonas , ambas situadas en Loreto – Perú, cuya población infectada con el COVID-19 es transfrontera, dada su proximidad a áreas urbanas infectadas en Ecuador y Brasil respectivamente, pues ambas localidades se encuentran bastante alejadas de la zona caliente de Iquitos y el tránsito comercial vía fluvial a esa zona urbana fue  cortada. 

El Dato

Sólo Lima (Perú)  presenta las defunciones anuales siguientes: 28.608 (2017), 33.317 (2018), 34.875 (2019) y 26.838 (periodo Enero-Mayo del 2020) para el año con presencia del COVID-19 desde el 6 de Marzo. 

Distanciamiento físico vs distanciamiento social por el COVID-19

Como una extensión de mi último comentario referenciado a Perú, gustosamente voy a precisar a mis colegas y amigos de los Estados Unidos de Norteamérica y Europa que solicitaron explique del porque "el costo social que implica mantener a la población por un largo periodo inmovilizado es más alto en latinoamérica"; usaré para ello argumentos como el enfoque social en salud-definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)- contrastando las estrategias empleadas para contener el avance del COVID-19 en la Pandemia en curso. No sin antes saludar la recomendación hecha por OMS para usar el término de "distanciamiento físico" en lugar del comúnmente usado "distanciamiento social", porque en estricto no es "aislamiento social" como interpretan indebidamente algunos tomadores de decisión y comunicadores sociales.
Cabe precisar que Perú presenta actualmente en Sudamérica la segunda mayor cantidad de casos confirmados con el COVID-19 , después de Brasil.  

El evento de la epidemia del COVID-19, trata de aquellos momentos en la vida de los individuos durante los cuales éstos se ven afectados por privaciones que no los condena a formar parte de los excluidos. La pobreza en las sociedades modernas en la región de las Américas, es vista por lo común como una situación temporal en el seno de sociedades dinámicas; sociedades en las que, usando el ejemplo del país de las oportunidades, los Estados Unidos de Norteamérica , "la gran mayoría son pobres alguna vez pero sólo muy pocos lo son para siempre". En todo caso, se percibe la existencia de bolsones de exclusión que hoy por hoy toman la forma de conglomerados urbanos producto de la migración de las zonas rurales a zonas urbanas. En mi comentario, adelanté de los factores y condiciones que rodean a poblaciones hacinadas que no cuentan con los recursos mínimos para resistir el asedio viral. En Perú hablé a modo de ejemplo de los cinturones de pobreza y poblaciones asentadas en los cerros que carecen de servicios básicos. Casi una década atrás, difundí las causas que originaban las debilidades presentadas para realizar un diagnóstico correcto de la línea base de pobreza, lo cual requería de instrumentos para entender y mensurar un fenómeno que escapaba a las estadísticas generalmente utilizadas en ese entonces.

Con la débil herramienta de gestión proporcionada por los últimos censos estadísticos, se cuantificaba en Perú a los pobres invisibles para el Estado, los cuales no se encontraban bajo el radar de los programas de lucha contra la pobreza, a pesar de que no contaban con servicios de salud, electricidad,agua y utilizan leña para preparar sus alimentos. Se detectaba si, el incremento de poblaciones atomizadas menores de cien habitantes y el peligroso hacinamiento en zonas urbanas.

En este orden de ideas, resultaba imprescindible sincerar las cifras de la línea base de pobreza con indicadores que incorporen los derechos civiles de los pobres invisibles por el Estado, aquellos que no son detectados por la "pobreza monetaria", habiéndose visto afectados en la salud de familias, sintiendo que la ausencia del Estado no los sacó de la pobreza pero si los hizo pobres extremos. El COVID-19 se encargó de transparentar estas deficiencias; las mismas que no se originaron ciertamente con las administraciones de los gobiernos que en la actualidad realizan denodados esfuerzos para luchar contra ese enemigo común que es mortalmente eficaz alli donde existe la debilidad del Estado. Esta vulnerabilidad se asocia a lo que viene aconteciendo en Guayaquil-Ecuador como epicentro de la epidemia en Sudamérica y Lima-Perú como epicentro en el país de los Incas.

Distanciamiento social en poblaciones excluidas geográficamente. 

Con estos elementos de juicio, podemos ver que no se encuentran en las mismas condiciones para dar cumplimiento con el "distanciamiento físico" dispuesto por las administraciones de gobierno (contrastando la realidad de países europeos, USA y Latinoamérica) a las zonas rurales excluidas, zonas urbanas o bolsones de pobreza de esta parte del continente;por consiguiente el costo social es diferenciado al tener a una célula familiar confinada en casa por mayor tiempo, con una economía sólida, que puede mantenerse y esperar a que exista la vacuna u otra solución que "normalice" sus actividades. Por obvias razones entonces, el costo social  que significa sostener quietos por largos periodos  a una población vulnerable en latinoamérica-que además presenta extremas debilidades en su sistema de salud pública- es mayor que otras realidades del mundo. Hacer precisiones sobre el precio social, costos: oportunidad,privado y social de casos puntuales,merecerán espacios de debate que muy probablemente se presentarán mas adelante.     
A mayor abundamiento, al producirse un prolongado real y efectivo aislamiento social en estas poblaciones altamente vulnerables se genera la destrucción de su economía, poniendo en riesgo su subsistencia. Esto sucede porque se rompe la cadena de comercialización y transacción, al extremo de ver perdidas sus cosechas y agotadas sus reservas de alimentos. Debemos recordar que el lado oeste de Sudamérica es recorrida por Los Andes, el oriente tiene al imponente río Amazonas y Perú cuenta con ambos formando parte de su territorio en ciento cincuenta y nueve cuencas hidrográficas que tornan agreste su geografía; así como una alta biodiversidad con poblaciones originarias, etc. que citando al naturalista inglés Charles Darwin "deberán responder de la mejor manera al cambio para poder sobrevivir".