Desarrollo humano bajo el modelo peruano en lo que va del siglo XXI

Como vengo sosteniendo hace décadas en diversos foros, desmitificar la minería en el Perú implica ir más allá del debate ligero sobre su impacto ambiental o económico, ya que el principal propósito es evidenciar que el verdadero desafío es humano e institucional.

En el modelo peruano, se ha asumido que la abundancia de recursos naturales y su redistribución vía presupuesto público serían suficientes para impulsar el desarrollo tanto en zonas urbanas como en rurales. Sin embargo, tanto la persistencia de la migración del campo a la ciudad, anemia,como el limitado acceso y disponibilidad de agua para consumo humano de millones de personas prueban todo lo contrario.

Es en ese sentido que el país no enfrenta un problema de falta de recursos, sino de incapacidad de gestionarlos y transformarlos poniéndolos en valor para generar bienestar.

No basta con tener cobre, oro, plata, zinc, minerales críticos para la transición energética o abundante agua dulce. Sin una estrategia que coloque al capital humano en el centro, que fortalezca el estado de derecho y que promueva la iniciativa privada, estos recursos seguirán siendo oportunidades perdidas. 

Es necesario construir un Perú donde la riqueza natural no continúe siendo una ilusión de desarrollo, donde el presupuesto público se traduzca en resultados concretos y donde el verdadero motor del progreso sea la persona humana.

Pérdidas con el RRHH por desconexión entre generación de riqueza y uso del gasto público.

El proceso seguido en el periodo 2001-2026

A inicios del siglo XXI, el Perú era un país centralista en términos políticos, económicos y fiscales. Su capital, Lima concentraba el orden del 50% del PBI nacional y hasta el 75% del presupuesto público. El resto del país giraba alrededor de una estructura donde la generación de riqueza y la toma de decisiones estaban concentradas en la capital.

veinticinco años después, el discurso oficial sostiene que el país avanzó hacia la descentralización. Sin embargo, un análisis comparativo entre la participación regional en el PBI, el uso del presupuesto público y la evolución de indicadores sociales críticos como la anemia infantil revela una realidad compleja y contradictoria.

En términos de producción económica, el país experimentó cambios importantes, pero no necesariamente estructurales. Lima sigue concentrando alrededor del 45% del PBI nacional, lo que evidencia una leve desconcentración, pero no una transformación del modelo. Algunas regiones incrementaron su participación, impulsadas principalmente por actividades extractivas y la agroexportación. 

Es decir, el crecimiento territorial del PBI no ha sido producto de una diversificación económica, sino de la expansión geográfica del patrón primario exportador.

La participación de Lima en el gasto nacional ha caído significativamente. Este cambio responde al proceso de descentralización con la creación de gobiernos regionales y la transferencia de recursos a través de mecanismos como el canon minero y gasífero.

En apariencia, esto sugeriría un avance hacia un país más equilibrado, sin embargo, la evidencia demuestra que la descentralización fiscal no ha ido acompañada de una descentralización productiva ni de capacidades de gestión en los territorios. 

Es al incorporar un indicador humano básico donde la paradoja se vuelve más evidente. 

A inicios del siglo XXI, alrededor del 72% de la población peruana era urbana y cerca del 28% residía en zonas rurales. Para el año 2025, esta proporción se modificó a más del 80% de la población viviendo en áreas urbanas, mientras que la población rural se redujo por debajo del 20%. Este proceso refleja una migración sostenida desde el campo hacia las ciudades, impulsada por la falta de oportunidades económicas, servicios básicos y condiciones de vida adecuadas en zonas rurales. Este despoblamiento rural es una evidencia de la frustrada construcción de economías territoriales sostenibles. Las zonas rurales, muchas de ellas ricas en recursos naturales no logran retener a su población, las cuales se desplazan hacia ciudades que, a su vez, crecen de manera desordenada, presionando servicios básicos e incrementa las brecha entre producción y gasto, lo cual debilita su desarrollo armónico.

A inicios del siglo XXI, la anemia infantil en el Perú afectaba aproximadamente al 50% de los niños menores de tres años. Dos décadas después, pese al crecimiento económico sostenido, al incremento del presupuesto público y a la descentralización fiscal, la anemia sigue afectando a cerca del 40% de los niños a nivel nacional, con niveles críticos en regiones con tradición minera como es el caso de Cajamarca.

El país ha crecido, ha gastado más y ha redistribuido recursos, pero no ha logrado resolver uno de los problemas más elementales de desarrollo humano. 

Sin embargo, existe una paradoja aún más profunda y menos discutida que es el agua. En el contexto global, el agua es considerada el petróleo del siglo XXI, un recurso estratégico para el desarrollo, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

El Perú, es un país privilegiado en disponibilidad de agua dulce a nivel global; no obstante, millones de peruanos aún carecen de acceso y disponibilidad adecuados al agua para consumo humano. Gran parte del recurso hídrico se pierde por falta de infraestructura, mala gestión, contaminación y ausencia de ordenamiento territorial. Así, un país con abundancia hídrica convive con escasez en sus ciudades y zonas rurales. Esta paradoja del agua no es distinta a la de los recursos minerales.

El Perú, pese a poseer importantes reservas de cobre, oro y minerales críticos que serán fundamentales para la transición energética global, sin embargo, por la experiencia demostrada en las últimas décadas, se acredita que la sola existencia de estos recursos no garantiza su desarrollo sostenible. Al igual que ocurre con el agua, la riqueza potencial no se traduce automáticamente en bienestar para la población.

Al cruzar las variables de PBI, población, presupuesto, anemia y acceso al agua, el caso peruano muestra precisamente la ausencia de este enfoque integral. 

Por un lado, existe un Perú productivo, representado por regiones que generan más riqueza de la que reciben en presupuesto público. Por otro lado, un Perú dependiente, conformado por regiones donde el gasto estatal supera la capacidad productiva, pero sin lograr traducirse en bienestar tangible. Y en ambos casos, la persistencia de la anemia y las brechas en acceso al agua evidencian que ni la generación de riqueza ni el incremento del gasto han bastado para mejorar las condiciones básicas de vida. 

Un caso ilustrativo es el de las regiones con canon minero o gasífero, como Áncash y Cusco. Estas presentan un aparente equilibrio entre producción y presupuesto, pero con niveles de anemia y limitaciones en acceso a servicios básicos que evidencian una desconexión entre recursos disponibles y resultados sociales.

Esto confirma que la riqueza natural, ya sea minera o hídrica, no garantiza desarrollo si no está acompañada de instituciones sólidas y gestión eficiente.

En ese sentido, correspondería mejorar el modelo vigente garantizando procesos electorales transparentes que garanticen la construcción de  gobernabilidad y gobernanza con capacidades reales de transformar recursos en bienestar y mejora de calidad de vida en un país que cuenta con un legado histórico y un futuro prometedor.

Ausencia de estrategias para gestionar eficientemente el recurso agua

En el Perú existe una paradoja altamente sensible: mientras el presupuesto público se ha incrementado de manera sostenida desde inicios del siglo XXI, la inversión en infraestructura mayor de almacenamiento de agua, ya sea represas, reservorios y sistemas de regulación hídrica no ha seguido el mismo ritmo.

Este desfase no es menor. Es, en realidad, uno de los principales factores que explican la creciente vulnerabilidad del país frente a una eventual crisis hídrica y energética.

El país cuenta con más de 700 presas inventariadas por la Autoridad Nacional del Agua, construidas a lo largo de casi un siglo. Durante décadas, especialmente entre 1960 y 1980, el Estado peruano entendió que el agua era un factor clave para el desarrollo y promovió grandes proyectos de irrigación y regulación hídrica. Posteriormente, entre 1980 y el 2000, se consolidó una etapa de expansión hidroeléctrica y de proyectos multipropósito.

Sin embargo, en lo que va del siglo XXI, este impulso se ha diluido en simultaneo con la recurrente crisis política del país.

Existen esfuerzos singulares como el Proyecto Olmos, pero no una política sistemática ni sostenida de almacenamiento de agua en espacios estratégicos a escala nacional.

Lo más preocupante es que esta desaceleración ocurre en un contexto diametralmente opuesto al del siglo pasado. Hoy enfrentamos los efectos del cambio climático, con periodos de sequía más prolongados, mayor variabilidad en las precipitaciones y un acelerado retroceso de los glaciares andinos.

Es decir, cuando más necesitamos capacidad de almacenamiento, menos estamos invirtiendo en ella. El argumento de falta de recursos ya no es válido. El presupuesto público peruano ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, impulsado por el crecimiento económico, la recaudación tributaria y los ingresos provenientes de actividades extractivas. Sin embargo, ese mayor gasto no se ha traducido en infraestructura estratégica que garantice la seguridad hídrica. Se ha priorizado, en muchos casos, el gasto corriente o proyectos de impacto inmediato, dejando de lado inversiones de largo plazo cuya rentabilidad social es incuestionable.

Consecuencias de la inacción

En primer lugar, afecta la seguridad alimentaria. La agricultura en la costa, donde se concentra gran parte de la producción y fomentar la cadena de valor, depende críticamente de sistemas de almacenamiento y regulación. Sin ellos, el agua de las lluvias se pierde en el mar durante los meses húmedos y escasea durante los periodos secos.

En segundo lugar, compromete la seguridad energética. El Perú mantiene una alta dependencia de la generación hidroeléctrica. Sin reservorios adecuados, la producción de energía queda sujeta a la disponibilidad inmediata de agua, lo que incrementa el riesgo de déficits en años secos y obliga a recurrir a fuentes térmicas más costosas y contaminantes.

En tercer lugar, incrementa la conflictividad social. La falta de infraestructura hídrica exacerba la competencia por el recurso entre agricultura, consumo humano, industria y minería. En este último caso, el debate suele centrarse en la supuesta competencia por el agua, cuando en realidad el problema de fondo es la ausencia de sistemas de regulación que permitan gestionar eficientemente el recurso.

Así, el Perú enfrenta una triple vulnerabilidad: hídrica, energética y económica. No porque carezca de agua, sino porque carece de capacidad para almacenarla y gestionarla estratégicamente. 

Es la paradoja de un país con abundantes recursos hídricos que, sin embargo, no logra convertirlos en seguridad ni en desarrollo sostenible. Lo que está en juego no es solo la gestión del agua, sino la capacidad del Estado para planificar el futuro.

Seguridad Hídrica como eje central de la política pública

La seguridad hídrica debería ser un eje central de la política pública, articulando inversiones en infraestructura gris, pudiendo ser represas, reservorios, trasvases y otras opciones con soluciones basadas en la naturaleza, como la siembra y cosecha de agua.

Asimismo, se requiere promover esquemas de financiamiento innovadores, incluyendo la participación del sector privado en proyectos multipropósito que beneficien a múltiples usuarios. 

Persistir en la inacción tiene un costo creciente. Cada año que pasa sin ampliar la capacidad de almacenamiento es un año en el que el país se vuelve más vulnerable frente a sequías, más dependiente de condiciones climáticas inciertas y más expuesto a crisis que podrían evitarse con planificación. 

El país requiere retomar la política de almacenar agua para que no se pierda

El Perú no necesita descubrir nuevas fuentes de agua, tampoco necesita de masivos costosos proyectos de desalinización de agua de mar, necesita, con urgencia, aprender a almacenar la que ya tiene, así como tratar las aguas residuales para darle valor en diversos usos.

Esa es la verdadera base de la seguridad hídrica y, también, una de las claves más importantes para garantizar su desarrollo en el siglo XXI.

Evolución de la política pública para la gestión del agua

A través de los tiempos, el recurso agua se convirtió en una de las fortalezas que acompañó el crecimiento y desarrollo de los pueblos localizados en America latina y particularmente en la superficie donde floreció el imperio de los Incas y que en la modernidad, en parte cubre el territorio peruano, donde el acceso y la disponibilidad del recurso hídrico ostentan una paradoja estructural: el Perú cuenta con abundante recurso hídrico a escala nacional, sin embargo la mala distribución natural, el cambio climático y las limitaciones en la gestión pública, producen importantes brechas con agenda pendiente por resolver.

Para lograr ello, pese al sincretismo del agua en el Perú,  este recurso atravesó por un proceso que tras evidenciar la sabiduría hidráulica pre inca e inca, aspira a que actualmente fuera progresiva y adecuadamente distribuida para sus diversos usos.

Entre los años 200 a.C. y 600 d.C

Asi, en la época preinca se tiene como registro los acueductos de Cantalloc en Nazca como parte del sistema hidráulico subterráneo que permitió a la cultura Nazca dominar el desierto, toda vez que les permitía captar y conducir agua de consumo humano, también para irrigar sus campos de cultivo y de esta manera permitir el asentamiento de centros poblados establecidos en zonas extremadamente áridas.

Sistema de ingeniería hidráulica subterránea de Cantalloc_ Cultura pre inca Nazca 

Entre los años 1200 d.C. y 1533 d.C

Durante el imperio Inca se aplicó el modelo sostenible de gestión integrada del agua basado en un riguroso planeamiento territorial y enfoque participativo, donde el trabajo comunitario daba cuenta de su  cosmovisión sistémica, incorporando sinérgicamente agua y tierra.

En el Tahuantinsuyo los procesos productivos y cadenas de valor, consideraron al agua como elemento integrador para el desarrollo de los sistemas de andenes y sistemas de distribución del agua; en el marco de  diversos climas, pisos ecológicos, cuencas; conectando los cuerpos de agua según la estacionalidad que presentaba el ciclo hidrológico dentro de su territorio que en su máxima expansión abarcó seis países de la actual latinoamérica. De esta manera, el  agua fue considerado como un elemento sagrado,recurso estratégico del Estado y bien común.

Sistemas de distribución del agua en el imperio Inca.

La gestión integrada del agua evitó la erosión en adenes, permitiendo la agricultura en grandes pendientes.

Entre los siglos XVI y XVIII

Durante el periodo del Virreinato del Perú, el agua fue tratada como un recurso estratégico controlado por el poder político de la corona española. En esta época colonial el recurso hídrico fue gestionado priorizándolo para el uso minero, en molinos, fuentes y acequias que abastecían a ciudades coloniales; para el riego de haciendas agrícolas y en comunidades indígenas.

Las edificaciones y camino inca se construían en partes altas evitando inundaciones por lluvias.

Entre los siglos XIX y XX

Lograda la independencia peruana en 1821, el Estado asumió el rol que tenía antes la corona y la joven república en forma limitada reconoció al agua como bien público,sin embargo, prosiguió con el modelo colonial de gestión del agua en una primera etapa hasta 1902, fecha considerada como un punto de quiebre con el Código de aguas al marcar un hito en la política hídrica republicana. Esta regulación declaró al agua como un bien de dominio público,introduciendo el sistema de concesiones y licencias; sin contar con el ordenamiento territorial que permitiera contemplar un enfoque de cuenca.

En la costa desértica peruana prima el ecosistema de oasis impactado por eventos climáticos extremos

En el transcurso del siglo XXI

Entre los años 2001 y 2026, el Perú pasó de una gestión sectorial del agua a una gestión integrada por cuencas, el acceso universal y la sostenibilidad ante el cambio climático.

En el 2008 fue creada la Autoridad Nacional del Agua , institución que regula el uso del agua en el marco de la Ley de Recursos Hídricos promulgada el año 2009; norma que suplió a la Ley General de Aguas de 1969. 

El año 2014 se promulgó la Ley N° 30215 sobre el uso de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos - MERECE, vistos como instrumentos para generar,canalizar e invertir en acciones orientadas a la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, como fuente de servicios ecosistémicos, a través de acuerdos voluntarios entre contribuyentes y retribuyentes.

Con el ilustre congresista César Yrupailla Montes, tras la aprobación de iniciativa MERECE

El acceso al agua para el consumo humano se integró en la Constitución Política del Perú en el año 2017 mediante Ley N° 30588 , reconociendo el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable.

Bajo estas consideraciones se promueve un enfoque climático fortaleciendo la gobernanza con mayor inversión a los efectos de cerrar brechas y mejorar la calidad del agua.

Agenda pendiente

Al efectuar una disección ambiental sobre el proceso evolutivo de las políticas públicas para la gestión del agua, se pone en evidencia la agenda por desarrollar de cara al futuro : 

Poner en valor el recurso agua para diversos usos.

La norma peruana considera uso primario,poblacional,productivo,recreativo y medicinal.

Reforzar la política de prevención en la gestión pública

Cerrar brechas de infraestructura 

Incluye problemas de retroceso de glaciares andinos,contaminación,conflictos entre usuarios

Por consiguiente, los retos y desafíos que enfrenta el país pasa por contar con una gestión integrada por cuencas hidrográficas ; inversión en infraestructura de almacenamiento y tratamiento ; protección de fuentes naturales de agua, reducción de desigualdades territoriales en acceso al agua ; y fortalecimiento de la gobernanza del recurso hídrico.

Minería & Cabeceras de cuencas

El Proyecto La Zanja, se encuentra ubicado en la micro cuenca de la quebrada El Cedro. Políticamente, corresponde al caserío La Zanja - Llamada también La Redonda - en el distrito de Pulán, provincia de Santa Cruz de Succhabamba, departamento de Cajamarca.

El área del proyecto comprende las zonas altas de este distrito (2 800 a 3 811 metros sobre el nivel del mar) limítrofes con los distritos de Catache (de la misma provincia de Santa Cruz de Succhabamba) y Calquis y Tongod (provincia de San Miguel de Pallaques).

La Zanja comprende dos yacimientos de oro con contenidos de plata denominados San Pedro Sur y Pampa Verde, los cuales serán trabajados a tajo abierto.
Los trabajos de exploración realizados en el área del proyecto, arrojaron que los yacimientos, contienen un recurso minable total de 17 414 000 TM con una ley promedio de oro de 0,88 g/TM y una ley promedio de plata de 6,6 g/TM.
Adicionalmente, se cuenta con un recurso de 10 066 254 TM con una ley de 0,56 g/TM, lo que representa 183 160 onzas de oro.
Luego de ser extraído de ambos yacimientos, el mineral será tratado mediante lixiviación,la solución rica será tratada mediante Adsorción/ Desorción/ Regeneración (ADR) con carbón activado para la obtención de plata y oro doré mediante un proceso final de fundición.
La inversión estimada es del orden de US $ 30 millones hasta el inicio de las operaciones y de US $ 20 millones adicionales durante la misma, totalizando de esta manera una inversión de US $ 50 millones.

Según una reciente ordenanza dictada por el Gobierno Regional de Cajamarca, se plantea de acuerdo a la zonificación ecológica, la protección de las cabeceras de las cuencas que demandaría estudios adicionales que permitan garantizar el recurso hídrico en el área de influencia del proyecto minero.

Con la aplicación de un programa de desarrollo sostenible por cuencas hidrográficas que articule la protección del medio ambiente a las demandas sociales y los intereses de los inversionistas, se podría efectuar el proyecto integral sin mayores dilataciones.
Con las reservas actuales, se estima una vida útil  del proyecto en cuatro años.

Semana mundial del Agua 2024 - Suecia y la producción de energías en el SEIN-Perú

Del 25 al 29 de agosto del 2024 se realizó la Semana Mundial del Agua en la ciudad de Estocolmo - Suecia, evento que fue organizado por el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo, el cual fue visto abarcando diversos horizontes del sector.

Un aspecto sustantivo para los países que sufren el impacto directo del cambio climático, como resulta el caso del Perú, constituye el tema referido a la producción de energías que alimenten a su sistema eléctrico interconectado nacional (SEIN).

Desmitificando la Minería en el Perú-UNI-CARELEC

Tal como se se indica en el gráfico, la producción de energías representadas en el SEIN-Perú a marzo del 2024 está compuesta por energías : Térmica (55%), Hídrica (37%), Recursos Energéticos Renovables - RER (7.8%) y otras como Biomasa y WTE (0.2%).

Los temas holísticos y transversales que conllevan compromisos del país y tienen que ver con la transición energética, descarbonización,neutralidad del carbono, reducción de gases de efecto invernadero, sustitución de tecnologías basadas en conbustibles fósiles, eficiencia y seguridad energética; pasa por resolver el tema del petróleo y su empresa estatal quebrada, el uso y distribución eficiente del gas  natural, el impulso al incipiente desarrollo de proyectos de energía eólica, fotovoltaica, termoeléctrica e hidrógeno verde.

La energía atómica, así como la maremotriz no se encuentran en la agenda de desarrollo del país de los Incas, sin embargo desde 1997 con la Ley N° 26848 se cuenta con la norma de recursos geotérmicos, sin haberse manifestado desarrollo alguno en su territorio.

Como un efecto del cambio climático, los recursos hídricos del país son impactados dramáticamente y en consecuencia afectan el funcionamiento y costos operativos de las centrales hidroeléctricas (CH) a tal punto que en el año 2023, dejaron de operar temporalmente las CH de Chaglla (400 MW) y Quitaracsa (112 MW); influyendo también en la eficiencia del complejo hidroeléctrico del Mantaro, el cual suministra más del 13% de la energía del Perú.

Necesaria planificación energética desde el Estado 

El 0.2 % como otras energías que aportan a la producción de energías representadas en el SEIN, pueden y deben incrementarse tomando en consideración a la valorización energética o Waste - to - Energy (WTE) como método de tratamiento y disposicíon final de residuos sólidos municipales y agroindustriales, los cuales generan históricamente altos niveles de contaminación y millonarios gastos del tesoro público, pudiendo revertirse esta situación con la aplicación de la tecnología existente para mitigar la contaminación y al mismo tiempo producir energía limpia.

La ciudad de Chiclayo - Lambayeque, localizado en el norte del país, quien en las pampas de Reque cuenta con el botadero a cielo abierto de residuos sólidos municipales mas grande del país , con sus actual gobierno local - La Municipalidad Provincial de Chiclayo, se encuentra en proceso de buscar soporte técnico , así como el aporte económico y financiero mediante una asociación público privada para concesionar por 25 años la gestión de residuos sólidos para WTE, constituye una iniciativa que el gobierno central, a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Ministero del Ambiente (MINAM), Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la representación del Congreso de la República no debieran soslayar para poner en valor los millones de toneladas anuales de residuos sólidos que generan las grandes ciudades del Perú.  

Responsabilidad de los Estados frente al cambio climático

El pasado 22 de marzo de 2024, celebramos en Perú como cada año el día mundial del agua, recordando así la decisión tomada por la Asamblea General de Naciones Unidas un 22 de diciembre de 1993; esta fecha es vinculante con la convención marco de ONU sobre cambio climático que entró en vigor un 21 de marzo de 1994; de esta manera el acuerdo de las partes (COP) constituye en esencia el fundamento para identificar la importancia del recurso Agua como elemento dinámico e integrador del territorio en una cuenca hidrográfica, allí donde la gestión multisectorial del agua se une con otros recursos naturales para un uso racional, equilibrado,integrado y consensuado, donde el cambio climático impacta a todas las demás dimensiones de la realidad.    

El Lema adoptado para el día del agua - año 2024 es " Agua para la paz"

Es en este contexto, desde hace tres décadas nos reunimos en diferentes escenarios para buscar crear un efecto en cascada positivo, sensibilizando a los tomadores de decisión de los Estados y público en general sobre la importancia que tiene el recurso agua, elemento vital que pondera la responsabilidad de los Estados frente al cambio climático a efectos de lograr el desarrollo sostenible de los pueblos del planeta. 

Este año 2024,el escenario fueron las instalaciones del CIP-CDL / Lima-Perú.

Respuesta de los Estados frente al cambio climático

El avance de las ciencias y el conocimiento científico, permite realizar análisis prospectivos con grandes aproximaciones, tal es así que desde 1997 contamos con el mapa mundial  de escasez y estrés de agua con proyección al 2025, lo que en estricto constituye una herramienta para apoyar a la investigación, conservación,educación y narración de relatos sobre el agua dulce.

Transcurrido un cuarto de siglo, vemos esfuerzos como el programa Copernicus de la comunidad europea de naciones y Aqueduct del instituto de recursos mundiales que nos permite utilizar una combinación de observación de la tierra por satelite y datos in situ para monitorear el agotamiento del agua dulce y comprender al planeta y su entorno, permitiendonos proyectar información sobre escasez del agua con proyección al 2030 y al año 2050.

Pese al esfuerzo desplegado por algunos Estados, los indicadores sobre la materia dan luces sobre el limitado avance logrado en este lapso de tres décadas, hecho que confirma la organización meteorológica mundial al afirmar que el 2023 fue el año más cálido registrado, con una temperatura media global cercana a la superficie de 1.45 °C por encima de los niveles preindustriales, batiéndose records con respecto a : Los niveles de gases de efecto invernadero, la temperatura en superficie y los oceanos, el aumento del nivel del mar y el deshielo.

Esta situación se agudiza con la presión demográfica, la cual hace que cada doce años la población mundial se incremente en mil millones de habitantes, demandando por mas agua dulce, mientras la contaminación de los cuerpos de agua avanzan y se reducen las reservas de agua,acompañada por frecuentes sequías  meteorológicas severas .

Competencia del Estado peruano

Desde el año 2008, donde el lema adoptado para el día mundial del agua fue "Saneamiento", Perú creó hace dieciseis años a la Autoridad Nacional del Agua (17 jefes en 16 años) y el Ministerio del Ambiente (16 ministros en 16 años), instituciones que presentan una alta rotación en su dirección por la recurrente crisis política que caracteriza al Estado peruano en sus recientes administraciones, tendencia que ralentiza sus compromisos que se reflejan en las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC por sus siglas en inglés) que constituyen el núcleo del Acuerdo de París concordado en el año 2015 (COP21); asi como con las estrategias de desarrollo a largo plazo (LTS por sus siglas en inglés), que buscan lograr bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

Estos sucesos, no permiten frenar el avance de la deforestación en su territorio que ya supera los 6.4 millones de acres alcanzado en el periodo 2001-2020, así como la pérdida de sus reservas de agua situadas en sus nevados y la contaminación de cuerpos de agua superficiales, algunos que vienen alcanzando caudales mínimos históricos y asi mismo en las aguas subterráneas por causa de intrusión marina y vertimientos de aguas residuales industriales  y municipales, con predominancia de lixiviados producto de botaderos a cielo abierto de residuos sólidos.

CEPLAN, cuenta con el Plan estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 que considera como una acción estratégica el incrementar la eficiencia en el uso del agua de riego, mediante siembra y cosecha de agua e infraestructuras de riego adecuadas.

La interoperabilidad de los planes existentes en el país de los incas, pasa por internalizar las experiencias de las suscesivas administraciones de gobierno en sus tres niveles de gestión, que llevaron a parte del territorio peruano alcanzar el estrés hídrico previsto desde 1997.

De otro lado, resulta indispensable que se contraste información trasnfrontera relevante sobre el estrés y escasez del recurso agua, que permita al país prepararse con diversas acciones estratégicas de cara al 2030 y 2050. 

La evidencia científica identifica la influencia humana en el cambio climático y en ese orden de ideas, el Estado peruano recurre con mayor frecuencia a estados de emergencia en la cual el agua constituye el punto focal.

Pasado casi un siglo, la Corte IDH declaró al Estado peruano responsable de la contaminación ambiental en el caso de La Oroya, asimismo, este año 2024, el juzgado mixto de Nauta (en la región amazónica de Loreto) declaró al río Marañón como titular de derecho ante los derrames de hidrocarburos. Experiencias como los acontecidos con los casos  de La oroya y el río Marañón no deben repetirse en otras cuencas que pudieran estar afectadas de cara al futuro.

Ventanas de oportunidades

Poner en valor al recurso agua en Perú es una opción que puede sacarnos de una crisis, abriendonos ventanas de oportunidades, en ese sentido gestionar adecuadamente los pasivos ambientales coadyuvará en evitar desencadenar conflictos que le permitan dar luz verde a diversos proyectos mineros como los del oro cuyos precios internacionales viene alcanzando precios máximos históricos; asimismo potenciar la agroindustria , fortalecer la seguridad alimentaria y en especial, dar cumplimiento al derecho constitucional del acceso al agua a las actuales y futuras generaciones que se encuentren en territorio nacional.

Agua & Política de reconstrucción con cambios

A la interrupción del libre tránsito por la toma de carreteras producto de la actual crisis política en que vive el país de los incas, se suma la interrupción de vías de comunicación por efectos climáticos, alimentadas por una inadecuada política de reconstrucción con cambios. Las obras civiles como estructuras y construcciones vinculadas al agua no siendo sempiternas, tienen una vida útil de acuerdo a diversas consideraciones técnicas de uso, operación y mantenimiento que se les brinden, siendo éstas conocidas en todo el planeta. Sin embargo, en países como es en el caso del Perú, la vida útil de las obras civiles con estas características son influenciadas por factores naturales y antropogénicos sui géneris.

Por un lado, los efectos del cambo climático, incrementados desde la mitad del siglo pasado influyen sustantivamente en el ciclo hidrológico que abarcan las diversas cuencas del territorio peruano y que están documentados en estudios hidrogeológicos con abundante información que da cuenta de las épocas de avenidas y estiajes, los cuales inciden en obras civiles críticas como son los puentes, con los consecuentes incrementos de riesgos y daños producidos en términos económicos y reducción en la calidad de vidas humanas.

Por otro lado, se tiene que en Perú las medidas excepcionales y temporales a efectos de atender y mitigar las emergencias, dictadas por las administraciones en turno, se prolongan indeterminadamente en el tiempo, causando grandes pérdidas en el presupuesto público.

Reconstrucción y reconstrucción con cambios

Perú, através de los tiempos viene gastando miles de millones de dólares en reconstruir la infraestructura dañada atribuida a fenómenos naturales y a la corrupción que acompaña a la gestión de diversas administraciones del Estado en sus tres niveles de gobierno.

Conociendo la diversa gradualidad y recurrencia de los fenómenos que afectan al país, en el año 2017, el renunciante ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski suscribió la Ley N° 30556 aprobando disposiciones extraordinarias para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres, creando la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Esta Autoridad, se creó como una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, de carácter excepcional y temporal, encargada de liderar e implementar El Plan de toda la infraestructura física dañada y destruida por el Fenómeno de El Niño Costero que causó daños estimados que superaron los tres mil millones de dólares en 13 regiones del país: Áncash, Arequipa,Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes.

Cumplidos casi seis años de la creación de esta Autoridad, registrando sendos informes de avance de la ejecución física y financiera de los proyectos, tanto a nivel de consultorías y obras; a modo de ejemplo se aprecia actualmente un evento que grafica la idea de cómo se viene aplicando la política de reconstrucción en el país con el caso de los puentes.

Registros cronológicos en puentes

La formulación y aprobación de los proyectos que implican todo un proceso antes de afectar financieramente el presupuesto público, donde intervienen una serie de instituciones públicas del gobierno central y regional, los cuales asumen responsabilidad para el control, supervisión y fiscalización de las obras civiles; no acaba con la entrega y recepción de la obra física, toda vez que en este tipo de infraestructuras, la operación y mantenimiento devienen en indispensables para garantizar su adecuado funcionamiento y servicios a lo largo de su vida útil proyectada.

Son necesarias la existencia de gaviones y soluciones basadas en la naturaleza para proteger al puente de la erosión. 

En el siguiente registro fotográfico del puente Rumichaca que data del año 2021, localizado en el distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytara en el departamento, hoy región Huancavelica, se aprecia al rio Pampas en época de estiaje.

Con las avenidas del año 2023, ante la falta de medidas de prevención, el puente colapsó al verse erosionada sus bases de apoyo.

Se visualiza el puente Rumichaca sin obras de protección en la riveras del rio Pampas.

Ante el colapso del Puente, se provisionó fondos para implementar un acceso provisional empleado por el tránsito vehicular, en tanto se construya el puente definitivo Rumichaca I.

El tránsito vehicular provisional se vió interrumpido en la zona ante el colapso de esta vía.

El 30 de enero de 2023, a las 21:00 horas aproximadamente, colapsó la plataforma provisional ubicada en el sector de Pacclaccasa (Puente Rumichaca), distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytara, evento que se encuentra detallado en el reporte complementario N° 1561-16/2/2023/COEN-INDECI/22:50 horas.

Posteriormente, el 16 de febrero de 2023, en horas de la madrugada, se produjo un evento similar. 

Como consecuencia de los colapsos producidos y ante la vía interrumpida, cientos de vehículos y miles  de  personas fueron impedidos de transitar normalmente por la vía   denominada   Los Libertadores,          haciendo que  el denominado  trasbordo  de  los  pasajeros se transforme en una odisea, con los consecuentes riesgos y pérdidas económicas con la logística interrumpida.

Con fecha de hoy 21 de febrero de 2023 se reporta la instalación del puente modular de emergencia en el kilómetro 195 de la vía Los libetadores, tramo puente Suyana-Ayacucho, en el departamento de Huancavelica, para hacer posible el pase vehicular limitado que interconecta a los departamentos de Ayacucho, Huancavelica e Ica.

Vehículos con menor tonelaje pueden transitar en el puente provisional implementado ante el colapso en rumichaca.

Luchas por la fuente de agua en Cuajone - Perú

Tal como lo indicabamos hace décadas atrás, como uno de los efectos del cambio climático y la deficiente gestión del recurso agua por causas antropogénicas, las luchas y guerras futuras por el vital elemento se tornarían cada vez mas en una inexorable realidad.

El recurso agua impactada en calidad y cantidad por efectos antropogénicos. 

A las controversias surgidas entre Bolivia y Chile por las aguas del río Silala, en la actualidad se observan algunos indicadores de controversias internas por el agua en el territorio sur peruano. Un ejemplo de ello, constituye los hechos registrados por las comunidades campesinas de Tumilaca, Pocara, Coscore y Tala que hace mas de un mes tomaron la fuente que abastece de agua al campamento de la unidad minera Cuajone.

A decir de funcionarios de la compañía Southern Perú Copper Corporation, la compañía se ve impedida de operar en el complejo Cuajone ocasionando hasta la fecha pérdidas por el orden de los doscientos millones de dólares en exportaciones, afectando con ello los ingresos de la región Moquegua.

En este contexto, se hace muy necesario el acompañamiento por parte del Estado a través de sus instituciones competentes, atendiendo las necesidades básicas de las poblaciones en términos de agua y saneamiento, para que las inversiones y futuros proyectos no se vean afectados por algo que los expertos venimos registrando e indicando como eventos recurrentes que se agudizarán con el trasncurrir del tiempo, por lo que es altamente recomendable que se adopten las medidas oportunas para evitar que escale estos acontecimientos con el perjuicio económico y de la calidad de vida de la población peruana mas vulnerable.

Reservas de agua para Lima en controversia

El futuro de parte de las reservas de agua que tiene Lima, la segunda ciudad poblada más grande del planeta enclavada en un desierto, se decidirá ante una jueza constitucional, donde las partes en controversia, sustentarán sus posiciones frente al proyecto de una represa de relaves mineros que amenazaría reservas de agua para abastecer a la capital de la república peruana.

Características del proyecto Ariana.

La represa de relaves forma parte del proyecto Ariana, una mina subterránea de cobre y zinc propiedad de la empresa Southern Peaks Mining (SPM), ubicada por encima de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar en la región central de Junín, en los Andes peruanos.
El proyecto Ariana contaría con reservas de 6.2 millones de toneladas de mineral y tiene previsto procesar dos mil toneladas métricas diarias para producir concentrados de cobre y zinc, con un plazo de explotación estimado de diez años.

Reservas de agua para Lima, vienen siendo vistas por el poder judicial peruano.

Posición de la EPS SEDAPAL de Lima 

La revista especializada Energiminas publicó - en agosto del 2018 - que la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado de Lima (EPS SEDAPAL) remitió una carta al ministro de Energía y Minas de ese entonces, mostrando su preocupación por las condiciones en las que se construiría y operaría el depósito de relaves del proyecto minero Ariana.

Esta preocupación se sustenta básicamente en el depósito de relaves del futuro proyecto, situada en la cuenca del alto Mantaro (Junín),depósito que es adyacente al Túnel Trasandino Cuevas, una de las principales fuentes de trasvase de agua con que cuenta la EPS SEDAPAL para abastecer de agua a Lima y Callao.

A mayor abundamiento, el agua de la cuenca del alto Mantaro es trasvasada hacia el río Santa Eulalia de la cuenca del río Rímac, usando el túnel trasandino Cuevas-Milloc del sistema Marcapomacocha, y en la zona del proyecto.

SEDAPAL indica que el Túnel Trasandino representa el 62% del volumen total de la reserva de agua para su uso durante los meses de estiaje (de mayo a noviembre) en Lima, por lo que es vital asegurar que no se vea interrumpida el agua que llega Lima.

SEDAPAL solicita que la minera adopte elevados estándares, tomando en cuenta que el diseño de cimentación de la represa de relaves se encuentra sobre una capa de depósito lacustre, habiendo riesgo de rotura de la represa, licuación estática de los residuos mineros y su fuga del depósito, que podría afectar el agua que se conduce por el túnel Cuevas.

Asimismo, SEDAPAL solicitó que SPM presente garantías de cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Ariana debido a sus antecedentes en la unidad minera Quiruvilca, en La Libertad.

Posición de Ariana Operaciones SAC.

La posición de Ariana Operaciones Mineras SAC, subsidiaria de SPM – en septiembre del 2018- considera que las preocupaciones de SEDAPAL no tiene sustento, en razón a que la empresa minera no solo cumplió con todos los requisitos técnicos y legales para la obtención de sus autorizaciones y permisos, sino que desde el año 2015 y durante la tramitación de los procesos para desarrollar Ariana, ha participado SEDAPAL y a lo largo de estos años no manifestó oposición alguna, pese a que  conocía de la construcción de la represa de relaves y de su exacta ubicación.

La represa de relaves, al igual que todos los demás componentes, se construirá y operará con los estándares técnicos y legales exigidos para dichas obras, habiéndose evaluado los riesgos y vulnerabilidades dentro de los procedimientos sectoriales, motivo por el cual el Ministerio de Energía y Minas otorgó las autorizaciones respectivas.

En ese sentido, se cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental detallado (EIAd) aprobado por el Ministerio de Energía y Minas en mayo del año 2016   y con la opinión favorable de la Autoridad Nacional del Agua y del Ministerio de Agricultura y Riego; la autorización de construcción desde el 10 de julio del 2018 y la aprobación de modificaciones del EIA correspondientes a dos Informes Técnicos Sustentatorios -ITS aprobados en enero 2019 y marzo 2020.

Sobre las garantías de cumplimiento solicitadas

Las garantías solicitadas por SEDAPAL se relaciona con el incumplimiento de obligaciones ambientales de la Compañía Minera Quiruvilca S.A, quien no ejecutó el plan de cierre de la mina Quiruvilca, compañía minera que en ese entonces habría sido empresa subsidiaria de la empresa SPM, propietaria del Proyecto Minero Ariana que ejecuta la empresa Ariana Operaciones Mineras SAC. Este eventual incumplimiento _ explicados en documentos anexados al Informe 005-2021-GRLL-GRDN-SGDC/SLM, que sustenta la solicitud de prórroga de la Declaratoria de Estado de Emergencia por peligro inminente ante la contaminación del río Moche (Oficio 348-2021-GRLL/GOB dirigida al Jefe de INDECI) - generaría niveles de contaminación de las aguas, pues desde enero 2018 a enero 2021, lapso durante el cual los materiales tóxicos de la relavera se filtraron y vienen contaminando las aguas del río Moche; hecho que pondría en duda la responsabilidad ambiental de SPM, toda vez que su subsidiaria la Compañía Minera Quiruvilca S.A, a fines del 2017, quien después de haberse declarado en quiebra, dejo de operar y abandonó los componentes mineros sin cumplir con el plan de cierre de la mina.

Dos escenarios de riesgo ante el eventual colapso de la represa de relaves

El primer escenario de riesgo, se presentaría en la subcuenta del río Mantaro cuyos impactos se extenderían al río Mantaro e instalaciones adyacentes, en Junín.
El segundo escenario; sería  la obstrucción y colapso de la infraestructura que traslada agua de la cuenca de Junín al Túnel Trasandino, tales como la bocatoma de aguas y los canales que transportan el agua, identificándose al más vulnerable el canal Tucto; generando el colapso temporal y/o contaminación de las reservas de aguas que abastecen Lima y Callao.
Para mitigar el riesgo de colapso de la represa de relaves, la ingeniería del depósito de relaves contempla un dique principal antisísmico con una base de 200 metros, altura de 28 metros y la operación con un borde libre de 4 metros. Para atender la vulnerabilidad del canal Tucto, se ha previsto la implementación de tres diques de contención antisísmicos adicionales.

Controversia ante los tribunales

A inicios de 2019, empezó la construcción del proyecto en el distrito de Marcapomacocha (Junín) y en mayo del mismo año, se presentó la demanda ante el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, la cual fue interpuesta por un colectivo con la pretensión que se disponga el cese inmediato del proyecto polimetálico Ariana, por representar una amenaza cierta e inminente a los derechos a la vida en un ambiente adecuado y equilibrado, y al derecho de acceso al agua potable. 
La demanda es contra el Ministerio de Energía y Minas, y específicamente en contra la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM), contra la Dirección General de Minería (DGM), y finalmente contra la Empresa Ariana Operaciones Mineras S.A.C., representada por su Presidente de Directorio; pidiendo se declare la nulidad de la Resolución Directoral Nº 127-2016-MEM/DGAAM, de fecha 29 de abril de 2016, con la cual la DGAAM del MEM aprobó el EIA para la etapa de explotación del Proyecto Ariana; la Resolución Directoral No 0137-2018-MEM-DGM, de fecha 31 de mayo del 2018, emitido por el Director General de Minería, mediante la cual se autoriza el plan de minado del proyecto de explotación Ariana y; la Resolución No 0602-2018-MEM-DGM/V, de fecha 10 de julio de 2018, emitido por el Director General de Minería, mediante la cual se autoriza a la mina Ariana la construcción de la Planta de Procesos Metalúrgicos, Deposito de Relaves e instalaciones auxiliares.

Puntos controversiales

El principal punto en controversia está referido a los estudios sobre posibles fallas de represas de relaves en Perú y su aseguramiento en términos de su resistencia ante la ocurrencia de fenómenos de origen natural u antrópico, que podrían desestabilizarla y hacerla colapsar. Asimismo, las consideraciones que se habrían obviado en la operación y mantenimiento post análisis de estabilidad sísmica que debieron ser incluidas en el Plan de mitigación de daños. Finalmente , sobre el adecuado margen de seguridad para evitar accidentes ante intensas precipitaciones que pudieran presentarse ante evidencias del cambio climático en los Andes.

Cabe precisar que el precitado Túnel Trasandino no está considerado como una fuente de agua y en consecuencia no tiene las salvaguardias correspondientes, pese a que representa un importante aporte como porcentaje al volumen total de la reserva de agua para su uso durante los meses de estiaje en la capital de la República peruana.

Estado de situación

En agosto del 2020, se realizó la audiencia, con la participación del Ministerio de Energía y Minas , la empresa minera Ariana y el colectivo de los demandantes. A la fecha se espera la sentencia, en cualquier escenario ambas partes se preparan para recurrir a instancias superiores, una situación que es esperada en procesos constitucionales y judiciales. En este sentido, si la demanda fuera rechazada, sería impugnada ante la Sala Civil competente de la misma Corte de Lima, pudiendo confirmarse o revocarse la sentencia. Si la sala revoca y le da la razón a los demandantes, el proceso queda ahí.

Si la sala confirma la sentencia del juez de primera instancia que rechazó la demanda, es posible apelar ante el Tribunal Constitucional el cual se pronuncia en última y definitiva instancia a nivel nacional; por lo demás, quedan las instancias supranacionales para zanjar un tema que no tendría que haberse producido si es que se hubiera atendido el "expediente Ariana" resolviendo las inconsistencias de carácter técnico con la diligencia y en la oportunidad debida, salvo mejor opinión.

El Dato

► Gran parte de ciudadanos en Lima y Callao, desconocen este problema del agua en ciernes.

► Sería importante conocer la opinión sobre el particular de los candidatos presidenciales en las actuales elecciones generales 2021 y así mismo; de los postulantes al Congreso por las circunscripciones electorales de Lima y Junín.

Agua : recurso decisivo en las elecciones 2021 en Perú

Perú y su capital Lima, constituyen un importante caso de estudio para evaluar y entender el fenómeno de la urbanización en economías emergentes antes y después de la aparición del COVID-19.

La presión demográfica y sus efectos sobre los recursos básicos como es el caso del agua, contribuyen decididamente en definir los modelos matemáticos explicando que : " de no darse inversiones significativas para revertir la falta de agua, se necesitará de altos costos económicos y elevadas pérdidas de vidas humanas para hacer de sus ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles".  

Se tomaron en consideración las variables : cambio climático, pobreza multidimensional, desastres naturales, entre otras vinculadas al control de  enfermedades infecciosas y mitigación de daños en caso de sismos u otros fenómenos naturales, como es en el caso del fenómeno El Niño.

El resultado es que habrá mayor cantidad de peruanos que crucen el umbral de pobreza y pobreza extrema. En este contexto, el tiempo de recuperación de la crisis económica, social, ambiental y política que deja el paso de la segunda ola y probables siguientes olas locales del COVID-19, será mayor.

La demanda de la población por agua en Lima, rebasaron los esfuerzos por dotar agua de calidad a las personas. 

Valor del agua en las elecciones generales 2021

Una población electoral peruana superior a sesenta por ciento (60%) se encuentran en localidades donde el recurso agua es vital y su gradual participación es decisiva en la elección de la nueva administración del Estado y sus 130 congresistas; teniendo como eje a Lima , al norte : La Libertad, Lambayeque y Piura; Nor este: Cajamarca ; sierra central : Junín y al Sur : Arequipa y Cusco.

La población localizada en las precitadas localidades se encuentra altamente sensibilizada por la falta de agua, cuya demanda se incrementa significativamente con los desastres naturales, como es en el caso de las enfermedades epidémicas El cólera, COVID-19 y otras que se incrementan recurrentemente tras el paso del fenómeno El Niño, Sismos y Sequías agravadas por el cambio climático ; llegando al extremo en cuencas donde se supera 30° C de temperatura.

Un indicador relevante en áreas donde identificamos deficiencias en términos de cantidad y calidad del agua es el número de muertes producidas por la actual pandemia, y estas se focalizan en importante parte del ámbito de localidades que tienen la mayor población electoral que sufragará este 11 de abril del 2021.

Los planes de gobierno presentados por distintas agrupaciones políticas que aspiran administrar el país, consideran resolver el tema del agua al breve plazo; un problema que luego de 200 años de vida republicana aún no han podido atender los sucesivos gobiernos en turno, por lo cual resulta necesario conocer cómo es que se piensa actuar con respecto a las inversiones necesarias, en un escenario en que se tiene un dólar históricamente en alza  en el mercado emergente peruano que viene colocando buena parte de sus bonos a extranjeros.