¿De emergencia a catástrofe nacional en países latinos?

Latinoamérica viene viviendo el paso de la Pandemia del COVID-19, y en algunos países tardará la recuperación deseada tras la crisis de salud, social, económica, ambiental y política en que nos ha sumido en esta parte del planeta la enfermedad transmisible infecciosa, que amenaza en convertirse en una enfermedad endémica para la región.

Ruido Político

Quienes trabajamos hace décadas por hacer posible que el agua de consumo humano llegue a las poblaciones mas vulnerables de latinoamérica, vemos con preocupación que grupos de poder persisten en mantener excluidas a poblaciones desplazadas por el sistema implantado por un crecimiento y desarrollo mal entendido.

Bolivia, se declaró en Estado de catástrofe nacional atribuyendo a la sequía e incendios forestales, por lo que tiene acceso a la ayuda internacional para paliar esta situación; otros países latinos declararon sus territorios en emergencia nacional, sin embargo podrían alcanzar el nivel de catástrofe de no mediar las acciones preventivas necesarias post emergencia. 

Los cambios en las administraciones de los gobiernos latinos, generan un ruido político que podría desestabilizar aún mas la frágil salud pública de la región, en razón que  los tecnócratas priorizan políticas económicas para impulsar la producción y soslayan el alto costo social que representa  continuar relegando a poblaciones vulnerables que se encuentran en los bolsones de pobreza junto a las ciudades, muchas de las cuales alcanzan el estándar de ciudades del primer mundo.

La disponibilidad y acceso al agua y saneamiento devienen en fundamentales para reducir los riesgos de transmisión de enfermedades infecciosas, esto lo repito transcurrido tres décadas después que apareciera la epidemia de cólera en Perú, cuando logramos contenerla con acciones inmediatas, las cuales pasaban necesariamente por brindar una AGUA SEGURA.

Agua Segura

Dotar de agua segura a la población en general es absolutamente indispensable para mantener niveles adecuados en la salud pública, esto lo sabemos por experiencia de campo los especialistas que trabajamos en escenarios como Perú y otras realidades similares de América Latina.

El caso peruano se viene agravando peligrosamente desde hace décadas atrás por las inadecuadas políticas implementadas en el sector y la deficiente gestión realizadas en las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. 

Los expertos ya habíamos manifestado con detalles las deficiencias existentes en el agua para consumo humano antes del arribo del COVID-19 al Perú, la cual impactaba reduciendo el sistema inmunológico en poblaciones afectadas por carencia de agua o con problemas de calidad de agua; el COVID-19 sólo evidenció  esta situación ante los ojos del mundo, al situarlo entre los países mas impactados del mundo.

Agenda pendiente

Las nuevas administraciones en la región, deben estudiar con detenimiento el manejo político y nada técnico de la gestión del agua en Perú, donde es necesario redoblar esfuerzos para mejorar la gobernabilidad y gobernanza en este extremo. En este espacio pude explicar la dicotomía del agua en términos de cantidad y calidad que políticamente están encargados, por un lado, al sector agricultura que incorpora temporalmente a una autoridad nacional del agua que con sus autoridades locales de agua y las autoridades administrativas de agua, se encuentran en tránsito para ser incorporados por un Ministerio del Ambiente que no termina por "crearse" y por otro lado, tenemos al sector salud que mira la calidad del agua, sin embargo, por cuestiones de los diversos usos del agua, tenemos a un ministerio de vivienda y construcción saneamiento, quien se encarga de promover la instalación del suministro de agua y alcantarillado en todo el país, vale decir, de atender a las zonas urbanas y rurales del Perú. De otro lado tenemos al regulador, que tiene bajo su radar regulador a las denominadas Empresas Prestadoras de servicios de Saneamiento (EPS), mas no a las atomizadas zonas rurales que escapan de su efectivo control. A esto se le agrega el manejo político de las EPS por parte de los alcaldes provinciales y el manejo político de un Estado que impulsa las inversiones en sectores productivos y extractivos, ralentizando el accionar de instituciones como OEFA,SENACE,OTASS, entre otras que polarizan un escenario donde el recurso agua es cada vez mas escaso, particularmente en la costa peruana, donde los efectos del cambio climático, la contaminación de las aguas y la falta de cultura del agua, franquearon el paso a la crisis del agua que ya se deja sentir en varias localidades del país.

Para superar esta crisis del agua y mejorar el estado de la salud pública , es fundamental que las nuevas administraciones de gobierno, incluyendo los organismos multilaterales que apoyan el desarrollo de países de la región, impulsen políticas integrales de desarrollo, priorizando la gestión del agua, dándole un rostro humano y el respeto a la naturaleza donde habitamos.

Ingeniería especializada para solucionar problemas de EPS

Una interesante síntesis del problema que vienen afrontando actualmente las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en Perú es redactada por Roselló abogados y publicada en el diario Gestión, bajo el título : Problemática de las EPS ¿ Un problema con solución?.

Con el agregado del problema de la contaminación química del agua, en sus diversas formas, que presentan EPS y el entendimiento sobre lo que significa el monopolio natural, economía escala,inversiones eficientes y la intervención de ingeniería especializada para darle solución a los problemas de EPS; convengo en términos generales con lo propalado en la siguiente forma :

"Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS)son, casi exclusivamente, empresas públicas de propiedad municipal. De acuerdo a la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento – D.Leg. 1280, las Municipalidades Provinciales son las responsables de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano a través de las EPS.

En nuestro país existen 2 excepciones a esta regla: Sedapal y Atusa. Sedapal (Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima es una empresa estatal del gobierno central bajo el ámbito de Fonafe y Atusa (Aguas de Tumbes S.A.) es una empresa privada a la que se le otorgó la concesión para la prestación de los servicios de saneamiento en las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.

El OTASS (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento) efectúa, como parte de sus funciones, una evaluación de la gestión de las EPS bajo su ámbito (todas menos Sedapal y Atusa). De acuerdo al informe publicado por el OTASS, de la evaluación efectuada a 49 EPS en Gobernabilidad y Gobernanza 2014 se encontró lo siguiente: 1. EPS con calificación de buen desempeño:0 (cero);2. EPS con calificación de regular desempeño: 9 ; 3. EPS con calificación de bajo desempeño:12; 4. EPS con calificación de muy bajo desempeño: 28.

Como se puede apreciar, los problemas en la gestión de las EPS son evidentes. Lamentablemente, las EPS presentan deficiencias en: (i) calidad del agua potable; (ii) continuidad en la prestación del servicio (a veces se brinda el servicio sólo por horas); (iii) no dar un adecuado tratamiento a las aguas residuales; etc. Todos estos problemas redundan en una menor calidad de servicio al usuario. A su vez, las EPS presentan problemas de gestión tales como la cobranza (el ratio de morosidad) y habitualmente el monto de las tarifas es insuficiente para cubrir los costos de operación y mantenimiento y además realizar las inversiones necesarias para mejorar el servicio.

El cobro de una tarifa que sea suficiente para brindar un mejor servicio es difícil de poner en práctica por lo siguiente: (i) la resistencia social que genera cualquier anuncio de incremento de tarifas; (ii) para el cobro de tarifas se requiere sustentar técnicamente ante la SUNASS las razones que llevarán a dicho incremento, el plan de inversiones y el mejoramiento del servicio. Muchas veces las EPS no logran sustentar adecuadamente ante la SUNASS las razones para que se apruebe un incremento de tarifa, o por lo menos, no en la magnitud que se requeriría para mejorar significativamente el servicio. Al no lograrse sustentar adecuadamente, la SUNASS no aprueba los incrementos tarifarios necesarios y persiste la situación en que la EPS no puede mejorar la calidad del servicio. Todo ello además del problema social que significa el incremento de tarifas. Otro de los problemas que dificulta un buen desempeño de las EPS es el relacionado a los sueldos y salarios. Habitualmente se pagan salarios muy bajos, en comparación con el mercado, para los puestos gerenciales. Se requiere personal capacitado y experimentado para que gerencie las EPS y para los puestos tales como gerente de operaciones o gerente de inversiones o infraestructura. Sin embargo, las EPS están atadas de manos puesto que el rango salarial que pueden pagar es muy limitado y ello no les permite contratar al personal idóneo. El no poder aplicar las tarifas que técnicamente se requieren impide que las EPS tengan recursos para que hagan las inversiones que permitan brindar un buen servicio. Así por ejemplo, para mejorar la calidad del agua potable, se requiere invertir en mejorar la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Para incrementar la continuidad del servicio se requiere invertir en obras de captación, conducción y derivación de agua, o en pozos subterráneos o alguna otra alternativa que permita contar con mayor volumen de agua. Asimismo, para mejorar la distribución y reducir las pérdidas, se requiere invertir en los colectores y tubería de distribución, reemplazando la que se requiera y dándole mantenimiento a la que sea necesaria. De otro lado, para reducir la contaminación del mar y de los ríos y para cumplir con la normatividad ambiental, se requieren grandes inversiones en el tratamiento de las aguas residuales. Todo ello requiere inversión, recursos frescos y no se pueden conseguir si no se cobra una tarifa técnicamente determinada.Todo lo anterior conduce a muchas EPS a entrar en un “círculo vicioso” en donde cada eslabón de la cadena contribuye a que perdure en el tiempo el mal desempeño de la EPS y la mala calidad del servicio.

Asociaciones Público Privadas

Una de las alternativas que se utiliza en otras partes del mundo para mejorar significativamente la calidad de los servicios de saneamiento es la utilización de las APP (Asociaciones Público Privadas) para que, con la participación intensiva del sector privado, se pueda revertir esta situación: efectuar las grandes inversiones necesarias, contar con personal capacitado, mejorar la calidad del agua potable, garantizar la continuidad del servicio y cumplir con las normas y estándares ambientales. Así por ejemplo, podemos mencionar que desde 1990 se han suscrito más de 260 contratos para otorgar a operadores privados la gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano en los países en vías de desarrollo. Las ventajas de una APP medianamente bien diseñada son muchas dado que el enfoque de las APP es por resultados.

En ese sentido con una APP se puede lograr: (i) que el sector privado provea el financiamiento necesario para ejecutar las inversiones necesarias; (ii) que el sector privado ejecute las inversiones asumiendo el riesgo de diseño y construcción; (iii) que el sector privado se comprometa a brindar un servicio de agua potable con calidad y continuidad,estableciendo fuertes incentivos y penalidades o deducciones en caso de no cumplir con el nivel de servicio estipulado; (iv) que el sector privado,igualmente, se haga responsable por el cumplimiento de los estándares ambientales.

Habiendo dicho esto, debemos señalar también que sería difícil implementar un programa agresivo de APP en el sector saneamiento en nuestro país, por lo menos bajo la modalidad de encargarle todos los servicios de saneamiento a un operador privado, debido a la resistencia social y política que ello podría generar. En efecto, existen sectores de la sociedad civil y actores políticos que se oponen rotundamente a la participación del sector privado en el sector saneamiento. Desconocer ello sería una necedad.

Por tanto, si mañana se anunciará que se entregará en concesión los servicios de saneamiento de 5 o 10 provincias, seguramente se iniciarán protestas sociales y no faltarán dirigentes políticos que se opondrán a estas medidas utilizando el estribillo de “privatización”. Otra de las razones por las cuales no sería sencillo implementar este tipo de APP, es debido al desempeño de la única EPS entregada en concesión en el norte del país. Lamentablemente, dicha EPS no ha presentado los resultados esperados y, entre otras razones, debido al diseño del contrato y al esquema de inversiones planteado, no se han realizado las inversiones necesarias para lograr una mejora significativa del servicio en beneficio del usuario final. Por tanto, la percepción de los pobladores de las provincias atendidas por dicha EPS no es óptima.

Ante esta situación, la alternativa por la que se ha optado desde hace algunos años, es la de brindar un apoyo desde el gobierno central a favor de las EPS, tanto en la gestión como en la dotación de recursos para las inversiones necesarias.

En efecto, mediante la Ley 30045 – Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento se creó el OTASS, como un órgano encargado de evaluar el desempeño de las EPS a nivel nacional y, de ser el caso que incurran en las causales previstas en la norma, incorporarlas en el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT,un régimen bajo el cual es el OTASS el que interviene para mejorar la administración y gestión de las EPS.

Bajo dicho marco legal la primera EPS que se incorporó al RAT fue la EPS Moquegua en febrero de 2015. Luego de 2 años de vigencia del régimen y tomando en consideración que durante una primera etapa se realizó un diagnóstico de la situación de la empresa y un plan de acción, se han ido logrando los siguientes resultados: (i) incremento en la cobertura del servicio de agua potable; (ii) incremento en la continuidad del servicio en sectores críticos; (iii) medidas de mejora en el ambiente y calidad de vida de la población (evacuación de lodos y limpieza de las lagunas de oxidación); (iv) mejora en la captación y producción de agua; (v) mejora en la recaudación comercial de la empresa; y, (vi) mejora en la atención al cliente; entre otros. Como se puede apreciar la experiencia en la EPS Moquegua ha obtenido resultados positivos.

Sin embargo, debemos señalar que el camino para consolidar dichas mejoras no es fácil puesto que se requiere de recursos humanos, materiales y financieros. Actualmente ya se encuentran incorporadas en el RAT 13 EPS. En cada una de ellas el OTASS está adoptando las medidas necesarias para mejorar el servicio a favor de los usuarios, aunque para ello requieren de transferencias de recursos para financiar las inversiones necesarias. Los esfuerzos del OTASS resultan encomiables y sirven para mejorar, paulatinamente, la gestión, la solvencia económica y la calidad del servicio de las EPS. Sin embargo, debemos buscar medidas adicionales para garantizar de manera sostenible un servicio de calidad en las EPS a nivel nacional. Para ello,no debemos descartar alternativas, evaluando la posibilidad de utilizar APP integrales, es decir, de encargar al sector privado la totalidad de los servicios de saneamiento de una EPS, previo estudio y diseño adecuado del contrato, bajo el marco legal de las APP. Asimismo, se tiene que continuar apoyando la labor del OTASS, impulsando las mejoras que sean necesarias al marco legal vigente y dotándola de suficientes recursos. El camino por recorrer es largo, pero se deben continuar con las acciones necesarias para mejorar la calidad de los servicios de saneamiento, para incrementar la cobertura, para garantizar su continuidad y para cumplir con las normas y estándares ambientales. Sólo de esa manera podremos sentar las bases para un desarrollo sostenible".

Investigación criminal para garantizar el acceso al recurso agua

El resultado de mis investigaciones sobre la gestión del recurso agua en Perú, un país sumamente complejo dada su indudable diversidad, me llevó en las últimas décadas a relacionar las causalidades resultantes en los ecosistemas deteriorados por las restricciones políticas de la ocupación y uso del territorio que responden a múltiples intereses. El uso de los recursos naturales y el agua en particular, gestan superposiciones en la toma de decisiones por parte de las autoridades para gestionar los impactos generados;agudizándose  por el cambio climático que afecta la sostenibilidad requerida por el país en términos de gobernanza y gobernabilidad. 

El registro histórico de la gestión de agua en Perú reporta elevados sobrecostos.

Vulnerabilidad en fuentes de agua

Parte de las evidencias que proporcionamos investigadores en el transcurso del tiempo, son registradas por instituciones transfrontera, tales como BID,BM...; éste último suscribe que el 22% de la superficie glaciar en el Perú desapareció en los últimos treinta (30) años.

Un impacto paisajístico que relaciona la pérdida en fuentes de agua producto de los nevados de las altas cumbres, puede ser mensurada en forma masiva por la población que se percata de este hecho al transitar por la carretera central en "Ticlio" o abra de Anticona (paso en la cordillera de los Andes a 4818 msnm ó 15807 pies), donde se visualiza la pérdida paulatina de nieve hasta la ausencia sostenida de las mismas durante algunos meses del año. 

Retroceso y desaparición de Glaciares en Perú_Vista de Los Andes Centrales

En este contexto, la población que se abastece y depende exclusivamente de fuentes de agua proveniente de los glaciares es altamente vulnerable y sus situación se agudizará en áreas con glaciares proveedores de agua en cinco cadenas montañosas que podrían desaparecer en los próximos veinte (20) años.

Necesidad del fortalecimiento en investigación criminal

La teoría del delito como parte del Derecho Penal, permiten determinar con precisión si existen o no elementos constitutivos del tipo penal en los comportamientos gestados en el proceso social que acompaña al Derecho humano-como es el derecho al acceso al agua para uso primario según Ley 29338 - donde la capacitación en investigación criminal deviene en fundamental,sustentado en las consideraciones del proceso histórico seguido.
El Estado peruano, mediante Ley 24949 (1988) y su modificatoria Ley 28078 (2003),buscó integrar sus fuerzas policiales y desaparecer la duplicidad de funciones para ofrecer un mejor servicio a la sociedad; sin embargo, como efecto colateral se produjo una reducción en la capacidad de investigación criminal. La policía entonces se vio en la necesidad de adecuar su forma y singularidad al carácter propio de la Nación en las ciento cincuenta y nueve cuencas hidrográficas que conforman el territorio peruano, en donde la naturaleza y alcance de la misión asignada a la policía estaba relacionada con las especificidades del espacio geosocial en el cual operaban.
Al globalizarse la fórmula regulatoria jurídico-legal de  la criminalidad en este extremo, desligó a la policía del poder judicial para ponerla al servicio del Ejecutivo, bajo el marco de insuficiencia en la investigación del delito.
La nueva modalidad de gobernanza se sustentó desplegando la intervención del Ministerio Público desde la etapa policial; sin embargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público la circunscribe al ámbito de investigación preliminar. Las restricciones subsistentes se trataron de resolver mediante sendas normas, la Ley 27934 (2003) y el Decreto Legislativo 989 (2007) que regulan la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. 
Los efectos residuales impactan en la administración de justicia,donde conceptos de celeridad y especialidad  en los procesos resultan extraños al desempeño de órganos jurisdiccionales especializados en delitos  ambientales en Distritos Judiciales del país.
En el escenario descrito, germinaron los impases en la capacidad y calidad del gasto público para agua y saneamiento, alimentados por la débil gobernanza permisiva con la baja rentabilidad para el Estado, pues los espacios generados por altos índices de corrupción mantuvieron al país -hasta la actualidad- sin lograr la cobertura de agua y saneamiento  anhelada por sucesivas administraciones del Estado.

Capacidad y calidad del gasto público 

Aplicando el modelo de gestión que permitió festinar procesos,presionar en la cadena de pagos, socializar los "diezmos" y contribuir a que Perú pierda aproximadamente tres mil millones de dólares cada año por efectos de corrupción se produjo la inversión sectorial en saneamiento que gastó el orden de cinco mil millones de dólares en el lapso de veinticinco años (1985-2010) ; y estando a los actuados para cerrar la brecha en area urbana hacia el año del bicentenario de la independencia del país (2021) demanda gastar el orden de dieciséis mil millones de dólares en los cuatro años que restan.
Los cuellos de botella dinámicos registrados, evidenciaron una falta de capacidad en el gasto público en el periodo 2011-2016, donde solamente se pudieron invertir seis mil seiscientos sesenta y dos millones de soles ( de los S/. 11.600 millones de soles asignados ) para ejecutar proyectos y obras de agua y saneamiento. Siguiendo el mismo criterio, en el transcurso 2009-2014 el Gobierno Central transfirió dieciocho mil millones de soles a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento, comprobándose que la calidad de los servicios no mejoraron en dichas entidades. 
En síntesis, la dinámica del modelo en el marco del paradigma para lograr "coberturas", impusieron la necesidad de gastar compulsivamente hasta diez veces mas, sin contar con suficientes especialistas, a quienes se llegó a diferenciar en sus remuneraciones del nivel gerencial en EPS hasta por diez veces menos en ciudades del interior del país contrastando con su capital,Lima.
No será complicado entonces entender el porque existen las empresas filiales de la antigua SENAPA (1981)  hoy convertidas en empresas municipales que se encuentran-en su mayoría- recurrentemente quebradas técnica y financieramente, pese a recibir intermitente apoyo económico y financiero del Estado; operando formas de corrupción bajo el manto de incompetencia, inficionadas con procedimientos de recepción de obras ineficientes  que emergen con problemas de operación y mantenimiento, afectando en la calidad del sistema integral y convirtiéndolas en Empresas insostenibles. 
Como corolario se tiene a una importante cantidad de obras sometidas a control y fiscalización por el Sistema Nacional de Control, vistas por el ministerio público y siendo judicializadas sólo algunas. El punto es que en tanto el proceso sancionador, como las obras inconclusas, paralizadas y cuestionadas por la población beneficiaria demandan años de inercia que les mantiene sin acceso al recurso agua; de los miles de funcionarios pasibles de sanción muy pocos son alcanzados por el brazo de la Ley tal como lo presenté en Inversiones,corrupción e impunidad.

Cobertura del servicio de agua en cuarenta y nueve (49) meses

La presión ejercida para alcanzar la meta de cerrar la brecha de agua en zona urbana del país en aproximadamente cuarenta y nueve meses (aprox. un mil quinientos días), evidencia las debilidades en términos de recursos humanos especializados que tratara de cubrirse a través de redefinir el sector por el Ejecutivo con el Decreto Legislativo 1280 (2016) aprobando la Ley marco de gestión y prestación de servicios de saneamiento y que el Legislativo modificara y derogara en parte por Ley 30672 (2017).

Medidas integrales de rápido impacto

La frase “Si no hubiera corrupción en el Perú del pasado, ya tendríamos agua potable en todo el país, pero se llevaron la plata", pasa por el ciclo "protesta-propuesta-acción", y  a diferencia de las medidas de rápido impacto en saneamiento que acrecentaron el forado sectorial en las arcas del tesoro público- las medidas integrales de rápido impacto u otras que pudiera implementar el Estado a través de diversas instituciones como en el caso de OTASS para garantizar el acceso al recurso agua en el plazo previsto; no debiera desestabilizar Empresas, hacer atractivo el sector a profesionales especializados, formalizar las cadenas de pago, entre otras medidas a tomar ; y para ello es imprescindible fortalecer como componente transversal a la investigación criminal  a efectos de identificar y sancionar a los corruptores, de esta forma se podría mitigar el impacto que generan las asociaciones ilícitas para delinquir y los sobrecostos producidos por la corrupción en el sector.  

El Dato

• Casos emblemáticos de falta de capacidad de respuesta en el proceso de reconstrucción como en los casos del Terremoto en Pisco (2007) y El Niño Costero (2016-2017), generan altos niveles de desconfianza en los actores sociales que ralentizan la ejecución de obras y por consiguiente la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas.
• Tres meses al año se presentan con diversa intensidad los impactos generados por el Fenómeno El Niño. Lo que en cuatro años implicarían retrasos por doce meses en obras civiles destinadas a cobertura de servicios, sin perjuicio del tiempo que demande reparar los daños adicionales que pudieran ocasionar los embates de la naturaleza.

¿Cómo se podría reflotar EPS en Perú sin el concurso de especialistas e invirtiendo 50 mil millones de soles en el sector saneamiento?

Un interesante artículo de Karina Montoya publicado por la importante revista peruana Semana Económica, recoge la opinión autorizada del ex ministro de vivienda,construcción y saneamiento, y flamante presidente del directorio de la EPS mas grande del país SEDAPAL y director Ejecutivo de OTASS ingeniero sanitario Edmer Trujillo,en los siguientes términos:

"Reflotar las empresas prestadoras de agua y saneamiento (EPS) en crisis financiera y operativa le está resultando al Ejecutivo más difícil de lo planeado. Y no es obstáculo menor para alcanzar cobertura universal de servicios de saneamiento al 2021, la promesa de campaña del presidente Kuczynski.

En el Foro Peruano de Inversión e Infraestructura 2017, organizado por Semana Económica y Seminarium, especialistas discutirán la nueva generación de APP en el Perú en diversos sectores, y los retos para financiarlas. 

Como analizó previamente SEMANAeconómica, de los varios problemas que atraviesan las EPS, uno que dificulta su reflote es la falta de capacidad del Ejecutivo de renovar la plana profesional al interior de las EPS. Actualmente, la escala remunerativa presenta amplias brechas entre los gerentes en las EPS de alcance regional, como en Lima o Arequipa, y las de alcance distrital.

Edmer Trujillo, director de la OTASS —entidad técnica del Ministerio de Vivienda a cargo del reflote de las EPS—, reconoció que el problema es grave, y que por ello “no se puede traer a mejores profesionales”, indicó ayer durante una charla técnica organizada como antesala a Expo Agua 2017.

“En Sedapar [Arequipa], el gerente general percibe alrededor de S/.6,000. En las demás EPS, los montos son muy pequeños: el sueldo más bajo de un gerente general es de S/.1,500. No se puede traer a mejores profesionales”, explicó Trujillo.

Esta brecha, frente a un gerente general en Sedapal, es mayor, pues puede percibir hasta S/.15,000. Aunque el monto es mayor que en otras regiones, está muy por debajo del promedio del sector privado para ese tipo de actividades altamente técnicas.

“En la mejora de remuneraciones, el sector saneamiento es el más detenido del país. Todos los otros sectores han avanzado. Estos servicios requieren personal especializado, que es imposible incorporar con los sueldos que se tienen. ¿Se imaginan cuánto percibe el resto del personal? Realmente es una situación muy complicada”, continuó Trujillo.

EL CONGRESO IMPIDE RENOVACIÓN

Trujillo no indicó qué medidas tomaría la OTASS o el Ministerio de Vivienda sobre la escala remunerativa de las EPS, ni declaró después de su presentación. El funcionario podría optar por cambiar las principales cabezas de las EPS, integrar a las EPS de menor escala, y presentar una nueva escala remunerativa, desde cada EPS, al MEF.

La renovación será posible en tanto la OTASS incorpore a las EPS en crisis al Régimen de Administración Transitoria (RAT), que básicamente permite al Ministerio de Vivienda administrar la EPS en su conjunto.

A julio del 2017, el 28% (13) de 50 EPS —excluyendo Sedapal y Aguas de Tumbes, que es privada— estaba intervenida por la OTASS. Hasta esa fecha, otras 12 EPS calificaban para ingresar al RAT. En su presentación del martes 24 de octubre, Trujillo actualizó la cifra a 16 EPS. Como proceso de intervención, lo primero que sucede en una EPS intervenida es el cambio de sus directores, lo cual permite cambiar también a los gerentes.

Pero ya no se podría continuar con la renovación del directorio, al menos no en el caso las próximas 16 EPS que ingresarán al RAT. La Ley 30672, aprobada a inicios de octubre por el Congreso, eliminó la facultad del Ministerio de Vivienda de remover a los directores de las EPS en el RAT, como lo establecía el reglamento del Decreto Legislativo 1280.

Así, la dificultad del Ejecutivo para reflotar las EPS se viene complicando no sólo por las amplias brechas salariales, sino porque una vez que administre las EPS, tendrá una facultad menos para conseguir eficiencias en menor tiempo.

Entre el 2009 y el 2016, la inversión pública en el sector saneamiento llegó a S/.29,000 millones, “y lamentablemente, los resultados no han sido los esperados”, reconoció Trujillo. Para los próximos cinco años, ese presupuesto es de S/50,000 millones, gran parte de ello a cargo de ejecución subnacional. ¿Está a punto de repetirse la historia?"

Crisis política en Lima-Perú y lección aprendida de la crisis del agua

La lamentable crisis política recientemente sucedida en Perú por controversias entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, me obliga reiterar por enésima vez la alta vulnerabilidad y fragilidad hídrica que presenta el sector agua y saneamiento en el país de los incas.

A través de los años y como experto en el tema, recurrentemente vengo alertando a las administraciones de turno de los riesgos a resultas de no contar con una percepción sistémica de su gestión ambiental. 

Lima, la capital de la república peruana, sufrió recientemente una restricción del servicio de agua por efectos de El Niño costero, la cual podría tomar visos de gravedad tal como aconteciera en la ciudad de Sao paulo el año 2014 cuando sufrió la peor sequía de su historia,impactando a una población superior en número a los habitantes en Lima, con la consecuente afectación de millonarias pérdidas económicas. 

De los registros 

La actual administración no ha sido la excepción de las alertas, pues desde agosto del año 2016 registro en este espacio los elementos, que a juicio del suscrito, deberían tomarse en consideración para reducir los niveles de vulnerabilidad existentes.

Es así que se sucedieron los títulos siguientes : Reto histórico de PPK : " Fomento de política de estado para el saneamiento";Nuevo marco legal de los servicios de saneamiento en Perú;Desafíos ocultos en agua y saneamiento_Perú-2016;Demoras en redefinición del marco legal para el sector saneamiento;Desafíos por superar en reforma de agua y saneamiento;Proceso de redefinición del sector saneamiento: La experiencia peruana; Regulación tarifaria que hace agua en Perú;Control de empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS);Gobernanza del agua en Perú;Capacidad y calidad de gasto en agua y saneamiento;Crímenes financieros en agua y saneamiento;Sobrecosto por corrupción en agua potable y saneamiento;Normas para transformar el objetivo agua en Perú ;Alerta temprana frente a la crisis del agua dulce en Perú y Leyes que retardan acceso al agua y saneamiento a poblaciones vulnerables, entre otros.

De la alta rotación 

En un lapso corto se aprecia, como se van sucediendo funcionarios que deberían cumplir las políticas de gobierno en coherencia y concordancia con las políticas de Estado respecto al agua y saneamiento. Es así que en catorce meses en lo que va de la actual administración se cambiaron sucesivamente al director del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, al Vice Ministro y finalmente al Ministro del Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento. Asimismo , la rotación se está ampliando a la mayor EPS del país - SEDAPAL S.A. y alcanza a OTASS, teniendo al regulador SUNASS con altas limitaciones, particularmente en las zonas rurales del país. Es recomendable reducir esta alta rotación en el futuro.

¿El Ministerio del Ambiente se encuentra implementado y operativo?

Si la respuesta es positiva, entonces el proceso de adscripción de la Autoridad Nacional del Agua es posible en este régimen, para evitar que continúe registrándose las fallas del sesgo agrario que presentan los recursos hídricos; especialmente en lo referente a las retribuciones económicas y tarifas,las cuales distorsionan en gran medida los sistemas de gestión ambiental del agua, haciendo imperceptibles las inversiones privadas en el sector agua y saneamiento.

Cumplimiento de metas sectoriales de la administración PPK

Ante los evidentes retrasos registrados para el sector agua y saneamiento, en términos del gasto público y cumplimiento de metas, se hace indispensable la aplicación de reingeniería, acompañado de criterios sociales,ambientales y económicos, tal cual se estipula en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.

Agua en el crecimiento y desarrollo de Lima-Perú

A diferencia de otros países de América latina y el caribe, Perú tiene la mayor cantidad de habitantes en su costa, donde hay limitada disponibilidad de agua y escaso acceso al recurso hídrico para sus diferentes usos.

Su situación se agrava gradual y recurrentemente con eventos climáticos como es el caso del fenómeno El Niño (El Niño costero) que por tres meses a inicio de año que se presenta con rigor, agudiza la falta de agua para los diversos usuarios.

Acreditación BID-Universidad de los Andes de Colombia-Agua en América Latina

En este contexto, analizo la cuenca del río Rímac, vista como unidad integral y escenario principal del crecimiento y desarrollo de Lima, la capital peruana.
Esta se encuentra ubicada en la parte central de los Andes, cuyas aguas desembocan en el Océano Pacífico. Tiene un área de 3,398.1 km2 y una longitud de 145 km, desde sus orígenes a 5,500 hasta su desembocadura a 0 m.s.n.m. Limita al N con la cuenca del río Chillón, al S con la del río Lurín y por el E con la divisoria continental de aguas (cuenca del río Mantaro). Ubicada entre los paralelos 11°36´15´´ y 12°10´30´´, en su cuenca drenan 918 afluentes que hacen una longitud total de 2,140 km.
Se caracteriza por la constante pérdida de suelos agrícolas, derivada del proceso de urbanización, activos procesos geodinámicos, así como por la contaminación de los cuerpos de agua, el desbalance hídrico y la sobre-explotación de los acuíferos por la presión de la ciudad de Lima, que para su crecimiento además se apropia de las aguas de las cuencas de los ríos Mantaro, Chillón y Lurín.
No existe garantía de autosuficiencia hídrica bajo la gestión actual de manejo de la cuenca, haciendo altamente vulnerable el sistema de abastecimiento de agua para consumo humano; Lima perdió su capacidad de abastecimiento natural de agua a partir de la cuenca del río Rímac, como resultado de la expansión poblacional y una ineficiente gestión del recurso hídrico.
La inversión atomizada en la cuenca del Rímac orientada a buscar óptimos locales para aprovechar las aguas del sistema de abastecimiento de agua para consumo humano en la ciudad de Lima y callao, que es atendida por la Empresa Prestadora de Servicio de Saneamiento (EPS) SEDAPAL S.A.; deviene en una gestión ineficiente que aumenta la vulnerabilidad y riesgos.
Los desastres naturales de marzo del 2017 que alcanzaron a impactar Lima, evidenciaron graves deficiencias de SEDAPAL para garantizar la calidad, cantidad,continuidad,costo y sostenibilidad del servicio de agua para consumo humano.
Entre los actores sociales e intereses que intervienen en la gestión del agua están las instituciones que tienen funciones y responsabilidades de las Políticas del agua en el nivel del gobierno central: ANA, Minam, Minsa, Agricultura, Produce; MVCS y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS/regulación económica-tarifas). Las instituciones que tienen que ver con el tema del agua a nivel local están las EPS, JASS, JNUDRP, y otras.
En las últimas décadas se evidencia y agudiza una intensa competencia entre los diferentes ministerios que dificultan una buena coordinación y acción, algunas veces motivadas por la injerencia de grupos de presión de los usuarios de agua [agrícola, minero, Energético, etc], las cuales generan distorsiones que trata de resolverse a través de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
En este escenario, existe un problema sustantivo que se encuentra en agenda pendiente por resolver para tratar el desajuste entre las fronteras hidrológicas y administrativas.
Observando desde el punto de vista socioeconómico se encuentra que la presión sobre el recurso agua ejercida por el crecimiento poblacional en la ciudad de Lima explica en parte el problema, pues el 31.6% de la población peruana se encuentra ubicada en el 2.7% del territorio nacional. (INEI-Estado de la Población Peruana 2015).
Dos formas de abastecimiento de agua se dan en el escenario descrito, captando agua superficial y aguas subterráneas. La institución encargada de dotar del servicio a la población es SEDAPAL y quien la regula y fiscaliza es SUNASS.
La debilidad de la gobernanza en estas instituciones,se traduce en una ineficiente gestión del agua, obedece a algunas variables conocidas como es en el caso de la intervención política en las tarifas de la prestación del servicio de agua de consumo humano a la población (subsidios cruzados sin criterios técnicos integrales) y otra, es el "manejo de los ecosistemas locales de recursos hídricos". En estricto, el modelo aplicado obviando los ecosistemas locales del agua hace que SEDAPAL no sea sostenible.
La oferta y demanda hídrica que involucra a factores hidrológicos o de disponibilidad críticos están identificadas históricamente con las descargas de valores extremos del río Rímac en la estación de Chosica ubicada a 869 msnm. Latitud 11° 57’ “S” y Longitud 76° 43’ W ; indicando que en el año 1925 su caudal llegó a una máxima de 500 m3/seg. y en 1930 la mínima fue de 5.63 m3/seg. El caudal máximo presentado en los últimos 45 años es de 148.53 m3/seg. ocurrido en el mes de marzo mientras que el caudal mínimo presentado en el mes de julio con un caudal de 8.82 m3/seg. Se debe tener en cuenta que la demanda de agua para agricultura hace trece años era del orden de 4.23 m3/seg. con una pérdida significativa en ese sector.  El sistema de aprovisionamiento de agua de Lima metropolitana, a cargo de SEDAPAL cuenta con la Planta de Tratamiento de agua Potable La Atarjea que capta las aguas del río Rímac para atender con el 91% de la demanda de agua de la ciudad (SUNASS, 2004); situación que se hace más vulnerable con el problema de la contaminación en la cuenca del río Rímac que ha hecho desaparecer la fauna hidrobiológica.
La población de Lima que se encuentra asentada por encima de La Atarjea, afecta significativamente la demanda hídrica por la contaminación de aguas residuales y problemas técnicos de factibilidad para poder atender sus requerimientos de agua.
La construcción y puesta en marcha de la Planta de tratamiento de agua de Huachipa no logró ser la solución propuesta por un régimen anterior.
La administración Nacional actual, pretende revertir tal situación de vulnerabilidad en los sistemas de aprovisionamiento de agua para consumo humano del país con la aplicación del controversial Decreto Legislativo Nº 1280 , cuyo propósito es fortalecer la autonomía de las EPS, y entre ellas, a la mayor EPS del país que es SEDAPAL; logrando una gestión con indicadores de eficiencia institucional en favor de la población y para que el recurso agua se use de manera sostenible.En esta misión también se encuentran el MVCS, SUNASS y OTASS.

Uno de los objetivos de SEDAPAL es priorizar el desarrollo del proyecto Obras de Cabecera (antes denominado Marca II), para mejorar los embalses, con más fuentes y producción de agua para lo cual ejecutaría proyectos de asociaciones público-privadas por cinco mil millones de soles durante el quinquenio de la administración PPK.

Según la memoria del primer año del gobierno peruano no reportó mayores avances en este sentido. 

La falta de Planificación Urbana y Regional contribuye visiblemente al problema de la deficiente gestión del agua en la cuenca del Rímac, generando un enfrentamiento entre la cuenca y la ciudad de Lima, esta última impone su crecimiento sin considerar la capacidad de amortiguamiento de la cuenca, los tiempos de respuesta, su biodiversidad, efectos del cambio climático y carácter sistémico de los componentes que viene degradando los ecosistemas locales afectados.
Un mecanismo de solución propuesto es el ordenamiento territorial del país,por consiguiente,es sustantivo contar con instrumento legal que coadyuvaría en la solución de ésta problemática para  afrontar uno de los principales retos y desafíos del país, a cuatro años de cumplir el bicentenario de su independencia.

Proceso de redefinición del sector saneamiento: La experiencia peruana

En “Demoras en redefinición del marco legal para el sector saneamiento” mencionamos el nuevo marco legal de los servicios de saneamiento en Perú,  y comentábamos que el ejecutivo del país de los incas se encontraba apostando por  redefinir el marco legal del sector Saneamiento, con la puesta en marcha del Decreto Legislativo N° 1280 que aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (publicada el 29 de diciembre de 2016); la misma que derogó la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley N° 26338) y la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento _ excepto el artículo 3° ( Ley N° 30045). Siguiendo ese proceso, el día de hoy 26 de Junio de 2017 se publica el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1280.

Para efectos del análisis sectorial, este proceso de redefinición le costó en términos de tiempo aproximadamente un año de su gobierno a la administración PPK , en el esfuerzo legislativo para delinear las nuevas funciones de las entidades con competencias reconocidas para la prestación de saneamiento : El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (Otass), Funciones de otros Ministerios, Funciones de los gobiernos regionales, Funciones de los gobiernos locales.

A este lapso se le deberá agregar un plazo no mayor de sesenta (60) días calendario (contados a partir de la vigencia del precitado Reglamento), para que Sunass apruebe las normas complementarias para aplicación e implementación del Reglamento, así como para el ejercicio de su función sancionadora, incluida la tipificación de las infracciones e imposición de sanciones. Asimismo, y  en tanto el regulador  Sunass no apruebe la escala eficiente,  Otass queda facultado para realizar acciones de integración de prestadores de acuerdo a las necesidades existentes.

Con el reglamento de la ley marco se asigna un marcado protagonismo a Otass y el repliegue del regulador Sunass, que ahora por un lado tiene el encargo de  ejercer la desregulación tarifaria visto como el procedimiento por el cual los servicios de saneamiento así como los productos y servicios derivados de los sistemas dejan de estar sujetos a regulación económica; y de otro, incorporar una nueva función bajo su acción reguladora : a los servicios de saneamiento en zonas rurales del país.

Demoras en redefinición del marco legal para el sector saneamiento

En nuevo marco legal de los servicios de saneamiento en Perú, comentábamos que el ejecutivo del país de los incas se encontraba apostando por  redefinir el marco legal del sector Saneamiento, con la puesta en marcha del Decreto Legislativo N° 1280 que aprobó la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento (publicada el 29 de diciembre de 2016); la misma que deroga la Ley General de Servicios de Saneamiento (Ley N° 26338) y la Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento _ excepto el artículo 3° ( Ley N° 30045).

Transcurrido cinco meses ( al 11 de Mayo de 2017), por acuerdo (aprobado en primera votación y dispensado de segunda votación) en el Pleno del Congreso de la República, la representación nacional en el legislativo aprobó el Proyecto de Ley 01282-2016-CR, Ley que modifica el numeral 3 del artículo 6, el párrafo 46.2 del artículo 46, el párrafo 55.3 del artículo 55 y el numeral 4 del artículo 79 del Decreto Legislativo 1280 ; asimismo deroga la segunda disposición complementaria final que asignaba la titularidad del Ministerio de vivienda, Construcción y Saneamiento en proyectos de tratamiento de aguas residuales para el desarrollo bajo el mecanismo de Asociaciones Público Privadas de los proyectos de inversión destinados al tratamiento de aguas residuales a que se refiere el numeral 3 del artículo 2 de la precitada Ley, incluyendo el desarrollo de las inversiones complementarias y su operación y mantenimiento cuando corresponda, para su funcionamiento, las funciones y atribuciones de Entidad Titular del Proyecto le corresponden al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

También derogó la octava y novena disposición complementaria transitoria que  se referían a transferencias del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al OTASS y a la SUNASS  para el financiamiento de acciones correspondientes a la política sectorial; asimismo a la formulación y ejecución de proyectos de inversión en agua y saneamiento en el ámbito de responsabilidad de la SEDAPAL, la mayor EPS del país.

Primeras reacciones en el sector saneamiento 

El evidente retraso en las inversiones de las actividades sectoriales previstas por el ejecutivo en los diez (10) meses de administración del gobierno central, se estaría traduciendo también con el Decreto Supremo N° 010-2017-VIVIENDA (publicado el 12 de mayo del 2017) que establece disposiciones para la adecuación progresiva a la autorización de vertimientos y a los instrumentos de gestión ambiental.

Este reglamento hace referencia en su Art.9, inc. 3 ; a los supuestos del proceso de adecuación progresiva de los prestadores de los servicios de agua potable y/o de alcantarillado sanitario y/o tratamiento de aguas residuales para disposición final o reúso y, algunos o todos de sus componentes operan, sin instrumento de gestión ambiental ni con autorización de vertimiento y/o de reúso, según corresponda; asimismo, en su Art. 12,inc.1 referido a los plazos del proceso de adecuación progresiva establecida en un plazo máximo de nueve (09) años, según corresponda, el cual se estaría cumpliendo el 13 de mayo del 2026.

Otro de los profundos impactos se vería en la afectación de la operatividad de la unidad ejecutora "agua para Lima y callao" conforme a lo establecido en el Art. 58 de la Ley 28411_Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Disponibilidad y acceso al agua en Perú

Para tocar aspectos básicos del entendimiento sobre disponibilidad y acceso al agua, debo precisar que nos referimos al agua dulce y los diversos usos que se le da, considerando no sólo el espacio, sino el tiempo. Por consiguiente, entre otros, tocamos los derechos no sólo de los usuarios actuales, sino de los usos y usuarios futuros.

Por ello, cuando enfocamos los Sistemas de Gestión Ambiental-Agua, miramos las leyes de la materia y la naturaleza, bajo una perspectiva de sistemas de gestión integrados, basados en el proceso de mejora continua y el sentido dinámico mas amplio.

En Perú, esto explica la necesidad de situarse a nivel de los espacios de cuencas hidrográficas,verificándose la desigual distribución en disponibilidad del agua.
Los registros sobre balance hídrico para estructurar los mapas de zonas de vida en el año 1957 y que fueron registradas en 1976 por ONERN, contrastados con datos actuales,explicarían la evolución y variabilidad del recurso hídrico en territorio nacional. 

El proceso de crecimiento y densificación poblacional en centros urbanos de la faja costera y la consiguiente atención de sus necesidades básicas, paulatinamente fueron reduciendo la disponibilidad del recurso agua, derivando en una crisis ambiental.

Crisis del agua y crisis de gobernabilidad

El VI foro Mundial del Agua (Francia,2012) acuñó la frase "la crisis del agua por la que atraviesa el mundo obedece en gran medida a una crisis de gobernabilidad".

En el tiempo, las diferentes administraciones del estado peruano, priorizaron obras hídricas de infraestructura mayor, para atender los requerimientos de la población e industria especialmente asentadas en la faja costera.
El centralismo agudizó el problema de disponibilidad de agua; el retrato de Lima que alberga el 30% de la población en 2.5% del territorio nacional, constituye el modelo replicado por otras ciudades como Piura, la quinta ciudad mas poblada del país situada también en zona costera en el valle del río Piura, a 981 km al norte de Lima.   

Piura vive gran parte del año con escasez del agua y en ocasiones,como la actual con el embate del fenómeno "El Niño-Costero",sufre inundaciones;en ambos casos, se evidencia la desigualdad de acceso al agua de calidad para el consumo humano.

En este universo de escasez, de emergencia recurrente por El Niño o la Niña y fallas de mercado local, se hace necesaria la aplicación de un modelo regulatorio propio (adecuado a su realidad y particulares necesidades), pues no se trata sólo de un tema hidrológico y de financiamiento, sino también de buena gobernabilidad.
Concordaremos entonces en que para gestionar la escasez del agua y los riesgos naturales o antropogénicos asociados a ésta, son necesarias instituciones sólidas,participación de la población y firmeza en la aplicación de políticas locales en los diferentes niveles de gestión. 

Tomando medidas hoy para que no falte agua mañana

Refiriéndonos a una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento en Piura (EPS-Grau) técnicamente se encuentra quebrada y sin posibilidad que el Gobierno Central le inyecte recursos para reflotar su capacidad de operación; en este contexto instituciones como el regulador SUNASS y el Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento, a través de OTASS; se ven limitadas en sus funciones, pues miran que en el tiempo sus esfuerzos para que la población pueda tener acceso al agua, no son sostenibles.

Este escenario se da, pese a que en el período 2009 al 2014, el Gobierno Central transfirió a las EPS el orden de 18 mil millones de soles, y no obstante este presupuesto, la calidad de los servicios no mejoró. 

La administración actual del país, pretende revertir tal situación con el Decreto Legislativo Nº 1280, cuyo propósito es fortalecer la autonomía de las EPS y lograr una gestión con indicadores de eficiencia institucional en favor de la población.

Lo antes mencionado sólo es una visión de lo que sucede en un sector, por lo que es necesario ver holísticamente la disponibilidad y acceso al estratégico recurso agua, tomando en consideración el desarrollo sostenible de otros sectores extractivos y productivos.

Financiamiento para obras prioritarias de agua y saneamiento 2017

Agua potable como prioridad

Las líneas de trabajo para dotar de agua potable al 100% de la población van bien encaminadas, al punto que se espera cumplir esa meta en el 2021 y así aportar a la lucha contra la pobreza y a la consolidación de un país moderno en el Bicentenario de la República.

El esfuerzo técnico del Gobierno en ese sentido se despliega en varios flancos con la creación de un fondo de 2,000 millones de soles para cerrar las brechas en el suministro, el establecimiento de oficinas del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en las 25 regiones, la asistencia técnica del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), entre otros.

Y por el lado político, el Poder Ejecutivo ha desarrollado dos enfoques en los primeros cinco meses de su administración: el primero está encaminado a ejecutar más obras y recursos que permitan llevar el agua y ampliar la infraestructura de saneamiento a más peruanos; mientras que el segundo busca fortalecer a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS) para que puedan proveer de un mayor y mejor servicio a sus comunidades.

En el caso de las EPS, su potenciación es importante porque en el período comprendido entre el 2009 y el 2014, el Gobierno les transfirió 18,000 millones de soles, y no obstante este presupuesto, la calidad de los servicios no mejoró. Ahora se pretende revertir tal situación con el Decreto Legislativo Nº 1280, cuyo propósito es fortalecer su autonomía y lograr una gestión con indicadores de eficiencia institucional en favor de la gente.

La nueva norma se basa en cinco ejes: autonomía empresarial, gobernanza y gestión ambiental, integración de las EPS, política tarifaria y fortalecimiento de la gestión del ente rector. Dentro de la autonomía, las entidades pasarán a ser empresas y la junta general de accionistas estará conformada solo por alcaldes provinciales, que tendrán que garantizar la autonomía de la gestión empresarial y buen gobierno corporativo.

Del mismo modo, el Ejecutivo creó el Fondo para el Financiamiento de Proyectos en Materia de Agua, Saneamiento y Salud (Fias), a fin de solventar los programas y proyectos que garanticen el agua potable, el alcantarillado y el tratamiento de líquidos residuales.

Un elemento innovador en este esquema es el establecimiento del programa Agua +, cuyo esfuerzo apunta a reducir el déficit cualitativo de los servicios de agua y saneamiento en las zonas rurales. Con tal fin, se procederá a la rehabilitación, reposición, operación y mantenimiento de los sistemas en los centros poblados, gracias a la intervención del Fondo de Compensación para el Desarrollo Social (Foncodes) del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Sin duda, estamos ante un impulso sin precedentes para superar una carencia que por años ha afectado a amplios sectores de la población. Si la acción del Estado continúa ese norte, es seguro que el Perú logrará cubrir las necesidades de agua potable y alcantarillado, con lo cual mejorarían las condiciones de salubridad y la calidad de vida de la población.

Sin duda, estamos ante un impulso sin precedentes para superar una carencia que por años ha afectado a amplios sectores de la población.

Recursos para obras de agua y saneamiento en el 2017

El Gobierno invertirá más de 4,300 millones de soles este año en proyectos de agua y saneamiento en todo el país, a fin de cubrir la brecha de déficit de estos servicios,la mayor parte de estos recursos serán transferidos a los gobiernos regionales y locales, que son los grandes ejecutores. Esta información está en la línea de lo expresado anteriormente sobre la cifra de tres mil millones de soles del presupuesto del Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento que será afectada en los primeros tres meses del año 2017.

Normas para transformar el objetivo agua en Perú

Parte de las 112 normas dadas bajo el amparo de las facultades legislativas para alcanzar el objetivo agua fueron expuestas por el presidente del consejo de ministros Fernando Zavala en los siguientes términos:

Entre el 2009 y el 2014 el Gobierno Central transfirió S/18.000 millones a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento (EPS). A pesar de ello, la calidad de los servicios no mejoró debido a la mala gestión de dichas entidades.

De las 50 que existen, 48 están a cargo de municipalidades.Por ese motivo, además de crear un fondo por S/2.000 millones para cerrar la brecha de infraestructura, el Decreto Legislativo N° 1280 fortalece la autonomía y promueve la gestión eficiente de las EPS. Para ello, se está redefiniendo la estructura de las juntas de accionistas y de los directorios; se están ampliando las facultades del regulador (SUNASS) para que regule el servicio en pequeñas ciudades, en el ámbito rural, en el área técnica municipal y en las organizaciones comunales. Asimismo, se crean los mecanismos para la integración de las EPS, para que cuenten con una demanda mínima que las haga viables.

El Ministerio de Vivienda implementará 24 oficinas desconcentradas para brindar apoyo en planificación y formulación de estudios y en ejecución de proyectos. Y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) fortalecerá su rol de asistencia técnica para todas las EPS del país. Con estas medidas, el gobierno avanzará hacia su objetivo de que en el 2021 el 100% de peruanos cuente con servicio de agua potable y alcantarillado las 24 horas.

RRHH en regulación y fiscalización para la gestión

Tras el término de 90 días calendario de la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo peruano para legislar en materia de reactivación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y saneamiento  y reorganización de Petroperú S.A., se cuestiona parte de un artículo del decreto legislativo N° 1337 que modifica la ley N° 29806, ley que regula la contratación de personal altamente calificado en el sector público...con ello se buscaría cubrir las necesidades en materia de recursos humanos de las diversas entidades de la Administración Pública.

El cuestionamiento pasaría porque  los profesionales altamente calificados deben sólo contar con grado de bachiller y otros requisitos como la experiencia mínima de 10 años.

En suma, los recursos humanos con diez (10) años de experiencia y grado de bachiller podrían a partir de la fecha ser contratados como "profesionales altamente calificados en Perú".Los colegios profesionales aún no se pronunciaron, pero probablemente tendrán algo que decir al respecto.

Norma necesaria

Si perjuicio del artículo cuestionado del precitado decreto legislativo N°1337, la norma sobre recursos humanos calificados es altamente necesaria para que el país pueda afrontar con éxito los retos y desafíos que plantea la gestión del agua y saneamiento.

Los inadecuados estudios y proyectos,obras colapsadas,sobrecostos que implican obras inconclusas,obras en arbitrajes donde casi siempre el Estado se ve relegado y afectado,concesiones cuestionadas técnicamente que demandan interminables adendas... que cuestan al país miles de millones de soles cada año, demandan el soporte de recursos humanos con probada solvencia en gestión pública. Los años de "experiencia realizando desastrosas gestiones en el país" no sumarían a la definición de "experiencia" citada en la nueva ley.

Fortalecimiento en regulación y fiscalización para la gestión

Con la redefinición del sector agua y saneamiento planteadas por la presente administración del Estado peruano mediante los decretos legislativos N° 1278  y  N° 1280 , se hace imprescindible contar con profesionales altamente calificados que permita fortalecer a instituciones como SUNASS , OTASS y OEFA, y elevar sus capacidades de medir la solvencia económica y financiera, sostenibilidad de la gestión empresarial y la prestación de los servicios que brindan las empresas prestadoras a la población servida, más aún ahora que se aspira a llevar la atención integral de los servicios a todo el territorio nacional.

En este contexto, no se podría soslayar la necesaria incorporación  de profesionales altamente calificados en la Contraloría General de la República, por obvias razones reconocidas por la propia institución.