El conversatorio online organizado por el grupo ATHENA y Perú Sostenible, que fuera programado para el día de hoy a las 8 PM (hora de Lima) quedó postergado para el 28 de diciembre a las mismas horas a fin de incorporar mayores elementos para el análisis; el tema sobre la Política ambiental en Perú al 2030 generó saludables opiniones diversas que merecen todas la debida atención en democracia, motivo por el cual en este espacio se permiten comentarios que serán tomados en cuenta tanto por la doctora Nathaly Torres López y el suscrito Dr. Javier Prado Blas.
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Los andes peruanos y la amazonia como reserva del recurso agua dulce en el planeta. |
Un adelanto del conversatorio online
Hoy es un día muy
especial, pues nos encontramos en el día 21 del año21 del siglo21; a ocho (8)
años para llegar al 2030 y al hacer un ejercicio prospectivo de la política
ambiental en el Perú, es necesario recrear un escenario ubicándonos en tiempo y
espacio.
En este contexto se
necesita auscultar los alcances, cumplimientos y tendencias de las actividades
realizadas en el pasado a la luz de la política nacional y sectorial ambiental,
es así que acudimos a indicadores para ver el cumplimiento del país para
alcanzar los ocho (8) objetivos de desarrollo del Milenio (ODM/2000-2015)
incidiendo en el extremo del objetivo 7 para garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente; asimismo, los diecisiete (17) objetivos de desarrollo
sostenible (ODS/2015-2030) focalizando en el objetivo 6 para garantizar agua
limpia y saneamiento, objetivo 11 impulsando ciudades y comunidades sostenibles
y el Objetivo 13 vinculado con la acción por el clima; los mismos que al
concordar con indicadores que muestran el progreso social me lleva afirmar que
en el país se percibe en la praxis la ausencia de una política ambiental de
Estado, existiendo en su lugar una suerte de hoja de ruta con esfuerzos dispersos
para dar cumplimiento a políticas ambientales fijados por cada gobierno de
turno.
Transcurridos los últimos
ocho (8) años, en el periodo 2014-2021, donde se sucedieron seis (6) administraciones:
Humala-PPK-Vizcarra-Merino-Sagasti y Castillo, observamos que con esta alta rotación,
las administraciones en turno están lejos de sentar las bases para un eficiente
planeamiento y dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos para mejorar la
calidad ambiental transfrontera y dentro del territorio nacional.
Lo expresado por el
suscrito es sin perjuicio de la denominada Política de Estado N° 19 desarrollo
sostenible y gestión ambiental, del acuerdo nacional que establece el
compromiso del Estado peruano a integrar la política nacional ambiental con las
políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para
contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del país.
La respuesta a la
pregunta qué hacer con el ambiente en el Perú, vinculando al hombre con su medio
ambiente en equilibrio con la naturaleza, pasa por diversas etapas, que van
desde la época pre Inca, el imperio Inca, la colonia y la vida republicana que
este año se encuentra cumpliendo su bicentenario.
El avance tecnológico y
satelital que nos da la modernidad nos permite observar el territorio que ocupa
actualmente el Perú con sus 159 cuencas hidrográficas y podemos contrastar con
el manejo que se dio en la época del imperio incaico, sobre un área andina tres
veces mayor que la actual, teniendo en cuenta que Perú es un país andino y
amazónico, el cual comparte los recursos que otorga la cuenca más grande del
planeta conjuntamente con siete países de la región.
Adicionalmente, la
cordillera de los Andes alberga ingentes recursos que hacen del Perú un país
con recursos mineros, sumados a los recursos ictiológicos de un mar peruano
reconocido mundialmente por su diversidad y que por sus 38 climas y múltiples
pisos altitudinales le dan disponibilidad y acceso al agua-alimentos y energía,
sin embargo, de acuerdo a su evolución demográfica, presenta problemas de
distribución y gestión de los recursos agua, suelo y aire, los cuales agravan
los impactos de origen natural y antrópicos, principalmente por la presión
demográfica de las grandes ciudades situadas en la costa desértica peruana y en
particular su capital Lima, cuyo crecimiento desordenado le ha hecho altamente
vulnerable a impactos ambientales.
En este espacio geo
social se sucedieron los ciclos de bonanza económica : oro, plata, guano y
salitre, caucho, algodón y azúcar, petróleo, pesca y minería; también las
pandemias de la peste bubónica (1720), El Cólera (1820), la gripe española
(1920) y el Covid-19 (2020) con el añadido de la epidemia de El cólera de 1991
y la serie de enfermedades endémicas con registro epidemiológico generalmente soslayado por los
gobiernos de turno, observándose una salud pública venida a menos por el
desequilibrio ambiental que se agudiza a través del tiempo por efecto de malas
prácticas del ser humano que afectan la conservación o rehabilitación de los
ecosistemas naturales.
La débil gobernanza y
gobernabilidad del país se agrava con los problemas del ordenamiento
territorial, los límites referenciales y su división política que a través del
tiempo no resuelve los cuellos de botella que se forman con el centralismo de
zonas urbanas y la atomización de poblaciones aisladas y dispersas en zonas
rurales, donde la conectividad y operatividad de los servicios básicos son
escazas, en no pocas de las cuales la ausencia del Estado formal se evidencia.
En este escenario se
perciben en el país los efectos del cambio climático, así como con las
externalidades resultantes en el planeta de los mil millones de habitantes que
cada doce años incrementan la presión sobre los recursos naturales y los
residuos que se generan.
Así, dentro de ocho
años la población peruana para el año 2030, estaría alcanzando 37 millones de
habitantes, los cuales necesitan tener un ambiente sano para poder vivir
adecuadamente. Las generaciones pasadas hicieron lo suyo y es tarea de las
actuales generaciones el poder ordenar la casa común, el planeta tierra y en
particular, el territorio peruano.
La actual constitución
política del Perú del año 1993, la ley orgánica del poder ejecutivo, así como
el decreto legislativo 1013 del año 2008, dieron espacio al Ministerio del
Ambiente para diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y
sectorial del ambiente, el cual desde su creación y pasados trece años, contó
con diez ministros que se encargaron en su momento de gestionar una cartera
compleja que no termina de constituirse, lo que ralentiza sus actividades; el
2009 mediante DS N° 012-2009-MINAM se aprobó la Política Nacional del Ambiente,
teniendo como objetivo general mejorar la calidad de vida de las personas,
garantizando la existencia de ecosistemas saludables en el largo plazo y cuenta
en la actualidad con el DS N° 023-2021-MINAM del 25 de julio del año 2021 para
establecer la Política Nacional del Ambiente al 2030.
Los esfuerzos
legislativos sobre medio ambiente son de larga data, sin embargo tienen bajo
cumplimiento de parte, tanto de los productores como de los consumidores legales,
dada la informalidad que cubre con su manto de impunidad la contaminación
producida por actividades que no se ajustan a los compromisos asumidos por las
políticas, planes, programas y proyectos que tienen como objetivo cautelar la
salud pública y mantener un espacio armónico en la relación del hombre con su
medio ambiente que lo rodea.
Diversos indicadores
permiten asociar los impactos generados por pasivos ambientales, el cambio
climático y el Covid-19, destacándose la tendencia creciente de defunciones a
nivel nacional en el último quinquenio, donde se duplicó el número de
defunciones; pasando de cien mil a doscientos mil defunciones y a la espera de cien
mil nuevas defunciones como efecto del eventual sismo de 8,8 magnitud momento a
producirse en Lima.
Cabe precisar que la
relación hombre-medio ambiente contaminado influye sustantivamente en el
incremento de muertes, las mismas que se focalizaron para este mismo periodo en
la franja costera entre Tumbes y Arequipa. En ese orden de influencia, se tiene
a ciudades con problemas en la gestión de agua y disposición sanitaria de
residuos sólidos: Piura, Lambayeque e Ica como las localidades que presentan la
más alta letalidad por Covid-19 en el país más afectado por muertes per cápita
del mundo.
Los problemas
especificados en el diagnóstico de situación del problema público reporta una
merma en el bienestar de la población, para lo cual se debe enfrentar los
problemas ocasionados por la pérdida de la diversidad biológica, el deterioro
de la calidad ambiental, el incremento de riesgos e impactos ante peligros de
origen natural y antrópicos, débil gobernanza, aumento de procesos productivos
de bienes y servicios no sostenibles, y finalmente los comportamientos
ambientales no sostenibles de los ciudadanos.
Los precitados
problemas se mantienen subsistentes y se agudizan porque, entre otros se
distingue un marco normativo ambiental
no armonizado entre los sectores, situación que origina inseguridad jurídica
percibida por la inversión privada participante del modelo económico que
impulsa a la economía social de mercado donde las industrias extractivas
generan pasivos ambientales que el Estado, por diversos factores y
consideraciones, no atiende oportunamente.
Para ver la inercia con
que se maneja este tema, basta revisar el presupuesto nacional del sector
público en un periodo que no alcanza a las últimas dos décadas, donde éste se
cuadruplicó pasando de 44 mil a 197 mil millones de soles , priorizando el
gasto corriente y el servicio de la deuda , castigando al gasto de capital que
se encuentra en el orden del 24% , lo que hace materialmente inviable atender
las urgentes necesidades que demanda el país para atender a sectores
prioritarios para dinamizar su economía y por consiguiente, soslayando el
componente ambiental en el desarrollo nacional.
La política ambiental
de los sucesivos gobiernos aplicada en Perú, se encuentra alejada a las
soluciones basadas en la naturaleza, en rigor se encuentra llenas de
inconsistencias pues no reflejan la real situación ambiental del país que
evidencia la pandemia del Covid-19. En ese sentido se hace necesario el
sinceramiento de las cifras y socializar las mismas, poniendo sobre la
mesa la cara real de los problemas que
impactan sobre la salud de las personas y su medio ambiente. La transición de
estrés hídrico a escasez de agua, el retroceso de glaciares, la contaminación
de aguas subterráneas, la pérdida de suelos por erosión ante la salvaje
deforestación de bosques de protección, así como de bosques amazónicos ante el
peligroso avance de cultivos de coca, entre otros.
La descentralización y
manejo del presupuesto público para el tema ambiental sólo es la punta del
iceberg donde se percibe las brechas existentes en la concentración del PBI,
el uso del presupuesto público y grandes diferencias en el índice de desarrollo
humano existentes en los antes denominados departamentos y hoy regiones del país.
Este 2021, la sociedad
peruana dejó un mensaje claro al votar por el cambio estructural en el manejo
de la cosa pública, para que los gobernantes de turno puedan revertir la forma
demagógica con que se presentan los objetivos prioritarios y lineamientos de la
política nacional del ambiente sin tener la capacidad de materializar las
recomendaciones de la organización para la cooperación y el desarrollo
Económico y mucho menos atender los problemas estructurales que la población
reclama en las calles con las protestas socioambientales, algunas extremas que
afectan los derechos de terceros, entre ellos a capitales de países amigos y
socios comerciales del Perú.