Investigación criminal para garantizar el acceso al recurso agua

El resultado de mis investigaciones sobre la gestión del recurso agua en Perú, un país sumamente complejo dada su indudable diversidad, me llevó en las últimas décadas a relacionar las causalidades resultantes en los ecosistemas deteriorados por las restricciones políticas de la ocupación y uso del territorio que responden a múltiples intereses. El uso de los recursos naturales y el agua en particular, gestan superposiciones en la toma de decisiones por parte de las autoridades para gestionar los impactos generados;agudizándose  por el cambio climático que afecta la sostenibilidad requerida por el país en términos de gobernanza y gobernabilidad. 

El registro histórico de la gestión de agua en Perú reporta elevados sobrecostos.

Vulnerabilidad en fuentes de agua

Parte de las evidencias que proporcionamos investigadores en el transcurso del tiempo, son registradas por instituciones transfrontera, tales como BID,BM...; éste último suscribe que el 22% de la superficie glaciar en el Perú desapareció en los últimos treinta (30) años.

Un impacto paisajístico que relaciona la pérdida en fuentes de agua producto de los nevados de las altas cumbres, puede ser mensurada en forma masiva por la población que se percata de este hecho al transitar por la carretera central en "Ticlio" o abra de Anticona (paso en la cordillera de los Andes a 4818 msnm ó 15807 pies), donde se visualiza la pérdida paulatina de nieve hasta la ausencia sostenida de las mismas durante algunos meses del año. 

Retroceso y desaparición de Glaciares en Perú_Vista de Los Andes Centrales

En este contexto, la población que se abastece y depende exclusivamente de fuentes de agua proveniente de los glaciares es altamente vulnerable y sus situación se agudizará en áreas con glaciares proveedores de agua en cinco cadenas montañosas que podrían desaparecer en los próximos veinte (20) años.

Necesidad del fortalecimiento en investigación criminal

La teoría del delito como parte del Derecho Penal, permiten determinar con precisión si existen o no elementos constitutivos del tipo penal en los comportamientos gestados en el proceso social que acompaña al Derecho humano-como es el derecho al acceso al agua para uso primario según Ley 29338 - donde la capacitación en investigación criminal deviene en fundamental,sustentado en las consideraciones del proceso histórico seguido.
El Estado peruano, mediante Ley 24949 (1988) y su modificatoria Ley 28078 (2003),buscó integrar sus fuerzas policiales y desaparecer la duplicidad de funciones para ofrecer un mejor servicio a la sociedad; sin embargo, como efecto colateral se produjo una reducción en la capacidad de investigación criminal. La policía entonces se vio en la necesidad de adecuar su forma y singularidad al carácter propio de la Nación en las ciento cincuenta y nueve cuencas hidrográficas que conforman el territorio peruano, en donde la naturaleza y alcance de la misión asignada a la policía estaba relacionada con las especificidades del espacio geosocial en el cual operaban.
Al globalizarse la fórmula regulatoria jurídico-legal de  la criminalidad en este extremo, desligó a la policía del poder judicial para ponerla al servicio del Ejecutivo, bajo el marco de insuficiencia en la investigación del delito.
La nueva modalidad de gobernanza se sustentó desplegando la intervención del Ministerio Público desde la etapa policial; sin embargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público la circunscribe al ámbito de investigación preliminar. Las restricciones subsistentes se trataron de resolver mediante sendas normas, la Ley 27934 (2003) y el Decreto Legislativo 989 (2007) que regulan la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. 
Los efectos residuales impactan en la administración de justicia,donde conceptos de celeridad y especialidad  en los procesos resultan extraños al desempeño de órganos jurisdiccionales especializados en delitos  ambientales en Distritos Judiciales del país.
En el escenario descrito, germinaron los impases en la capacidad y calidad del gasto público para agua y saneamiento, alimentados por la débil gobernanza permisiva con la baja rentabilidad para el Estado, pues los espacios generados por altos índices de corrupción mantuvieron al país -hasta la actualidad- sin lograr la cobertura de agua y saneamiento  anhelada por sucesivas administraciones del Estado.

Capacidad y calidad del gasto público 

Aplicando el modelo de gestión que permitió festinar procesos,presionar en la cadena de pagos, socializar los "diezmos" y contribuir a que Perú pierda aproximadamente tres mil millones de dólares cada año por efectos de corrupción se produjo la inversión sectorial en saneamiento que gastó el orden de cinco mil millones de dólares en el lapso de veinticinco años (1985-2010) ; y estando a los actuados para cerrar la brecha en area urbana hacia el año del bicentenario de la independencia del país (2021) demanda gastar el orden de dieciséis mil millones de dólares en los cuatro años que restan.
Los cuellos de botella dinámicos registrados, evidenciaron una falta de capacidad en el gasto público en el periodo 2011-2016, donde solamente se pudieron invertir seis mil seiscientos sesenta y dos millones de soles ( de los S/. 11.600 millones de soles asignados ) para ejecutar proyectos y obras de agua y saneamiento. Siguiendo el mismo criterio, en el transcurso 2009-2014 el Gobierno Central transfirió dieciocho mil millones de soles a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento, comprobándose que la calidad de los servicios no mejoraron en dichas entidades. 
En síntesis, la dinámica del modelo en el marco del paradigma para lograr "coberturas", impusieron la necesidad de gastar compulsivamente hasta diez veces mas, sin contar con suficientes especialistas, a quienes se llegó a diferenciar en sus remuneraciones del nivel gerencial en EPS hasta por diez veces menos en ciudades del interior del país contrastando con su capital,Lima.
No será complicado entonces entender el porque existen las empresas filiales de la antigua SENAPA (1981)  hoy convertidas en empresas municipales que se encuentran-en su mayoría- recurrentemente quebradas técnica y financieramente, pese a recibir intermitente apoyo económico y financiero del Estado; operando formas de corrupción bajo el manto de incompetencia, inficionadas con procedimientos de recepción de obras ineficientes  que emergen con problemas de operación y mantenimiento, afectando en la calidad del sistema integral y convirtiéndolas en Empresas insostenibles. 
Como corolario se tiene a una importante cantidad de obras sometidas a control y fiscalización por el Sistema Nacional de Control, vistas por el ministerio público y siendo judicializadas sólo algunas. El punto es que en tanto el proceso sancionador, como las obras inconclusas, paralizadas y cuestionadas por la población beneficiaria demandan años de inercia que les mantiene sin acceso al recurso agua; de los miles de funcionarios pasibles de sanción muy pocos son alcanzados por el brazo de la Ley tal como lo presenté en Inversiones,corrupción e impunidad.

Cobertura del servicio de agua en cuarenta y nueve (49) meses

La presión ejercida para alcanzar la meta de cerrar la brecha de agua en zona urbana del país en aproximadamente cuarenta y nueve meses (aprox. un mil quinientos días), evidencia las debilidades en términos de recursos humanos especializados que tratara de cubrirse a través de redefinir el sector por el Ejecutivo con el Decreto Legislativo 1280 (2016) aprobando la Ley marco de gestión y prestación de servicios de saneamiento y que el Legislativo modificara y derogara en parte por Ley 30672 (2017).

Medidas integrales de rápido impacto

La frase “Si no hubiera corrupción en el Perú del pasado, ya tendríamos agua potable en todo el país, pero se llevaron la plata", pasa por el ciclo "protesta-propuesta-acción", y  a diferencia de las medidas de rápido impacto en saneamiento que acrecentaron el forado sectorial en las arcas del tesoro público- las medidas integrales de rápido impacto u otras que pudiera implementar el Estado a través de diversas instituciones como en el caso de OTASS para garantizar el acceso al recurso agua en el plazo previsto; no debiera desestabilizar Empresas, hacer atractivo el sector a profesionales especializados, formalizar las cadenas de pago, entre otras medidas a tomar ; y para ello es imprescindible fortalecer como componente transversal a la investigación criminal  a efectos de identificar y sancionar a los corruptores, de esta forma se podría mitigar el impacto que generan las asociaciones ilícitas para delinquir y los sobrecostos producidos por la corrupción en el sector.  

El Dato

• Casos emblemáticos de falta de capacidad de respuesta en el proceso de reconstrucción como en los casos del Terremoto en Pisco (2007) y El Niño Costero (2016-2017), generan altos niveles de desconfianza en los actores sociales que ralentizan la ejecución de obras y por consiguiente la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas.
• Tres meses al año se presentan con diversa intensidad los impactos generados por el Fenómeno El Niño. Lo que en cuatro años implicarían retrasos por doce meses en obras civiles destinadas a cobertura de servicios, sin perjuicio del tiempo que demande reparar los daños adicionales que pudieran ocasionar los embates de la naturaleza.

Capacidad y calidad de gasto en agua y saneamiento

Cuando escribí sobre el mito de la gran minería relacionado a la inversión de importantes capitales, revisamos el porqué la población repetía la frase generadora de conflictos socio ambientales “No hay leyes ambientales que protejan el medio ambiente o, si existen, son muy antiguas”.Convenimos entonces que existen terceros que lucran distorsionando conceptos y con el incumplimiento de leyes ambientales. Lo demás es historia conocida. Haciendo una analogía con el sector agua y saneamiento, que indudablemente afecta las inversiones -públicas o privadas- en diversos sectores y en diferentes niveles de gestión, tenemos los mitos “El ejecutivo no tiene capacidad de gasto y lo que gasta lo gasta mal” y “El gobierno es incapaz de reaccionar ante la corrupción existente", entre otras frases lanzadas causando anarquía en algunas colectividades e inseguridad entre los sensibles agentes económicos de un pueblo que continúa creyendo en su crecimiento y desarrollo.

Sustentado en el rigor de investigaciones científicas, probamos en Perú la existencia de esfuerzos legislativos ambientales con miles de normas con carácter ambiental registradas desde 1900 hasta la modernidad que tratan de reconciliar la realidad con los grandes intereses nacionales; asimismo la recurrente y sostenible intensión en los gobiernos de turno para expandir el acceso a servicios de agua y saneamiento de buena calidad para los actuales y futuros usuarios, garantizando al mismo tiempo que estos servicios sean accesibles, eficientes y sostenibles.

En este contexto analizamos argumentos que pudieran validar a los precitados mitos.

Disponibilidad y acceso al agua

No es posible soslayar la realidad que indica la existencia de una desigual distribución de la disponibilidad y acceso al agua de la población peruana. Es así que la variabilidad espacial y temporal en la oferta de agua demandan una adecuada gestión del agua.

Entre los problemas asociados a la gestión que deben atenderse adecuadamente se encuentran: Afectación de las fuentes de agua, calidad de agua (contaminación de RRHH), infraestructura necesaria para la gestión, gobernanza y las instituciones encargadas de la gestión del agua.

Efectos del cambio climático

En el país hemos verificado la presencia del cambio climático en base a una serie de indicadores, es así que se registra el ascenso del nivel del mar y en otros importantes cuerpos de agua localizados en diversas cuencas del territorio nacional. Las avenidas y "normales crecidas" de los ríos estacionales, pasan a generar mayores riesgos de inundaciones.A todo ello se suma los impactos generados por fenómenos claramente identificados: El Niño,produce condiciones cálidas y secas, en tanto que La Niña, produce condiciones frías y húmedas. Los cambios de temperatura aceleran la pérdida de los glaciares de las 19 cordilleras nevadas del país que perdieron más de 40% de su superficie en las últimas 4 décadas con respecto al inventario realizado en los años 70. El impacto ocasiona importantes cambios en la hidrología estacional de los glaciares aguas abajo.Está evidenciada que en la estación seca el caudal aumenta y esta agua que discurre por los ríos aguas abajo es en gran medida producto de las aguas generadas por la deglaciación.Los ecosistemas de bofedales vienen siendo impactados y la población rural dispersa y excluida espacialmente, se constituyen en poblaciones potenciales de alto riesgo por la crisis de agua.

Escasa ejecución presupuestal y no mejora de servicios en EPS

De los once mil seiscientos millones de soles (S/11,600 millones) asignados para proyectos de agua y saneamiento en el país desde el 2011 al 2016, solo se invirtieron seis mil seis cientos sesenta y dos millones de soles (S/ 6,662 millones), lo que representa un nivel de ejecución de cincuenta y siete por ciento ( 57%).
A mayor abundamiento,en el período comprendido entre el 2009 y el 2014, el Gobierno central les transfirió a las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) , la suma de dieciocho mil millones de soles (S/ 18,000 millones ), y no obstante este presupuesto, la calidad de los servicios no mejoró para el usuario debido a la mala gestión de las 48 entidades a cargo de municipios. Adicionalmente se tiene una EPS consecionada en Tumbes y la EPS SEDAPAL en Lima y callao a cargo de FONAFE, haciendo un total de 50 EPS reguladas por SUNASS. El nivel de incumplimiento de las normas emitidas no se reflejan en las sanciones emitidas por el regulador.

Inversiones necesarias,oportunas y adecuadas

Siendo que el principal efecto del cambio climático en Perú es que las zonas húmedas van a tender a ser más húmedas y las secas más secas, resulta importante que los distintos niveles de gobierno incorporen en sus planes de gobierno estas tendencias y se reflejen en el presupuesto general correspondiente. Las obras de adecuación, mitigación y cobertura de infraestructura para cubrir brechas deben ser comunicadas oportuna y adecuadamente a la ciudadanía, precisando las priorizaciones previstas. De esta forma se evitaran "sorpresas" y malas experiencias que recurrentemente se vienen presentando en infraestructuras "relativamente nuevas" atribuidas a errores de proyectistas, ejecutores y supervisores de obras, que resultan sobredimensionadas o con errores de diseño por cambios en los patrones hidrológicos de diversas cuencas. Las ampliaciones de plazos,adicionales,deductivos,arbitrajes,intervenciones de obras y en general sobre costos por las demoras, son percibidos por la población a través de información incompleta de los medios masivos de comunicación.
En resumen la población observa que obras nuevas no funcionan eficientemente, los pozos no alumbran el caudal proyectado de agua, no se llenan los reservorios, el caudal no es el adecuado porque eventualmente se afectó la fuente de agua; plantas de tratamiento de aguas residuales que no funcionan con la eficiencia prevista y sistemas de desagüe que colapsan en breve tiempo, son algunas experiencias difundidas en diversas cuencas del país.
La necesidad de utilización de “infraestructuras verdes”, especialmente en la costa norte del país, se hacen muy urgente como parte del sistema de drenaje pluvial, a los efectos de aliviar los caudales instantáneos y evitar desbordes e inundaciones, a la par que se reduce los costos de drenaje. La población no llega a internalizar aún la transición y el cambio del sistema nacional de inversión pública a la nueva plataforma invierte Perú.  

Diferencia que marca una adecuada fiscalización

Perú se encuentra en una etapa de redefinición del sector agua y saneamiento, con nuevas leyes (Decreto Legislativo N° 1280) y normas que apuntan a mejorar la aplicación de la inversión pública (DS N°027-2017-EF), donde se asigna trascendentales funciones y responsabilidades a instituciones encargadas de la gestión del agua; tal es el caso de la reguladora SUNASS, la misma que debe reducir la discrecionalidad y transparentar su accionar en áreas urbanas y rurales ; interactuando con instituciones como la Contraloría General de la República, el Ministerio Público-Fiscalía de la Nación  y el Poder Judicial . En estricto, se debe distinguir los errores procedimentales de las asociaciones ilícitas para delinquir que se multiplicaron en los últimos años aprovechando lagunas de desinformación y debilidades de fiscalización en el aparato estatal, sumados a la lentitud del accionar de la justicia en casos complejos de corrupción que pasan los siete años y medio que van desde la investigación preparatoria,etapa intermedia y juzgamiento. 
Existen casos emblemáticos con importante perjuicio económico para el tesoro público e involucran altos funcionarios públicos y empresas internacionales, así como casos en que poblaciones rurales son perjudicadas (como el caso de Cullhuas-Huancayo) porque continúan sin servicio de agua potable y alcantarillado sanitario pese a que el Estado desembolsó  recursos económicos y financieros, y donde alcaldes con antecedentes penales por malversación de Fondos públicos participan en actos reiterados de corrupción.
La actual administración del Estado peruano se encuentra empeñada en mejorar la capacidad y calidad de gasto, ya sea público como privado, en agua y saneamiento, para lo cual tiende puentes y utiliza instrumentos de gestión, como el mecanismo de obras por impuestos, a los efectos de revertir experiencias pasadas que dieron algún nivel de fundamento a las expresiones populares explicitadas.