Tres muertos, más de 200
heridos, 54 días de paro indefinido y una denuncia de soborno: ese es el saldo
del último conflicto minero de Perú que llevó al presidente Ollanta Humala a
desplegar al ejército en los alrededores de la mina en la región sureña de Arequipa.
En el centro de la polémica
está un millonario proyecto de Southern Perú Copper Company (SPCC), principal
subsidiaria del Grupo México, para construir la mina de cobre "Tía
María".
Los residentes del valle del
Tambo, en la provincia de Islay, la mayoría agricultores y ganaderos,
consideran que el proyecto arruinará el medio ambiente y dañará la agricultura
en el área.
Pero Southern Perú Copper
Company asegura que cumplirá con los más altos estándares medioambientales.
En todo caso, la compañía
anunció este viernes una "pausa" en el desarrollo de su millonario
proyecto despejar dudas de los opositores al plan en un plazo de 60 días.
"Hemos escuchado al
(...) Presidente y en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica
que el país requiere, le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias
para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los
próximos 60 días", dijo el presidente de Southern Copper, Oscar González.
¿Qué está en juego?
La subsidiaria del Grupo
México prevé invertir US$1.400 millones en el proyecto minero Tía María, que
tendrá una proyección estimada de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos
de cobre desde el inicio de operaciones.
Sin embargo, la compañía
mexicana no lo ha tenido fácil desde el principio. En 2011, cuando se anunció
el proyecto durante el gobierno de Alan García, Tía María ya originó protestas
que dejaron tres muertos y más de 40 heridos.
Estuvo paralizado dos años, hasta
que la empresa presentó un nuevo estudio de impacto ambiental con el que
consiguió que el gobierno de Humala le diera permisos de construcción este año.
Los grupos locales piden
ahora que se suspenda porque aseguran que el desarrollo minero contaminará sus
campos de cultivo y el agua del río de la zona, el Tambo.
La compañía alega que usará
agua de mar desalinizada y un portavoz de Southern Copper llegó a acusar a la
población de "terrorismo antiminero".
¿Sobornos?
En medio de los cruces de
acusaciones entre la empresa mexicana y los comuneros peruanos, el gobierno de
Humala decidió suspender las negociaciones con la filial de la minera mexicana
hasta que aclare si tiene alguna responsabilidad en el presunto interno de
soborno a líderes comunitarios para que frenaran las protestas.
La polémica surgió después
de que se publicara un audio en el que se puede oír a un dirigente comunitario,
Pepe Julio Gutiérrez, el principal líder de las protestas, hablar con un
abogado al que le planteaba la posibilidad de pedir dinero a la empresa minera
para calmar las movilizaciones.
En un comunicado, SPCC
rechazó estar negociando con los promotores de las protestas y lamentó la
"incorrecta acción" que, dice, "fue ocasionada por terceros
ajenos a la organización".
Este viernes, el dirigente
Pepe Julio Gutiérrez fue detenido acusado de extorsión y asociación ilícita
para delinquir, por presuntamente haber pedido dinero a la minera.
BBC Mundo solicitó a
Southern Perú Copper Company una entrevista, pero un portavoz de la compañía
señaló que por el momento no darán declaraciones al respecto.
Otros "problemas"
del Grupo México
La de Tía María no es la
única controversia en la que está metido el Grupo México por sus inversiones en
el campo de la minería.
Con Germán Larrea
Mota-Velasco como principal accionista -es el segundo hombre más rico de México
después de Carlos Slim- la compañía ha estado involucrada en varios accidentes.
Uno de ellos, el derrame el
año pasado de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo
Tinajas, en Sonora (México), fue considerado por el gobierno como "el peor
desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos
modernos".
Las sustancias tóxicas
llegaron a los ríos Bacanuchi y Sonora y afectaron a miles de personas.
Precisamente esta misma
semana, el Grupo México se ha visto envuelto en otra polémica en España luego
de que el gobierno de Andalucía anunciase la suspensión de uno de sus proyectos
en la mina de cobre, zinc y plomo de Aznalcóllar de manera cautelar por las
supuestas denuncias de irregularidades en el proceso de adjudicación.
Sin embargo, la minera
aseguró este viernes no haber sido notificada por el momento.
¿Un nuevo Conga?
Las interrogantes el torno
al proyecto Tía María hacen preguntarse si no correrá una suerte similar a la
del proyecto aurífero de Conga, en Cajamarca, que fue suspendido en 2012 por
protestas que dejaron cinco muertos.
El sociólogo de la
Pontificia Universidad Católica del Perú, Aldo Panfichi, asegura no ver otra
solución para este conflicto debido a que las voces por la suspensión o
postergación de la explotación minera son mayoritarias y al punto violento al
que han llegado las protestas.
Entre las voces que piden la
suspensión está la del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo
y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez.
"Ningún proyecto se
puede imponer por la fuerza y menos ejecutar en las condiciones de violencia
que se vive en Islay. Creo que debe darse una pausa, generar un espacio, para,
primero, apaciguar los ánimos y, segundo, retomar el diálogo", dijo en un
comunicado publicado en la página web de la SNMPE.
Gálvez aboga por una pausa
"de tres a cuatro meses" que permitiría a los agricultores cosechar y
sembrar para paliar las pérdidas del paro y que devolvería "la
tranquilidad en Arequipa".
"Hay una situación de
punto muerto entre el Estado y las empresas y una desconfianza muy grande de
las comunidades locales sobre la capacidad del Estado de hacer cumplir la
legislación. No le creen al presidente Humala diga lo que diga y haga lo que
haga", le dijo el profesor Panfichi a BBC Mundo.
En este sentido, el analista
apunta a que, con elecciones en el horizonte el próximo año, "el proyecto
de Tía María en el mejor de los casos será retomado por el próximo gobierno a
ser electo".
