Impacto de concesión : $ 1`433,359

El 14 de febrero de 2001 el Estado peruano, entregó en concesión a la empresa Lima Airport Partners (LAP) el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCh).

Según el contrato el Concesionario está comprometido a realizar Mejoras, en los bienes muebles e inmuebles destinados a optimizar la infraestructura y la calidad de los servicios. Las mejoras pueden tener el carácter de obligatorias, eventuales o complementarias, y se encuentran distribuidas en el periodo inicial y en el periodo remanente de la concesión. Algunos indicadores que dan cuenta del impacto de la concesión se anota seguidamente: AIJCh fue elegido como el “Mejor Aeropuerto de Sudamérica 2015” por séptimo año consecutivo, en una versión de los premios World Airport Awards celebrados en París, Francia.

Entre los años 2001 y 2014, el concesionario del AIJCh, la empresa LAP, ha entregado al Estado Peruano 1’433,539 millones de dólares por concepto de retribución, tributos y transferencias a entidades estatales. El monto equivale al 46,51% del total de los ingresos brutos de LAP, siendo que por cada dólar facturado deben transferirse 46,50 centavos al erario nacional.

Por su parte, el Estado destina una parte importante de estos fondos para subsidiar aeropuertos en otras regiones del país. Adicionalmente, LAP transfiere a Corpac el 50% de lo facturado por el servicio de aterrizaje y despegue en el AIJCh y el 20% de la Tarifa Unificada (TUUA) Internacional. Asimismo, LAP paga el 1% de sus ingresos brutos al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRAN) por concepto de tasa regulatoria. Las inversiones de LAP al cierre de 2014 ascendieron a 337,571,808 de dólares.

Con una inversión total de 13’252.067 dólares, se ejecutaron los siguientes proyectos: cerco perimétrico en los terrenos de expansión (fase 1); desarrollo de proyectos de transición, nueva pista, nuevo terminal y proyectos comerciales; remodelación de las áreas: TUUA, Control de salidas, Migraciones, Transferencia y Llegadas Internacionales; ampliación de Plataforma Norte, remodelación de la Torre Central (Piso 7 y otros), entre otros. El tráfico de pasajeros en el AIJCh continuó creciendo durante el año 2014, habiéndose registrado un total de 15,664,993 pasajeros, que representa un crecimiento de 5,1% respecto del año anterior.

Los ingresos brutos alcanzaron 271,9 millones de dólares,5,7% más que el año anterior. El crecimiento fue impulsado por el buen desempeño del tráfico de aeronaves y pasajeros (principalmente salidas nacionales), así como por los ingresos comerciales, que demostraron su dinamismo con un crecimiento de 8,7%. El crecimiento en el tráfico de pasajeros, aeronaves y carga, así como el ajuste en las tarifas de los servicios regulados por RPI-X, generaron de manera conjunta un incremento en los ingresos aeronáuticos de 4,7%, los cuales representan el 72% de los ingresos totales. 

Por su parte, los ingresos por concepto de TUUA crecieron un 5,4%, mientras que los ingresos por aterrizaje y despegue se incrementaron en 0,3%. Los ingresos por estacionamiento de aeronaves y servicios en rampa tuvieron crecimientos de 1,7% y 2,7%, respectivamente. Los ingresos por carga se incrementaron en 3,2% y los ingresos por peaje de combustible registraron un aumento de 7,3%, éste último impulsado por un incremento de 2,7% en el volumen de galones de combustible despachados. A su vez, el ingreso por el uso de Puentes de Embarque aumentó en 8,6%. Durante el año 2014 los ingresos comerciales aumentaron en 8,7%, representando el 27% del total de los ingresos.

Los ingresos por la Playa de Estacionamiento vehicular tuvieron un crecimiento de 11,7%, los de Ventas Minoristas (Retail) crecieron 6% y los de Comidas & Bebidas en 3,5%.

El EBITDA registrado en 2014 alcanzó los 85,12 millones de dólares, lo que significa un incremento del 9,1% respecto del año anterior. Por su lado, la utilidad neta del año ascendió a 45.55 millones de dólares (15% mayor que la registrada en 2013).

¿Privatización de la EPS SEDAPAL?

El diario Gestión presenta interesantes consideraciones acerca del proceso de privatización seguida en Perú:

"Luego de la masiva privatización de empresas del Estado en la década del 90, son pocas las que todavía son controladas por el sector público y de ellas, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) es la que podría ser adjudicada a un operador privado con el objetivo de mejorar su gestión de inversiones y la calidad de su servicio.

Para César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), indicó que Sedapal es tal vez una de las más importantes empresas que están en poder del Estado, junto con Petroperú.

“En su momento estuvo siendo analizada su privatización, en particular Sedapal y recuerdo que había mucho interés de empresas francesas de participar en la privatización de Sedapal, que al final no se concretó”, declaró a Gestión.

El economista no descartó que en algún momento se pueda “considerar pertinente y oportuno” la privatización de Sedapal y solo es cuestión de hacer el análisis respectivo para determinar si es conveniente.

“El concepto de nacionalismo no debe ser entendido de esa forma (empresas en manos del Estado), el nacionalismo mejor entendido es aquel que busca el mayor bienestar de la población, que el capital humano tenga la salud adecuada, la educación adecuada, la infraestructura adecuada y que conlleve a un bienestar adecuado igualmente, con un nivel de ingreso per cápita alto”, anotó.

Por su parte, el presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Gonzalo Prialé, indicó que las tarifas de Sedapal han subido pero su servicio es “pésimo”, y ese es un ejemplo de que las empresas de servicios públicos, como el agua, que aún están a cargo del Estado pasan por una situación “desastrosa”.

Sin embargo, advirtió que someter a Sedapal a una “privatización”, implica usar una mala palabra, ya que en la actualidad no se privatiza nada.

“No es que se le entrega el agua a un privado para que la explote sino que más bien se contrata a un operador privado para que se haga cargo del transporte del agua a los domicilios, del tendido y mejora de redes de agua y desagüe, las conexiones domiciliarias, la facturación, el mantenimiento y la calidad del agua”, comentó.

En ese sentido, aclaró que no se puede privatizar un recurso natural, como el agua, y de lo que se trata es de contratar a un operador privado para la gestión de la empresa.

Prialé explicó que para el período 2012 – 2017 se anunció un programa de inversiones por S/. 9,000 millones para Sedapal, lo que implicó ejecutar alrededor de S/. 1,800 millones anuales para una empresa qua “a duras penas” llega a invertir S/. 400 millones al año. 

“Desde el comienzo eso estaba condenado al fracaso, y efectivamente después Sedapal, luego de dos o tres años, sigue manteniendo su ritmo de inversión que no supera los S/. 400 millones y no está a la altura del reto”, puntualizó.

Agregó que ello motivó a la empresa a anunciar un programa “mucho menos ambicioso” de más de S/. 2,000 millones para cinco años y cuyo ritmo anual sí es de S/. 400 millones.

“Es decir, activamos la esponja y estamos condenados a vivir eternamente esta calamitosa situación del agua, cuando lo que deberíamos hacer es lanzar Asociaciones Público Privadas (APP) para poder desarrollar el sector”, dijo.

Por ello, planteó adjudicar a operadores privados la gestión de tres APP para la gestión del agua para Lima Norte, Lima Sur y Lima Centro, con el objetivo de que compitan entre ellas.

“Estoy seguro que así la cobertura va a aumentar, la calidad del servicio del agua va a mejorar y las tarifas, a la larga, van a bajar; lo mismo ha ocurrido en Chile”, puntualizó".

¿Especulación minera improductiva?

A pesar de que el Perú aún tiene un enorme potencial minero por explotar, con reservas por 17,000 millones de toneladas de cobre y 74 millones de onzas finas de oro que esperan ser extraídas, de 55,000 concesiones mineras que están vigentes en todo el territorio, apenas unas 1,000 están en plena actividad, según el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Luis Barranzuela, director de Derechos de Vigencia del Ingemmet (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico), explicó que, del total de concesiones vigentes, unas 15,000 están obligadas a producir, pero la gran mayoría no lo hace.

Tal obligación se da porque esta última cantidad de concesiones ya han sobrepasado el plazo de siete años que da el Estado, desde que se adjudica el título de concesionario, y en el cual deben culminar su exploración y prepararse para empezar a producir al cabo de ese lapso, según explicó el funcionario.

Improductivos

“Los titulares de concesiones que producen son pocos, entre 500 a 1,000, incluyendo a los proyectos de las grandes compañías mineras; del resto, algunos están en la fase de inversión para producir después, pero la mayoría prefiere pagar una penalidad por exceder el plazo sin producir”, refirió.

La penalidad es a US$ 6.00 por hectárea por año en el área concesionada improductiva desde el séptimo año. Según estadísticas del MEM, a junio del presente año, había 940 unidades mineras en actividad, de las cuales 461 se estaban explotando y 479 estaban en exploración, en un total de 1.6 millones de hectáreas, que representan el 1.26% del territorio nacional.

Informales

Además, Barranzuela indicó que las concesiones donde sus titulares permiten operar a mineros informales, no se las considera como zonas explotadas, tema que, anotó, aún está por ser regulado por el Gobierno.

Al respecto, según Propuesta Ciudadana, existen problemas como la superposición de concesiones mineras con otros derechos otorgados, asimetrías entre las partes en los procesos de compra de tierras, o la no exigencia al titular minero en la entrega de concesiones de cumplir con ciertas capacidades (económica, técnica, know how) que aseguren el cumplimiento de las actividades comprometidas.

Por su parte, el ex viceministro de Minas, Rómulo Mucho, advirtió que ni los plazos para empezar a producir ni los cobros de penalidades funcionan en la práctica, por lo que, de una vez se debe normar que las concesiones improductivas reviertan al Estado, y ayudar así a la formalización.

Hay 33,165 concesionarios que no pagan

El Ingemmet aprobó ayer la publicación de una relación de 33,165 titulares de derechos mineros (concesiones), que no han cumplido con el pago al Estado del derecho de vigencia sobre sus áreas concesionadas, correspondiente al año 2014.

El pago que debían hacer corresponde a US$ 3.00 por cada hectárea que comprende sus concesiones, sea que estén produciendo o no, e independientemente de la penalidad por no producir luego de vencido su plazo de siete años, explicó Luis Barranzuela, director de Derechos de Vigencia del Ingemmet.

Refirió que Ingemmet ahora va a determinar, de esa cantidad de concesiones que no han pagado derechos, cuáles se declararán caducas, situación que se da cuando suman dos años consecutivos de no hacer esos pagos. En el 2013 caducaron 4,000 por ese motivo.

$ 5.658 o € 3.900 millones

El sector minero ha contribuido significativamente al desarrollo económico del Perú y de otros sectores como es el caso del sector construcción.En el futuro, si se ejecutan los proyectos, se espera los precitados sectores continúen siendo una locomotora de crecimiento para el país. En este contexto, el diario peruano Gestión publica que la adjudicación de la concesión de la Línea 2 del Metro de Lima costará US$5.658 millones con la propuesta del único postor. El Ministro de transporte Carlos Paredes afirmó que la inversión del Estado en el Proyecto bordearía los US$4.000 millones, pero aún no tiene la cifra exacta.

Desde desde el punto de vista español,ABC difunde la noticia de la siguiente manera:

"Un consorcio liderado por empresas de nuestro país (España) vuelve a lograr un megaproyecto de infraestructuras en el extranjero en lo que se ha convertido en una tradición para el sector de la construcción. Los protagonistas, esta vez, han sido ACS(el grupo presidido por Florentino Pérez participa al 25% a través de Dragados e Iridium) y (con un 19%, por medio de Vialia), líderes de un grupo de empresas -entre las que también figuran los italianos Impregilo y Ansaldo y la local Cosapi- que se encargará de la construcción y explotación de la línea 2 del Metro de Lima por 3.900 millones de euros. Es la obra de mayor envergadura de Perú y la tercera mayor obtenida por un consorcio encabezado por compañías de nuestro país, solo por detrás de la línea ferroviaria de alta velocidad entre La Meca y Medina (6.736 millones de euros) y el metro de Riad (6.070 millones de euros, de los cuales 1.700 millones pertenecen a la parte española, FCC). El contrato comprende tanto la construcción como el diseño, la financiación, la operación y el mantenimiento de la línea 2 y de un ramal de la línea 4 que, como informó el grupo en un comunicado, llegará hasta el aeropuerto. Se prevé que las obras estén finalizadas en 2019 -el plazo establecido es de cinco años-. Tras ello, comenzará la fase de explotación, que se prolongará 30 años, durante los cuales la facturación se elevará a 2.400 millones de euros.El resto de grupos internacionales tendrán una presencia menor en el capital del consorcio -llamado Nuevo Metro de Lima-, a excepción del socio de Sacyr en la ampliación del canal de Panamá, Impregilo, que tendrá una presencia idéntica a la de la constructora liderada por Esther Alcocer Koplowitz (19%). Asimismo, Metro de Madrid también participará, como asesor del proyecto, labor por lo que obtendrá 20 millones de euros durante los próximos 10 años.

El «fantasma» del Canal

La nueva línea tendrá una longitud de casi 27 kilómetros y cubrirá la capital del país andino de este a oeste, desde la zona de Ate hasta Callao. Las previsiones que manejan las empresas, según indicaron en un comunicado, es que una vez en funcionamiento sus 27 estaciones presten servicio a más de 600.000 personas al día. La ampliación de la línea 4 contará con ocho kilómetros de túneles y ocho estaciones. En total, el proyecto incluye la construcción de 35 estaciones de metro subterráneas unidas a lo largo de 35 kilómetros de túneles.La concesión de este proyecto llega tras la polémica en torno a la construcción del tercer juego de esclusas del canal de Panamá, que permaneció paralizada durante 16 días el pasado mes de febrero por las diferencias en torno al consorcio liderado por Impregilo y la española Sacyr y la Autoridad del Canal de Panamá. El conflicto se cerró a mediados de este mes después de que ambas partes llegaran a un acuerdo para realizar inyecciones de liquidez , la conversión de fianzas en financiación y el compromiso de dirimir las diferencias sobre los sobrecostes en los procedimientos del contrato. De hecho, el «fantasma» del Canal panameño ha planeado estos días en los medios peruanos, ya que el consorcio Nuevo Metro de Lima concurría al concurso en solitario, después de que los dos principales competidores -la brasileña Odebrecht y la local Grana y Montero- abandonaran la última fase del concurso, tras exigir al Ejecutivo peruano que incrementara el importe del proyecto, lo que ha llevado a los medios de comunicación del país hispanoamericano a cuestionar abiertamente la situación financiera de los grupos constructores y,como en el caso de Impregilo, su gestión en obras como la ampliación del Canal. «Les aseguro que el proyecto ha sido serio, objetivo y el resultado ha resultado positivo», tuvo que recalcar el propio ministro de Transportes peruano,Carlos Paredes. en una rueda de prensa, según recogió Reuters. Para FCC, que prevé cerrar el próximo lunes la refinanciación de su deuda por 4.600 millones de euros, que incluirá la posibilidad de transformar parte de este pasivo en crédito convertible en capital, dependiendo de diversas condiciones. Juan Béjar, el consejero delegado del grupo, por su parte,consideró el contrato de Lima «un ejemplo de la nueva política de contratación de la compañía, enfocada a proyectos singulares licitados en consorcios internacionales».

Tendencias & Nuevas concesiones

A inicios de la presente administración del estado peruano, referíamos que existía un retroceso de la minería producto de los conflictos socio ambientales existentes en el país. 

Pasados casi veinte meses de la nueva gestión, la tendencia a postergar los proyectos mineros ligados a la gran minería se mantiene.

Sin embargo _ a Enero del 2013_ el gobierno peruano a través de Ingemmet  otorgó ciento veinticinco (125) concesiones mineras brindando las facilidades previstas por el ordenamiento legal vigente a los denuncios mineros.

Entre los países participantes en las concesiones se encuentran : China (HBDK EperMining), Japón (Sumitomo Metal Mining Perú), México (Fresnillo Perú), Perú (Minera Paragsha SAC) y otros.

Las regiones que otorgaron mas concesiones en minería fueron Áncash (17), Cusco (16), Lima (13) y Huánuco (12).

Desafíos en concesiones mineras

Discutiendo el tema de las concesiones y la informalidad minera organizada, nos referíamos al antecedente ligado a la compañía Manhattan , quien inició sus estudios en Tambogrande (Mayo,1999) cuando tomó una concesión  del Estado a tres años para explorar la zona en Piura, al norte de Lima. 

Las pretensiones de la empresa Manhattan era de reubicar una parte del pueblo para ejecutar el proyecto de explotación de los recursos polimetálicos que se hallan bajo su suelo.

La explotación sería mediante tajo abierto, para lo cual tendría que reubicar a veinticinco mil habitantes, lo cual fue rechazado por la comunidad pues la población se mostró contraria a una posible reubicación. 

Bajo una inadecuada relación comunitaria por el tema de la reubicación y la información que desplegaron los activistas ambientales sobre problemas por disponibilidad de agua, y la contaminación de los recursos, se llegó finalmente a determinar el rechazo de la minería por estos y otros riesgos que se plantearon.

En el extremo último citado, recordamos un detalle que levantamos in situ haciendo la consulta a la población periférica de la zona, nos indicaban ante la pregunta del porqué tanto temor a la presencia minera, obteniendo por respuesta: "además de no poder abandonar a nuestros antepasados en el cementerio, la minera traerá las antenas de teléfono y estas radiaciones producirán  infertilidad en los hombres", adujeron.

Ciertamente estas dudas no fueron adecuadamente aclaradas y en esa oportunidad no se neutralizó el discurso antiminero promovido por cierto sector agroindustrial exportador que creyó verse afectado por la presencia de la minería formal.

El espacio dejado por la minería formal, fue cubierto en parte por la minería ilegal, dejando con ello una muestra de la capacidad de los operadores ante las concesiones mineras en otras localidades del territorio peruano.

Transcurrida más de una década, se presenta un caso similar , pero con otro escenario y  resultado diferente, tratado por el diario El Comercio que toma un interesante artículo de Financial Times  respecto a un análisis de los desafíos políticos para sacar adelante las inversiones mineras en los siguientes términos para el Perú: 

"Situada a una altitud de 5.200 metros en Los Andes peruanos, la recién construida ciudad, que pronto será bautizada como Nueva Morococha se ve incongruente, sus filas inmaculadas de tejados rojos dominan el valle en forma de cuenca.

Chinalco, la empresa minera china, construyó el asentamiento para reubicar a unas 3.500 personas de la localidad de Morococha -un ex campo de explotación minera construido sobre un vertedero a inicios de los 1900.

Nueva Morococha tiene calles pavimentadas, parques infantiles, escuelas, iglesias y plantas de procesamiento de agua, lo que contrasta con la antigua y precaria aldea.

El motivo de Chinalco para trasladar a los habitantes del pueblo se aprecia en grietas en forma de cono que se han cavado en la montaña, color ocre, que se cierne sobre el viejo pueblo.

Es aquí, en Toromocho, que Chinalco está invirtiendo US$2.200 millones en una mina de cobre y planta de procesamiento.

Los pobladores de Morococha están, simplemente, en el camino.

Según la empresa, 77% de los hogares, cerca de 900 familias, acordaron reubicarse.

Chinalco dice que aún está calculando el costo de la reubicación, pero se estima entre US$150 y US$ 200 millones.

El problema es que no todo el mundo está listo para moverse de inmediato. Marcial Salomé, alcalde de la ciudad, ha desafiado a Chinalco y prometió no trasladarse al nuevo pueblo hasta que consiga lo que, él cree, le corresponde al pueblo. “Yo no estoy en contra de la medida, sólo quiero que la empresa nos dé lo que es justo”, dice Salomé. Él representa a una minoría, unos cien residentes, que se ha resistido a los términos de la reubicación. Salomé quiere que Chinalco garantice puestos de trabajo en la nueva mina y que la empresa compense a su pueblo con US$300 millones por la destrucción de su aldea. “Esta es nuestra casa, tenemos que defender lo que es nuestro”, añade.

AMBICIOSOS OBJETIVOS DE LIMA

Si Perú recibe todas las inversiones que tiene en proyecto en los próximos 10 años -alrededor de US$53.000 millones por 52 proyectos- (produciendo así 5 millones de toneladas anuales para 2025) el país se ubicará inmediatamente después de Chile, el mayor productor mundial de cobre, con una producción de 5,7 millones de toneladas.

Perú es actualmente el tercer productor de cobre más grande, ya que produce alrededor de 1,3 millones de toneladas. La minería es la columna vertebral de la economía de rápido crecimiento y representa el 15% del PIB. 

Sin embargo, la explotación de las reservas de cobre presenta un desafío político complicado para el presidente Ollanta Humala.

Si bien muchas de las minas de Chile se encuentran en zonas remotas o despobladas como el Desierto de Atacama, el cobre de Perú se ubica frecuentemente cerca de pueblos y comunidades indígenas. Esto ha obligado a Humala a realizar un delicado acto de equilibrio. 

El presidente ganó la elección comprometiéndose a apoyar a los pobres en los conflictos mineros. No obstante, Humala es consciente de que los miles de millones de dólares de inversiones mineras prometidas son cruciales para mantener el magnífico 6% de crecimiento económico del país.

Esto genera los ingresos extras que necesita para programas sociales, que apoyan a más de un cuarto de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza -gente como los habitantes de Morococha vieja.

“Perú tiene potencial minero para ser una superpotencia cobre y está mucho más cerca de ese estatus que lo que estaba hace 20 años. Se está moviendo en esa dirección”, sostuvo Anthony Bebbington, un ex consultor del Banco Mundial. “La pregunta es, entonces, ¿se puede avanzar sostenidamente hacia adelante? ¿Y cuáles serían las condiciones sociales y políticas institucionales que permitan que eso suceda?” El gobierno admite a más de 200 conflictos.

Los que más a menudo se vuelven violentos están relacionados a la minería y cada vez más se centran en el uso del agua. Minas Conga, Tintaya-Antapaccay de Xstrata, en la región sur del Cusco y el proyecto Cañariaco de Candente Copper en Lambayeque, son los mayores conflictos. 

El gobierno está tratando de enfriar las disputas mediante la participación de autoridades regionales directamente en la gestión de conflictos y los procesos de resolución, así como su inclusión en las negociaciones de los proyectos.

Finalmente, la administración está poniendo su fe en una ley de consulta previa, que recogerá las impresiones de las comunidades locales antes que se inicien grandes proyectos mineros, aunque hay muchos escépticos. En tanto, el gobierno recibirá a los inversionistas con los brazos abiertos.

El año pasado (2012) concedió 4.668 permisos de explotación minera a 582 empresas, frente a 3.100 en 2011".

Proyectos 2012-13 según ProInversión

Según un rol de proyectos previstos en ProInversión para el periodo 2012-13 se evidencia los impactos de los retrasos de inversiones mineras 2012 que comentáramos en Mayo y septiembre del 2012 respectivamente.

Es así que la agencia estatal peruana ProInversión estableció una agenda para la ejecución de una cartera de proyectos de US$10.468mn hacia fines del 2013, según señaló el director ejecutivo de la entidad, Javier Illescas, durante la tercera versión del evento Southern Cone Infrastructure Summit de BNamericas que se realiza en Lima.

La cartera contempla una amplia gama de iniciativas como proyectos de infraestructura de transporte, líneas de transmisión, una central eléctrica, sistemas de distribución de GNL, infraestructura de telecomunicaciones, saneamiento y obras de dragado.

Hacia fines de año (2012) se adjudicarán tres contratos, en tanto que los restantes se concretarán en el 2013.

A continuación se indica un listado de los principales proyectos que se incluirán en la agenda y el tiempo de cierre estimado de cada uno de los procesos licitatorios:

- Línea de transmisión de 220kV Carhuaquero-Cajamarca Norte- Caclic-Moyobamba de US$170mn: cuarto trimestre del 2012

- Línea de transmisión de 220kV Machu Picchu-Quencoro- Onocora-Tintaya de US$70mn: cuarto trimestre del 2012

- Central hidroeléctrica de 300MW Molloco de US$600mn: cuarto trimestre del 2012

- Línea de transmisión de 220kV Moyobamba-Iquitos de US$345mn: primer trimestre del 2013

- Suministro de 70MW para Iquitos de US$75mn: primer trimestre del 2013

- Suministro de GLP para Lima y Callao de US$90mn: primer trimestre del 2013

- Sistema nacional de abastecimiento de GNL de US$400mn: segundo trimestre del 2013

- Puerto General San Martín en Pisco de US$101mn: segundo trimestre del 2013

- Proyecto de riego Chavimochic de US$499mn: segundo trimestre del 2013

- Bandas de telecomunicaciones 1710-1770Mhz y 2110-2170Mhz a nivel nacional: segundo trimestre del 2013

- Primeros tres tramos de la vía Longitudinal de la Sierra de US$3.800mn que serán concesionados: a partir del 2013

- Sistema de masificación de GNL de US$300mn: primer semestre del 2013

- Línea 2 del metro de Lima de US$3.000mn: cuarto trimestre del 2013

- Aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco de US$420mn: cuarto trimestre del 2013

- Obras de dragado y mantenimiento a lo largo de los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas por US$60,9mn: cuarto trimestre del 2013.

- Programa de saneamiento para el sur de Lima por US$102mn: cuarto trimestre del 2013

- Red dorsal nacional de fibra óptica por US$420mn: cuarto trimestre del 2013.

Suspensión de concesiones mineras y la búsqueda de una minería sostenible

El proceso social en búsqueda de una minería sostenible en Perú, tiene como un antecedente legal al Decreto Supremo Nº 026-2011-EM -publicando el 29 de Mayo del 2011 en el diario oficial El Peruano- que dispuso la suspensión de la admisión de petitorios mineros en el territorio de las provincias de Chucuito, El Collao, Puno y Yunguyo del departamento de Puno por un plazo de doce (12) meses.

Esta medida se dictó como resultado del proceso de diálogo desarrollado entre representantes del Poder Ejecutivo del anterior gobierno nacional y las autoridades regionales y locales de Puno, departamento en el que se acató una huelga por 18 días en contra de las actividades mineras en la zona sur peruana.

Similar método se sigue actualmente en las Provincias de Andahuaylas y Chincheros para lograr que la administración del gobierno peruano en funciones, genere un Decreto Supremo reforzando la posición de no tener minería en esas jurisdicciones territoriales.

En este proceso, se trata de hacer una minería sostenible respetando el medio ambiente y las necesidades de las poblaciones que se encuentran alrededor de los proyectos mineros.

Para alcanzar esa minería sostenible, no se debería soslayar responsabilidades compartidas evidentes para lograr un real y efectivo ordenamiento territorial.

Las protestas se incrementan porque no se llega a distinguir a la mineria formal de la minería informal y/o ilegal ; no se toma conocimiento pleno de la regulación correspondiente a los planes de cierre con que cuentan las mineras formales, las cuales garantizan a la población que una vez terminada la vida útil de la mina, se podrá continuar con las actividades normales de las poblaciones aledañas sin afectar negativamente su calidad de vida.

La poblaciones reclaman del Estado peruano una participación de los beneficios que otorga el sector minero formal, ya que no percibe mayor mejoramiento de su calidad de vida pese a que la minería tiene marcada presencia através de los años en sus localidades.

De otro lado, consideran que no pueden seguir siendo juez y parte en las decisiones que involucran a sectores productivos y a los que cautelan el medio ambiente.

La suspensión de concesiones mineras sólo estaría retardando la toma de decisiones que deberá tomar el país en forma consensuada sobre qué es lo que le conviene  y sobre todo a las nuevas cuencas mineras y aquellas cuencas que tienen larga tradición minera.

Las opciones son conocidas, optar por dejar los ingentes recursos mineros en donde se encuentran actualmente también constituye una opción válida, sin embargo, la decisión pasa por la libre determinación de los pueblos que cautelan los intereses nacionales  de las grandes mayorías actuales y de las futuras generaciones de peruanos.

Impacto de los conflictos en la exploración minera peruana.

En Julio del 2010 aclarábamos en este espacio la interrogante sobre ¿ En gran parte del territorio peruano esta presente la minería? ,referido al mito levantado que en todo el territorio peruano estaría posecionada y actuando la minería.
En ese entonces acompañamos los datos oficiales (referidos a Febrero del 2009) reportados tanto por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y como el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) del Perú.

Pasado un (01) año y a días de ingresar una nueva administración del Estado peruano, se presenta un nuevo escenario:

• Actualmente, de los 128 millones de hectáreas del territorio peruano , 22.6 millones (17%) son ocupadas por 49,141 concesiones en vigencia,ya sea para efectuar actividades de explotación o exploración.
• A modo de comparación, decíamos el año pasado que se explotaba o exploraba 1.23% del total del territorio peruano y actualmente menos del 1% de esas áreas concesionadas están siendo plenamente utilizadas por la industria minería.
• Existe un retroceso de la minería producto de los conflictos socioambientales que sufre en la actualidad el país.
• Si bien las áreas concesionadas para la explotación se incrementaron de 0.61% a 0.78% del total del territorio para el periodo antes citado, existe una reducción en  las áreas concesionadas para la exploración de nuevos yacimientos mineros que se redujeron de 0.31% a 0.27%.

Constituye un verdadero reto para el nuevo gobierno reducir los conflictos socioambientales existentes y dar las seguridades del caso a los capitales para así captar inversiones de riesgo dedicadas a impulsar la exploración a fin de lograr el crecimiento  en la industria minera y el desarrollo sostenible del país.

¿Informalidad minera organizada?

Perú, el país de los Incas - un país minero por excelencia - que en sus entrañas y bajo la cordillera de los Andes, guarda ingentes recursos mineros, pasa  por una marcada tragedia al tratar de aprovechar los bienes comunes que no armonizan los intereses del hombre con la naturaleza.

Legados que valoran el significado de suelo, subsuelo, tierra , agua , recursos naturales, ordenamiento territorial, derechos de propiedad , entre otros,  bajo la cosmovisión de ancestrales generaciones que han poblado ecosistemas de montañas y bosques en las zonas aluviales (conteniendo oro a márgenes de los ríos del oriente peruano), son puestos en valor confundiendo paradigmas, principios y conceptos que el esfuerzo legislativo de largo aliento no terminan por regular : La informalidad minera.

En Perú, se evidencia el accionar de la informalidad minera como un intermedio entre la actividad minera legal y la actividad minera ilegal, sobre la base del uso de medios y fines.

Las actividades mineras formales tienen fines legales, pero algunas son conducidas ilegalmente porque es difícil para los concesionarios mineros cumplir con regulaciones oficiales en el marco de las múltiples autoridades competentes y la inadecuada regulación ambiental.No es que tengan previsto actuar bajo el radar de las normas peruanas, es que simplemente en ciertos proyectos mineros no se ha logrado internalizar la licencia social producto del conocimiento real de la existencia de pasivos ambientales. La falta de una apropiada comunicación entre los actores sociales impide un accionar concensuado respecto  del impacto producido por labores mineras que deben ser atendidas ajustadas a Ley.

Las actividades mineras ilegales tienen fines ilegales y por consiguiente no pueden ser desarrolladas sino ilegalmente.

Esta informalidad minera tiene como soporte el hecho que sólo pueden ser considerados como infracciones las contenidas expresamente en normas de la misma naturaleza. Es así que la Infracción, bajo la óptica del derecho general es considerado como toda acción u omisión que importe violación de normas, de allí subyace lo prescrito en la infracción penal e infracción tributaria.

Proceso Histórico

La informalidad minera organizada en Perú tendría sus antecedentes más próximos en la corriente de pensamiento y forma como se desarrollaron las invasiones de terrenos en 1940 y 1968.  

Un precedente mas ligado a la minería actual, se dio con la compañía Manhattan , quien inició sus estudios en Tambogrande (Mayo,1999) cuando tomó una opción del Estado a tres años para explorar la zona en Piura, al norte de Lima.

  

Recursos polimetálicos encontrados en Tambogrande que generan expectativas. 

Las pretensiones de la empresa Manhattan era de reubicar una parte del pueblo para ejecutar el proyecto de explotación de los recursos polimetálicos que se hallan bajo su suelo.

La explotación sería mediante tajo abierto, para lo cual tendría que reubicar a veinticinco mil habitantes, lo cual fue rechazado por la comunidad pues la población se mostró contraria a una posible reubicación.  Bajo una inadecuada relación comunitaria por el tema de la reubicación y la información que desplegaron los activistas ambientales sobre problemas por disponibilidad de agua, y la contaminación de los recursos, se llegó finalmente a determinar el rechazo de la minería por estos y otros riesgos que se plantearon.

El espacio dejado por la minería formal, fue cubierto en parte por la minería ilegal, dejando con ello una muestra de la capacidad de los operadores ante las concesiones mineras en otras localidades del territorio peruano.
El año 2001 la empresa Minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, obtuvo concesiones mineras en territorios de propiedad de las comunidades campesinas de Yanta (provincia de Ayabaca) y Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba), también en la región Piura, zona norte del Perú.
Una de estas concesiones fue el proyecto minero Río Blanco, que buscó explotar un yacimiento de cobre y molibdeno. Las comunidades campesinas de la zona rechazaron el proyecto porque lo consideraron una amenaza para la agricultura y al uso de agua para consumo humano.
Con similares métodos, procedimientos y características que llevaron al desborde popular aunque en diversa magnitud y dimensión llevadas a cabo en Piura, se dieron episodios en Cerro Quilish (Cajamarca), Tía María (Arequipa), entre otros.

A inicios del año próximo pasado (2010) se presentaba un reportaje de lo que estaba sucediendo en Madre de Dios, un ejemplo palmario de lo que estaría sucediendo con la informalidad minera organizada.
 

Concesiones mineras

En Derecho Público, la palabra Concesión ; se aplica a los actos de la autoridad soberana por los cuales se otorga a un particular (concesionario) o a una empresa (concesionaria), determinado derecho o privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución de las obras convenidas.

En ese orden de ideas, el Estado peruano al otorgar las Concesiones mineras se encuentra atravezando un terreno minado que debe transitar sin perjuicio del cumplimiento del ordenamiento jurídico y considerando el impulso que viene alcanzando la informalidad minera organizada que no toma reparos en utilizar la violencia, así como las legítimas demandas socio ambientales del pueblo  para arrinconar a la administración del Estado en turno, conseguir zonas liberadas de concesiones mineras , a fin de generar el espacio para el desarrollo de la minería ilegal que es por naturaleza salvaje, invasiva y contraria al desarrollo sostenible. 

Ante la formalidad del Estado lleno de normas ambientales (desarticuladas en sus diferentes niveles) que dificilmente llega al consumidor de leyes surgen -sobre la base del interés social y necesidad pública- los operadores que en grado extremo se convirtieron en traficantes, a los cuales habría que neutralizarlos oponiéndoles no solo medidas represivas sino creando políticas públicas de atención a la población peruana necesitada de acciones con resultados concretos de corto y mediano plazo.

Experiencia en concesiones y asociación público-privada.

Perú cuenta con experiencia en el tema de concesiones y modalidades de asociación público-privada para las inversiones que han hecho posible la realización de una gran variedad de obras de infraestructura necesarias para su crecimiento y desarrollo.

Este escenario permitió un espacio participativo a empresas que forman parte ya del crecimiento histórico que viene ejecutándose en diversas partes del territorio nacional.

A modo de ejemplo , presentamos una síntesis descriptiva de la partición de una de ellas, ejecutando proyectos para sectores estratégicos como : minería, transporte, electricidad y saneamiento.

Para continuar por la senda del crecimiento que tanto esfuerzo costó a las pasadas generaciones de peruanos, es preciso que las sucesivas administraciones del estado, mantengan las seguridades jurídicas y estabilidad macro económicas muy necesarias  para lograr el desarrollo del país.