Permisos y plazos en minería peruana

En permisos y autorizaciones mineras, indicamos que para poner en marcha un proyecto minero en el Perú, se tienen que tramitar entre 250 a 400 permisos y autorizaciones ante una diversidad de instituciones públicas.

En ese orden de ideas, el diario Gestión publica que en los proyectos mineros en el Perú demoran hasta ocho años en tener todos los documentos que el Estado les exige.

“Para cumplir con estos 400 permisos, un empresario requiere de seis a ocho años”, declaró Alfredo Remy _de la firma PwC_ en el programa de TV Rumbo Minero.

Remy sostuvo que si bien por el momento no se aprecia un proyecto minero grande hacia el 2017 y 2018, la puesta en marcha de Constancia, Las Bambas y ampliación de Cerro Verde permitirán que los niveles de producción mineral sean importantes y debería sopesar la baja de precios.

Uno de los problemas que actualmente enfrenta el sector minero es el financiamiento, situación que complica con los conflictos en Siria, Ucrania e Irak han impactado en el precio del petróleo y en los valores del oro y del cobre, metal que se utiliza para apalancar financiamiento que proviene de Estados Unidos para luego prestarlo en China.

“En el 2013, la utilidad neta de las 40 principales empresas bajó cerca del 72%. El primer cuarto del 2014 ya se ve una estabilización en términos de capitalización de mercado”, precisó.

Permisos y autorizaciones mineras

Para poner en marcha un proyecto minero en el Perú, se tienen que tramitar entre 250 a 400 permisos y autorizaciones ante una diversidad de instituciones públicas, que obligan al inversionista a tener que contratar más abogados, que ingenieros para concretar ese tipo de empresas.

Así lo observó Francisco Tong, socio del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano, que advirtió que las empresas mineras deben contratar un ejército de abogados y demorar varios años en trámites, por un excesivo control de la administración pública y rigidez en la normativa, particularmente a éste sector productivo.

Puso como ejemplo que si bien la minería consume sólo el 2% del agua, y el agro consume un 80% de ese recurso natural, a proyectos de ésta última actividad le toma mucho menos tiempo conseguir permisos, que a la minería, y tramitar esto le toma años.

En tal sentido, remarcó que no existe uniformidad en la aplicación de las normas, y más aún, existe falta de predictibilidad en los procedimientos, que son poco definidos y arbitrarios, que hacen todo un reto hacer minería en el país.

Frente a esto, se preguntó cómo el Gobierno puede pretender formalizar a los pequeños mineros, por lo que planteó cambios en los enfoques de la regulación, modificar los términos de referencia para el otorgamiento de permisos y autorizaciones, y reformar los textos únicos de procedimientos administrativos (TUPA).