Investigación criminal para garantizar el acceso al recurso agua

El resultado de mis investigaciones sobre la gestión del recurso agua en Perú, un país sumamente complejo dada su indudable diversidad, me llevó en las últimas décadas a relacionar las causalidades resultantes en los ecosistemas deteriorados por las restricciones políticas de la ocupación y uso del territorio que responden a múltiples intereses. El uso de los recursos naturales y el agua en particular, gestan superposiciones en la toma de decisiones por parte de las autoridades para gestionar los impactos generados;agudizándose  por el cambio climático que afecta la sostenibilidad requerida por el país en términos de gobernanza y gobernabilidad. 

El registro histórico de la gestión de agua en Perú reporta elevados sobrecostos.

Vulnerabilidad en fuentes de agua

Parte de las evidencias que proporcionamos investigadores en el transcurso del tiempo, son registradas por instituciones transfrontera, tales como BID,BM...; éste último suscribe que el 22% de la superficie glaciar en el Perú desapareció en los últimos treinta (30) años.

Un impacto paisajístico que relaciona la pérdida en fuentes de agua producto de los nevados de las altas cumbres, puede ser mensurada en forma masiva por la población que se percata de este hecho al transitar por la carretera central en "Ticlio" o abra de Anticona (paso en la cordillera de los Andes a 4818 msnm ó 15807 pies), donde se visualiza la pérdida paulatina de nieve hasta la ausencia sostenida de las mismas durante algunos meses del año. 

Retroceso y desaparición de Glaciares en Perú_Vista de Los Andes Centrales

En este contexto, la población que se abastece y depende exclusivamente de fuentes de agua proveniente de los glaciares es altamente vulnerable y sus situación se agudizará en áreas con glaciares proveedores de agua en cinco cadenas montañosas que podrían desaparecer en los próximos veinte (20) años.

Necesidad del fortalecimiento en investigación criminal

La teoría del delito como parte del Derecho Penal, permiten determinar con precisión si existen o no elementos constitutivos del tipo penal en los comportamientos gestados en el proceso social que acompaña al Derecho humano-como es el derecho al acceso al agua para uso primario según Ley 29338 - donde la capacitación en investigación criminal deviene en fundamental,sustentado en las consideraciones del proceso histórico seguido.
El Estado peruano, mediante Ley 24949 (1988) y su modificatoria Ley 28078 (2003),buscó integrar sus fuerzas policiales y desaparecer la duplicidad de funciones para ofrecer un mejor servicio a la sociedad; sin embargo, como efecto colateral se produjo una reducción en la capacidad de investigación criminal. La policía entonces se vio en la necesidad de adecuar su forma y singularidad al carácter propio de la Nación en las ciento cincuenta y nueve cuencas hidrográficas que conforman el territorio peruano, en donde la naturaleza y alcance de la misión asignada a la policía estaba relacionada con las especificidades del espacio geosocial en el cual operaban.
Al globalizarse la fórmula regulatoria jurídico-legal de  la criminalidad en este extremo, desligó a la policía del poder judicial para ponerla al servicio del Ejecutivo, bajo el marco de insuficiencia en la investigación del delito.
La nueva modalidad de gobernanza se sustentó desplegando la intervención del Ministerio Público desde la etapa policial; sin embargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público la circunscribe al ámbito de investigación preliminar. Las restricciones subsistentes se trataron de resolver mediante sendas normas, la Ley 27934 (2003) y el Decreto Legislativo 989 (2007) que regulan la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. 
Los efectos residuales impactan en la administración de justicia,donde conceptos de celeridad y especialidad  en los procesos resultan extraños al desempeño de órganos jurisdiccionales especializados en delitos  ambientales en Distritos Judiciales del país.
En el escenario descrito, germinaron los impases en la capacidad y calidad del gasto público para agua y saneamiento, alimentados por la débil gobernanza permisiva con la baja rentabilidad para el Estado, pues los espacios generados por altos índices de corrupción mantuvieron al país -hasta la actualidad- sin lograr la cobertura de agua y saneamiento  anhelada por sucesivas administraciones del Estado.

Capacidad y calidad del gasto público 

Aplicando el modelo de gestión que permitió festinar procesos,presionar en la cadena de pagos, socializar los "diezmos" y contribuir a que Perú pierda aproximadamente tres mil millones de dólares cada año por efectos de corrupción se produjo la inversión sectorial en saneamiento que gastó el orden de cinco mil millones de dólares en el lapso de veinticinco años (1985-2010) ; y estando a los actuados para cerrar la brecha en area urbana hacia el año del bicentenario de la independencia del país (2021) demanda gastar el orden de dieciséis mil millones de dólares en los cuatro años que restan.
Los cuellos de botella dinámicos registrados, evidenciaron una falta de capacidad en el gasto público en el periodo 2011-2016, donde solamente se pudieron invertir seis mil seiscientos sesenta y dos millones de soles ( de los S/. 11.600 millones de soles asignados ) para ejecutar proyectos y obras de agua y saneamiento. Siguiendo el mismo criterio, en el transcurso 2009-2014 el Gobierno Central transfirió dieciocho mil millones de soles a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento, comprobándose que la calidad de los servicios no mejoraron en dichas entidades. 
En síntesis, la dinámica del modelo en el marco del paradigma para lograr "coberturas", impusieron la necesidad de gastar compulsivamente hasta diez veces mas, sin contar con suficientes especialistas, a quienes se llegó a diferenciar en sus remuneraciones del nivel gerencial en EPS hasta por diez veces menos en ciudades del interior del país contrastando con su capital,Lima.
No será complicado entonces entender el porque existen las empresas filiales de la antigua SENAPA (1981)  hoy convertidas en empresas municipales que se encuentran-en su mayoría- recurrentemente quebradas técnica y financieramente, pese a recibir intermitente apoyo económico y financiero del Estado; operando formas de corrupción bajo el manto de incompetencia, inficionadas con procedimientos de recepción de obras ineficientes  que emergen con problemas de operación y mantenimiento, afectando en la calidad del sistema integral y convirtiéndolas en Empresas insostenibles. 
Como corolario se tiene a una importante cantidad de obras sometidas a control y fiscalización por el Sistema Nacional de Control, vistas por el ministerio público y siendo judicializadas sólo algunas. El punto es que en tanto el proceso sancionador, como las obras inconclusas, paralizadas y cuestionadas por la población beneficiaria demandan años de inercia que les mantiene sin acceso al recurso agua; de los miles de funcionarios pasibles de sanción muy pocos son alcanzados por el brazo de la Ley tal como lo presenté en Inversiones,corrupción e impunidad.

Cobertura del servicio de agua en cuarenta y nueve (49) meses

La presión ejercida para alcanzar la meta de cerrar la brecha de agua en zona urbana del país en aproximadamente cuarenta y nueve meses (aprox. un mil quinientos días), evidencia las debilidades en términos de recursos humanos especializados que tratara de cubrirse a través de redefinir el sector por el Ejecutivo con el Decreto Legislativo 1280 (2016) aprobando la Ley marco de gestión y prestación de servicios de saneamiento y que el Legislativo modificara y derogara en parte por Ley 30672 (2017).

Medidas integrales de rápido impacto

La frase “Si no hubiera corrupción en el Perú del pasado, ya tendríamos agua potable en todo el país, pero se llevaron la plata", pasa por el ciclo "protesta-propuesta-acción", y  a diferencia de las medidas de rápido impacto en saneamiento que acrecentaron el forado sectorial en las arcas del tesoro público- las medidas integrales de rápido impacto u otras que pudiera implementar el Estado a través de diversas instituciones como en el caso de OTASS para garantizar el acceso al recurso agua en el plazo previsto; no debiera desestabilizar Empresas, hacer atractivo el sector a profesionales especializados, formalizar las cadenas de pago, entre otras medidas a tomar ; y para ello es imprescindible fortalecer como componente transversal a la investigación criminal  a efectos de identificar y sancionar a los corruptores, de esta forma se podría mitigar el impacto que generan las asociaciones ilícitas para delinquir y los sobrecostos producidos por la corrupción en el sector.  

El Dato

• Casos emblemáticos de falta de capacidad de respuesta en el proceso de reconstrucción como en los casos del Terremoto en Pisco (2007) y El Niño Costero (2016-2017), generan altos niveles de desconfianza en los actores sociales que ralentizan la ejecución de obras y por consiguiente la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas.
• Tres meses al año se presentan con diversa intensidad los impactos generados por el Fenómeno El Niño. Lo que en cuatro años implicarían retrasos por doce meses en obras civiles destinadas a cobertura de servicios, sin perjuicio del tiempo que demande reparar los daños adicionales que pudieran ocasionar los embates de la naturaleza.

Canon minero & obras públicas

En Descentralización & botín minero citamos que :Las regiones se transformaron en centros de recepción de ingentes recursos, que se pueden gastar sin control, convirtiéndose literalmente en un botín. Lo mismo pasa con las alcaldías. La Contraloría General de la República, que tampoco tiene un plan de control de gobiernos locales o regionales; contribuyó al desorden que hoy impera en la mayoría de las regiones, envueltas en escándalos, licitaciones, corrupción y crímenes cubiertos por un manto de impunidad.
En este orden de ideas, en Gasto público & Proveedores consideramos que el porcentaje de infracciones que cometen los proveedores del estado peruano, específicamente en la presentación de documentos falsos o información inexacta en los procesos de selección convocados por las entidades públicas, se incrementó en un 45% durante el 2012 y el 2013; según lo informado por el Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE).
OSCE especificó que, las infracciones pasibles a resolución del contrato u órdenes de compra se incrementaron en un 64.15% en el período 2012-2013. Señala que en el 2012, se ingresaron 2148 expedientes al Tribunal del OSCE, mientras que en el 2013 fueron 3925, lo que representó un aumento de 1777 expedientes en comparación al año anterior.
Esta vorágine de hechos incontrolables por el Estado peruano, penetra, inficiona y perjudica tanto a personas naturales como a jurídicas, donde las amenazas, amedrentamientos y extorsiones desarrolladas por bandas organizadas y sicarios relacionados a las obras públicas y construcción civil, demandan la aplicación de una política de Estado con la participación activa de todas las fuerzas vivas del país. 
En este contexto, el prestigioso diario The New York Times mira el Estado de violencia en Perú que lo arrincona a un nivel de mini-dictadura en espacios locales y regionales; parte de su punto de vista, se presenta en los siguientes términos :
"Uno por uno, los altos funcionarios de la capital tomaron el micrófono y pidieron disculpas a un auditorio repleto de gente enojada, que durante mucho tiempo ha vivido con miedo. Los funcionarios admitieron que no lograron impedir el asesinato político anunciado por la propia víctima. La integridad de cada uno de ellos ha quedado en duda.
El fiscal jefe del Perú, el Contralor y el jefe del comité de investigaciones del Congreso, que está llevando a cabo una audiencia pública, ignoraron la evidencia que Ezequiel Nolasco, ahora asesinado, les presentó durante meses. Después de haber sobrevivido a un intento de asesinato en 2010, tras denunciar actos de corrupción en el gobierno, Nolasco advirtió en repetidas ocasiones que su localidad natal, Áncash, está dirigida por un sindicato criminal que saquea el tesoro público, asesina gente que no puede comprar o intimidar, interviene a sus enemigos. utiliza a la policía como espías y a los periodistas como asesinos mediáticos.
Áncash ha vivido bajo la rigurosa ley de un Presidente Regional que es comparado con la leyenda de la mafia norteamericana Al Capone; a través de una maquinaria política supuestamente financiada por los ingresos millonarios del canon minero, que hicieron de Áncash el estado más rico del Perú.
“Es una mini-dictadura“, dijo Christian Salas, procurador encargado de ordenar las cosas. Él ha pedido encarcelar a César Álvarez mientras son reactivados más de 100 casos de corrupción que involucran a su administración; agregando que la procuraduría y las cortes han sido “tomadas por los delincuentes”.
Un juez local prohibió la salida del país durante cuatro meses a Álvarez, a su principal asesor de prensa y a cuatro periodistas, mientras son investigados por los delitos de asociación ilícita y malversación de fondos.
Feudos personales impregnados de corrupción no son poco comunes en las democracias de América Latina, pero los politólogos dicen que Áncash es extraordinario en su gran alcance y brutalidad.
Este personaje fue demasiado lejos, asegura Edward Gibson, profesor de la Universidad Northwestern, que ha denominado a este fenómeno  como “autoritarismo subnacional”. Steven Levitsky de la Universidad de Harvard, dijo: “No sé de otros casos donde haya habido tanta  violencia“, salvo tal vez en el sur de México.
En una entrevista realizada el martes con The Associated Press, después de anunciar que no se presentaría a un tercer mandato en las elecciones de octubre, Álvarez negó cualquier responsabilidad por el asesinato de Nolasco o por cualquier otro delito. La gente me mira como si yo fuera un asesino. Pero, ¿quién es el perdedor aquí?

"El único perdedor con la muerte del señor Nolasco soy yo“, asegura Álvarez. Lo he perdido todo, añade mientras un guardaespaldas en ropa de civil, con una maltratada pistola en su cintura, se encuentra de pie en frente de su modesta casa. Si los asesinatos continúan, yo voy a ser culpado, explica Álvarez. Sugirió que un rival político podría estar orquestando todo.

El congresista Modesto Julca, solitario aliado político de Nolasco en Lima,exigió en julio del año pasado que se declare Áncash en Estado de Emergencia. Contó casi una docena de asesinatos políticos, incluyendo la de un alcalde, un ex alcalde, un fiscal, un periodista y un testigo clave en el caso Nolasco.

"Les dije a todos y cada uno de los ministros: escucha, la gente está siendo amenazada de muerte. La gente está siendo asesinada.”, asegura.
Ese mes, un niño de 9 años de edad entregó a la fiscal anticorrupción de la localidad, Nancy Moreno, un sobre con una bala en su interior. “Ya basta“, decía la nota adjunta.
Por elegir ser una de los pocos funcionarios que no se someten a Álvarez, Moreno es una prisionera en su propia casa. Constantemente acompañada de guardaespaldas, ha sido advertida de no pasar más de una hora en un mismo lugar. Ella toma pastillas para poder dormir, dijo su esposo, Ismael García.
El Reverendo Luis Palomino, ex alcalde de la ciudad de Yungay, fue uno de los más de 130 testigos que declararon ante el panel, sobre las contrataciones de sicarios, la obstrucción de la justicia por parte de los jueces, el abuso policial y la sumisión de los medios locales.
En el año 2010, matones lo golpearon y le rompieron algunos dientes, dijo; luego,tres pistoleros trataron de matarlo. Desde entonces, vive en la clandestinidad.Estoy en constante movimiento,aseguró. Me hacen seguimiento y mi teléfono está intervenido. Palomino no fue a la policía , dijo, debido a que el jefe de policía local estaba a favor de Álvarez. Como otros, había sido alentado a hablar después de que el espectáculo mediático desatada por el asesinato de Nolasco.
El presidente de la asociación de economistas locales, Luis Luna, asegura que las consecuencias de la corrupción han sido devastadoras. Áncash apenas tiene 5 millones de dólares en sus arcas, después de una orgía de gastos en obras públicas que incluyó fantasmas y proyectos inconclusos.
Entre estos últimos, se encuentra el coliseo deportivo de Chimbote que costó 11 millones de dólares. La construcción se detuvo hace más de dos años, por razones que no han sido explicados satisfactoriamente, según Moreno. Ahora, el proyecto es un páramo solitario de hormigón parcialmente derramado y acero corrugado oxidado, alzándose por encima de la arena como un Stonehenge enfermizo".