Peligro inminente de contaminación por residuos sólidos en norte peruano

Se identificó el inminente peligro de la afectación de los servicios ecosistémicos ante la contaminación de los recursos agua, aire y suelo causada por residuos sólidos municipales dispuestas en forma insanitaria en botaderos a cielo abierto administrados por gobiernos locales, que afectarían la salud pública.

La presentación del Plan multisectorial ante la ocurrencia del Fenómeno el Niño (FEN) 2023– 2024, aprobado mediante DS Nº 101-2023-PCM indica que la ocurrencia del Fenómeno El Niño genera impactos en las economías de los territorios. Así, los efectos de El Niño de 1982-1983 y el de 1997-1998, generaron una disminución del Producto Bruto Interno (PBI) del Perú de 11.6% y 6.2% del PBI, respectivamente.

Las regiones del Norte fueron las más afectadas por inundaciones y movimientos en masa. 

A estos impactos en el PBI les podremos añadir los ocasionados por el ocurrido en el año 2017 y los que tienen alta probabilidad de ocurrir en el FEN 2023-2024 si es que no se tomaran las medidas adecuadas para prevenir y mitigar los daños ambientales que lamentablemente se repetirían en forma recurrente de continuar con paradigmas del siglo pasado que han sido desvirtuados por la ciencia moderna respecto a la gestión integral de RRSS y no cambiar;adoptando modelos de gestión sostenibles del presente siglo XXI y de cara al futuro.

Inundaciones y movimientos de masa en el norte peruano.

Organismos públicos del Estado peruano como son INGEMMET,SENAMHI y CENEPRED contribuyeron con información técnica especializada con la cual se generó el Mapa de susceptibilidad a inundación por lluvias asociadas a eventos El Niño de los años 1982,1998,2017 y 2023; este último constituye una proyección y las anteriores son el resultado de los hechos acontecidos en esos eventos. Aquí se identifica a las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad como escenarios de riesgo alto y muy alto por inundación y movimiento en masa asociados a eventos El Niño.

Botaderos de RRSS a cielo abierto generadores de potencial daño ambiental

El ejecutivo peruano a través del DS N° 023-2021-MINAM al referirse a la inadecuada gestión de los residuos sólidos en el país, manifiesta que un elevado porcentaje de los residuos sólidos son dispuestos inadecuadamente en botaderos, situación que se agrava con el crecimiento poblacional y la expansión de áreas urbanas. Así en los últimos diez años la generación per cápita de residuos sólidos creció en un 6 %. A mayor abundamiento en el decreto supremo precitado, se establece que más del cuarenta y siete por ciento (47%) de los residuos sólidos estarían siendo dispuestos inadecuadamente y que la generación per capita de residuos sólidos domiciliarios fue de 0.57  kg/hab/día registrados en el año 2019. En este contexto, y en condiciones sin la ocurrencia de FEN, para una población global de cinco (5) millones de habitantes localizados en las tres regiones Piura, Lambayeque y La libertad con el identificado riesgo de sufrir inundaciones y movimientos en masa; de las 2 870 toneladas de residuos sólidos que se estarían produciendo diariamente, 1 300 toneladas de residuos domiciliarios estarían siendo diariamente dispuestas inadecuadamente; motivo por el cual en el escenario y el tiempo que dure la emergencia por el FEN, las miles y miles de toneladas dispersas estarán , además de colmatar los sistemas de drenaje, afectando por contaminación a los ecosistemas y la salud pública, tal cual ocurriera en sendos episodios ocurridos hace 41 años, 25 años; y 6 años antes vinculados a fenómenos meteorológicos, hidrológicos y climatológicos presentados con el FEN respectivamente.

Acción fiscalizadora actual por parte de OEFA

La agencia oficial peruana de difusión Andina, propala que durante la primera semana del presente mes de setiembre del 2023, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) llevó a cabo una acción en el botadero a cargo de la Municipalidad Provincial de Piura, que se encuentra ubicado en el Km 8.5 de la carretera Piura-Chulucanas, en el distrito de Castilla, provincia y departamento de Piura: identificando los riesgos ambientales por la inadecuada disposición de residuos sólidos municipales y la quema de los mismos.

Actual botadero de RRSS localizado en Castilla a cargo de la Municipalidad de Piura sujeto a alto riesgo por FEN

Implementación de Planta ECF para disposición final de RRSS municipales

Se estima que Perú contará en el año 2050 con cuarenta (40) millones de habitantes y en consecuencia continuará el crecimiento poblacional de los actuales habitantes localizados en las tres regiones Piura, Lambayeque y La libertad, todas ellas manteniéndose en riesgo por sufrir los embates del FEN en términos de inundaciones y movimientos en masa; fenómeno identificado que se repite desde siglos pasados afectando la salud humana y económica del país, sólo que por los hechos se evidencia la mayor frecuencia en el tiempo, haciendo necesario aplicar en la zona los conocimientos técnicos que brinda la ciencia moderna y que es aplicado en países desarrollados del Planeta.

En zonas sujetas a sufrir inundación NO se puede continuar manteniendo botaderos a cielo abierto ni enterrando la basura en vertederos no controlados por constituir fuente de contaminación.

La modernidad a traves de las Plantas ECF , pone en valor a los residuos sólidos municipales generando energía limpia y elimina la existencia de los botaderos y vertederos sin control.  

Playas del litoral peruano de cara al 2030

Perú llegaría al año 2030 con una presión demográfica de 37 millones de habitantes  y con un litoral en estado deplorable, particularmente en sus playas si es que no se toman las medidas adecuadas para dar cumplimiento a planes, programas y proyectos que reduzcan drásticamente los millones de toneladas de residuos sólidos y vertimientos de aguas residuales descontrolados, así como gestionando oportunamente los pasivos ambientales activados por acción del cambio climático, que terminan contaminando las aguas del mar de Grau, impactando las especies hidrobiológicas y afectando además de la pesca y al sector turismo, a la salud pública de la población.

Antecedentes de normas cuyo incumplimiento generan el desgobierno en Playas

El Estado empírico peruano cuenta hace 24 años atrás con la Ley N° 26856 del año 1997, la cual declara que las playas del litoral - formadas por más de tres mil kilómetros de longitud - son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles, estableciendo zona de dominio restringido. Asimismo, cuenta con la Ley N° 30590 del año 2017, que busca promover la recuperación, conservación y mantenimiento de estas playas de la franja costera, las mismas que a través del tiempo ha sido recurrentemente expuestas a bioacumulación de contaminantes que generan la degradación de ecosistemas sujetos a variaciones por efectos naturales y antrópicos.
Tras el periodo 2011-2021, pasaron : el plan nacional de acción ambiental PLANAA PERÚ 2011-2021 aprobado por el DS N° 014-2011-MINAM y el plan estratégico de desarrollo nacional- plan bicentenario Perú hacia el 2021 aprobado por el DS N° 054-2011-PCM.
Como responsable de normar el ordenamiento territorial de las zonas costeras, el Estado peruano generó planes y programas para prevenir y mitigar el impacto negativo de contaminantes, como es el caso de vertimientos de efluentes no controlados de aguas residuales domésticas e industriales , así como la descarga de millones de toneladas acumuladas de residuos sólidos municipales que llegan al mar peruano. 

En este proceso, se emitió el año 2016 el DS N° 022-2016-VIVIENDA-Reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano sostenible; el año 2018, la Ley N° 30754-Ley marco sobre cambio climático y el año 2019, su reglamento aprobado con DS N° 013-2019-MINAM; así como el año 2020, el DU N°022-2020 para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales ubicado en playas del litoral; para luego en el año 2021 fijar respectivamente la Ley N° 31199 -Ley de gestión y protección de los espacios públicos y la Ley N° 31313-Ley de desarrollo urbano sostenible.

En ese orden de esfuerzos legislativos de bajo cumplimiento continúa el DS N° 028-2021-MINAM que reglamenta la Ley N°30950 del año 2017 en búsqueda de promover la recuperación, conservación y mantenimiento de las playas del litoral. El Estado empírico en la actualidad no  cuenta sistémicamente con planes, programas y proyectos que permitan en forma integrada, gestionar los presupuestos y el financiamiento requerido para dar solución a un problema subsistente en las playas del país. 

Adicionalmente cuenta con el decreto legislativo N° 635 - código penal , que en su título XIII sobre delitos ambientales, sanciona los delitos de contaminación, los mismos que contribuyen con la afectación de la salud pública en un país que ostenta la mas alta letalidad per cápita del mundo con  la actual pandemia del COVID-19.

Agenda pendiente

Pasado el bicentenario de la independencia del país, continúa la expectativa del calendario en el año 2022 para elegir a las autoridades municipales y regionales que complementan al gobierno nacional para mejorar en la gestión de la cosa pública. El escaso control político al ejecutivo de los diferentes periodos legislativos en el congreso de la república compuesto por 130 congresistas en cada periodo; así como la frágil intervención de la contraloría de la república, defensoría del pueblo , entre otros organismos del sector público y privado, permitieron el estado de situación en que se encuentra la salud ambiental del país y en especial las playas del litoral peruano.

La mayor intensidad de los niveles de contaminación de los ríos que vierten sus aguas al mar de Grau y fuera presentada en su informe del año 1996 : diagnóstico de la calidad de agua de la vertiente del pacífico por la desaparecida INRENA y su antecesora ONERN, dan cuenta que la hora de actuar es ahora a efectos de prevenir males mayores en el futuro. 

Vertimientos de aguas residuales no tratadas municipales e industriales al litoral.

Botaderos a cielo abierto en la línea de Playa del litoral peruano.

Playas  de Huanchaco en Trujillo al Norte de Lima-Perú que presenta contaminación y marea baja extraordinaria 

Relación entre la salud humana y la salud de los ecosistemas

Del 5 al 14 de Enero 2021 se viene desarrollando un interesante coloquio virtual que involucra a la ciencia con la sociedad, y es relacionado con la calidad del agua como elemento integrador entre la salud humana y la salud de los ecosistemas.

El evento es organizado por CONCYTEC-Perú, entre otros organismos de  América Latina y cuenta con la participación de especialistas y expertos de diferentes países, dándonos la oportunidad de intercambiar valiosa información sobre las experiencias de uno de los recursos especialmente estratégicos para el desarrollo sostenible del planeta.

Agua y minería

Un tema altamente sensible es el que vincula el agua y la minería, sin soslayar a los otros usuarios, presentándose como una dicotomía " oro o agua", no siendo necesariamente antagónicos en países como en Perú, que es reconocida por su historia como un país minero.

Sin embargo, en las últimas décadas es causa de recurrentes protestas socioambientales, con enfrentamientos entre el agro y minería , los cuales vienen escalando como consecuencia de un cada vez mas reducido acceso y disponibilidad al recurso agua. 

Las distorsiones evidenciadas en diferentes cuencas hidrográficas se vienen incrementando como efecto del cambio climático - en algunos países con mayor incidencia que en otros-, haciéndolos mas vulnerables ante la escasez del agua, situación agravada con la inadecuada gestión y manejo del vital recurso, la cual se ve agudizada por la presión poblacional ejercida sobre los servicios básicos en zonas urbanas, efecto que se traslada a zonas con tradición minera y en áreas con nuevos emprendimientos de la industria minera.

En el caso peruano, ocho décadas atrás la población localizada en zonas rurales era mayor a las poblaciones asentadas en las ciudades, situación que en la actualidad esta figura se ha invertido, generando con las megalópolis una mayor presión demográfica y crisis del recurso agua en la costa desértica y particularmente, en su capital, Lima.

La crisis de la calidad del agua en Perú ha sido soslayada por diversas administraciones en los tres niveles de gestión de gobierno, al vincularlo con visiones estrechas y compartimentos sectoriales estancos ; pese al carácter integrador y multidimensional del recurso agua, su inadecuada gestión puso en línea de colisión a los distintos usuarios del agua.

En estricto no existe vigilancia integral de calidad del agua para consumo humano en el país, habiendo únicamente esfuerzos aislados desde diversos sectores en términos de monitoreo de agua.

El organismo regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (SUNASS) considera como indicadores de la calidad de la prestación de servicios  a la continuidad promedio (horas/día), presión promedio (m.c.a) y tratamiento de aguas residuales (%), por lo que no tiene referenciada la calidad de agua en la fuente, así como la calidad de agua distribuida y entregada del recurso hídrico en diferentes cuencas del país, tal es el caso de la calidad del agua consumida en poblados menores y zonas rurales que no se encuentran bajo jurisdicción regulatoria. 

Tanto el ministerio de Salud, y otras carteras como el ministerio del Medio Ambiente a través del organismo adscrito OEFA y la autoridad nacional del Agua (ANA), adscrito al Ministerio de Agricultura y riego, hacen esfuerzos para darle sostenibilidad a la calidad del agua para su aprovechamiento multisectorial, entre los que se encuentra el uso minero.  

Al no contar con una eficiente prospectiva en el orden territorial, sin una mayor gobernanza ambiental y por consiguiente, sin articular políticas públicas que permitan el relacionamiento de la salud de los ecosistemas con la salud humana, se llega a satanizar a la minería y en especial a la gran minería, a quien se le asocia como la principal causante de la contaminación del agua y en consecuencia, el nexo causal en la reducción de la calidad del agua.

El nivel de responsabilidad que alcanza a la gran minería es justamente el no haber socializado suficientemente las experiencias exitosas que existen en el país, donde con el relacionamiento y alineamiento de los actores sociales pudieron adecuar y mejorar infraestructura gris y verde para viabilizar una mayor resiliencia de los ecosistemas, así como garantizar la salud humana.

Al cambio climático se le integra el deficiente manejo de los bosques de protección en las cuencas altas, incrementando el efecto erosivo de las aguas de escorrentía; los registros de Geo bosques-PNCB-MINAM, indican que sólo en el periodo 2008-2018 se perdieron 1.626.742 hectáreas de bosques, con lo que agravan la calidad de las aguas especialmente en las partes bajas de las cuencas.

Resulta importante pues socializar información científica en nuestros países, que atribuya la reducción de la calidad del agua, a causas naturales, además de las causas antrópicas que se tornan en transectoriales y multidisciplinarias del conocimiento humano.

La tarea de llevar la cultura del agua a los diferentes actores sociales, corresponde a diversos sectores del ejecutivo, utilizando diversos mecanismo como el de la asociación público-privada.

Hechos demostrados por el COVID-19

En Perú se acredita la afectación de los ecosistemas vinculados a la salud humana con el impacto generado por la presencia de enfermedades infecto contagiosas, como es en el caso de actual pandemia del COVID-19.

La lectura de los registros estadísticos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), indican que una importante cantidad de defunciones se producen en la franja costera peruana, particularmente en Lima y Callao, en lugares donde los ecosistemas se encuentran afectados con externalidades diversas, una de ellas es la carencia de agua y deficiencias en la calidad del agua que llega al consumidor final en áreas donde no alcanza la cobertura del prestador de servicios de saneamiento.

Impacto de la falta de representación nacional

La crisis de la calidad del agua en Perú que se mantiene soslayada a través del tiempo por diversas administraciones de gobierno, constituye un efecto de una débil gobernanza y frágil democracia que pone a prueba la gobernabilidad del país.

De un lado se tienen fallas crónicas en la representación nacional, por lo cual el sistema democrático se defiende a través de la Ley N° 28094 - Ley de organizaciones políticas-, publicada el 01 de Noviembre del año 2003, de modo tal que se puedan fortalecer los partidos políticos que actualmente no representan a las grandes mayorías nacionales y desde los cuales se eligen a presidentes que en las últimas décadas fueron requeridos por la justicia. Asimismo, negocian la inmunidad parlamentaria para operar bajo el radar de las leyes, hecho que es registrado no solamente por los medios de comunicación masiva, si no que es percibido por la propia población que forma parte de movimientos políticos no partidarizados que se ven sin oportunidades ni acceso a participar en las elecciones democráticas, en donde todos los ciudadanos en igualdad de condiciones les asiste el derecho de elegir y ser elegidos.

Por otro lado, las incongruencias existentes en los procesos electorales que resultan en la elección de autoridades solamente con poder formal para el ejecutivo, se traslada a las diferentes carteras ministeriales que tienen que ver con el importante tema de la calidad del agua en territorio peruano, los cuales en la praxis capturan al organismo regulador, ralentizando su accionar. 

En este contexto, tanto el poder judicial como el ministerio público se ven con una actuación limitada y sesgada en el tema de aplicar el ordenamiento legal vigente frente a la crisis de la calidad del agua que está evidenciada en el tiempo. Es así que se sanciona con cárcel a los promotores de protestas contra proyectos mineros, que toman carreteras, entorpecen el normal funcionamiento de los servicios públicos, generan disturbios y amotinamientos, en tanto que no se aplica igual derecho frente a los responsables de afectar la salud de poblaciones enteras que se ven impactadas al consumir agua de calidad no apta para el consumo humano. 

A la evidencia científica se suman las declaratorias de parte del ejecutivo en diferentes cuencas y por sucesivas administraciones de gobierno de las últimas décadas referenciados a los Estados de emergencia por contaminación del agua para consumo humano directo publicadas en el diario oficial El Peruano. Profusa documentación conteniendo exhortaciones de la Defensoría del pueblo, informes de la contraloría general de la república, solicitaciones de organizaciones de Defensa Civil, ONGs , publicaciones hechas por medios de comunicación masivas tanto radiales, escritas y televisivas, forman parte de los hechos evidenciados que como expertos difundimos en este espacio y en diversos foros, incluyendo los académicos.

Sin perjuicio de las evidencias, el Estado empírico peruano continúa haciendo caso omiso a los altos riesgos que  incorpora a la cadena trófica vinculada a la salud de los ecosistemas y salud humana en general.

Recurrentes Estados de emergencia

Los cuellos de botella generados en el país relacionados con el recurso agua y establecidos por la dinámica impuesta por recurrentes situaciones de urgencia y emergencia, producen externalidades a la cuenca, distrito, provincia, departamento o región y al país respectivamente, lo cual resulta importante su valoración de cara al futuro. 

El pueblo peruano se encuentra a noventa y cinco (95) días de elegir una nueva administración de gobierno nacional que iniciará funciones el próximo 28 de Julio del 2021, fecha en que celebra doscientos años de vida republicana, y por consiguiente resulta válida la pregunta de cómo es que pretenden dar solución a un problema de gestión sobre la calidad del agua para diversos usos , que los últimos gobiernos sólo se limitaron a trasladar la solución del problema al siguiente gobierno en turno. La misma interrogante resulta pertinente hacerla a los candidatos para ocupar un curul como congresistas en el siguiente periodo legislativo del Congreso de la República.

El Dato

Seguidamente citaré parte de los decretos supremos que dan cuenta sobre los Estados de Emergencia por contaminación de agua para consumo humano antes mencionados:

►Reporte N°01-2019/SC/MCLCP de las localidades de Mórrope, Pacora y Otros -2019 en la Región Lambayeque. Cuya data se encuentra documentada en los hallazgos de los niveles de contaminación desde el año 2016, hasta el arribo de la Pandemia del COVID-19 al país ocurrido en Marzo del 2020. ( DSN°047-2018-PCM;DSN°066-2018-PCM;DSN°089-2018-PCM;DSN°106-2018-PCM;DSN°127-2018-PCM;DSN°033-2019-PCM;DSN°073-2019-PCM;DSN°096-2019-PCM).

►Estado de Emergencia por sesenta días  en diversos distritos y provincias del departamento de Puno que va desde el año 2019 a la actualidad, el último decreto supremo fue en fecha 1 de enero del 2021 dado por el gobierno nacional. (DSN°123-2019-PCM;DSN°153-2019-PCM; DSN°175-2019_PCM; DSN°204-2019-PCM;DSN°037-2020-PCM;DSN°081-2020-PCM;DSN°121-2020-PCM;DSN°147-2020- CM; DSN°208-2020-PCM).

Atención temprana para mejorar salud de poblaciones e inversiones mineras

Nos encontramos cerrando el año 2020 y el supremo gobierno emite el Decreto Supremo N° 204-2020-PCM, declarando en Estado de emergencia por sesenta días calendario diversos distritos y provincias en el Departamento de La Libertad ante la contaminación de aguas superficiales del rio Moche.

Esta emergencia se suma a otras tantas que en forma recurrente se vienen estableciendo como consecuencia de focos de contaminación, tanto de origen natural como antrópico, ocurridas en en diversas cuencas del país.

La contaminación de aguas subterráneas, también fueron motivo de atención antes, para la declaratoria de emergencia contemplada en el Reporte N°01-2019/SC/MCLCP en la Región Lambayeque, así como la dinámica efectuada en el centro poblado Yacango - región Moquegua, por citar algunos casos presentados en los últimos años.

La capacidad de respuesta del Estado empírico, no es la adecuada en distintas regiones, muchas de las cuales se tornan ralentizadas por intereses que buscan satanizar a la gran minería.   

La contaminación del agua en Sierra peruana debe ser mitigada para evitar escalada de conflictos sociales.

A modo de repaso

Cabe recordar que el Estado, en sus tres niveles de gestión - incluyendo al actual gobierno de transición- dinamicen su capacidad de respuesta frente a una realidad que viene afectando a miles de ciudadanos en centros poblados que requieren mejorar su administración del agua para consumo humano; con mayor énfasis para espacios geosociales que mantienen factores y condiciones inadecuadas que terminan por afectar el sistema inmunológico de los seres vivos, impacto que estaría alineado con el reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente al COVID-19, al que considera como un eventual mal endémico en algunas partes del planeta.
El Perú se encuentra a ciento diez días de las Elecciones Generales del 2021 y cuenta con diversos personajes que aspiran a suceder en el cargo al presidente Sagasti, en ese sentido habría que preguntarles  a los candidatos respecto a sus por sus planes de gobierno para resolver el problema de la contaminación por metales pesados presentes en agua de consumo humano y otros usos para la costa peruana y en diferentes cuencas afectadas en territorio nacional.

Algunos antecedentes

• En “Falta de agua y saneamiento en todo el país por corrupción”, (27/1/2017) hice referencia a las expresiones de un expresidente de la República peruana que hoy se encuentra con mandato de detención domiciliaria, quien señalara “Si no hubiera corrupción en el Perú del pasado, ya tendríamos agua potable en todo el país, pero se llevaron la plata”, agregó también que estos actos de corrupción se castigará a todos, incluyendo a las empresas. Pasados los años no se aprecia tales sanciones y si los impactos generados por la inacción. Indiqué que el endeudamiento del país para el proyecto en cuestión se terminará pagando el año 2021, según lo estipulado en el artículo 1° del DS N°128-96-EF. El procurador de la Contraloría de ese entonces, denunció a funcionarios de menor nivel por los presuntos delitos de aprovechamiento indebido del cargo y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales. El caso se ventiló en el Quinto Juzgado Anticorrupción de Lima.
• En “Disponibilidad y acceso al agua en Perú” (11/3/2017) precisé que después que en el período 2009 al 2014, el Gobierno Central transfiriera a las EPS el orden de 18 mil millones de soles, la calidad de los servicios no mejoró, por lo que emitió el Decreto Legislativo Nº 1280, con el propósito de fortalecer la autonomía de las EPS y lograr una gestión con indicadores de eficiencia institucional en favor de la población.
• En “Contaminación bacteriológica y química del agua en el Perú” (12/6/2018) explique con algún detalle sobre la escasez del agua que se agudizarán por los niveles de contaminación de los recursos hídricos en diversas cuencas del país.
• En “Agua contaminada con arsénico en costa peruana”(26/10/2020), expliqué el problema agudo del incremento de la contaminación del agua en la franja costera peruana, el cual se va tornando en mal crónico ante la pasividad de un Estado empírico al que le falta reflejos para gestionar adecuadamente este recurso hídrico tan importante para la salud pública. 

Agua contaminada con arsénico en costa peruana

El problema agudo del incremento de la contaminación del agua en la franja costera peruana, se va tornando en mal crónico ante la pasividad de un Estado empírico al que le falta reflejos para gestionar adecuadamente este recurso hídrico tan importante para la salud pública. Es fundamental que el Estado, en sus tres niveles de gestión, dinamicen su capacidad de respuesta frente a una realidad que viene afectando a miles de ciudadanos en centros poblados que requieren mejorar su administración del agua para consumo humano; con mayor énfasis para espacios geosociales que mantienen factores y condiciones inadecuadas que terminan por afectar el sistema inmunológico de los seres vivos, impacto que estaría alineado con el reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente al COVID-19, al que considera como un eventual mal endémico en algunas partes del planeta.

Presencia de arsénico en fuentes de agua subterránea.

La presencia de arsénico en el agua potable puede ser el resultado de la disolución del mineral presente en cuencas hidrográficas cercanas a volcanes y naturalmente en el suelo por donde fluye el agua antes de su captación para uso humano, o bien, por vía antrópica por contaminación industrial. Para importantes volúmenes de agua, la OMS identificó al proceso de coagulación como una de las tecnologías más adecuadas en la remoción de arsénico. Efectivamente, el proceso de coagulación mediante cloruro férrico es usado generalmente en la remoción de turbiedad, por lo que el empleo del mismo proceso en la remoción de arsénico permite una mejoría del tratamiento. El cloruro férrico se hidroliza en el agua para tomar la forma de hidróxido férrico cargado positivamente. El arsénico debe estar en su forma oxidada para su remoción eficaz. Por lo cual, si hay presencia de arsenito será necesario para oxidar a arsenato mediante el uso de cloro como un proceso de pre-tratamiento. Arsenato es un anión cargado negativamente y es atraído a las partículas o flóculos de hidróxido férrico cargado positivamente. De esta manera el arsénico adsorbido puede ser removido mediante el proceso de sedimentación.

Agua con Arsénico en Norte y Sur de la costa peruana

A modo de ejemplo, citaré dos Regiones : Lambayeque en el Norte y Moquegua en el Sur, en donde se presentaron casos en centros poblados que se abastecen con aguas captadas en fuentes de aguas subterráneas y consumen agua que sobrepasan los límites permisibles con contenido  de arsénico.

De un lado, citare la declaratoria de emergencia que se contempla en el Reporte N°01-2019/SC/MCLCP de las localidades de Mórrope, Pacora y Otros -2019 en la Región Lambayeque. Cuya data se encuentra documentada en los hallazgos de los niveles de contaminación desde el año 2016, hasta el arribo de la Pandemia del COVID-19 al país ocurrido en Marzo del 2020.

En este escenario, se cuestiona la demora en la toma de decisiones en el nivel técnico y político regional, para resolver una situación que tomó años mantener el estado de emergencia, con la anuencia de instituciones públicas que sólo atinaron a soluciones intermedias, llevando agua en camiones cisterna para abastecer temporalmente a la población afectada.

De otro lado, mencionare el caso de la región Moquegua, que en diciembre de 2018, la Gerencia Regional de Salud Moquegua mediante el informe N.° 01487-2018-GRM-GERESA/GR-DRSM-OSIC emitió los resultados de análisis a las muestras de agua de la captación Yacango, revelando concentraciones de arsénico que excedieron los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Se tomó conocimiento que el arsénico en las fuentes de agua del área de estudio provenía de la mineralogía existente en el ámbito de las infiltraciones Labramane, Jorge Chávez, Revuelta y Yacango, afectando al centro poblado Yacango, en el distrito Torata-Moquegua.

En esta ocasión, se contó con una alianza público -privada, que permitió la construcción de una Planta de tratamiento de Agua Potable de Torata, sin embargo tiene el desafío de mejorar en el operación y mantenimiento de esta Planta destinada al extremo de la remoción de Arsénico.

Agenda pendiente

El Perú se encuentra a pocos meses de las Elecciones Generales del 2021 y cuenta con diversos personajes que aspiran a suceder en el cargo al presidente Vizcarra, en ese sentido habría que trasladarles la interrogante a los candidatos respecto a sus políticas para resolver el problema de la contaminación por metales pesados presentes en agua de consumo humano y otros usos para la costa peruana.

La presencia de pasivos ambientales y la contaminación natural, constituyen ciertamente un tema de agenda pendiente que la próxima administración del Estado peruano deba y tendrá que resolver.

Estrés hídrico se incrementó en Perú con el COVID-19

El término estrés hídrico se usa cuando la demanda de agua es mayor que la cantidad de la que se dispone o cuando su utilización es restringida por la contaminación que reduce su calidad. Es conocido que en Perú, el acceso y disponibilidad al recurso agua ya era restringida en su costa desértica, alli donde se localiza la mayor cantidad de individuos.

Factores que inciden en elevar el estrés hídrico de referencia

El arribo de la pandemia COVID-19 al territorio peruano, fue una de las causas que contribuyeron a elevar el estrés hídrico. Perú ya se encontraba categorizado en un nivel de medio alto antes que la enfermedad infecciosa viral impacte dramáticamente al país, colocándolo con su paso en un nivel de alto estrés hídrico. A los efectos del cambio climático y  la salvaje deforestación de bosques, se unen la presión demográfica y la contaminación de las fuentes de agua por efectos naturales y actividades antrópicas, principalmente de actividades industriales extractivas sin una adecuada gestión humana de los recursos hídricos. En este contexto, los pasivos ambientales constituyen un componente que no debe soslayarse en los programas de gobierno de cara a la próxima administración de gobierno a iniciarse en Julio del 2021.

Perú se adelantó en 20 años al pronóstico del WRI

Según un estudio de World Resources Institute (WRI),  aproximadamente la quinta parte de los países del mundo sufrirán problemas relacionados con el acceso al agua en 2040. 

Con las evidencias del caso, Perú se adelantó en veinte años a este pronóstico realizado por este prestigioso instituto de recursos mundiales.

El enfoque de cuencas como unidad de gestión, nos permite visualizar que los proyectos de transvase de las aguas para llevar el recurso agua al desierto costero, no fueron lo suficientemente adecuados para resolver los problemas de gestión generados para los diversos usos del agua. El tiempo nos dió la razón cuando indicábamos en diversos foros, que el cambio de la Ley general de aguas (DL N° 17752) a la Ley de Recursos Hídricos (Ley N° 29338) no sería suficiente para mejorar el manejo del agua si es que no se reforzaba la gobernanza, involucrando a los actores sociales en los procesos de cambio.

Así, la creación de MINAM,ANA,OEFA,SENACE ... no terminan por funcionar sistémicamente y la falta de interoperabilidad colocan en compartimentos estancos a los sectores público y privado, lo cual se traduce en una evidente falta de inversión en todo lo que se relacione al cada vez mas escaso recurso agua en la costa peruana, con especial énfasis en el área de saneamiento.