Desregulación tarifaria del agua

Es gratificante tomar conocimiento que la posición que defendí sobre la regulación integrada del agua en diversos foros del pasado y webinars del presente, en el extremo referido a la existencia de inadecuados costos y estructuras tarifarias aplicados a los usuarios del agua en Perú, van progresivamente tomando racionalidad en la conciencia ciudadana, comunidad académica, científica y público identificado con el uso eficiente del recurso hídrico; para lograr la sostenibilidad del recurso hídrico. 

Ante las fallas de la economía de mercado que impedían asignar el recurso agua con eficacia, la intervención del Estado peruano se vio plasmada sin garantías que esta intervención beneficie a la sociedad, hecho que es subsanable y perfectible para atender a los grandes intereses nacionales con el fortalecimiento del regulador y mejoras efectivas en el aspecto regulatorio en un escenario complejo de diversidad ecosistémica. 

Existe la posición teórica a contrario sensu, que se ve reflejada a modo de ejemplo en la "desregulación tarifaria", tal cual lo expresa el Decreto Supremo N° 019-2017-VIVIENDA en su Título IV y específicamente en su Capítulo IV. 

Regulación sectorial y regulación integrada del agua

En las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado, la gestión gubernamental del Perú fué sectorial, floreciendo infraestructuras hidráulicas que incrementaron la oferta coyuntural de agua en la costa; posteriormente en la década de los 90 se dieron leyes sectoriales para el uso de agua.
A inicios del nuevo milenio, en el año 2008 se crea la Autoridad Nacional del Agua y en el 2014 es aprobada la gestión integrada de recursos hídricos como política de Estado número 33 del Acuerdo Nacional.
Cuarenta años transcurrieron entre las consideraciones establecidas por la ley general de aguas (1969) y la ley de Recursos Hídricos (2009) para regular el uso y gestión del agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a esta. Con la última norma se extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable.
Los usos y costumbres en los últimos veinticinco años permitieron a los usuarios del agua convenir que entre los objetivos de los precios del agua deberían cumplir: de un lado con un propósito social ampliando la cobertura hacia las áreas que no cuentan con agua y por otro; su meta económica, proporcionando incentivos para el uso eficiente del recurso y asimismo cubrir el costo real y beneficioso del servicio.
Este proceso se reglamenta en Enero del año 2014 con las Juntas,Comisiones y Comités de usuarios según lo dispuesto por la Ley de Organizaciones de usuarios - Ley N° 30157 a partir del cual se delimitaría técnicamente los sectores y subsectores hidráulicos de las 159 cuencas a nivel nacional.
En este contexto, los hechos indican que existieron esfuerzos para regular el recurso agua en forma sectorial y con saludables pinceladas de regulación integrada del agua. 

Efectos de la falta de gestión integrada del agua

La visión parcial generó lagunas de información sobre el uso del recurso hídrico provocando controversias, tal como lo manifesté cinco años atrás en uso del agua y minería .
Resulta paradójico que hace treinta y ocho años atrás(1979) la desaparecida ONERN determinaba que el dos por ciento (2%) del agua a nivel nacional era usada por la minería, trece años después (1992), en el estudio básico situacional de los recursos hídricos del Perú realizado por el MINAG-DGAS, registraba que el sector minero usaba uno por ciento (1%) del agua a escala nacional.
En la actualidad se estima como válidos la equivalencia para el uso del agua por el sector minero a los determinados por ONERN en 1979, es decir, la minería usa dos por ciento (2%) del agua disponible a nivel nacional.
En ese orden de ideas el uso del recurso hídrico por la industria informal y en especial por la minería ilegal, por sus altos niveles de contaminación generadas, contribuyen con subregistros, dificultando una adecuada planificación en la gestión del agua.
De otro lado, la inexistencia de la gestión integral del agua, contribuyó a que sólo el seis por ciento (6%) del territorio nacional-estimados como tierras aptas para cultivo-utilicen el ochenta y seis por ciento (86%) de la disponibilidad del agua con una baja eficiencia en su uso, pues 2/3 partes del recurso agua se pierden.

La incipiente regulación sistémica no pudo evitar la escasez de los recursos agua y tierra fértil, los cuales entran en franco deterioro con el deficiente uso de los precitados recursos. Las pérdidas y uso ineficiente del agua aumentan los niveles de erosión y salinización del orden de trescientos mil hectáreas de suelos que dejaron de ser fértiles, perjudicando a una parte de los dos millones doscientos mil productores del campo.

El panorama se complica cuando se habla de hacer prospectiva con el monopolio natural del uso poblacional del servicio de agua potable presionada por el crecimiento de ciudades de la costa, allí donde se localizan dos de cada tres peruanos; atendiendo que actualmente se consumiría el siete por ciento (7%) de la disponibilidad del agua con una eficiencia de uso estimada en cincuenta por ciento (50 %).

Retribuciones económicas y tarifas de agua 

Saludo a quienes discrepan con mi posición y están por mantener el stato quo en proyectos constructivos para captar y usar agua como sierra verde (sierra azul),Marca II (obras de cabecera)  y todo programa o proyecto vinculado a la siembra y cosecha de agua; pero insisto en que las políticas y normas especialmente tarifarias en materia de regulación sectorial que soslayan la gestión integrada del agua de cara al Bicentenario de la República (2021) no son eficientes y deben revisarse en Perú a fin de garantizar la disponibilidad, acceso y el suministro para el consumo humano y otros usos que a modo de paráfrasis viene asociado con la pérdida de agua de los glaciares, disminución de las aguas subterráneas en los acuíferos, efectos de la contaminación de los recursos hídricos y las deficiencias en la capacidad y calidad de gasto en programas de inversiones sectoriales en la gestión del agua.
Las retribuciones económicas y tarifas por el uso del agua en Perú generan no pocas controversias por las inequidades existentes pues mantienen es sesgo del pasado cuando la gestión del agua estaba circunscrita al sector agrario. La lectura y contrastación de los DS N° 017-2013-MINAGRI,DS N° 024-2015-MINAGRI y DS N° 021-2016-MINAGRI ; las tarifas aprobadas a las EPS reguladas por SUNASS y la utilización de los recursos provenientes del monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas en la costa peruana, proporcionan elementos de base para promover con mayor énfasis la gestión integrada del agua, pues está probado que existe un deterioro creciente en cantidad y calidad de los recurso hídricos en las cuencas hidrográficas del Perú, particularmente en la costa, poniendo en riesgo la sostenibilidad del agua.En síntesis,el manejo tarifario sectorial no garantiza la sostenibilidad del recurso hídrico, por lo cual la desregulación tarifaria del agua no es una opción en el país.

El Dato

De acuerdo a ley de recursos hídricos (2009), los titulares de los derechos de uso de agua están obligados a contribuir al uso sostenible y eficiente del recurso mediante el pago de retribuciones económicas (por el uso del agua, por el vertimiento de uso de agua residual)   y tarifas ( por el servicio de distribución del agua en los usos sectoriales, por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor y menor, por monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas).

Una sola fuerza por la regulación del agua en Perú

Evitar ir contracorriente

¿Porqué mientras el Planeta entero está en la tarea de usar los residuos sólidos y convertirlos en energía con grandes beneficios económicos y ambientales, en Perú lo vemos como problema para su adecuada gestión y disposición final? ; en los escasos rellenos sanitarios autorizados no llegan toda la basura producida diariamente en el país, siendo esta arrojada indiscriminadamente en botaderos a cielo abierto, causes de los ríos, cuerpos de agua,calles y plazas de las ciudades. Algo similar sucede con los residuos sólidos y peligrosos que no llegan a ser dispuestos en los pocos rellenos sanitarios especiales y de seguridad. Esto sucede pese a que existen leyes ambientales y sectoriales que asignan las funciones y responsabilidades para su gestión adecuada y disposición final. No es por desconocimiento, se debe a paradigmas que manejamos y el temor al cambio que debemos revisar y superar.
El estado de las cosas hace que sigamos enseñando en universidades como se hace un relleno sanitario que posiblemente nunca se podrá construir y entrar en funcionamiento. Con fecha 19 de diciembre de 1992 se creó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) mediante decreto ley Nº25965 a fin que proponga las normas para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, disposición sanitaria de excretas,rehúso de aguas servidas y limpieza pública,fiscalice la prestación de los mismos, evalúe el desempeño de las entidades que los prestan, promueva el desarrollo de esas entidades, así como aplique las sanciones que establezca la legislación sanitaria y recaude las multas y tasas que esa misma legislación disponga.

Desde esa fecha, SUNASS se ha visto incapacitada de cumplir los fines para la cual fue creada por ley, y fue limitándose a reducir sus funciones, contribuyendo en acumular las condiciones que alimentaron la futura crisis ambiental que vivimos en el presente. Es muy facil identificar los cientos de miles de toneladas de residuos acumulados por años en quebradas que fueron activadas, las mismas que colmataron con sucesivos "huaycos" acompañando las escorrentías y avenidas que finalmente produjeron las inundaciones. Los registros de información, identifican grandes masas de escombros (no existen "escombreras" de residuos de construcciones en el país) y residuos sólidos como antesala a las aguas con alta turbieda desplazandose aguas abajo de los cuerpos de agua en diferentes cuencas hidrográficas afectadas en el país.  

Crisis que agudiza la crisis

Desde hace 25 años el diagnóstico es el mismo, el agua no llega a todos y a quienes llega es de mala calidad y los servicios no son sostenibles, ninguna de las instituciones que prestan el servicio de agua potable y saneamiento, incluido SEDAPAL, garantizan el servicio en el futuro. No son capaces de asumir con sus recursos la expansión urbana, no son capaces de hacer inversiones para mejorar el servicio, son apreciaciones de expertos, incluyendo al actual titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Así llegamos al 2017, con los embates de El Niño Costero entrando el sector en "crisis que agudiza la crisis crónica y acumulada". Sin embargo, los funcionarios que tuvieron la oportunidad de hacer algo por ordenar y reducir los niveles de crisis, se mantienen en los niveles de decisión con el rótulo de "personal con experiencia".

Agenda pendiente

La actual administración del gobierno central peruano se encuentra en un proceso de redefinición del sector agua y saneamiento en el país señalado por el Decreto Legislativo N° 1280 que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento, enmarcado en la Política Nacional de Saneamiento establecida mediante Decreto Supremo N° 007-2017-VIVIENDA. Será un proceso traumático y duro por el temor al cambio.

Asimismo, se encuentra en proceso de elegir al nuevo presidente del consejo directivo del regulador SUNASS por cinco años, tiempo que estará marcado por la tarea de reconstrucción de los daños ocurridos en 908 distritos declarados en emergencia. Este nuevo funcionario deberá asumir el activo y pasivo de la administración de la anterior administración que presenta problemas de capacidad y en calidad del gasto público.

Se gastan sólo seis de cada diez soles asignados para proyectos de agua y saneamiento en el país y se pierden dos por efectos de la penetración de actos de corrupción, particularmente en obras de construcción; eso hace que sólo llegue al usuario efectivamente 4 de cada 10 soles provisionados. Algunos en el país desean que esta situación permanesca invariable.

El Estado se defiende

Los poderes fácticos que tuvieron bajo control los fondos públicos destinados al agua y saneamiento, necesitan asegurar su continuidad, pero el Estado de derecho se defiende, identificando,denunciando y sancionando a través del poder judicial a malos funcionarios, entre los que se encuentran gobernadores (ex presidentes de gobiernos regionales), Alcaldes y otros tomadores de decisiones. En este contexto, la necesidad de controlar a los organismos reguladores es muy alta, pues para subsistir necesitan de funcionarios obsecuentes que les permitan actuar bajo el radar de las leyes.

Acompañamiento mas no enajenación de funciones

Priorizar las prioridades es una necesidad en un escenario de crisis y en este sentido, es imperativo que el regulador SUNASS acompañe por un lapso determinado para la reconstrucción de los sistemas al ente Rector, el MVCS , quien es a su vez el coordinador del desarrollo e implementación de la Política Nacional de Saneamiento. Este, propicia espacios de articulación intersectoriales, con todos los niveles de gobierno y con la sociedad civil para la implementación, monitoreo y evaluación del cumplimiento de dicha política. No podrá entonces confundirse las funciones del regulador,que son razón de su existencia, estando que la gestión de riesgos no pueden seguir siendo soslayadas en los planes maestros optimizados, no siendo sólo una opción sino una necesidad para asegurar la continuidad y sostenibilidad de los servicios al usuario.

De las tarifas en el periodo de reconstrucción 

Las tarifas por el servicio brindado por las empresas bajo regulación de SUNASS deben reflejar las necesidades que tiene el país para abrir una ventana de oportunidades al reconstruir en breve plazo las instalaciones y capacidades de las EPS que aprovechando economías escala puedan ser sostenibles. Las tarifas deben ser lo suficientemente atractivas para abrir paso a la inversión privada casi inexistente en el sector agua y saneamiento, de esta forma se podrá reducir los niveles de vulnerabilidad que presentan los sistemas y afianzar el agua tanto de fuentes superficiales como subterráneas, evitando cortes del suministro como sucediera en grandes ciudades de la costa peruana, incluyendo a Lima. Este accionar podrá permitir que los recursos del Estado también puedan dirigirse hacia la zona rural, donde poblaciones nucleadas y dispersas en territorio nacional, demandan de los servicios básicos de agua y saneamiento. 

Intervención de SUNASS en zonas rurales 

De las lecciones aprendidas con el encargo de la limpieza pública y residuos sólidos a SUNASS, se desprende que hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos, en este caso para atender las zonas rurales, no es una opción aconsejable a tomar.

Esto,si no antes, se tomara las acciones de acondicionamiento y adecuación correspondientes. De mi paso por DIGESA del Ministerio de Salud, se puede rescatar algunas experiencias de los programas de la ex Dirección de Saneamiento Básico Rural, institución con amplia experiencia en zonas rurales del país, que contó con apoyo de países cooperantes con el Perú y proyectos que en sucesivas etapas con la agencia para el desarrollo internacional- AID de los estados unidos; así como la experiencia de agua para todos en zona rural, se pudo aterrizar con valiosas experiencias que dan cuenta de la frágil sostenibilidad de los programas en zonas rurales si es que no se toman en cuenta la intervención multisectorial en los espacios de intervención (MVCS-Salud-Educación) y el nexo agua-alimento-energía para estos poblados, donde la recuperación de la inversión se hará en términos de elevación de calidad de vida de los beneficiarios. 

En este contexto, el primer paso que debería realizar SUNASS es atender las lagunas de información existentes en zonas rurales respecto a JASS y afines , con plataformas y programas similares a la captura y manejo de información AGRIMONITOR,una base de datos creada por el BID, la cual tiene la función de brindar información pertinente sobre política agropecuaria, seguridad alimentaria y cambio climático en 18 países de América Latina y el Caribe.

Costo del agua en emergencia

Las políticas y normas sobre tarifas de agua deben adecuarse a fin de garantizar la disponibilidad, acceso y el suministro para el consumo humano y otros usos.

Luego de  haberse declarado estado de emergencia en cuarenta y tres por ciento (43%) del total de distritos existentes en el país, por causa de las lluvias, huaycos e inundaciones; millones de peruanos sufren actualmente por el abastecimiento del agua potable.

Esta situación evidenció los graves problemas que tienen las Empresas Prestadoras de Servicio de Saneamiento (EPS) y la reguladora (SUNASS), con el Estudio Tarifario que contiene la evaluación técnica de los planes maestros optimizados (PMO) formulados por  las EPS y aprobados por SUNASS, tras la determinación de la fórmula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, incluyendo programas de inversiones aplicables a cada EPS, aterrizando con las tarifas de agua que finalmente es lo que siente el usuario, porque afecta su economía. 

De las causas

El diagnóstico de las causas es similar desde hace un cuarto de siglo atrás en Perú, deficiente gestión de las EPS e inadecuada regulación haciendo insostenible los servicios, que tiene como punta del iceberg a las tarifas que deben pagar finalmente los usuarios del agua.

La escasez del agua dulce en la franja costera ( donde se encuentran dos de cada tres peruanos), con el mayor usuario  del agua (sector agrícola) que pierde importantes volúmenes de agua al regar por inundación cultivos inapropiados para la costa, carencia de cultura del reuso de agua , uso ineficiente del agua tratada, problemas de operación y mantenimiento en sistemas vulnerables al cambio climático, completan algunas contribuciones a las causas, con el añadido de la continúa presión ejercida por el crecimiento de las grandes ciudades demandando mayores servicios de agua potable.

En este escenario, la figura del regulador queda distorsionada al atender las solicitaciones del usuario, el estado y de una exigua presencia del inversionista (en contraste con otros sectores regulados).

Las tarifas de agua deben garantizar el costo social del servicio

De las tarifas

SUNASS al soslayar criterios de ingeniería adaptada a ecosistemas locales en la evaluación de cada  EPS para la asignación de sus tarifas, terminó distorsionando aún más las fallas de mercado y las variables que intervienen en el proceso de tarificación para determinar el costo del servicio del agua.

El desequilibrio que hace deficiente las corridas del proceso regulatorio, se puede observar en la tarifa actual del agua distribuida por redes en Lima (costo promedio de S/2.81 soles por metro cúbico); que aún aplicando los subsidios cruzados, se termina afectando la economía de las poblaciones de menores recursos. La falta de medidores domiciliarios, es un factor adicional para generar incertidumbres y mayores costos al usuario en épocas de interrupción en el servicio de agua. El precio del agua se incrementa en cinco o seis veces el costo promedio por metro cúbico de agua servido por redes, en poblaciones que acceden al agua (sin calidad asegurada) a través  de camiones cisterna, las mayores distancias recorridas por el vehículo influyen en el incremento del costo, así como la escasez prolongada. Existen lagunas de información al respecto en el área rural. 

De los indicadores

La ineficaz aplicación de políticas y normas adaptadas a las realidades de ecosistemas locales por parte del regulador SUNASS, no permitió a las EPS ampliar las coberturas con el servicio de agua potable a través de redes a los peruanos sin agua; tampoco incentivar el uso eficiente del recurso y cubrir el costo del servicio a través de las tarifas aprobadas. 

Datos duros proporcionados por la actual administración del gobierno central corroboran las precisiones antes mencionadas:

Reducida capacidad de gasto_De los once mil seiscientos millones de soles asignados para proyectos de agua y saneamiento en el país en el periodo 2011 al 2016, solo se invirtieron seis mil seis cientos sesenta y dos millones de soles, lo que representa un nivel de ejecución de cincuenta y siete por ciento ( 57%).

Deficiencia en calidad de gasto_ Pese a los dieciocho mil millones de soles transferidos por el gobierno central a las EPS en el periodo 2009 al 2014, la calidad de los servicios no mejoró para el usuario en términos de cobertura,cantidad,calidad,continuidad y costo del agua. En este contexto, nuevamente las tarifas aprobadas por el regulador SUNASS sólo atendieron coyunturas y no sumaron para atender la sostenibilidad del servicio. 

Cabe anotar que la penetración de altos niveles de corrupción en la industria de la construcción ligada al sector agua y saneamiento, contribuyeron sustantivamente en la calidad del gasto público en las EPS. 

Cadena crítica

El usuario que no tiene un buen servicio, tiene poca disponibilidad a pagar por ese servicio, y por consiguiente reduce los ingresos por facturación de las EPS; al mermar estos ingresos por facturación de las EPS , se reduce  el aporte por regulación al regulador SUNASS y en esta secuencia de sucesos dependientes surgen las fluctuaciones estadísticas vistas en los periodos de retorno de las grandes avenidas en la franja costera del país y particularmente en el norte, incidiendo como efecto combinado en los sistemas de producción del servicio de agua para el consumo humano y donde el costo del agua y las tarifas en emergencia deben internalizar el costo social del servicio.

Condición sine qua non para la reconstrucción

Resulta fundamental fortalecer capacidades de los veintiséis consejos de cuencas con igual número de asambleas de usuarios para que emitan opinión respecto a las tarifas agrarias actuales que permiten el uso ineficiente del recurso agua. La ubicación e identificación por parte de la Autoridad Nacional del Agua, de mas de un mil trescientas presas construidas en el país debieran inventariarse en su totalidad y definir la finalidad de uso, priorizando el suministro de agua de fuente superficial para consumo humano.

El uso real,efectivo, beneficioso y sostenible de las aguas subterráneas debieran incorporarse en zonas altamente vulnerables,con especial énfasis donde la napa freática fue sobrexplotada. 

En este contexto, las tarifas deben reflejar necesariamente las necesidades que tiene el país para abrir una ventana de oportunidades al reconstruir en breve plazo las instalaciones de las EPS que aprovechando economías escala sean sostenibles en el tiempo. Las tarifas deben ser lo suficientemente atractivas para abrir paso a la inversión privada en el sector agua y saneamiento, de tal modo que los recursos del estado también puedan dirigirse hacia la zona rural, donde poblaciones nucleadas y dispersas en territorio nacional, demandan de los servicios básicos.

Regulación tarifaria que hace agua en Perú

La grave situación que pasan actualmente miles de familias peruanas sin acceso al agua para consumo humano, ha puesto en evidencia serias limitaciones de SUNASS, el regulador del agua potable en el país de los incas.

En los últimos años no dio la talla para cumplir su función normativa, reguladora,supervisora y fiscalizadora en la prestación de los servicios de saneamiento, cautelando los intereses del usuario, el estado y de los inversionistas.

Las fallas que presenta la regulación tarifaria en Perú son originadas en los planes maestros optimizados (PMO) formulados por  las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) y que fueron aprobadas por SUNASS.

Esta herramienta de plan del largo plazo (30 años) verificable cada 5 años-contienen cálculos de programación de inversiones-"se cayeron o desplomaron" por citar una discusión de actualidad en Lima, utilizada para describir el colapso de un puente. 

La razón, es muy simple, sin agua las estructuras tarifarias y todo el proceso de tarificación sufren radicales modificaciones.

Los gobiernos locales o municipios no actuaron responsablemente al preparar y presentar sus PMO soslayando medidas de prevención ante eventos previsibles en sistemas altamente vulnerables, especialmente en la costa norte del país. Por cierto, el regulador que debió observar estas marcadas deficiencias se limitó a aprobarlas y darles una tarifa para que el usuario pague. En este contexto, todo el país va a pagar la factura por no prevenir.

Las investigaciones en el caso peruano, indican que la "carencia de criterios de ingeniería" en los altos niveles de decisión - tanto en EPS como en el regulador SUNASS- constituyeron una restricción en esta lamentable deficiencia observada.

La ancestral ingeniería peruana respetando la naturaleza es reconocida y admirada en el mundo.

Para muestra un botón : El caso Trujillo

El Estudio Tarifario contiene la evaluación técnica del PMO y la propuesta de SUNASS, en relación al programa de inversiones, metas de gestión, fórmula tarifaria y estructuras tarifarias que serán aplicadas en este caso por el solicitante EPS SEDALIB S.A. para el periodo 2014-2019.

EPS SEDALIB S.A. tiene bajo su jurisdicción la administración de los servicios de saneamiento del ámbito urbano de las localidades de Trujillo Metropolitano, Chepén, Puerto Malabrigo, Paiján, Moche, Chocope y Pacanguilla de La Libertad.

Su programa de inversiones base para el quinquenio regulatorio (2014 – 2019) fué un total de S/. 135 839 312 soles, de los cuales el 54% era destinado para el servicio de agua potable y el 46% para el servicio de alcantarillado. 

Cuenta con dos fuentes de abastecimiento de agua : Agua subterránea, obtenida de la explotación del acuífero subterráneo a través de 33 pozos, de los cuales 28 pozos se encontraban operativos.Tres pozos requerían obras complementarias (líneas de impulsión), uno estaba cerrado por mala calidad de agua y otro se encontraba con problemas de saneamiento físico legal. La antigüedad de los pozos presentan un promedio de 33 años.

Esta situación crítica fue agravada por los eventos climatológicos presentados en su jurisdicción y esto sucede pese a que desde el año 1982 la EPS cuenta con ingresos por la reserva de agua subterránea a favor de SEDAPAT (hoy SEDALIB S.A.)-Ley N° 23251, por las aguas subterráneas provenientes de la Cuenca del Río Moche y Ley N° 24516, por las aguas subterráneas de las cuencas de los ríos de las provincias de Chepén, Ascope, Pacasmayo y Trujillo. Después en el 2015, mediante el Decreto Legislativo Nº 1185 se creó el régimen especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las EPS y fiscalización de SUNASS;con la finalidad de cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo y asegurar la prestación de los servicios de saneamiento.

De otro lado, el Agua Superficial que se obtiene de las aguas provenientes del río Santa conducidas a través del canal madre Chavimochic, que luego ingresan a la planta de tratamiento de agua potable administrada por el Proyecto Especial Chavimochic que le vende agua potable a SEDALIB S.A.

Tramo del canal madre Chavimochic afectado en marzo 2017 que interrumpe el servicio de agua superficial a Trujillo.

Ante la interrupción del abastecimiento con agua superficial,el sistema de aguas subterráneas a través de la batería de pozos resultaba estratégico, dada la vulnerabilidad del sistema global. Asimismo, el almacenamiento del agua para consumo humano estaba en la línea crítica del proceso. Sin embargo, Trujillo Metropolitano contaba con 45 reservorios ubicados en diferentes puntos de la ciudad, de los cuales 4 se encontraban inoperativos. El volumen total de almacenamiento de agua para consumo humano era de 53 950 m3, que debería atender la demanda del servicio de agua en tanto se reparaba la fuente interrumpida de agua superficial.

Verificando las especialidades de los miembros integrantes de la alta dirección de SUNASS, (incluyendo a los miembros de su consejo directivo) no se encontró un sólo miembro que pudiera defender "criterios de ingeniería" antes de aprobar los expedientes en el proceso regulatorio realizado.

La situación antes descrita se replica en otras EPS del país situadas en localidades declaradas en estado de emergencia por las lluvias en Perú y la presente administración del gobierno central se encuentra en la titánica tarea de corregir deficiencia encontradas de la administración pasada y empezar a reconstruir una vez pasadas los embates de la naturaleza. 

22 de Marzo _ Dia Mundial del agua en Perú

Este 22 de Marzo del 2017 será una fecha de triste recordación para los hombres y mujeres de las futuras generaciones en los anales de la historia peruana y que coincide con la celebración del Día Mundial del Agua. La escorrentía del agua en una misma quebrada por séptima vez consecutiva a lo largo de una semana, generó a su paso destrucción y desolación por la inundación que llegó hasta el corazón de la ciudad de Trujillo, al norte de Lima.

Quedará marcada en piedra la imprevisión de una salvaje burocracia que hizo oídos sordos a la invocación de muchos y desde hace un buen tiempo atrás, entre los que me encontraba.

Tratamiento de opinólogo

La necesidad de adecuación y mitigación a los efectos del cambio climático lo expresé en todos los tonos posibles que nos permite las normas y buenas costumbres; ya sea en foros académicos en calidad de docente de posgrado universitario en una prestigiosa universidad que imparte conocimientos de ingeniería en mi país o como usuario en las redes sociales, pedido que no llegaron a prestar atención los tomadores de decisiones, pues los medios de comunicación que tienen cobertura nacional, asignan limitados espacios a los especialistas,expertos o científicos que desean aportar con información que pudiera ser relevante a quienes administran el país en los 3 niveles de gestión.

Los resultados 

Cuatro de cada diez fallecidos hasta el momento en el país se localizan en La libertad (Trujillo), muertes que se pudieron evitar si es que se atendía la voz de alerta efectuada por prestigiosos organismos internacionales que años antes sugerían invertir en prevención y mitigación antes de la atención y reconstrucción después de los desastres. 
Pese a contar con escaso presupuesto para prevención, los mismo no se ejecutaron en su totalidad par los fines previstos y lo que es aún peor, se utilizaron para otros fines.
El control de daños final reportará cuantiosas pérdidas económicas que implicará probablemente la reducción de algunos puntos en nuestro PBI nacional.  

Prevención en otros países 

Países en América latina y el caribe consideraron en el último quinquenio seriamente las advertencias y no consideraron un gasto sino una inversión en prevención. México,Colombia,Ecuador, ... y otras naciones, registraron un tesonero trabajo de planificación y ejecución de obras de mitigación.  

Talleres de expertos aplicando el enfoque de adaptación basada en ecosistemas locales fueron socializados; herramientas para identificar y priorizar medidas fueron compartidas; la cooperación internacional e importante participación institucional en estos países daban cuenta del fortalecimiento de capacidades y gobernaza.
De esa forma pudieron identificar los ecosistemas prioritarios para atender, así como las principales amenazas climáticas para luego zonificarlas y ejecutar las acciones pertinentes. 
La costa peruana, allí donde viven 2 de cada 3 peruanos y en especial la costa norte está identificada como muy vulnerable por los cambios climáticos, y era previsible que el periodo de retorno de un evento extraordinario de lluvias coincidiera con los picos hidrológicos ( que generan picos de avenidas) se presentaran en el mes de marzo.
Los resultados de la prevención aplicada se puede contrastar en el nivel de daño sufrido en la frontera Perú-Ecuador, que demuestra el nivel de trabajo previo realizado en cada administración.

Sin agua para el consumo humano

Millones de peruanos agravaron su situación de no contar con agua para su consumo humano, ninguno de los Planes Maestros Optimizados elaborados por la Empresas Prestadoras de Agua Potable  (EPS) y aprobados por la reguladora la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento  (SUNASS) se cumplieron en cuanto al extremo de prevención, pese a que son sujetas a revisión y actualización periódica.
Voluminosos estudios y especialistas aplicando la teoría regulatoria, resultan inoperantes cuando no se cuenta con agua. Tanto el exceso de agua en avenidas que produce contaminación del agua superficial por huaycos (experiencia reciente en Lima) como la sequía son restricciones que deben considerarse para los planes de contingencia.
Actualmente sólo en trujillo, existen el orden de medio millón de peruanos que sufren por el desabastecimiento de agua potable. El plan de contingencia de la EPS en trujillo dispuso de 35 camiones cisterna para distribuir agua de consumo humano, necesitando casi el doble para atender en forma discontinua por emergencia a la población que con baldes deben transportar y almacenar su agua. Desde el año 1982 - mediante Ley 23251- la EPS en Trujillo contó con reserva de las aguas subterráneas y posteriormente con Decreto Legislativo 1185 de 2015, la regulación de aguas subterráneas creó el régimen especial de monitoreo y gestión de uso de aguas subterráneas a cargo de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS), con finalidad de cautelar el aprovechamiento eficiente y sostenible del recurso hídrico subterráneo y asegurar la prestación de los servicios de saneamiento.

Las leyes no se cumplieron antes y probablemente no se cumplan en el presente por la debilidad institucional del regulador en términos de fiscalización.
Un indicador es el estado de la batería de pozos de aguas subterráneas que deja mucho que desear en la emergencia actual.
La naturaleza no es exclusiva responsable del desastre ocurrido en algunos lugares del país, pese a que se registraron lluvias históricas. El responsable directo tiene un nombre "la salvaje burocracia unida al componente de corrupción".

Tarifas de emergencia y reconstrucción

El gobierno central debería tomar medidas oportunas para que el usuario no continúe siendo el más perjudicado, muchos de ellos tienen inundadas sus casas, o cuentan con el servicio discontinuo en diversas localidades del país. La facturación mensual por el servicio de agua potable y alcantarillado les llegará a fin de mes y el malestar se hará presente con ella. La EPS requiere de los fondos para ser viable, así como el regulador SUNASS requiere del aporte tarifario  que le traslada la EPS para su funcionamiento, en este contexto, el sector demanda acciones inmediatas pues el tiempo apremia cuando de agua para beber y de necesidades básicas se trata. 
¿ Y la reconstrucción ? es otra historia recurrente que esperemos cambie para que el país no se encuentre en similar situación por el calentamiento global y cambios climáticos evidentes que trastocan los periodos de retorno y el ciclo hidrológico en esta parte del planeta.  

Gestión y subsidios del agua

En riesgo en la provisión de agua potable  describimos la situación crítica por la que se encuentran pasando las empresas prestadoras de servicio de saneamiento en el país y puntualizábamos que la suerte de su gestión caminaba de la mano del devenir político de la autoridad local. Lo lamentable es que esto sucede actualmente, cuando aún existen millones de peruanos sin acceso al agua para consumo humano.

Es así que este problema es histórico en Perú y no es deficiencia de un solo gobierno o responsabilidad exclusiva del gobierno de turno. 
Es recurrente que el tema se ponga sobre el tapete y más aún en un año pre electoral como el presente. Los conflictos entre usuarios del recurso hídrico (como es el caso de las juntas de regantes del agro) se acrecientan en este lapso y el impacto sobre las industrias extractivas, como acontece en el sector minero y energético se incrementan sustantivamente al interior del país. Entre tanto, en la capital de la República Lima y callao acontece lo que sostiene Nicole Bernex, presidenta emérita de Global Water Partnership Perú : que los limeños malgastan el agua porque no les cuesta nada por ser subsidiada y propuso venderla a su precio real.

“El agua la tenemos gratis, la mayoría de los limeños, casi 9 millones, tienen el agua subsidiada y no les cuesta nada. Gastan más de 250 litro por habitante al día”, señaló a RPP Noticias para el informe 360.

“En época de verano la mal usan con los carnavales  y cuando ponen las piscinas en las calles como en el Callao”, añadió.

Piscinas portátiles en vías públicas de zonas populares de Lima y Callao.

Bernex argumentó que una de las soluciones es pagar el precio correcto por el agua. “Para la luz, pagamos el precio justo; para el teléfono, pagamos el precio justo; por qué para el agua no”, cuestionó la presidenta emérita de Global Water.

“En cualquier capital del mundo no se gasta más de 150 litros al día por habitante y en otras mucho menos”, añadió.

Por otro lado, indicó que otro problema del agua en nuestro país es que solo se reutiliza en menos 10% mientras que, en países como Israel, el agua se usa dos veces.