Relación hombre-medio ambiente en el bicentenario del Perú

Hoy 21 de setiembre, día internacional de la Paz, haré referencia a las pérdidas de vidas humanas sanitaristas en Perú, entre las que se encuentran una gran lista de médicos, enfermeras e ingenieros sanitarios y ambientales como Edgar Castillo Matos, Gustavo Sedano Fabián , Pedro Carrión Castillo, Juan Irikura Kawai (+...+) ; ilustres profesionales que dedicaron su vida a contribuir con el desarrollo del país y la paz social.

Como buenos sanitaristas, tuvieron una lectura clara sobre la dinámica de las políticas públicas para garantizar la salud de la población y como ellos, quienes aún quedamos, continuamos en la  misión de ilustrar a los tomadores de decisión, que no es posible soslayar la relación del hombre con el medio ambiente donde vive, sin tener que lamentar luego sus consecuencias.

Realidad de cara al bicentenario del Perú

Perú llega con una tendencia creciente de muertes a la celebración de su bicentenario de vida republicana, la misma que se duplicó en el último quinquenio.

A esta tendencia se le debe agregar después el impacto por los más de 100 mil muertes del sismo previsto para Lima.

Las políticas públicas que llevaron a situar en recurrentes emergencias ambientales al país, deben ser revisadas  por la actual administración Castillo y adecuadas a su realidad. 

Confusión de roles

Una lectura simple de la aplicación de la Política Nacional del Ambiente dictada doce años atrás mediante DS N° 012-2009-MINAM , así como del cumplimiento de las funciones encomendadas por el Decreto Legislativo N° 1013 del 2008 y los fundamentos de la Ley N° 28611 sobre Política Nacional del Ambiente y Gestión Ambiental del año 2005; nos permitirá inferir que no se ha garantizado el cumplimiento de las normas ambientales y que las funciones de control y fiscalización se confunde con los roles contemplados para con una institución de Estadísticas e Informática.

Mismas políticas y similares resultados

El Estado peruano, mantiene en vigencia el aporte realizado por el Gobierno de Transición y de Emergencia, quien promulgara el DS N° 023-2021-MINAM sobre la Política Nacional del Ambiente al año 2030.

En el precitado documento se precisa que en el periodo 2012 al 2019, el Estado multiplico diecisiete veces el presupuesto asignado para dar solución a los problemas ambientales, mas no logró alcanzar los objetivos esperados, pues la realidad lo evidencia al ubicar al Perú como el país mas impactado por la pandemia de COVID-19 con 5.936 muertes por millón de habitantes a la fecha, la mayor del mundo.

El Dato

►El principal problema ambiental a resolver en Perú actualmente tiene rostro humano, resolviendo este cuello de botella, se podrá recuperar los niveles de crecimiento y revertir la disminución de los bienes y servicios que proveen los ecosistemas.

►Para garantizar la salud pública y reducir las muertes, se debe priorizar el acceso y disponibilidad de agua para consumo humano en un escenario peruano que está pasando de estrés hídrico a escasez de agua.

►No es una opción continuar con los niveles de deforestación que presenta el Perú y debe recuperar los más de dos millones de hectáreas de bosques que perdiera en 17 años del periodo comprendido entre 2001 al 2018.

►Es prioritario reducir los conflictos socioambientales gestionando los pasivos ambientales, con especial énfasis en la remediación de los pasivos ambientales mineros.

►Aplicar medidas inmediatas para reducir fuentes contaminantes que afectan recursos naturales (agua, suelo y aire), incidiendo en mitigar el proceso de bioacumulación producido por millones de toneladas de residuos sólidos municipales que cada año contaminan los ecosistemas, entre los que se encuentran los dieciocho (18) millones de hectáreas de superficies degradadas identificadas por el ministerio del ambiente peruano.

Medio ambiente & sismos : El caso de Lima-Perú

La dimensión ambiental que presenta la relación Hombre-Tierra constituye un componente insoslayable al momento de prevenir y evaluar las causas de un desastre natural ocasionado por un sismo de gran magnitud; en ese contexto, la ocupación del terreno, crecimiento desordenado, la presión demográfica y las edificaciones informales realizadas irrespetando las cargas y solicitaciones portantes de las mismas en los distintos tipos de suelos, permiten estimar con una buena aproximación los daños que se generarán a partir del movimiento sísmico de mayor magnitud susceptible de alcanzar mayor intensidad, como es el esperado en la capital de la república peruana: Lima.

Antecedentes de sismos en Lima

Las actuales Lima metropolitana y el Callao se asentaron básicamente sobre los conos de deyección de tres cuencas hidrográficas: Rímac, Chillón y Lurín. En el proceso de ocupación de los espacios por el hombre se produjeron múltiples eventos sísmicos, entre los cuales destaco los hechos reales de mayor magnitud producidos en el mes de octubre para diferentes años y los eventos ocurridos en el presente año 2021, con los detalles siguientes:

Escenario de un sismo de 8.8 Mw esperado para Lima Metropolitana y Callao 

Acoplamiento sísmico focalizado en Lima-Callao-Perú

Asimismo, el impacto del evento sísmico esperado tiene sustento en la presión demográfica que aplica el orden de cinco millones de habitantes que impulsaron la "zonificación urbana" en las últimas cuatro décadas, quienes en un importante porcentaje lo hicieron en un escenario de informalidad y autoconstrucción sin ajustarse a los criterios técnicos generalmente aplicados de planificación y ordenamiento territorial, generando además de un marcado desorden en su crecimiento una alta concentración que acrecienta su vulnerabilidad. Las construcciones sobre áreas agrícolas urbanizadas, rellenos sanitarios, ocupación de cerros y acumulaciones de arena donde se sembraron cemento y diversos servicios básicos, hacen susceptible la aparición de fenómenos como la licuación de suelos que hace mención el estudio "Escenario sísmico para Lima Metropolitana y Callao" del año 2017 realizado por INDECI, el cual indicó que de liberarse energía sísmica acumulada desde el evento sísmico del año 1746 (donde ocurrió un tsunami), hace 275 años, se podría generar un sismo de magnitud entre 8.5 y 8.8 Mw (magnitud momento). El precitado estudio, para Lima consideró un total de 9,838,897 habitantes y 2,035,630 viviendas expuestas, y para el Callao; un total de 995,810 habitantes y 212,587 viviendas expuestas. En este escenario, los daños que se estimaron para Lima Metropolitana y Callao fueron : 110,313 fallecidos, 2,096,824 heridos, 353,497 viviendas destruidas y 623,882 viviendas inhabitables.

Componente ambiental como factor decisivo para evitar un desastre

Así como quedó demostrada con las distintas epidemias que asolaron al país, incluyendo el COVID-19, Lima y Callao fueron las zonas mas afectadas por la relación sistémica existente entre el hombre y el medio ambiente donde vive; en el caso de un evento sísmico se mide el accionar del hombre en tres momentos : antes, durante y después de producido el sismo.

La educación ambiental y sensibilización de la población e instituciones responsables para actuar preventivamente, resulta fundamental a los efectos de mitigar los probables daños.

En enero del 2019 pude describir un evento que midió la capacidad de respuesta de las instituciones encargadas de dar solución ante un problema ocasionado por una tubería matriz de desagüe rota ubicada en la avenida Los Tusilagos, a la altura de la cuadra 12 de la avenida Próceres de la Independencia, en el distrito de San Juan de Lurigancho, el distrito mas poblado de Lima y el Perú. Según reportes del Instituto de defensa Civil, este evento alcanzó a inundar con un metro y medio de desagües, afectando directamente a dos mil damnificados y la reparación de los impactos generados demandó un prolongado tiempo. El sismo de gran magnitud, muy probablemente produciría la ruptura de tuberías matrices de agua potable y en emisores de alcantarillado, lo cual generaría inundaciones y efectos de contaminación por aguas residuales, daños que deben repararse a la brevedad para evitar la formación de plagas de insectos y controlar los olores que emanan de las aguas negras.

Los más de cien mil fallecidos demandarán los servicios de evacuación de los cuerpos e incineración tal como sucedió con las muertes producidas por el COVID-19, con el agravante de las muertes instantáneas en escasos minutos y simultaneidad de los mismos; se debe tener en cuenta que con la disposición sanitaria de los muertos en lugares apropiados se evitará los focos infecciosos epidémicos.

Los más de dos millones de personas heridas harían eventualmente colapsar los servicios de salud tanto públicos como privados. La experiencia con el COVID-19 , una vez sistematizada, debiera servir para capacitar a recursos humanos que se incorporen en la atención de la salud pública.

De otro lado, la destrucción de 353,497 viviendas generaría contaminación del aire con presencia de material particulado y así mismo, las 623,882 viviendas inhabitables demandarían la demolición y traslado de escombros a lugares previamente determinados para una adecuada disposición final. Debemos tomar en cuenta que actualmente varios distritos de Lima metropolitana y el Callao presentan problemas con el recojo y disposición final adecuada de residuos sólidos municipales.

En este contexto, se hace muy necesario un apropiado manejo post desastre para evitar los antes citados brotes epidémicos,  implicaría la necesaria gestión adecuada de los servicios y logística en salud para que no se vieran nuevamente colapsados. La atención primaria de la salud en más de dos millones de heridos implicaría un manejo especial, donde se debiera garantizar además de los recursos humanos necesarios, que el abastecimiento y la logística de medicamentos sea oportuna y continua. 

Agua para diversos usos

El escenario post desastre, indica la necesidad del aseguramiento de los servicios básicos, en particular del agua para consumo humano. Es sustantivo contar con un planeamiento estratégico para usar tanto el agua superficial como las aguas subterráneas, de tal modo pueda garantizar la distribución adecuada en calidad y cantidad del recurso hídrico.

El otro uso del agua es por parte de  las compañías de bomberos existentes en Lima y Callao que ante la simultaneidad de incendios, verían fácilmente superadas su capacidad operativa respecto al número de estaciones de servicio de gas, petróleo y gasolina existentes en diferentes distritos, así como zonas industriales que existen con material inflamable y combustible. 

Una importante acción preventiva resulta contar con verificar el funcionamiento de los sistemas contra incendios en las edificaciones vulnerables, así como la adecuada presión en la red pública que abastece a los hidrantes, los cuales deben estar operativos y accesibles a las unidades de bomberos para que puedan abastecerse de agua.  

Seguridad alimentaria

Tomando en consideración que una mochila de emergencia que cuenta con alimentos , linterna , entre otros implementos necesarios para enfrentar un sismo de gran magnitud, es importante mapear ruteos para el abastecimiento de alimentos a las zonas con edificaciones vulnerables ya identificadas en los cordones y bolsones de pobreza extrema que circundan a Lima Metropolitana y el callao, demandará entonces una acción coordinada de INDECI y otros organismos del sistema de control y prevención de riesgos existentes en el país.

Alerta temprana

Están identificadas claramente las zonas altamente vulnerables de los distintos distritos de Lima metropolitana y el Callao, por lo que las acciones de prevención se hacen necesarias y muy recomendables, así como el sistema de alerta temprana.

Con el sismo acontecido el 15 de agosto del año 2007 en la localidad de Pisco a las 6:40 pm que tuvo una duración de 3 minutos con 50 segundos con su epicentro en las costas del centro del país a 40 Km al oeste de Pisco y a 150 Km al SO de Lima, se pudo apreciar que en Lima y Callao colapsó el tráfico y se interrumpieron las comunicaciones, por lo que se debería trabajar en ese extremo para mejorar la evacuación a las áreas seguras.

Una consideración especial de alerta debe establecerse en las edificaciones levantadas en áreas susceptibles de presentar fenómenos de licuación de suelos y construcciones sin protección en línea de playa ante un escenario de tsunami que se estima debiera llegar a la línea de playa en 20 minutos.

Prevención frente a cancha de relaves mineros

Están identificadas  la presencia de relaves mineros en la zona de influencia de la cuenca hidrológica que por efecto del sismo de gran magnitud en Lima, podrían contaminar su principal fuente de agua, motivo por el cual las instituciones y autoridades responsables de cautelar el recurso hídrico de la capital de la república peruana, debieran ejecutar las acciones preventivas y oportunas, para evitar mayores costos económicos  y daños con pérdidas de vidas humanas de cara al futuro. 

En este caso, el control político de la representación nacional en el Congreso de la República deviene en necesario por la connotación que tiene en la seguridad y desarrollo del país.

Relación del Hombre & Naturaleza en Perú

Seguidamente presento algunas imágenes que dan cuenta de la interacción entre el hombre y la naturaleza en el presente milenio, visto desde el escenario peruano.
El esfuerzo transformador del hombre genera un desarrollo mal entendido, si es que no  respeta a la naturaleza y se afecta él mismo, ya que finalmente la naturaleza termina reclamándole su espacio.

Perspectiva Andina

Escenario Amazónico

Entorno costero

Impacto generado por la presión demográfica

Vulnerabilidad ante epidemias

No se tiene registro histórico de afectación por grandes epidemias en territorio peruano en la época del imperio Inca, el cual floreció en equilibrio con la naturaleza ; sin embargo se tiene data post periodo Inca, sobre los impactos producidos por eventos de origen natural y antrópico, entre los cuales se encuentran las epidemias.

Respecto a la última pandemia en curso (COVID-19), se evidencia un incremento en la vulnerabilidad de ciudades que crecieron apropiándose de cuencas produciendo un desequilibrio y desbalance de los ecosistemas en que los hombres habitan, tal es el caso del espacio Lima-Callao. Sobre este caso en particular, se tiene que en lo que va del primer trimestre del año 2021 ya se logró superar el número promedio de defunciones anuales totales producidas previas a la aparición de la enfermedad infecciosa respiratoria producida por el COVID-19.

Gestión Ambiental & RRHH

El presidente Ollanta Humala promulgó el pasado miércoles 19 de Diciembre del 2012 la Ley 29968 que crea el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), y dijo que la entrada en vigor de este nuevo organismo representa un “cambio histórico” en la política medioambiental en el Perú.
La ceremonia se realizó en el marco del lanzamiento de la nueva Estrategia Nacional de Gestión Ambiental. 
El Senace, adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), estará a cargo de revisar y aprobar los estudios de impacto ambiental de los proyectos de inversión pública y privada que se lleven a cabo en el territorio nacional. 
Al promulgar el dispositivo legal, el jefe del Estado enfatizó que la creación de este organismo, aprobado por el Parlamento el pasado 22 de noviembre a propuesta del Ejecutivo, es un “cambio histórico” porque el Estado asume el liderazgo en el tema medioambiental.
La finalidad, informó es buscar un “punto de equilibrio” entre el cuidado al ecosistema y las inversiones.“No podemos ir a los extremos del ambientalismo o a los extremos de las actividades extractivas sin responsabilidad social”, mencionó.
Añadió que otro de los objetivos es lograr el bienestar de la población, pero con desarrollo sustentable, pues –indicó- de nada le sirve al Perú ser el primer productor de minerales si ello ocasiona la destrucción de su ecosistema. Por eso esta ley es importante porque marca un punto de inflexión de una nueva política del gobierno que busca el equilibrio, la sostenibilidad y la protección del agua, pero sin extremismos y sin ideologizar nuestros recursos naturales”, subrayó.
Destacó también que esta reforma es fundamental para el país, porque también contribuye a generar confianza en la población, que ahora estará segura de que los proyectos extractivos aprobados no dañarán su medioambiente o sus recursos vitales.
Según el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano_ publicada el jueves 20 de diciembre del 2012_este organismo público especializado forma parte del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA), cuya rectoría la ejerce el MINAM.
El SENACE, entre otras funciones, administrará el Registro Nacional de Consultoras Ambientales y el Registro Administrativo, de carácter público y actualizado, de las certificaciones ambientales de alcance nacional o multirregional concedidas.
En este contexto, el tema de recursos humanos en el MINAM resulta fundamental tanto para el éxito de la nueva Estrategia Nacional de Gestión Ambiental presentada, asi como para generar confianza en los stakeholders e inversionistas potenciales tanto nacionales como extranjeros que miran al Perú como una opción interesante de cara al futuro.
La Ley de creación de SENACE autoriza a contratar el personal, bienes y servicios para su adecuado funcionamiento. Es un reto importante el que tiene por delante este nuevo Servicio Nacional de Certificación, pues el escenario actual que circunda al MINAM presenta actualmente algunos problemas de operatividad y opacidad en el manejo de sus convocatorias de personal idóneo que pudiera coadyuvar en la ejecución de sus funciones encomendadas.
Para dar mayores luces, podemos citar el caso de la Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 138-2012-OEFA/PCD del 17 de Diciembre del 2012 que considerando el breve plazo hasta el final del año y ponderando la importancia de un proceso transparente se canceló la convocatoria al Concurso Público de méritos N° 001-2012-OEFA para coberturar 83 plazas en su cuadro de asignación de Personal.
También citaremos , el Concurso Público de méritos N° 001-2012-MINAM convocado por el MINAM para coberturar 151 plazas en su cuadro de asignación de personal, logrando finalmente colocar 82 plazas en un concurso donde inicialmente se presentaron seis (06) plazas que "no tuvieron postulantes aptos para poder ingresar a rendir la evaluación técnica". Una lectura de este detalle podría ser que a priori se estarían reservado las plazas por ser un tema de confianza, como es el caso de la plaza de secretaria del vice ministro. 
De los 852 postulantes aptos para rendir una "evaluación técnica" se redujo con este “filtro” a 196 postulantes que lograron obtener la nota 13 sobre posible 20 puntos.
El proceso de evaluación no tendría mayores comentarios que hacer si es que no se habrían presentado ocurrencias que habrían descalificado a todo proceso serio.
Hechos presentados como que las “pruebas” fueran distribuidas sin los procesos generalmente aceptados para los márgenes de seguridad y que algunos postulantes pudieran salir y transitar libremente antes de culminar la prueba sin mayor control, todo ello sin perjuicio a que el “examen” empezara con 45 minutos de retraso  y que la informalidad de la impuntualidad trascendiera al recojo y traslado de las pruebas; pudiendo haber sido identificadas y con el riesgo de ser pasibles de manipulación antes del procesamiento computarizado de la prueba “técnica”.
A mayor abundamiento, se presentó un hecho anecdótico entre los 196 postulantes que resultaron aprobados y continuaron en el proceso de evaluación para alcanzar una plaza en el concurso. Algunos postulantes a “cargos administrativos” obtuvieron calificaciones casi perfectas ( cercanas a 20) y otros postulantes a “cargos técnicos” pasaron en el límite inferior (cercanos a 13).
Este hecho no tendría mayor significancia si es que no se conociera que los espacios de credibilidad se redujeran ostensiblemente al saber que el examen constaba de 40 preguntas, 30 de ellas de conocimiento general y 10 de ellas de especialidad con asignación de mayor puntaje, de lo que resulta un hecho sintomático, en el MINAM la parte administrativa estaría  primando sobre la parte técnica a la luz de estos resultados en este extremo del concurso. 
Seguramente el recurso humano que llegara a ocupar las 82 plazas es altamente calificado y no dudamos de su profesionalismo y por merecimiento propio son los indicados para ejercer funciones en el cargo público, sin embargo, la institucionalidad del MINAM es el objetivo de nuestro comentario y es en ese sentido que se requiere trabajar en su fortalecimiento.
Con estas experiencias cercanas , que a nuestro juicio resultan aleccionadoras para no deslegitimar el proceso de consolidación que debe tener el MINAM, a efectos de brindar la confianza que demanda la población en general y los inversionistas.
Estimamos que a la luz del precitado Concurso público del MINAM, los recursos humanos que desarrollen funciones en SENACE y OEFA deban ser profesionales técnicamente reconocidos y convocados oportuna y transparentemente a nivel nacional para que pueda fortalecerse la confianza de la población en estas instituciones y la calidad de sus intervenciones en términos de estudios o fiscalizaciones y/o sanciones, lo que conllevará a la reducción de potenciales conflictos ambientales y al incremento de las inversiones sostenibles en Perú.
Por nuestra parte, continuaremos apoyando en la mejor de las formas para informar del proceso de consolidación que viene lográndose a través del tiempo en Perú sobre la gestión ambiental y donde el sector minero es protagonista de los cambios y avances logrados en términos de desarrollo humano. 

CEPIS & Gestión Ambiental en Perú

No podríamos referirnos al aporte del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS) en la Gestión Ambiental en Perú sin valorar lo que representó la contribución de su ex director el ingeniero Alberto Flores Muñoz.

Me tocó el privilegio de seguir de cerca su brillante carrera profesional en Perú durante el tiempo que duró mi contribución con CEPIS (1982 a 1987) y luego al trabajar de la mano con él en la Lucha contra la epidemia de El cólera en 1991. 
En ese entonces _cuando sucediera el tema de la epidemia_  me encontraba cumpliendo funciones como Director Ejecutivo del Ministerio de Salud  y el ingeniero Flores, continuaba como director de CEPIS.   

La calidad humana y altas cualidades personales del ingeniero Flores, permitieron que ante los embates de la epidemia y las deficientes condiciones sanitarias en las que se encontraba el país; las instituciones peruanas pudieran desarrollar Políticas, planes y programas  multisectoriales, transectoriales y multidisciplinarias. 
Una suerte de lo que hoy en día se busca para consolidar la Gestión Ambiental en Perú.

Su dinámica, a toda prueba , le hacia ver incansable para los viajes y eventos múltiples en que coincidíamos.
La frase " el descanso del guerrero" era aplicable para quienes lo acompañábamos pero que no aplicaba en él, ya que incansablemente era solicitado por el país y la región de las Américas en la misma dimensión que fuera requerido CEPIS.
Los que tuvimos el privilegio de contar con su amistad , le rendimos homenaje desde este espacio  y nos apoyaremos de la semblanza del Ingeniero Alberto Flores Muñoz escrita por la Dra. Mirta Roses ( Directora OPS/OMS) :
"Recibí con mucha tristeza la noticia del fallecimiento del Ing. Alberto Flórez Muñoz, ex Director del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente (CEPIS), Perú, de la Organización Panamericana de la Salud. 
El Ing. Flórez inició sus funciones como Director del CEPIS el 1° de Abril de 1980, hasta junio de 1994, período en el cual estuvo a cargo de la coordinación de asistencia técnica y científica que el CEPIS brindó a los países de la Región de las Américas, en aspectos relacionados con el mejoramiento de las condiciones ambientales y la protección de los recursos naturales contra la contaminación.
El Ing. Flórez se graduó de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de Colombia, su país de origen. Posteriormente recibió el título de Ingeniero Sanitario en la Facultad de Higiene y Salud Pública en Sao Paulo, Brasil.
Inició su carrera profesional en 1959, contribuyendo por seis años al desarrollo de diversas actividades en salud pública e ingeniería sanitaria en Colombia, en la Dirección de Salud Pública del Departamento de Huila, en la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional, y en los Programas Especiales de Ingeniería de la División de Sanidad Ambiental del Ministerio de Salud Pública.
Con dichos antecedentes, el Ing. Flórez ingresó a la OPS/OMS en 1965 como Ingeniero Sanitario. En Argentina, colaboró en los programas de abastecimiento de agua potable en las áreas rurales y urbanas de las provincias de Tucumán y El Chaco, en la capacitación de personal y más adelante en el desarrollo y evaluación de los proyectos de sanidad en Buenos Aires.
En 1971 fue transferido a Lima donde sirvió como asesor del Jefe de Area en lo relacionado con las actividades de ingeniería sanitaria en el Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Desde 1975, el Ing. Flórez estuvo asignado a la sede en Washington, DC, ocupando el cargo de Jefe de la Unidad de Operaciones de la división de Ingeniería y Ciencias Ambientales. 
En la carta de presentación a la Cancillería peruana el Dr. Héctor R. Acuña, Director de la OPS, expresó “la alta calidad profesional y vasta experiencia de nuestro funcionario serán de gran utilidad en el desarrollo y formulación de políticas de salud ambiental en los países miembros de la OPS”.
Durante su actividad profesional recibió múltiples reconocimientos  como:  Galería de Honor    (Scroll of Honour 1996) Día Mundial del Agua, otorgado por HABITAT/ONU en mérito a trabajo realizado en América Latina y El Caribe en Abastecimiento de Agua y Saneamiento y en la Conservación de Recursos Hídricos, Pekín China. En 1994 reconocimiento a su gestión por el Comité Regional de Empresas de Agua Potable de Centro América, Panamá y República Dominicana (CAPRE), Costa Rica. En 1993 Mención de reconocimiento por la Asociación Colombiana de Acueductos y Alcantarillados y Ciencias Ambientales. ACODAL, Colombia. En 1988 Testimonio por Labor Realizada en América Latina y el Caribe. Junta de la Calidad Ambiental, Puerto Rico. Y en 1986 recibió la Medalla de Honor por su gestión como Director del CEPIS en la Organización Panamericana de la Salud. La calidad profesional del Ing. Flórez se evidencia en su amplia trayectoria y en las acciones realizadas durante el período en que condujo el CEPIS, entre otras;  su calidad personal se refleja en el recuerdo de sus compañeros de trabajo y de quienes lo conocieron, que lo definen como un “hombre bueno, honesto, generoso, cercano y preocupado por sus compañeros de trabajo”.
En el informe que presentó luego de 14 años de conducir el CEPIS podemos leer lo siguiente: “Lo logrado es producto del esfuerzo de todas y cada una de las personas que trabajan en el CEPIS ya que sin su contribución no hubiera sido posible alcanzar las tareas trazadas. La competencia profesional de su personal ha sido reconocida también por los visitantes del CEPIS, los que si bien al inicio elogian sus instalaciones y jardines, quedan más impresionados aún por la calidad humana y espíritu de colaboración de sus funcionarios. Para mí es una honra el haber pertenecido a la familia del CEPIS. Por ello, este informe final está dedicado a todo su personal, por el apoyo, la voluntad de trabajo y la comprensión que tuvieron durante estos años”.
Palabras finales que lo muestran tal como era, su partida nos deja un enorme vacío pero su ejemplo y recuerdo permanecerán con nosotros para siempre".
Los ingenieros sanitarios y ambientales del Perú nos unimos a este reconocimiento que se le hace a un personaje ejemplar que coadyuvó en la década de los 80 a sentar las bases de lo que significó la década de los 90 para la gestión ambiental en el país. 

¿Severidad sólo para la minería?

Bajo el título "Perú busca construir una nueva relación con las empresas mineras" y subtítulo "Los activistas presionan al Presidente Humala a que regule la actividad minera con leyes medioambientales más severas" se viene presentando en la redes sociales un enfoque de  situación para la minería peruana en los siguientes términos:

"Perú es una de las naciones más ricas en posesión de minerales en el mundo y parece que todos buscan aprovecharse de este potencial. Gran parte de las zonas andinas y costeras, de norte a sur, están cedidas a la actividad minera. En una sola región del sur, Apurímac, las concesiones mineras representan el 58,8% del territorio; en Cajamarca en el norte, donde se encuentra la mina de oro más grande en América Latina, equivalen al 48% del total.

Sin embargo, estas áreas no son simples territorios vacíos. Gran cantidad de peruanos viven en las mismas zonas de donde, año a año, se extraen toneladas de oro, zinc, estaño y plomo, con consecuencias sociales y medioambientales. En lo que va del año ya son 10 las personas que han muerto por enfrentarse a la policía durante los conflictos sociales presentados en tres regiones del país. Las muertes más recientes, ocurridas en Cajamarca, se dieron en medio de casi un año de rechazo a un multimillonario proyecto de oro y cobre, hoy paralizado por el temor de la población a quedarse sin agua para sus actividades agrícolas y ganaderas.

La minería puede crear puestos de trabajo y generar riqueza. Además, Newmont, la empresa de EE.UU. involucrada en el proyecto de oro en Cajamarca, hace hincapié en que su actividad extractiva no pondrá en peligro el medio ambiente. A medida que continúan las protestas, todas las partes involucradas para tratar de encontrar una salida a este y otros conflictos mineros - es decir, los gobiernos central y regional, las empresas mineras, y los residentes locales - aseguran estar dispuestas a construir una nueva relación basada en la confianza y el respeto.

"Tenemos que diseñar e implementar un nuevo enfoque en el relacionamiento de las actividades extractivas con el ambiente, el aprovechamiento de los recursos naturales, la gestión equilibrada del territorio y el uso racional de los recursos hídricos", dijo el presidente Ollanta Humala durante su discurso a la nación el 28 de julio.

Días antes, un ejecutivo de Newmont en Lima, Carlos Santa Cruz, reiteró la intención de su compañía de "dialogar, encontrar salidas y construir juntos más oportunidades para todos". Y en Cajamarca, un líder de las protestas locales, Edy Benavides, habló de la necesidad de no repetir los errores del pasado. "Lo que las empresas mineras hacen es explotar el mineral y luego irse", dijo. "Lo que necesitamos es un desarrollo que sea sostenible para las generaciones futuras".

El mes pasado, el gobierno peruano creó una comisión permanente destinada a fomentar esta nueva relación. Aún tiene que hacer sus propuestas, pero José de Echave, quien renunció hace unos meses al Ministerio del Medio Ambiente a causa de la forma en cómo el gobierno trató el conflicto en Cajamarca, dice que la comisión tiene que darse cuenta que en Perú, como en otros lugares, es posible tener una minería sin dejar un impacto negativo en los residentes y el medio ambiente.

"En cualquier país serio del mundo con una alta dotación de recursos nacionales, la autoridad ambiental es fuerte y pone regulaciones fuertes y sanciona a las empresas de manera fuerte", dice. "En Perú, no me parece que se esté pidiendo algo fuera de proporción."

El ex viceministro considera que el país andino puede implementar duras leyes ambientales, como en Australia o Canadá, sin temor a que las empresas mineras se vayan. Los precios de los minerales son altos y los depósitos más difíciles de encontrar, por lo que él cree que las multinacionales se adaptarían a condiciones más estrictas. "Además si uno revisa los códigos de conducta, de ética de las propias empresas, ellos mismos dicen que sus operaciones responden siempre a los mejores estándares globales", dice.

De Echave es ahora un portavoz de Tierra y Libertad, un movimiento político que tiene como objetivo proteger los derechos humanos y del medio ambiente, y que ha enviado una carta al presidente Humala instándolo a promover mejores estándares internacionales y un desarrollo sostenible. "No puede ser sólo crecimiento económico", dice. "Se deben mencionar las tres bases: la económica, la social y la ambiental. Esas tres deben funcionar."

Sin embargo, el ex funcionario reconoce que, por naturaleza, la minería no explota un recurso sostenible. "Creo que la idea es buscar un equilibrio", concluye, "para que esa actividad esté compensada con otras actividades económicas que puedan ser importantes, significativas, sostenibles, quizás más amigables con la naturaleza y con los entornos sociales."

Humala dice también querer lo mismo y viene buscando apoyo del Congreso para garantizar constitucionalmente el agua como derecho fundamental de todos los peruanos. La propuesta tiene por objeto proteger los recursos naturales como el agua de una explotación minera depredadora y sin control.

Los críticos dicen que estos anuncios no son suficientes, argumentando que es necesario un cambio radical sobre cómo las empresas mineras operan en Perú. Regiones como Huancavelica y Cajamarca están sentadas en riquezas minerales, pero, a pesar de haber tenido décadas de explotación, sus habitantes son los más pobres del país. Con menos recursos disponibles, y persistentes conflictos sociales, De Echave dice que el cambio será difícil de aplicar, pero ahora parece inevitable".

A tenor de lo antes expresado, consideramos que la mayor contribución histórica a los esfuerzos de regular el medio ambiente en el país, pasa por las iniciativas legales que han estructurado la frondosa legislación ambiental peruana vigente. Pedir mayor severidad para un determinado sector en especial _como sería el caso del sector minero_ indica un grave desconocimiento de la acción de cumplimiento de las leyes ambientales peruanas.

En este mismo orden de ideas, consideramos que el Ministerio del Ambiente - de reciente creación en Perú- tiene una agenda ambiental pendiente por desarrollar y que debiera ajustarse a políticas de Estado más que a hechos coyunturales que se le presenta como "agenda ambiental para el gobierno de turno".  

Inversión privada y medio ambiente

Con fecha 22 de Abril del 2012, el grupo de empresarios asociados en la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, emitieron un comunicado con el título : La inversión privada responsable es el motor del desarrollo respetando el medio ambiente, en los términos siguientes:

"Los empresarios que integramos los gremios de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas-CONFIEP creemos que, en el marco del estado de derecho, todos los actores involucrados en el desarrollo de Cajamarca: autoridades nacionales, regionales y locales, dirigentes sociales, empresarios, trabajadores, ciudadanos y sociedad en general, debemos respetar el resultado del peritaje internacional del Proyecto Conga.

Asimismo saludamos el fallo del Tribunal Constitucional con el que se ratifica la plena vigencia del estado de derecho.

La gran mayoría de peruanos reconocemos que la inversión privada es el motor del desarrollo y que garantiza una más justa distribución de la riqueza del país. Los proyectos empresariales que son necesarios para el crecimiento del país son los que generan inversión y empleo, tributos, dinamismo económico y que cumplen con las normas ambientales.

Es necesario también, continuar con los esfuerzos que se vienen haciendo de fomentar un mayor acercamiento entre las empresas y las comunidades para brindar una mejor información sobre los beneficios que generan sus actividades, aclarar dudas y difundir el trabajo que realizan en el marco de su responsabilidad social.

Reconocemos las gestiones del Gobierno Peruano para solucionar de manera transparente y técnica el problema generado alrededor del proyecto "Conga".

Reiteramos nuestra invocación para que las autoridades a nivel nacional y regional asuman su verdadero rol de promotores del desarrollo y bienestar, dejando de lado otros intereses que afecten el bien común.

Desde CONFIEP reiteramos nuestro compromiso en seguir trabajando por un Perú más próspero e inclusivo".

En este contexto, consideramos que la justa distribución de la riqueza del país debería aplicarse en todo el ámbito del territorio nacional y que la inversión pública pueda acompañar a las iniciativas privadas en puntos estratégicos del país, con alta vulnerabilidad y que merecen mayores y mejores atenciones de la actual y futuras administraciones del Estado. 

Inversión & conflictos ambientales

Un interesante artículo de Carlos Acat Koch publicada este 19 de Diciembre del 2011 sobre la controversia planteada entre la inversión y conflictos medioambientales en el tema minero, es compartida seguidamente: 

La minería en el Perú se ha convertido en el eje neurálgico de la economía del país desde principios del siglo XX, al ser el motor del crecimiento del producto bruto interno (PBI) con una participación del 14,4 por ciento e ingresos por 155.000 millones de dólares, lo que la convierte en la principal fuente de divisas.

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), existen en el país, al cierre del 2011, concesiones mineras que cubren una superficie de 24.057.405 hectáreas, y los proyectos en cartera suman más de 51.000 millones de dólares.

Se calcula que de unos 250 proyectos mineros en ejecución a nivel nacional un 65 por ciento viene operando sin mayores problemas con las poblaciones o comunidades aledañas; el 5 por ciento si hay una oposición clara o bien existe el riesgo que se declare no viable la concesión minera.

Perú figura, a nivel mundial, como el primer productor de plata; el segundo en cobre y zinc; tercero es estaño; cuatro en plomo; sexto en oro; y, décimoséptimo en hierro. Además, la minería configura el 65 por ciento del total de las exportaciones anuales, un monto que representa unos 24.000 millones de dólares en el 2011.

En el 2010, las inversiones mineras en el Perú llegaron a 2.791 millones de dólares, dirigidas a equipamientos de plantas.

Las inversiones también contemplaron equipamiento minero, actividades de exploración, labores de explotación, infraestructura y labores de preparación para trabajos de exploración.

Entre enero y septiembre de este año la inversión sumó 4.667 millones de dólares y se calcula que para el quinquenio 2011-2016, la cifra de la inversión total superará los 51.000 millones de dólares.

Empero, si bien desde el punto de vista económico ha resultado el sector más rentable, el actual Gobierno del Presidente Ollanta Humala concertó en septiembre pasado con los empresarios mineros un gravamen especial minero (GEM) que se espera rinda unos 3.000 millones de soles anuales (aproximadamente 1.000 millones de dólares).

A pesar de una mejora en los precios en la cotización internacional de los metales, a nivel interno se producen conflictos medioambientales y sociales entre las empresas mineras y no solamente con la población aledaña a las mismas sino también con paralizaciones de carácter regional.

En octubre, durante el primer mes de aplicación del GEM, que incuye un nuevo sistema de regalías, se recaudaron 204 millones de nuevos soles (75 millones de dólares), según la Superintendencia Nacional de Tributos (Sunat).

Ese gravámen, según decisión del Poder Ejecutivo, estará destinado a financiar proyectos de infraestructura, ampliar los programas de inclusión social y remediar los pasivos ambientales.

La suspensión indefinida del proyecto cuprífero Tía María, en el sureño departamento de Arequipa, y en fecha reciente del proyecto aurífero Conga, en el norteño departamento de Cajamarca, han generado incertidumbre en el empresariado e implicaría la reducción del financiamiento para superar la pobreza que afecta al 34 por ciento de los 30 millones de peruanos.

Tía María, propiedad del grupo mexicano Southern Cooper Corporation (SPC), tenía prevista una inversión de 1.000 millones de dólares para la explotación y procesamiento de oxido de cobre, de sulfuro y de material conglomerado y óxidos de baja ley, operando a tajo abierto en dos fases, una en el bienio 2012-2013 y otra en el sexenio de 2013-2019.

Sin embargo, una protesta en abril pasado que dejó tres pobladores muertos obligó al gobierno de entonces del Presidente Alan García (2006-2011) que dispusiera el retiro de la maquinaria y demandó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Conga, que forma parte de Yanacocha, también aurífera, es parte del consorcio de la estadounidense Newmont Mining Company, la peruana Minas Buenaventura y la transnacional International Financial Corporation, un proyecto que cuenta con 4.800 millones de dólares de capital para poder explotar a tajo abierto las reservas de minerales calculadas en más de 6 millones de onzas de oro.

Otros tres casos de minas suspendidas son el proyecto cuprífero de Las Bambas, a cargo de la suiza X-Strata, en el departamento sur andino de Apurímac, con una inversión de 4.200 millones de dólares; el también cuprífero de Quellaveco, en el sureño departamento de Moquegua, con un aporte de 3.000 millones de dólares de la minera Anglo American; y el proyecto de Santa Ana en el altiplánico departamento de Puno, de la canadiense Bear Creek, con una inversión de 71 millones de dólares. Estos proyectos tenían calculado extraer más de cinco millones de onzas de plata, y por el cual los puneños también se declararon en contra lo que provocaron actos de convulsión social que dejaron saldo de cinco muertos.

Las poblaciones opositoras a la participación minera se declararon en paro indefinido, con bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía presentan como causa común que la explotación minera dañaría las cuencas hidrográficas y por extensión dejarían vulnerables el medio ambiente.

Asimismo señalaron que las minas también afectarían con sus contaminantes las actividades agropecuarias y el agua de consumo humano.

En noviembre pasado también las provincias de Andahuaylas y Chincheros, en el departamento sur andino de Apurímac se paralizaron, y los pobladores exigieron al Poder Ejecutivo que promulgue un decreto supremo por el cual se prohíba toda actividad minera en ambas provincias.

Estos conflictos plantean al gobierno central de Perú la disyutiva de asumir la responsabilidad frente a la inversión y a las comunidades, y presuntamente la respuesta que ofrezca marcará un hito en la solución de otros enfrentamiento a futuro.

Aquí, las preguntas a resolver, por citar algunas serrían: ¿Qué hacer para que los proyectos sean viables y sostenibles?, ¿Bajo qué lineamientos se deben desarrollar los estudios de impacto ambiental (EIA) y quién debe estar a cargo de los mismos?.

Otras preguntas serían: ¿Cómo y en qué forma se debe recoger la aprobación o desaprobación de la población, teniendo en cuenta que ya se promulgó la Ley de Consulta Previa aunque está pendiente su reglamentación? y ¿Cuál será el futuro de las regiones cuando los yacimientos concluyan su período de vida?

Un tema que, a través del tiempo, se ha recrudecido es la falta de diálogo objetivo y transparente entre el estado, las empresas mineras y la población.

Esto es, que ha faltado una conectividad permanente si se tiene en cuenta que experiencias anteriores en la extracción de minerales han empobrecido aún más las regiones donde se han ubicado los yacimientos.

Sin embargo, también hay ejemplo puntuales en que el diálogo y el consenso han dado resultados favorables.

Uno de esos casos es el proyecto aurífero Ollaechea, del grupo estadounidense Minera IRL, en el departamento altiplánico de Puno, que ha facilitado que la comunidad campesina aledaña tenga una participación del 5 por ciento del paquete accionariado.

Otro es el que encabeza la firma X-Strata, que explota el yacimiento cuprífero de Tintaya, en el sur andino departamento de Cusco, donde se construye un hospital y ejecuta más de 600 obras en la provincia cusqueña de Espinar.

Minería e inclusión social

La agenda política actual en Perú, registra un debate interesante con la intervención de diferentes puntos de vista y propuestas sobre la relación existente entre Minería,medio ambiente e inclusión social.

De las múltiples intervenciones, recogemos una que sintetiza - a nuestro juicio - la posición que va tomando cuerpo entre la mayoría de ciudadanos y ésta se sustenta en el empeño en que están los esfuerzos, no entre el agua y el oro, sino fundamentalmente entre el progreso y la asimilación de los marginados, en razón de cautelar la heredad, que es la naturaleza entregada al ser humano para su servicio, la cual debe ser respetada, pero debe ser compartida y debe ser cuidada porque así la hemos recibido de quienes nos antecedieron.

En este orden de ideas se viene gestando iniciativas que involucran a interesantes modelos de gestión  - plausible de replicarse - donde se involucra la participación activa de las comunidades 

Un  ejemplo es la asociación  propuesta por la Compañía Minera  Kuri  Kullu  S.A.  
–filial de la canadiense Minera IRL Limited– a la asamblea general de la Comunidad Campesina de Ollachea, provincia de Carabaya (Puno), representada por su presidente Edwin Tito Checmapuco.

Como antecedente se tiene que cuatro años atrás, la Compañía Minera Kuri Kullu y la comunidad de Ollachea, firmaron un primer convenio sobre uso de tierra para exploración y explotación de minería artesanal y que actualmente se ha visto ratificado con el respaldo de la comunidad hacia el proyecto minero.

Es así que la comunidad ha decidido respaldar el desarrollo de una mina de oro subterránea y una planta de tratamiento para producir más de cien mil (100.000) onzas de oro anuales, de la que serán socios en un cinco por ciento (5%) cuando la mina empiece su producción.

Es la primera vez que en nuestro país se suscribe un acuerdo de esta naturaleza, de manera voluntaria y no por imposición de leyes que pueden ahuyentar la inversión.

El resultado no puede ser mejor: se evitan innecesarios conflictos y la comunidad   –tras sus propios mecanismos de diálogo y debate internos– decide convertirse en socio activo que se beneficiará, también, con el éxito comercial del proyecto.
La noticia fue difundida por el diario El Comercio (19 Nov. 2011) y da cuenta que mediante mecanismos como el referido, las comunidades pueden empezar a confiar en las empresas, en los beneficios del desarrollo social y en la minería ambientalmente responsable.

De este modo, también, las comunidades se podrán incorporar al mercado, comprender su dinámica y convertirse en empresarios vigilantes de que “sus” proyectos marchen adecuadamente para el bien de sus familias y del espacio en el que habitan.

En esencia, el ejercicio de inclusión de las comunidades como accionistas de proyectos que se albergan en el subsuelo de sus tierras es una medida innovadora,acertada, respetuosa, justa y podría constituirse en un mecanismo que evite los conflictos socioambientales que generan algunos nuevos emprendimientos mineros.

El tiempo es hoy : Cambio climático y contaminación del medio ambiente.

El cambio climático viene impactando dramáticamente al Planeta y en particular al Perú. El efecto es más evidente en el territorio nacional porque nuestro país tiene ochenta y cuatro (84) de los ciento veinte (120) microclimas existentes en el mundo.

Este espacio de reflexión, nos permite convocar a todas las fuerzas vivas del país , a fin de incorporarlos a las cada vez más legiones de peruanos que participan con una actitud responsable para hacer que el impacto generado se atenúe.

Nuestra historia registra a civilizaciones enteras preincas que han desaparecido por falta del recurso agua en la costa peruana, y las actuales probadas alteraciones del ciclo hidrológico -sumadas a los altos niveles de contaminación de agua, suelos y aire - ponen en riesgo la sostenibilidad de la diversidad biológica en distintos espacios geosociales.  

Sobre el particular, artistas peruanos se unieron para llevar nuestro mensaje de país a la Conferencia de Naciones Unidas sobre cambio climático de Copenhague (2009) :

Ciertamente el tiempo de tomar conciencia es hoy, no podemos ser indiferentes ante una realidad que esta presente, es absolutamente indispensable tomar una acción desde el lugar donde nos encontremos.

La responsabilidad social ambiental no es sólo corporativa ni patrimonio de las empresas extractivas o sectores productivos del país, abarca , el conocimiento reflexivo para sumar voluntades de todas las gentes, elevar nuestro nivel de educación sanitaria y practicar los conocimientos alcanzados hasta alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida que todos anhelamos hoy.  

Justicia social, responsabilidad social y medio ambiente

Otro discurso que se difunde en el escenario nacional es que "La Minería es perjudicial económica y socialmente para las Regiones".

Para indagar el impacto económico en el espacio geosocial donde influye el sector minero en los últimos años, haremos un poco de historia de nuestro ordenamiento territorial.

En Perú, Regiones y Departamentos son circunscripciones territoriales con gobierno autónomo política y administrativamente. Los Departamentos fueron creados en 1821, en reemplazo a las intendencias virreynales. Bajo sucesivas escisiones de estos, se crearon nuevos Departamentos y Provincias de régimen especial. Las Regiones aparecieron con la constitución de 1979, fueron creadas en 1989 y disueltas en 1992 . En el año 2002 , se volvió a añadir las Regiones al texto constitucional y se crearon Gobiernos Regionales para cada circunscripción Departamental con el propósito de que éstas dirigiesen la conformación de nuevas Regiones mediante la fusión de Departamentos a iniciativa de estos propios Gobiernos.

Perú cuenta (A partir de Enero del 2003) con 25 Regiones, éstas continúan correspondiendo a las circunscripciones territoriales de los 24 departamentos más la Provincia Constitucional del Callao.

De otro lado, consideraremos los recursos económicos susceptibles de ser captados por las Regiones :

• La Regalía Minera es una contraprestación económica establecida por ley, mediante la cuál los titulares (también cesionarios) de concesiones mineras están obligados a pagar mensualmente al Estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos.
• Canon Minero, es el dinero que los gobiernos regionales y locales reciben como transferencia periódica del Gobierno Nacional, en base a diferentes criterios de distribución, que permite a los gobiernos regionales o locales, que están dentro del área de influencia directa o indirecta de las actividades extractivas de recursos naturales no renovables, participar del Impuesto a la Renta que pagan las empresas mineras, por los beneficios que obtienen de la extracción y comercialización de los recursos minerales. Está constituido por el cincuenta por ciento (50%) del Impuesto a la Renta que pagan las empresas al Estado, es decir, el impuesto que grava las utilidades de las empresas mineras que realizan de manera efectiva operaciones de extracción y comercialización de recursos naturales minerales.

El sector minero entonces genera además de la Regalía Minera el denominado Canon Minero, que según informes difundidos por Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas para el periodo comprendido entre Enero del 2007 a Julio del 2010 (Considerando Gobierno Regional mas Gobierno Local) se distribuyó la suma de 16 mil 336 millones de nuevos soles (100%), de los cuales el 76 % fueron entregados a Seis (6) Regiones : Ancash (29%),Tacna (13%),Cajamarca (9%),Arequipa (9%), La Libertad (8%) y Moquegua (8%).

Bajo este sistema centralizado donde todo lo recaudado por el canon minero va al tesoro público y en virtud a diferentes criterios de reparto en el periodo precitado, resultó distribuido en la práctica que 76% del canon minero fue destinado a 6 regiones y el 24% restante para las otras 19 Regiones, ésta sería la sencilla razón por la cual pueda explicarse el porque existe la percepción en la población que la minería no es beneficiosa económicamente para la mayoría de Regiones.

Para tratar de explicarnos desde otro ángulo el motivo de esta percepción, nos focalizaremos en los niveles del gasto público para el año próximo pasado.

El año 2009, en total , fueron gastados 20 mil 259 millones de nuevos soles, de los 31 mil 414 millones de nuevos soles presupuestados para el país . El Gobierno Nacional ejecutó 76% de su presupuesto,los Gobiernos Regionales ejecutaron 57% y los gobiernos Locales lograron ejecutar el 60%.

La región Áncash, ejecutó sólo el 21,6% de su presupuesto para el año 2009 y es la Región que más recibe por canon minero en el país. ( Si consideramos 29% del total captado entre Enero del 2007 y Julio del 2010, es decir recibió 4 mil 669 millones de nuevos soles )

El indicador de los niveles de ejecución por Regiones, evidencia que existiría un problema de ejecución y unido a los criterios de distribución del canon minero aplicados, dan una muy buena aproximación respecto a lo que estaría sucediendo con la opinión sobre el sector minero en no pocas Regiones del país.
Apesar de que tanto el tema de distribución, como el de niveles de gasto son regulados por aplicación estricta de la Ley, allí donde las empresas mineras sólo les compete acatar lo dispuesto por Leyes peruanas, se conoce que los conflictos ocurren cuando las empresas mineras no han hecho bien la tarea inicial de informar y construir relaciones de confianza, razón por la cual habría un tema pendiente de revisión vinculada a una adecuada información.

En este contexto nacen las posiciones encontradas sobre a quien compete atender las solicitaciones de los pueblos con Justicia social (que debe ser para todos) y/o responsabilidad social (que podría ser voluntaria) en las Regiones sin y con presencia minera. ¿ A quién correspondería compensar por el impacto ambiental generado por la actividad minera y a quién tocaría compensar por la reducida participación económica del canon minero a algunas Regiones?.

Cuando se presentan reclamos sociales generados por demandas ambientales, el discurso político como respuesta es muchas veces reactiva y sustentada en decisiones a ciegas pudiendo éstas estar acertadas o erradas, no hay evaluación, ni aprendizaje sobre innovaciones.
El desafío que se plantea entonces pasa por desarrollar el espacio social Regional en que se construye un proyecto educativo de responsabilidad social transversal generando capacidades para generar alerta temprana que evite conflictos sociales de origen ambientales, sin perjuicio de la capacitación en la administración de la cosa pública.
En Perú pues, debe establecerse los ámbitos de libertad, responsabilidad, confianza y autonomía técnica en las instituciones Regionales. Por ello que la enseñanza, aprendizaje, evaluación y trabajo en equipo debe ser una norma a seguir.
En este sentido, la Responsabilidad Social debe verse como una herramienta de gestión en las Regiones que otorga a las empresas mineras ventaja competitiva y comparativas frente a otras actividades extractivas :

• Considerando al ambiente como un bien común en el marco de la sustentabilidad de los ecosistemas.
• Autorregulando la ética empresarial a través de códigos de conducta para conservar y preservar el medio ambiente.
• Respetando el principio transversal de la sustentabilidad y una clara definición de los sujetos pasivos de las normas ambientales.
• Promoviendo el uso de canales de participación pública y acceso a la información ciudadana.
• Aplicando consideraciones ambientales en base a la factibilidad y consecución gradual de metas, otros instrumentos de gestión y a un presupuesto que las operativice.
• Adoptando fundamentos ambientales en un marco eficiente de rentabilidad a largo plazo.

De modo tal que, la principal responsabilidad social de una empresa minera es la producción, mantener las operaciones de seguridad y cuidado con el medio ambiente. Esto se puede realizar si son eficientes.Lo concreto es que existe desbalance en las cifras que tiene que ver con el éxito de muchas inversiones mineras que se han ejecutado en el país.

Es en ese sentido se debe buscar consensos de aptitudes para enfrentar los desafíos hacia el futuro buscando que el país continúe por la senda de desarrollo que viene logrando con la participación de todos.