El conversatorio online organizado por el grupo ATHENA y Perú Sostenible, que fuera programado para el día de hoy a las 8 PM (hora de Lima) quedó postergado para el 28 de diciembre a las mismas horas a fin de incorporar mayores elementos para el análisis; el tema sobre la Política ambiental en Perú al 2030 generó saludables opiniones diversas que merecen todas la debida atención en democracia, motivo por el cual en este espacio se permiten comentarios que serán tomados en cuenta tanto por la doctora Nathaly Torres López y el suscrito Dr. Javier Prado Blas.
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| Los andes peruanos y la amazonia como reserva del recurso agua dulce en el planeta. |
Un adelanto del conversatorio online
Hoy es un día muy
especial, pues nos encontramos en el día 21 del año21 del siglo21; a ocho (8)
años para llegar al 2030 y al hacer un ejercicio prospectivo de la política
ambiental en el Perú, es necesario recrear un escenario ubicándonos en tiempo y
espacio.
En este contexto se necesita auscultar los alcances, cumplimientos y tendencias de las actividades realizadas en el pasado a la luz de la política nacional y sectorial ambiental, es así que acudimos a indicadores para ver el cumplimiento del país para alcanzar los ocho (8) objetivos de desarrollo del Milenio (ODM/2000-2015) incidiendo en el extremo del objetivo 7 para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; asimismo, los diecisiete (17) objetivos de desarrollo sostenible (ODS/2015-2030) focalizando en el objetivo 6 para garantizar agua limpia y saneamiento, objetivo 11 impulsando ciudades y comunidades sostenibles y el Objetivo 13 vinculado con la acción por el clima; los mismos que al concordar con indicadores que muestran el progreso social me lleva afirmar que en el país se percibe en la praxis la ausencia de una política ambiental de Estado, existiendo en su lugar una suerte de hoja de ruta con esfuerzos dispersos para dar cumplimiento a políticas ambientales fijados por cada gobierno de turno.
Transcurridos los últimos ocho (8) años, en el periodo 2014-2021, donde se sucedieron seis (6) administraciones: Humala-PPK-Vizcarra-Merino-Sagasti y Castillo, observamos que con esta alta rotación, las administraciones en turno están lejos de sentar las bases para un eficiente planeamiento y dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos para mejorar la calidad ambiental transfrontera y dentro del territorio nacional.
Lo expresado por el suscrito es sin perjuicio de la denominada Política de Estado N° 19 desarrollo sostenible y gestión ambiental, del acuerdo nacional que establece el compromiso del Estado peruano a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del país.
La respuesta a la pregunta qué hacer con el ambiente en el Perú, vinculando al hombre con su medio ambiente en equilibrio con la naturaleza, pasa por diversas etapas, que van desde la época pre Inca, el imperio Inca, la colonia y la vida republicana que este año se encuentra cumpliendo su bicentenario.
El avance tecnológico y satelital que nos da la modernidad nos permite observar el territorio que ocupa actualmente el Perú con sus 159 cuencas hidrográficas y podemos contrastar con el manejo que se dio en la época del imperio incaico, sobre un área andina tres veces mayor que la actual, teniendo en cuenta que Perú es un país andino y amazónico, el cual comparte los recursos que otorga la cuenca más grande del planeta conjuntamente con siete países de la región.
Adicionalmente, la cordillera de los Andes alberga ingentes recursos que hacen del Perú un país con recursos mineros, sumados a los recursos ictiológicos de un mar peruano reconocido mundialmente por su diversidad y que por sus 38 climas y múltiples pisos altitudinales le dan disponibilidad y acceso al agua-alimentos y energía, sin embargo, de acuerdo a su evolución demográfica, presenta problemas de distribución y gestión de los recursos agua, suelo y aire, los cuales agravan los impactos de origen natural y antrópicos, principalmente por la presión demográfica de las grandes ciudades situadas en la costa desértica peruana y en particular su capital Lima, cuyo crecimiento desordenado le ha hecho altamente vulnerable a impactos ambientales.
En este espacio geo social se sucedieron los ciclos de bonanza económica : oro, plata, guano y salitre, caucho, algodón y azúcar, petróleo, pesca y minería; también las pandemias de la peste bubónica (1720), El Cólera (1820), la gripe española (1920) y el Covid-19 (2020) con el añadido de la epidemia de El cólera de 1991 y la serie de enfermedades endémicas con registro epidemiológico generalmente soslayado por los gobiernos de turno, observándose una salud pública venida a menos por el desequilibrio ambiental que se agudiza a través del tiempo por efecto de malas prácticas del ser humano que afectan la conservación o rehabilitación de los ecosistemas naturales.
La débil gobernanza y gobernabilidad del país se agrava con los problemas del ordenamiento territorial, los límites referenciales y su división política que a través del tiempo no resuelve los cuellos de botella que se forman con el centralismo de zonas urbanas y la atomización de poblaciones aisladas y dispersas en zonas rurales, donde la conectividad y operatividad de los servicios básicos son escazas, en no pocas de las cuales la ausencia del Estado formal se evidencia.
En este escenario se perciben en el país los efectos del cambio climático, así como con las externalidades resultantes en el planeta de los mil millones de habitantes que cada doce años incrementan la presión sobre los recursos naturales y los residuos que se generan.
Así, dentro de ocho años la población peruana para el año 2030, estaría alcanzando 37 millones de habitantes, los cuales necesitan tener un ambiente sano para poder vivir adecuadamente. Las generaciones pasadas hicieron lo suyo y es tarea de las actuales generaciones el poder ordenar la casa común, el planeta tierra y en particular, el territorio peruano.
La actual constitución política del Perú del año 1993, la ley orgánica del poder ejecutivo, así como el decreto legislativo 1013 del año 2008, dieron espacio al Ministerio del Ambiente para diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial del ambiente, el cual desde su creación y pasados trece años, contó con diez ministros que se encargaron en su momento de gestionar una cartera compleja que no termina de constituirse, lo que ralentiza sus actividades; el 2009 mediante DS N° 012-2009-MINAM se aprobó la Política Nacional del Ambiente, teniendo como objetivo general mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables en el largo plazo y cuenta en la actualidad con el DS N° 023-2021-MINAM del 25 de julio del año 2021 para establecer la Política Nacional del Ambiente al 2030.
Los esfuerzos legislativos sobre medio ambiente son de larga data, sin embargo tienen bajo cumplimiento de parte, tanto de los productores como de los consumidores legales, dada la informalidad que cubre con su manto de impunidad la contaminación producida por actividades que no se ajustan a los compromisos asumidos por las políticas, planes, programas y proyectos que tienen como objetivo cautelar la salud pública y mantener un espacio armónico en la relación del hombre con su medio ambiente que lo rodea.
Diversos indicadores permiten asociar los impactos generados por pasivos ambientales, el cambio climático y el Covid-19, destacándose la tendencia creciente de defunciones a nivel nacional en el último quinquenio, donde se duplicó el número de defunciones; pasando de cien mil a doscientos mil defunciones y a la espera de cien mil nuevas defunciones como efecto del eventual sismo de 8,8 magnitud momento a producirse en Lima.
Cabe precisar que la relación hombre-medio ambiente contaminado influye sustantivamente en el incremento de muertes, las mismas que se focalizaron para este mismo periodo en la franja costera entre Tumbes y Arequipa. En ese orden de influencia, se tiene a ciudades con problemas en la gestión de agua y disposición sanitaria de residuos sólidos: Piura, Lambayeque e Ica como las localidades que presentan la más alta letalidad por Covid-19 en el país más afectado por muertes per cápita del mundo.
Los problemas especificados en el diagnóstico de situación del problema público reporta una merma en el bienestar de la población, para lo cual se debe enfrentar los problemas ocasionados por la pérdida de la diversidad biológica, el deterioro de la calidad ambiental, el incremento de riesgos e impactos ante peligros de origen natural y antrópicos, débil gobernanza, aumento de procesos productivos de bienes y servicios no sostenibles, y finalmente los comportamientos ambientales no sostenibles de los ciudadanos.
Los precitados problemas se mantienen subsistentes y se agudizan porque, entre otros se distingue un marco normativo ambiental no armonizado entre los sectores, situación que origina inseguridad jurídica percibida por la inversión privada participante del modelo económico que impulsa a la economía social de mercado donde las industrias extractivas generan pasivos ambientales que el Estado, por diversos factores y consideraciones, no atiende oportunamente.
Para ver la inercia con que se maneja este tema, basta revisar el presupuesto nacional del sector público en un periodo que no alcanza a las últimas dos décadas, donde éste se cuadruplicó pasando de 44 mil a 197 mil millones de soles , priorizando el gasto corriente y el servicio de la deuda , castigando al gasto de capital que se encuentra en el orden del 24% , lo que hace materialmente inviable atender las urgentes necesidades que demanda el país para atender a sectores prioritarios para dinamizar su economía y por consiguiente, soslayando el componente ambiental en el desarrollo nacional.
La política ambiental de los sucesivos gobiernos aplicada en Perú, se encuentra alejada a las soluciones basadas en la naturaleza, en rigor se encuentra llenas de inconsistencias pues no reflejan la real situación ambiental del país que evidencia la pandemia del Covid-19. En ese sentido se hace necesario el sinceramiento de las cifras y socializar las mismas, poniendo sobre la mesa la cara real de los problemas que impactan sobre la salud de las personas y su medio ambiente. La transición de estrés hídrico a escasez de agua, el retroceso de glaciares, la contaminación de aguas subterráneas, la pérdida de suelos por erosión ante la salvaje deforestación de bosques de protección, así como de bosques amazónicos ante el peligroso avance de cultivos de coca, entre otros.
La descentralización y manejo del presupuesto público para el tema ambiental sólo es la punta del iceberg donde se percibe las brechas existentes en la concentración del PBI, el uso del presupuesto público y grandes diferencias en el índice de desarrollo humano existentes en los antes denominados departamentos y hoy regiones del país.
Este 2021, la sociedad peruana dejó un mensaje claro al votar por el cambio estructural en el manejo de la cosa pública, para que los gobernantes de turno puedan revertir la forma demagógica con que se presentan los objetivos prioritarios y lineamientos de la política nacional del ambiente sin tener la capacidad de materializar las recomendaciones de la organización para la cooperación y el desarrollo Económico y mucho menos atender los problemas estructurales que la población reclama en las calles con las protestas socioambientales, algunas extremas que afectan los derechos de terceros, entre ellos a capitales de países amigos y socios comerciales del Perú.
En este contexto se necesita auscultar los alcances, cumplimientos y tendencias de las actividades realizadas en el pasado a la luz de la política nacional y sectorial ambiental, es así que acudimos a indicadores para ver el cumplimiento del país para alcanzar los ocho (8) objetivos de desarrollo del Milenio (ODM/2000-2015) incidiendo en el extremo del objetivo 7 para garantizar la sostenibilidad del medio ambiente; asimismo, los diecisiete (17) objetivos de desarrollo sostenible (ODS/2015-2030) focalizando en el objetivo 6 para garantizar agua limpia y saneamiento, objetivo 11 impulsando ciudades y comunidades sostenibles y el Objetivo 13 vinculado con la acción por el clima; los mismos que al concordar con indicadores que muestran el progreso social me lleva afirmar que en el país se percibe en la praxis la ausencia de una política ambiental de Estado, existiendo en su lugar una suerte de hoja de ruta con esfuerzos dispersos para dar cumplimiento a políticas ambientales fijados por cada gobierno de turno.
Transcurridos los últimos ocho (8) años, en el periodo 2014-2021, donde se sucedieron seis (6) administraciones: Humala-PPK-Vizcarra-Merino-Sagasti y Castillo, observamos que con esta alta rotación, las administraciones en turno están lejos de sentar las bases para un eficiente planeamiento y dar cumplimiento a los compromisos internacionales suscritos para mejorar la calidad ambiental transfrontera y dentro del territorio nacional.
Lo expresado por el suscrito es sin perjuicio de la denominada Política de Estado N° 19 desarrollo sostenible y gestión ambiental, del acuerdo nacional que establece el compromiso del Estado peruano a integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del país.
La respuesta a la pregunta qué hacer con el ambiente en el Perú, vinculando al hombre con su medio ambiente en equilibrio con la naturaleza, pasa por diversas etapas, que van desde la época pre Inca, el imperio Inca, la colonia y la vida republicana que este año se encuentra cumpliendo su bicentenario.
El avance tecnológico y satelital que nos da la modernidad nos permite observar el territorio que ocupa actualmente el Perú con sus 159 cuencas hidrográficas y podemos contrastar con el manejo que se dio en la época del imperio incaico, sobre un área andina tres veces mayor que la actual, teniendo en cuenta que Perú es un país andino y amazónico, el cual comparte los recursos que otorga la cuenca más grande del planeta conjuntamente con siete países de la región.
Adicionalmente, la cordillera de los Andes alberga ingentes recursos que hacen del Perú un país con recursos mineros, sumados a los recursos ictiológicos de un mar peruano reconocido mundialmente por su diversidad y que por sus 38 climas y múltiples pisos altitudinales le dan disponibilidad y acceso al agua-alimentos y energía, sin embargo, de acuerdo a su evolución demográfica, presenta problemas de distribución y gestión de los recursos agua, suelo y aire, los cuales agravan los impactos de origen natural y antrópicos, principalmente por la presión demográfica de las grandes ciudades situadas en la costa desértica peruana y en particular su capital Lima, cuyo crecimiento desordenado le ha hecho altamente vulnerable a impactos ambientales.
En este espacio geo social se sucedieron los ciclos de bonanza económica : oro, plata, guano y salitre, caucho, algodón y azúcar, petróleo, pesca y minería; también las pandemias de la peste bubónica (1720), El Cólera (1820), la gripe española (1920) y el Covid-19 (2020) con el añadido de la epidemia de El cólera de 1991 y la serie de enfermedades endémicas con registro epidemiológico generalmente soslayado por los gobiernos de turno, observándose una salud pública venida a menos por el desequilibrio ambiental que se agudiza a través del tiempo por efecto de malas prácticas del ser humano que afectan la conservación o rehabilitación de los ecosistemas naturales.
La débil gobernanza y gobernabilidad del país se agrava con los problemas del ordenamiento territorial, los límites referenciales y su división política que a través del tiempo no resuelve los cuellos de botella que se forman con el centralismo de zonas urbanas y la atomización de poblaciones aisladas y dispersas en zonas rurales, donde la conectividad y operatividad de los servicios básicos son escazas, en no pocas de las cuales la ausencia del Estado formal se evidencia.
En este escenario se perciben en el país los efectos del cambio climático, así como con las externalidades resultantes en el planeta de los mil millones de habitantes que cada doce años incrementan la presión sobre los recursos naturales y los residuos que se generan.
Así, dentro de ocho años la población peruana para el año 2030, estaría alcanzando 37 millones de habitantes, los cuales necesitan tener un ambiente sano para poder vivir adecuadamente. Las generaciones pasadas hicieron lo suyo y es tarea de las actuales generaciones el poder ordenar la casa común, el planeta tierra y en particular, el territorio peruano.
La actual constitución política del Perú del año 1993, la ley orgánica del poder ejecutivo, así como el decreto legislativo 1013 del año 2008, dieron espacio al Ministerio del Ambiente para diseñar, establecer, ejecutar y supervisar la política nacional y sectorial del ambiente, el cual desde su creación y pasados trece años, contó con diez ministros que se encargaron en su momento de gestionar una cartera compleja que no termina de constituirse, lo que ralentiza sus actividades; el 2009 mediante DS N° 012-2009-MINAM se aprobó la Política Nacional del Ambiente, teniendo como objetivo general mejorar la calidad de vida de las personas, garantizando la existencia de ecosistemas saludables en el largo plazo y cuenta en la actualidad con el DS N° 023-2021-MINAM del 25 de julio del año 2021 para establecer la Política Nacional del Ambiente al 2030.
Los esfuerzos legislativos sobre medio ambiente son de larga data, sin embargo tienen bajo cumplimiento de parte, tanto de los productores como de los consumidores legales, dada la informalidad que cubre con su manto de impunidad la contaminación producida por actividades que no se ajustan a los compromisos asumidos por las políticas, planes, programas y proyectos que tienen como objetivo cautelar la salud pública y mantener un espacio armónico en la relación del hombre con su medio ambiente que lo rodea.
Diversos indicadores permiten asociar los impactos generados por pasivos ambientales, el cambio climático y el Covid-19, destacándose la tendencia creciente de defunciones a nivel nacional en el último quinquenio, donde se duplicó el número de defunciones; pasando de cien mil a doscientos mil defunciones y a la espera de cien mil nuevas defunciones como efecto del eventual sismo de 8,8 magnitud momento a producirse en Lima.
Cabe precisar que la relación hombre-medio ambiente contaminado influye sustantivamente en el incremento de muertes, las mismas que se focalizaron para este mismo periodo en la franja costera entre Tumbes y Arequipa. En ese orden de influencia, se tiene a ciudades con problemas en la gestión de agua y disposición sanitaria de residuos sólidos: Piura, Lambayeque e Ica como las localidades que presentan la más alta letalidad por Covid-19 en el país más afectado por muertes per cápita del mundo.
Los problemas especificados en el diagnóstico de situación del problema público reporta una merma en el bienestar de la población, para lo cual se debe enfrentar los problemas ocasionados por la pérdida de la diversidad biológica, el deterioro de la calidad ambiental, el incremento de riesgos e impactos ante peligros de origen natural y antrópicos, débil gobernanza, aumento de procesos productivos de bienes y servicios no sostenibles, y finalmente los comportamientos ambientales no sostenibles de los ciudadanos.
Los precitados problemas se mantienen subsistentes y se agudizan porque, entre otros se distingue un marco normativo ambiental no armonizado entre los sectores, situación que origina inseguridad jurídica percibida por la inversión privada participante del modelo económico que impulsa a la economía social de mercado donde las industrias extractivas generan pasivos ambientales que el Estado, por diversos factores y consideraciones, no atiende oportunamente.
Para ver la inercia con que se maneja este tema, basta revisar el presupuesto nacional del sector público en un periodo que no alcanza a las últimas dos décadas, donde éste se cuadruplicó pasando de 44 mil a 197 mil millones de soles , priorizando el gasto corriente y el servicio de la deuda , castigando al gasto de capital que se encuentra en el orden del 24% , lo que hace materialmente inviable atender las urgentes necesidades que demanda el país para atender a sectores prioritarios para dinamizar su economía y por consiguiente, soslayando el componente ambiental en el desarrollo nacional.
La política ambiental de los sucesivos gobiernos aplicada en Perú, se encuentra alejada a las soluciones basadas en la naturaleza, en rigor se encuentra llenas de inconsistencias pues no reflejan la real situación ambiental del país que evidencia la pandemia del Covid-19. En ese sentido se hace necesario el sinceramiento de las cifras y socializar las mismas, poniendo sobre la mesa la cara real de los problemas que impactan sobre la salud de las personas y su medio ambiente. La transición de estrés hídrico a escasez de agua, el retroceso de glaciares, la contaminación de aguas subterráneas, la pérdida de suelos por erosión ante la salvaje deforestación de bosques de protección, así como de bosques amazónicos ante el peligroso avance de cultivos de coca, entre otros.
La descentralización y manejo del presupuesto público para el tema ambiental sólo es la punta del iceberg donde se percibe las brechas existentes en la concentración del PBI, el uso del presupuesto público y grandes diferencias en el índice de desarrollo humano existentes en los antes denominados departamentos y hoy regiones del país.
Este 2021, la sociedad peruana dejó un mensaje claro al votar por el cambio estructural en el manejo de la cosa pública, para que los gobernantes de turno puedan revertir la forma demagógica con que se presentan los objetivos prioritarios y lineamientos de la política nacional del ambiente sin tener la capacidad de materializar las recomendaciones de la organización para la cooperación y el desarrollo Económico y mucho menos atender los problemas estructurales que la población reclama en las calles con las protestas socioambientales, algunas extremas que afectan los derechos de terceros, entre ellos a capitales de países amigos y socios comerciales del Perú.
