Crisis en política de los residuos sólidos municipales

A escasos 24 días de las elecciones generales del próximo 12 de abril, en las que el país de los Incas elegirá presidente de la república, senadores, diputados y representantes al parlamento andino y, en términos prácticos, una nueva conducción del Estado peruano, resulta importante poner en agenda uno de los problemas estructurales más graves y persistentes de América Latina y particularmente en Perú: la gestión de los residuos sólidos municipales - RSM.

Durante el periodo 2001–2026, el Perú ha experimentado un importante crecimiento económico, acompañado de una expansión urbana acelerada y altamente fragmentado territorialmente con 196 municipios provinciales y 1890 municipios distritales.

Sin embargo, este crecimiento no ha sido respaldado por un fortalecimiento equivalente del Estado, generando una crisis silenciosa pero profunda en la gestión de RSM. 

Hoy enfrenta una realidad crítica en la que cada vez genera más residuos sólidos mientras la responsabilidad de su disposición final recae en sus 196 municipalidades provinciales que, en su mayoría, no cuentan con capacidades técnicas ni financieras suficientes, lo que ha derivado en la persistencia de vertederos o botaderos a cielo abierto en gran parte del país y en el desaprovechamiento de la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de estos residuos. 

A ello se suma la alta morosidad ciudadana en el pago de arbitrios, lo que debilita aún más el sistema, así como la corrupción en gobiernos locales que ha contribuido a decisiones que agravan el problema. Uno de los aspectos más graves y menos discutidos es el enterramiento de residuos en zonas inundables de la costa norte peruana, justamente donde son recurrentes eventos como el Fenómeno El Niño y el Fenómeno El Niño Costero. 

Estas prácticas han generado la dispersión de residuos durante inundaciones, la liberación de lixiviados altamente contaminantes y la consecuente contaminación de agua, suelos y zonas habitadas, afectando directamente a la salud de la población más vulnerable.No es casualidad que, en contextos críticos como la pandemia de COVID-19, las zonas con mayor precariedad ambiental y competencia municipal hayan registrado niveles dramáticos de morbimortalidad, lo que evidencia una relación directa entre mala gestión pública, degradación ambiental y vulnerabilidad sanitaria.

A pesar de que el país cuenta con un marco normativo claro, como el establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que obliga a priorizar la valorización de los residuos antes de su disposición final, la realidad en los 196 municipios provinciales del país muestra un incumplimiento sistemático de estas disposiciones. Este no es un problema aislado ni técnico; es una expresión directa de las debilidades estructurales de las políticas públicas que arrastra el Estado peruano sujeto a una alta rotación de los tomadores de decisión en este extremo que amerita un serio debate con algunas ideas fuerza expresadas seguidamente:

La primera, que debe quedar claramente establecida, es que existe una brecha crítica entre la norma y la realidad, producto de una combinación de limitaciones presupuestales, falta de capacidades técnicas y ausencia de planificación de largo plazo. Para muchos gobiernos locales, enterrar residuos sigue siendo la alternativa más sencilla y menos exigente en el corto plazo, aun cuando ello comprometa la sostenibilidad ambiental, la salud pública y la economía futura. La valorización, que implica reciclaje, compostaje y reaprovechamiento, requiere inversión, conocimiento y gestión eficiente, elementos que no han sido priorizados en la mayoría de las municipalidades provinciales.

La segunda, es la debilidad institucional del sistema de control y fiscalización. Entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Contraloría General de la República no han logrado generar mecanismos efectivos, continuos y disuasivos que obliguen a los gobiernos locales a cumplir con la normativa vigente. La falta de supervisión oportuna y de sanciones ejemplares ha permitido que el incumplimiento se normalice.

La tercera, es la ausencia de un mercado sólido y formal para la valorización de residuos. Sin cadenas de valor estables para los materiales reciclables, los municipios carecen de incentivos económicos para apostar por sistemas de reaprovechamiento. A ello se suma la persistencia de la informalidad en el reciclaje, que, si bien cumple un rol importante, no ha sido adecuadamente integrada en modelos formales e inclusivos de gestión. 

La cuarta, es la débil cultura ciudadana en materia de segregación en la fuente. Sin participación activa de la población, cualquier esfuerzo de valorización se vuelve más costoso y menos eficiente. Este componente, fundamental para el éxito de cualquier sistema moderno de gestión de residuos, ha sido históricamente relegado. 

Una quinta idea fuerza que no puede seguir siendo omitida: la corrupción estructural que atraviesa la gestión de residuos sólidos en el país y que alcanza, en mayor o menor medida, a los 196 municipios provinciales. La contratación de servicios de recolección, transporte y disposición final, así como la ejecución de proyectos de infraestructura como rellenos sanitarios o plantas de tratamiento, representan espacios altamente vulnerables a prácticas corruptas.La transparencia opaca en los procesos, la colusión con proveedores, la sobrevaloración de proyectos y la falta de rendición de cuentas han convertido a la basura en un negocio antes que en un servicio público. Esta realidad distorsiona completamente los incentivos, desincentivando soluciones sostenibles como la valorización, que suelen ser menos rentables desde una lógica corrupta.

Nos encontramos, por tanto, ante una crisis sistémica que combina fallas institucionales, debilidad financiera, corrupción, mala planificación territorial, pérdida de oportunidades económicas como la valorización energética de residuos y graves impactos ambientales y sanitarios. 

En síntesis, objetivamente me reafirmo en la convicción que el crecimiento económico y el aumento sostenido de los RSM no han sido acompañados por un fortalecimiento del Estado. La asignación de responsabilidades a municipalidades sin capacidades, sumada a la morosidad, la corrupción y prácticas no sanitarias como el enterramiento de residuos en zonas inundables, ha generado una crisis estructural que incrementa la vulnerabilidad de la población y desperdicia oportunidades de desarrollo. 

En este contexto, resulta indispensable que los múltiples candidatos a la presidencia, al Congreso y a los distintos niveles de gobierno se pronuncien de manera clara, técnica y verificable sobre cómo enfrentarán este problema.

No basta con declaraciones generales; el país necesita propuestas concretas que aborden el financiamiento de la valorización, el fortalecimiento de capacidades municipales, la reforma de los sistemas de fiscalización, la formalización de los recicladores, la educación ciudadana y, de manera central, la lucha frontal contra la corrupción en la gestión de residuos sólidos municipales.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048 

CIP N° 38874

  

USD 200 millones del BM para minería en Perú

El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un nuevo proyecto para respaldar al Perú en aumentar la competitividad, transparencia y sostenibilidad del sector minero, sentando las bases para la creación de más y mejores empleos.

Destacó que la minería representa cerca del 10% del PBI peruano y constituye uno de los principales motores de exportaciones y generación de empleo.

En el año 2025, las exportaciones mineras alcanzaron USD 61.849 millones, reflejando un crecimiento interanual significativo. 

Asimismo, advirtió que la inversión minera se ha desacelerado en los últimos años debido a factores como: cuellos de botella regulatorios, demoras en la aprobación de permisos y desafíos de gobernanza en el sector.

El proyecto busca modernizar la capacidad geocientífica del país y fortalecer la gestión institucional del sector minero. Entre las medidas previstas se incluye la generación y difusión de datos geocientíficos de última generación, lo que permitirá mejorar el conocimiento del potencial mineral del país.

Asimismo, contempla la creación de: una Litoteca Nacional de Testigos de Perforación, un laboratorio de geocronología de última generación y la implementación de una Ventanilla Única Digital para agilizar la aprobación de permisos mineros.

¿Consultas sobre las próximas elecciones generales en Perú?

Ante el honor que me hacen mis pares, colegas y discípulos al consultarme sobre el próximo proceso electoral a realizarse en Perú el 12 de abril del presente año, comparto con ustedes algunas reflexiones asi como la opinión personalísima del suscrito sobre el particular:

Escenario electoral en Perú para las elecciones generales del año 2021

En toda democracia el voto es un derecho. Pero en determinados momentos de la historia de un país, ese derecho adquiere también la dimensión de una responsabilidad moral. 

El Perú atraviesa hoy uno de esos momentos. La fragilidad institucional, la desconfianza en la política, la polarización y los constantes conflictos entre poderes del Estado han debilitado la confianza ciudadana.

En ese contexto, votar pensando en el imperio de la ley deja de ser solo una preferencia política y se convierte en una obligación ética, de tal manera que las reglas se aplican por igual a todos, que las autoridades están sometidas a la Constitución y que ninguna persona o colectividad política está por encima de la ley.

No se trata de una consigna abstracta; es la base que permite que las instituciones funcionen, que la economía genere confianza y que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos con plena seguridad.

Cuando el imperio de la ley se debilita, las consecuencias son visibles: proliferan la corrupción, la arbitrariedad, la captura de instituciones y el uso del poder para intereses particulares, primando los crematísticos en el país que fue un modelo de desarrollo con el floreciente imperio de los Incas.

La historia reciente del Perú ofrece suficientes ejemplos de cómo la erosión institucional termina afectando no solo a la política, sino también al crecimiento económico, la inversión y la estabilidad social.

Un indicador particularmente dramático de esta crisis institucional es el hecho de que varios presidentes de la República en las últimas décadas han sido investigados, procesados e incluso encarcelados por delitos de corrupción. No estuvieron ajenos a seguir estas vicisitudes los funcionarios de los otros niveles de la gestión pública del Estado.  

No escapa al conocimiento público que en los últimos 10 años la crisis e inestabilidad  política ha hecho que 8 presidentes de la república se sentaran en el sillón de Pizarro, de los cuales solamente dos (2) fueron electos en elecciones generales y el resto ocuparon el espacio por sucesión constitucional o gobiernos de transición tras renuncias o vacancias, donde el balance de poder se concentró en la representación nacional del Congreso de la República.

Así las malas prácticas en democracia llegaron a su clímax con el último referendum nacional realizado el nueve de diciembre de 2018, cuando la propuesta de restablecer la bicameralidad del congreso contemplando senadores y diputados, fue rechazada por amplia mayoría en una cantidad superior al noventa por ciento de electores de la población peruana.  

Sin perjuicio de la primacía de la voluntad popular, en el proceso electoral a realizarse este 12 de abril del 2026, se impuso vía reforma constitucional a la bicameralidad, manteniendo el status quo mediante un poderoso senado. 

Esta situación no solo daña la imagen presidencial como piensan algunos, sino lesiona la percepción de todo el país, revelando una falla profunda en los mecanismos de selección política y en la cultura de la libertad respecto al extremo de la consciencia pública.

La corrupción no empieza necesariamente con grandes escándalos, diezmos o millonarios sobornos. Comienza antes, en un acto más sutil pero igualmente grave: aceptar un cargo público para el cual no se tiene la preparación, la experiencia o la integridad necesarias.

Cuando alguien asume una función pública sin la capacidad para ejercerla adecuadamente, se debilita la calidad de las decisiones públicas y se abre la puerta a la improvisación, al clientelismo y a la captura de instituciones.

Las consecuencias de esta práctica son visibles en la vida cotidiana del país. La falta de preparación y de visión de Estado suele traducirse en las recurrentes crisis políticas, inestabilidad gubernamental y debilitamiento institucional a que hago referencia. 

Los patriotas que se atreven a enfrentar a estas malas prácticas, son neutralizados de diversas formas y en el caso de militares y policías simplemente son invitados a pasar al retiro.

El accionar de los operadores de justicia son ralentizados mediante el argumento presupuestal.

A ello se suman crisis sectoriales recurrentes que afectan directamente a la población, como los problemas del deterioro en la seguridad ciudadana, la seguridad en los servicios de salud, la seguridad energética y las crecientes tensiones en torno a la disponibilidad y gestión del agua justamente en la costa peruana, allí donde se localiza la mayor población de peruanos. 

Cuando las decisiones públicas se toman sin conocimiento técnico, sin planificación y sin respeto por las instituciones, el país pasa de administrar problemas estructurales a vivir permanentemente en estado de urgencia y plagado de la informalidad en su vida cotidiana.

Lo que debería gestionarse con políticas públicas de largo plazo termina convirtiéndose en emergencias cíclicas tanto de origen antropogénico como natural, con un alto costo social, económico y humano para millones de personas instaladas en territorio nacional.

Por ello, frente a cada proceso electoral, los ciudadanos deberíamos hacernos una pregunta sencilla pero fundamental: ¿qué candidato cuenta con la trayectoria, el equipo y planes de administración de la cosa pública que garantizan realmente el respeto a la ley y a las instituciones? Más allá de ideologías, promesas o discursos demagógicos, el criterio mínimo para evaluar a quienes aspiran a gobernar debería ser su compromiso con el Estado de derecho, la independencia de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas.

Votar pensando en el imperio de la ley no significa apoyar a un partido específico. Significa algo más profundo: defender las reglas que hacen posible la convivencia democrática. Sin instituciones fuertes, cualquier programa político sea económico, social o ambiental,termina siendo inviable. 

Bajo estas consideraciones, muchos partídos políticos y sus candidatos experimentados en lides electorales no pasarían con éxito una auditoría de gestión y por consiguiente la valla electoral.

Estas reflexiones las hago mirando todo el país, incluyendo porsupuesto al Perú profundo, al país real que vive más allá de los círculos del poder político y de los debates coyunturales de la capital Lima, la ciudad tres veces coronada villa. 

Conocer el territorio en sus cuencas hidrográficas, sus regiones, sus recursos y las dificultades que enfrentan millones de peruanos respecto a las brechas existentes en los servicios básicos, permite comprender que el país no puede seguir repitiendo las mismas fórmulas, ni los mismos rostros políticos que fracasaron rotundamente en el pasado. Persistir en los mismos errores solo prolonga los ciclos de crisis y frustración colectiva.

En ese sentido, resulta fundamental que las nuevas generaciones asuman su rol ante la historia. Los jóvenes peruanos no solo representan el futuro del país; también tienen la responsabilidad de renovar la política con ideas, preparación, ética pública y compromiso con el bien común. Sin su participación activa y consciente, será difícil romper con las prácticas que han debilitado dramáticamente la gobernanza y gobernabilidad del país.

En estas elecciones generales, la cédula electoral que es considerada la más grande en la história electoral del pais, presenta el desafío de llenar una matriz con filas de múltiples organizaciones políticas y 5 columnas donde en la misma cédula se eligirá al Presidente y vicepresidente de la República (columna 1), senadores nacionales que representan a todo el país (columna 2), senadores regionales que representan a cada región del país (columna 3), diputados a nivel regional (columna 4) y representantes al parlamento Andino (columna 5). Ante la complejidad de las 5 elecciones en la misma cédula, el tiempo estimado para votar que tiene el elector, podría constituirse en un cuello de botella para definir los votos validamente emitidos en ciertas jurisdicciones electorales de un país multidiverso.

La democracia no se sostiene solo con elecciones; se sostiene con ciudadanos que comprenden que su voto tiene consecuencias para el futuro institucional del país.

En el Perú de hoy, ejercer ese voto con responsabilidad implica priorizar el respeto a la ley por encima de la coyuntura política o de las simpatías momentáneas.

En tiempos de incertidumbre, la defensa del imperio de la ley no es solo una opción política. Es, ante todo, un compromiso con la democracia, con la integridad de las instituciones y con el futuro del país.

En consecuencia, soy de la opinión que el ciudadano peruano , este en territorio peruano o en el extranjero, debe ir a votar en estas elecciones generales de abril y defender su voto para lograr el bien común de ésta y las futuras generaciones. 

Por estas consideraciones mi voto será para la alternativa que reuna las calificaciones antes mencionadas y será consecuente con lo que muy probablemente pensarían mis colegas y amigos que formaron parte de ese 99% de los fallecidos por COVID-19 en el Perú que estaban en edad de votar.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048

CIP N° 38874

La administración pública ante eventos climáticos extremos

Hoy 4 de marzo, en el día mundial de la ingeniería para el desarrollo sostenible comparto las siguientes reflexiones en momentos en que diversos gobiernos locales a nivel nacional del país de los Incas se encuentran en emergencia para fortalecer la respuesta del Estado ante intensas lluvias y a escasos 39 días para las elecciones generales de una nueva administración de la cosa pública en Perú.

Administración pública en 482 años

La administración pública en los tiempos del virreinato del Perú como máxima entidad territorial y administrativa duró oficialmente 282 años, pues después de crearse el virreinato en 1542, se activó administrativamente con el primer virrey en 1544; por lo que su duración administrativa efectiva fue de 280 años, comprendiendo total o parcialmente en su máxima extensión territorial (siglos XVI–XVII) a los territorios de seis países actuales en la región andina de sudamérica y a partir del siglo XVIII, su territorio se redujo ante la creación del virreinato de Nueva Granada (1717) y el virreinato del Río de la Plata (1776).

Desde entonces, la administración pública del virreinato del Perú quedó concentrado principalmente en los actuales Perú y Bolivia, hasta su desaparición en 1824.

Constituye un hito la conmemoración de los 200 años de la independencia peruana su declaración de independencia en 1821  y la consolidación de su libertad en 1824; motivo por el cual se estima en libertad hasta la actualidad la vigencia de 202 años en que esta fase de la administración  pública participó en el proceso de crecimiento y desarrollo del país.

Periodos de retorno de los eventos climáticos

Registros históricos arqueológicos y sedimentológicos de efectos climáticos ocurridos en el periodo colonial sobre la costa peruana asociados con el fenómeno El Niño, caracterizado por intensas lluvias, grandes avenidas e inundaciones, fueron anotados en apuntes no instrumentales desde el año 1578, seguidos en 1607–1608; 1619–1620; 1630–1631; 1650; 1671; 1687 ; 1701;1720;1728;1761;1784–1785;1791.

Durante el periodo republicano temprano (siglo XIX), se registraron en los años: 1803–1804; 1828;1844–1846;1857–1858;1864;1871;1877–1878;1884–1885;1891.

Asimismo en el periodo instrumental temprano (1900–1950) se suscedieron en los años : 1902;1905–1906;1911–1912;1918–1919;1925–1926; 1930;1932;1939–1941 y en el periodo instrumental moderno (1950–2000) las anotaciones datan de : 1951;1953;1957–1958;1965–1966;1969–1970;1972–1973;1976–1977;1982–1983;1986–1988;1991–1992;1997–1998.

Al llegar el Siglo XXI , con el soporte de equipos e instrumentos de alta confiabilidad científica se obtuvieron registros en los años : 2002–2003;2004–2005;2006–2007;2009–2010;2014–2016 ;2017–Niño Costero; 2018–2019;2023–2024, 2026.

De la misma manera, eventos extremos de sequías constituyen una característica repetitiva del espectro climático peruano durante milenios, habiéndose registrado en el último medio siglo, eventos con intensidades de moderada a extremadamente seco en departamentos andinos para los años : 1982,1983,1985,1987,1988,1990,1992,2004,2005 y 2016; considerando que su impacto está en función a la capacidad de gestión del agua. 

Registro histórico y sedimentológico de efectos climáticos en el desierto de Nazca

Entrando en contexto, es una verdad irrefutable que en territorio peruano, tanto en la antigua como en la nueva administración pública , tuvieron que gestionar los impactos climáticos y en la medida del avance científico, es posible establecer rangos de ocurrencia y patrones probabilísticos que hacen posible que la administración pública no actúe reactivamente ante intensas lluvias o sequías severas , ya que es perfectamente posible prevenir y gestionar el riesgo de ocurrencia con rangos aceptables para los eventos extremos. 

Gestión del recurso agua

En la época preinca, los mecanismos utilizados para captar agua de la escorrentía subterránea en ríos estacionales de la costa desértica fue mediante puquios, reservorios y canales; en tanto que en la zona alto andina de la sierra, fueron usadas las qochas,amunas,waru waru y andenería. En la época Inca se perfeccionaron las terrazas agrícolas con andenes, la siembra y cosecha del agua mediante amunas, el uso de reservorios alto andinos y camellones  o waru waru, así como los sistemas de drenaje; todos ellos en el marco de un modelo de gestión de riesgo climático integrado a la estructura política y administrativa del Estado. 

Así,en el tahuantinsuyo al gestionar sistémicamente la ecuación tierra y agua, se relacionaba con el clima anticipándose a eventos extremos,distribuyendo su impacto territorialmente,de tal manera que el suceso producido se amortiguaba y compensaba socialmente.

Durante el virreinato, la gestión del agua pasó del modelo territorial integral andino a un modelo jurídico productivo colonial, convirtiéndose en un recurso económico estratégico, regulado y su uso concentrado en haciendas y centros mineros.

En la época republicana, la gestión del agua discurrió de un modelo agrícola-sectorial hacia un modelo legal, institucional y técnico especializado integrado por cuencas.

Así, los instrumentos jurídicos y normativos se dieron a través del código de aguas de 1902, la ley general de aguas de 1969 y la ley de recursos hídricos de 2009; los instrumentos institucionales que cuentan con las empresas prestadoras de servicios supervisadas por el organismo regulador, los consejos de recursos hídricos de cuenca y la autoridad nacional del agua; los instrumentos técnicos y de planificación con los planes de gestión de recursos hídricos por cuenca, estudios hidrológicos y económicos ; los instrumentos de infraestructura hidráulica mayor conformado por los proyectos de trasvase e irrigación como Choclococha de Huancavelica-Ica (1950), Chira-Piura (1970), Majes-Siguas (1980), Olmos del río Huancabamba al río Olmos (2000).Un tratamiento especial se identifica en la infraestructura de trasvase alto andinos de Marcapomacocha para la capital del país - Lima.

Los precitados proyectos de trasvase fueron acompañados entre otros por represas y reservorios para la costa como : San Lorenzo (Piura-1958), Tinajones (Lambayeque 1968),Poechos (Piura-1978), Condoroma (Arequipa-1985), Gallito ciego (Cajamarca-1988),Chavimochic (La libertad-1997),Limón (Lambayeque-2009).

A lo largo de este proceso, la administración pública coadyuvó en los esfuerzos para controlar avenidas y sequías; regular caudales, mantener el caudal ecológico, expandir la frontera agrícola, general energía, entre otros y en estricto  gestionar el riesgo climático mitigando los fenómenos meteorológicos,atmosféricos e hidrológicos que se presentan a nivel nacional en sus 159 cuencas hidrográficas.

Desafíos de la nueva administración pública

La gestión de la nueva administración pública en Perú,supone grandes desafíos con agenda pendiente por atender frente a los eventos climáticos extremos que las sociedades prehispánicas desarrollaron en armonía con la naturaleza.

Pese a que en la modernidad se cuenta con una combinación de avances científicos,tecnológicos y de gestión que permiten monitorear,predecir y mitigar el cambio climático asi como a los fenómenos el niño, el niño costero, la niña, entre otros; la desatención del impacto climático combinado sobre el crecimiento del PBI peruano en el periodo 2001-2026 es en el orden del 9 % del PBI acumulado.

Abona a obtener esta realidad la recurrente crisis política que influye directamente en la suficiencia del Estado, donde la inestabilidad institucional incrementa los impactos económicos y sociales derivados de la reducción en su capacidad de resiliencia climática.

Evolución de la política pública para la gestión del agua

A través de los tiempos, el recurso agua se convirtió en una de las fortalezas que acompañó el crecimiento y desarrollo de los pueblos localizados en America latina y particularmente en la superficie donde floreció el imperio de los Incas y que en la modernidad, en parte cubre el territorio peruano, donde el acceso y la disponibilidad del recurso hídrico ostentan una paradoja estructural: el Perú cuenta con abundante recurso hídrico a escala nacional, sin embargo la mala distribución natural, el cambio climático y las limitaciones en la gestión pública, producen importantes brechas con agenda pendiente por resolver.

Para lograr ello, pese al sincretismo del agua en el Perú,  este recurso atravesó por un proceso que tras evidenciar la sabiduría hidráulica pre inca e inca, aspira a que actualmente fuera progresiva y adecuadamente distribuida para sus diversos usos.

Entre los años 200 a.C. y 600 d.C

Asi, en la época preinca se tiene como registro los acueductos de Cantalloc en Nazca como parte del sistema hidráulico subterráneo que permitió a la cultura Nazca dominar el desierto, toda vez que les permitía captar y conducir agua de consumo humano, también para irrigar sus campos de cultivo y de esta manera permitir el asentamiento de centros poblados establecidos en zonas extremadamente áridas.

Sistema de ingeniería hidráulica subterránea de Cantalloc_ Cultura pre inca Nazca 

Entre los años 1200 d.C. y 1533 d.C

Durante el imperio Inca se aplicó el modelo sostenible de gestión integrada del agua basado en un riguroso planeamiento territorial y enfoque participativo, donde el trabajo comunitario daba cuenta de su  cosmovisión sistémica, incorporando sinérgicamente agua y tierra.

En el Tahuantinsuyo los procesos productivos y cadenas de valor, consideraron al agua como elemento integrador para el desarrollo de los sistemas de andenes y sistemas de distribución del agua; en el marco de  diversos climas, pisos ecológicos, cuencas; conectando los cuerpos de agua según la estacionalidad que presentaba el ciclo hidrológico dentro de su territorio que en su máxima expansión abarcó seis países de la actual latinoamérica. De esta manera, el  agua fue considerado como un elemento sagrado,recurso estratégico del Estado y bien común.

Sistemas de distribución del agua en el imperio Inca.

La gestión integrada del agua evitó la erosión en adenes, permitiendo la agricultura en grandes pendientes.

Entre los siglos XVI y XVIII

Durante el periodo del Virreinato del Perú, el agua fue tratada como un recurso estratégico controlado por el poder político de la corona española. En esta época colonial el recurso hídrico fue gestionado priorizándolo para el uso minero, en molinos, fuentes y acequias que abastecían a ciudades coloniales; para el riego de haciendas agrícolas y en comunidades indígenas.

Las edificaciones y camino inca se construían en partes altas evitando inundaciones por lluvias.

Entre los siglos XIX y XX

Lograda la independencia peruana en 1821, el Estado asumió el rol que tenía antes la corona y la joven república en forma limitada reconoció al agua como bien público,sin embargo, prosiguió con el modelo colonial de gestión del agua en una primera etapa hasta 1902, fecha considerada como un punto de quiebre con el Código de aguas al marcar un hito en la política hídrica republicana. Esta regulación declaró al agua como un bien de dominio público,introduciendo el sistema de concesiones y licencias; sin contar con el ordenamiento territorial que permitiera contemplar un enfoque de cuenca.

En la costa desértica peruana prima el ecosistema de oasis impactado por eventos climáticos extremos

En el transcurso del siglo XXI

Entre los años 2001 y 2026, el Perú pasó de una gestión sectorial del agua a una gestión integrada por cuencas, el acceso universal y la sostenibilidad ante el cambio climático.

En el 2008 fue creada la Autoridad Nacional del Agua , institución que regula el uso del agua en el marco de la Ley de Recursos Hídricos promulgada el año 2009; norma que suplió a la Ley General de Aguas de 1969. 

El año 2014 se promulgó la Ley N° 30215 sobre el uso de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos - MERECE, vistos como instrumentos para generar,canalizar e invertir en acciones orientadas a la conservación, recuperación y uso sostenible de los ecosistemas, como fuente de servicios ecosistémicos, a través de acuerdos voluntarios entre contribuyentes y retribuyentes.

Con el ilustre congresista César Yrupailla Montes, tras la aprobación de iniciativa MERECE

El acceso al agua para el consumo humano se integró en la Constitución Política del Perú en el año 2017 mediante Ley N° 30588 , reconociendo el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable.

Bajo estas consideraciones se promueve un enfoque climático fortaleciendo la gobernanza con mayor inversión a los efectos de cerrar brechas y mejorar la calidad del agua.

Agenda pendiente

Al efectuar una disección ambiental sobre el proceso evolutivo de las políticas públicas para la gestión del agua, se pone en evidencia la agenda por desarrollar de cara al futuro : 

Poner en valor el recurso agua para diversos usos.

La norma peruana considera uso primario,poblacional,productivo,recreativo y medicinal.

Reforzar la política de prevención en la gestión pública

Cerrar brechas de infraestructura 

Incluye problemas de retroceso de glaciares andinos,contaminación,conflictos entre usuarios

Por consiguiente, los retos y desafíos que enfrenta el país pasa por contar con una gestión integrada por cuencas hidrográficas ; inversión en infraestructura de almacenamiento y tratamiento ; protección de fuentes naturales de agua, reducción de desigualdades territoriales en acceso al agua ; y fortalecimiento de la gobernanza del recurso hídrico.

Crisis climática que pone a prueba la democracia en el milagro peruano

Comparto una síntesis de las reflexiones sobre el contexto que abarca la prorroga del estado de emergencia en la capital de la república peruana dispuesto por el DS N° 006-2026-PCM sobre el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, y su correlato con sendos decretos supremos que declaran emergencia ante intensas precipitaciones pluviales en diferentes localidades del país: 

«Este año 2026 se realizan elecciones democráticas en Perú, alcanzando cifras históricas de una oferta electoral con 36 grupos políticos y más 3 alianzas electorales reconocidos como habilitados por el Jurado Nacional de elecciones para presentar 36 candidatos presidenciales que pretenden ocupar el sillón de Pizarro, sin embargo, resulta paradójico que en el marco del pluralismo político demostrado, la gran mayoría de ellos cuentan con planes de gobierno que lindan con propuestas extremadamente demagógicas, muy distantes de su compleja realidad; algunas de sus características fueron bien descritas por el pretigioso conferencista  andrés oppenheimer en su anotación «El milagro peruano: El país modelo que América Latina se niega a copiar».

El modelo económico 

Pese a la presencia de nocivos políticos desorientados, el paradigma peruano mantiene una macroeconomía estable que le da predictibilidad económica a una sociedad que funciona independientemente de quien gobierne el país.

Expertos en el mundo se preguntan en un escenario de volatilidad económica mundial, cómo es posible que en este país con corrupción endémica en contratos públicos, inestabilidad política, desigualdad y gasto público descontrolado que erosionan la confianza de la población; pueda sostener una economía estable.

Ciertamente no son suficiente los recursos naturales que ostenta,también es necesario considerar a una población de emprendedores que en un marco de informalidad, mantiene una disciplina de desarrollo, demostrado con cifras que llaman a reflexión : La deuda pública peruana representa en torno al 34 % de su PBI sitúandolo entre los niveles más bajos de la región latinoamericana, asi mismo sus reservas internacionales bordean los 90 mil millones de dólares cerrando el 2025, cifra que está en el orden  del 28 % de su PBI, uno de los niveles más altos de su história en términos absolutos. En lo que a inflación se refiere, ésta se mantiene dentro del rango meta del banco Central de reserva del Perú (BCRP) y reporta 2.8 % anual.

Perú mantiene un cuello de botella dinámico con las economías ilegales que incluyen actividades como minería ilegal,tala ilegal,entre otras; representando en un rango amplio el orden del 4 % de su PBI.

Estos números que se registran actualmente le sucede a un Estado poco menos que fallido como se catalogaba al Perú por los años de 1990, donde mostraba una inflación de 7650 % anual y reservas internacionales negativas.

Fenómeno de transición en dos décadas

En diecisiete años consecutivos, Perú creció el orden del 5,3 % anual para el periodo 2002-2019, previamente blindando de las sucesivas fluctuaciones en las administraciones de turno desde 1993 al BCRP  , institución cuya credibilidad constituye un importante activo con que cuenta el pais de 35 millones de habitantes, donde se incorporaron progresivamente el orden de 1,6 millones de venezolanos en la última década. Siete presidentes de la república peruana dieron cuenta de la inestabilidad política en el periodo 2001-2024 , de los cuales cuatro enfrentan cargos de corrupción o están en prisión.

En el periodo 2005-2019 Perú recibió más de 120 mil millones de dólares en inversión extranjera en los sectores minero, telecomunicaciones, energía, servicios financieros, agricultura de exportación, entre otros; siendo la minería el sector estrella.

Los tratados de libre comercio (TLC) apoyaron enérgicamente, particularmente con China, que es el principal socio comercial del Perú desde el año 2009; mismo año en que entró en vigor el TLC con USA e hizo lo propio con Japón en el 2012 y con la unión europea en el 2013. 

El crecimiento económico desordenado en el territorio peruano, dio paso al urbanismo acelerado con el incremento de problemas multidimensionales alentados por la desigualdad, pobreza,informalidad y falta de oportunidades en espacios geosociales excluidos altamente vulnerables, donde los estereotipos de organizaciones criminales afectan directamente la vida cotidiana hasta orillarlos a estados de emergencia.

Para el periodo 2021-2025 se estima en veinticinco mil millones de dólares la salida total de recursos desde Perú hacia cuentas o inversiones en el exterior, que pudieran incluir utilidades de empresas extranjeras, depósitos de no residentes,entre otros.

Riesgos significativos

El crecimiento macrocefálico de la burocracia en el aparato público, hace que se ralentice en sus reflejos asi como en la capacidad de respuesta necesarios que requieren los desafíos actuales y futuros demandados por las 159 cuencas del país; quienes para la gestión nacional,regional y local, cuentan con más de 6 mil organismos públicos con 19 ministerios, 196 municipios provinciales y 1694 municipios distritales, los cuales en su gran mayoría presentan problemas en calidad y cantidad del gasto público, los mismos que se ven distorcionados desde el momento de su aprobación presupuestal destinada una parte importante a gastos corrientes. 

Así, fortalecer la gobernanza y gobernabilidad del país pasa no solamente por reducir sus barreras burocráticas, niveles de corrupción e inseguridad ciudadana; sino que aplica el fomento de la diversificación productiva con gran potencial en sus regiones naturales: costa,sierra y selva amazónica, sin dar la espalda al mar. 

Para fortalecer ello, es imprescindible mantener además de la estabilidad macroeconómica, las condiciones atractivas para que la inversión de capitales , tanto nacionales como extranjeros , puedan participar y conquistar los mercados existentes en el mundo; donde su indicador riesgo país se ubique en un nivel competitivo.

Asi, es importante promover un concenso político transgeneracional a los efectos de mantener flujos comerciales dinámicos, sin subordinarse necesariamente a determinado cluster que lidere un país hegemónico.

Lecciones aprendidas a partir de la crisis climática

En este contexto, es importante no volver a repetir las etapas de crisis vividas con programas del estado para la reconstrucción,seguidas por la reconstrucción con cambios; de tal manera que pueda promoverse el cierre en la brecha existente de infraestructura con visión de innovación y desarrollo que modernize un estado al servicio de la nación.

Como antecedentes en este país megadiverso, los eventos extremos de prolongadas sequías y grandes avenidas generaron pérdidas equivalentes a 11,6 % del PBI con el fenómeno extraordinario de El Niño de 1982-83; 6,2 % del PBI con el fenómeno extraordinario de El Niño de 1997-98; 1,6 % del PBI con el fenómeno de El Niño costero de 2017; con la pandemia de COVID-19 basicamente en el extremo de la inoperatividad por confinamiento y aspectos ambientales, el Perú cayó 11,1 % del PBI en 2020 en comparación con el año anterior; así se estima que la mayor frecuencia de estos eventos críticos recurrentes restan anualmente alrededor de 2% al crecimiento del PBI como resultado de la contracción de sectores estratégicos que influyen al crecimiento y desarrollo del país.

Necesario control político 

La función de control político que tiene el congresista como parte de la representación nacional en Perú, consiste en fiscalizar y supervisar la actuación del poder ejecutivo y de los demás organismos del estado a efectos de que éstos actúen conforme a la Constitución, las leyes y el interés público ; y en ese sentido se evidencia la necesidad de reforzar con una educación de calidad y el sistema nacional de control en diferentes regiones del país, a fin de mejorar la gestión integral de la conectividad a través de infraestructura impactada por la crisis climática que lleva a recurrentes declaratorias de emergencia como las establecidas mediante decretos supremos en el periodo 2023-2026 : DS N° 028-2023-PCM;DS N° 029-2023-PCM;DS N° 035-2023-PCM;DS N° 033-2024-PCM;DS N° 032-2024-PCM;DS N° 012-2024-PCM;DS N° 043-2025-PCM;DS N° 038-2025-PCM;DS N° 033-2025-PCM;DS N° 026-2025-PCM;DS N° 021-2025-PCM;DS N° 024-2025-PCM;DS N° 007-2025-PCM;DS N° 005-2026-PCM;DS N° 003-2026-PCM.

Un tema conocido y acreditado palmariamente en el proceso explosivo del crecimiento de las ciudades - además del evidente perjuicio económico derivado - es el daño ambiental ocasionado por la inadecuada gestión integral de los residuos sólidos municipales, los que en épocas de inundaciones, colmatan los sistemas de drenaje, generan lixiviados altamente contaminantes y afectan  a la salud pública.

Ciudades del Perú en costa,sierra y selva, impactadas por mayor frecuencia de crisis climática 

El nuevo congreso de la república, que será elegido en 75 días, tiene la gran tarea de legislar sobre temas críticos como es el dejar de construir vertederos o rellenos sanitarios en zonas sujetas a recurrentes inundaciones o la Ley MAPE; que permitan seguir creyendo en el resurgimiento del milagro peruano. »

El Dato

En los siguientes títulos publicados por el suscrito, se trataron temas afines donde se incorporan con algún detalle aspectos antes mencionados:

Responsabilidad de los Estados frente al cambio climático.

Crisis en Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales : El caso Peruano.

Transformando basura en energía.

Cierre de minas en Perú.

Transición energética & problemas ambientales.

Política integral o sectorizada en materia de Residuos sólidos.

Estados de emergencia por metales pesados en agua de consumo humano.

Medidas urgentes para pasivos ambientales mineros en Perú.

Desarrollo de sistema informático para pasivos ambientales mineros.

Pasivos ambientales y agua de fuentes subterráneas.

Experiencia peruana en gestión de pasivos ambientales mineros.

Pasivos ambientales & LMP.

Activo & Pasivo minero.

Gestión de sitios contaminados en Perú.

Políticas públicas sobre pasivos ambientales que gatillan la crisis ambiental.

Transición energética & problemas ambientales.

Bioacumulación como incremento de morbimortalidad en Perú.

Cambio climático en Perú: Pasivos ambientales & arsénico en Salud pública.

Proyectos ambientales con rentabilidad social en Perú.

Riesgo por sobreendeudamiento & pasivos ambientales en Perú.

Estado, pasivos ambientales mineros y remediación.

Agenda pendiente de pasivos y daños ambientales.

Estado, pasivos ambientales y conflictos sociales.

Cobre para atender la demanda mundial : Proyecto 51

El Proyecto 51 es una iniciativa binacional de cooperación estratégica entre el Perú y Chile, firmado en septiembre de 2025, con una visión de futuro y el propósito de incrementar la participación de ambos países en el mercado global de la industria del cobre, incluyendo no solo en la producción de este mineral, sino también en su industrialización y valorización.

En ese sentido, la sinergia aplicada permitiría suministrar el 51% del cobre que se consume a nivel mundial de cara a los próximos quince (15) años.

Este proyecto no solo busca incrementar la producción, pasando de un modelo competitivo a colaborativo en el mercado del cobre , sino también cambiar la forma en que ese cobre se comercializa y transforma; transitando de la tradicional forma de exportar materias primas (concentrados y cátodos) a producir y vender productos de cobre con valor agregado requerido por las industrias de alta tecnología, como es en el caso de la automotriz, aeroespacial, electromovilidad, electrónica, entre otras.

Basándose en la complementariedad geológica, minera, logística y empresarial de Perú - Chile, el Proyecto 51 marca un hito frente a la creciente demanda global de cobre asociada a la transición energética y la expansión de la electromovilidad existente en el planeta.

Coordinaciones en marcha

Con el precio internacional del cobre en máximos históricos, la reciente visita al Perú del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, resultó oportuna para abordar temas clave de cooperación bilateral con autoridades y empresarios peruanos. Entre los puntos desarrollados en la agenda, se destacó la lucha conjunta contra el crimen organizado y la minería ilegal, así como la importancia de coordinar políticas mineras y energéticas entre ambos países.

El dato

Dentro de 88 días se tiene previsto las elecciones generales en Perú, donde se elegirá al presidente y a representantes al Congreso de la República para un periodo de 5 años; los mismos que tendrán el reto de priorizar proyectos vinculados al sector minero, entre los cuales destaca el Proyecto 51.

Instituciones de la sociedad civil como la Asociación Peruana de Vehículos Eléctricos y Alternativos - APVEA en Perú y sus pares en Chile, se encuentran atentos para coadyuvar en los esfuerzos conjuntos que realizan los Estados democráticos para asistir en proyectos de avance tecnológico en el sector minero.

The best is jet to come

Lo mejor está por venir en Perú , es la expresión de esperanza y optimismo que como una declaración de sentido pleno, transmito a mis pares, colegas, amigos y discípulos, en este año electoral 2026 donde la democracia se verá fortalecida.

Algunos miles de ellos inicialmente escépticos ante los conocidos problemas de gobernanza causados por la corrupción, ineficiencia en la gestión de la cosa pública, insuficiente planificación para distribuir el presupuesto público; los cuales conllevan retos socioeconómicos en términos de desigualdad, pobreza, informalidad, falta de acceso y disponibilidad a servicios básicos de agua, salud, educación y vivienda; todos se encuentran conectados sistémicamente a los problemas ambientales y en parte generados por actividades ilegales de actividades extractivas como es en el caso de la tala de bosques, minería, pesca y otros , dando cuenta de una presumible inacción que alcanzaría a quienes desarrollan función pública.

Las dudas sobre alcanzar el progreso en cercano periodo se desvanecen, cuando objetivamente se demuestra que el Perú es un país milenario donde la modernidad convive con su rica cultura ancestral y cuenta con valiosos recursos humanos además de potenciales recursos naturales en su territorio, permitiendo ver el futuro prometedor que en democracia tiene para alcanzar su crecimiento y desarrollo sostenible.

Conservar esta democracia en el tiempo ha sido posible gracias al histórico legado ciudadano así como el aporte de ilustres patriotas que el Estado desde el año 2007 reconoce con la «Medalla al Defensor de la Democracia».

Reconocimiento a los Defensores de la Democracia 

La parte considerativa de la Resolución Suprema N° 001-2026-PCM difundida por el diario oficial El Peruano con fecha jueves ocho de enero de 2026, establece lo siguiente: 

Que, mediante el artículo 1 de la Ley Nº 29031, Ley que instituye los Días de los Defensores de la Democracia y crea condecoración, se instituye el 22 de abril y el 12 de setiembre de cada año como Días de los Defensores de la Democracia en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, a los Comandos integrantes del Operativo Militar Chavín de Huántar, a los miembros del Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional del Perú, a los integrantes de los comités de autodefensa y ciudadanos que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo, así como a militares, policías, licenciados de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación;

Que, asimismo, el citado artículo señala que constituyen Defensores Calificados de la Democracia los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los túneles subterráneos que posibilitaron el Operativo Militar Chavín de Huántar, así como los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia al Operativo Militar Chavín de Huántar. Adicionalmente, señala que la norma se aplica también a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su propia integridad física aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados;

Que, según lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley Nº 29031, el Consejo de la Condecoración “Medalla al Defensor de la Democracia” está conformado por el Presidente del Consejo de Ministros, quien lo preside; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Defensa; el Ministro del Interior; y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos;

Que, a través del artículo 4 de la Ley Nº 29031, se crea la Condecoración “Medalla al Defensor de la Democracia”, a que se concede mediante resolución suprema, en la que consta el nombre de los ciudadanos que hayan destacado en la lucha contra el terrorismo, quienes son designados de acuerdo a los requisitos y procedimientos que se determinen en el Estatuto, el cual es aprobado por el Consejo de la Condecoración “Medalla al Defensor de la Democracia”(...) 

Cuellos de botella a superar

La inestabilidad provocada por la recurrente crisis política que sufre el país percibida desde inicios del presente siglo XXI, constituye el efecto de los sistemas complejos subsumidos en la dimensión ambiental.

Es preciso entender que los problemas ambientales son sumamente complejos pues no tienen causas simples al estar formadas por redes neuronales de causas, donde los efectos secundarios, daños potenciales, tiempo respuesta, entre otras consecuencias y capacidades se encuentran conectadas por el producto de sus interacciones.

Puedo citar a modo de ejemplo, el problema de los residuos sólidos municipales en Perú, que para entenderlo es necesario ver múltiples indicadores, así como las propiedades emergentes del manejo y su gestión en la totalidad de la cadena de valor, no de los componentes individuales.

Este problema crítico de gestión de residuos sólidos municipales, se fue agudizando hasta hacerse crónico a partir de las políticas públicas que no contaron con el soporte de una adecuado ordenamiento territorial o instrumentos de gestión como en el caso de la zonificación ecológica económica, hecho que permitió la explosiva urbanización, especialmente de ciudades en la franja costera, con el consecuente detrimento de las zonas rurales, las cuales tras la atomización tienden a despoblarse. De esta forma la mayor presión demográfica, determina mas requerimiento de agua, alimentos, energía (...) y un inexorable incremento en la producción de residuos sólidos municipales que demandan una adecuada disposición final.

El hecho objetivo es que en el país, los actuales 196 municipios provinciales y 1694 municipios distritales no han sido lo suficientemente eficientes en la gestión de los residuos sólidos municipales , pese a contar con el soporte de la Ley orgánica de municipalidades manteniendo disonancias económicas, financieras y limítrofes en su división política ; así, desde un prolijo análisis de la Ley N° 23853 del año 1984 y la vigente Ley N° 27972 del año 2003, se colige que las causas y efectos de las deficiencias encontradas se encuentran disgregadas tanto en tiempo como en espacio. 

La desatención en la dinámica de los cuellos de botella encontrados, restringieron a las distintas administraciones de turno para mirar solamente a los efectos inmediatos que durara sus respectivas gestiones, atacando los síntomas y mas no las causas subyacentes.

En el presente siglo XXI, continúan los esfuerzos legales para ordenar el territorio, mediante la Ley N° 32279 ( 2/4/2025) y su reglamento el DS N° 153-2025-PCM (6/1/2026), los mismos que adecuadamente implementados podrían coadyuvar en los esfuerzos desplegados por los gobiernos locales a efectos de resolver los impases subsistentes en materia de residuos sólidos municipales y otros que involucran a los tres niveles de gestión de la administración pública.

Energía eléctrica que impulse el desarrollo minero

La actividad económica que consume más energía eléctrica en Perú es la minería y en el marco de la transición energética, el país de los incas cuenta con fortalezas para impulsar la generación y el uso de energías renovables que apoyen al sistema eléctrico interconectado nacional, motivo por el cual la alternativa de contar con electricidad a partir de los ubérrimos residuos sólidos municipales en las grandes ciudades del país, constituyen una opción latente que a partir del 28 de julio el equipo de la nueva administración del Estado debiera considerar en consonancia después del 4 de octubre con las renovadas autoridades municipales electas para los gobiernos locales.

Continúan las extensiones de plazos para la formalización minera en Perú

Mediante la Ley Nº 32537, el actual gobierno de transición peruano modificó el artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1293 para que el proceso de formalización minera integral de la pequeña minería y minería artesanal tenga vigencia hasta el 31 de diciembre del 2026 o hasta la entrada en vigor de la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero.

Después de nueve años de haberse declarado de interés nacional la formalización de las actividades de la pequeña minería y minería artesanal mediante el precitado decreto Legislativo, la recientemente promulgada ley dispone que el Poder Ejecutivo, mediante decreto supremo, adecúe el reglamento del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO).

Asimismo, esta Ley N° 32537 señala que el Instituto Nacional de Estadística e Informática coordine con el ministerio de energía y minas, y el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico la ejecución conjunta del censo nacional de la MAPE.

Rol de la minería ilegal en la geopolítica minera

La minería ilegal juega un rol disruptivo y desestabilizador en la geopolítica minera, toda vez que actúa como una economía criminal que traspasa fronteras de cuencas y países, desafíando la soberanía estatal, financia redes delictivas mediante el tráfico de explosivos y armas, tráfico de mercurio, tráfico de drogas , tráfico de personas (...), generando corrupción, altera los mercados financieros con el blanqueo de oro, trastoca ecosistemas provocando conflictos socioambientales críticos y afecta la legitimidad de los estados al debilitar la gobernanza y la seguridad regional, especialmente en regiones con abundantes recursos mineros como es en el caso de los países Andino-Amazónicos.

Un estado alejado de la zona dispersa de los ríos amazónicos, alienta a la minería aluvial de oro. 

Imágenes satelitales que comprueban la situación crítica del caso peruano

La información dura proporcionada por los datos censales y las imágenes satelitales mejoradas con trazabilidad de los procesos agravados en el tiempo, nos ilustran sobre el deterioro en las zonas rurales que gradualmente se están viendo despobladas, alentadas de un lado por la falta de acceso y disponibilidad al recurso hídrico que afectan los usos de los suelos, asi como a la seguridad alimentaria ; y de otro lado, los altos niveles de contaminación del agua y de la afectación de ecosistemas in crescendo por la evidente presencia de una feroz minería ilegal.

El impacto es de tal magnitud que en no pocas cuencas de tradición minera, la capacidad de resiliencia de la naturaleza es superada, afectando los servicios ecosistémicos que brindan, las cuales ven menguadas sus competencias de recuperación y adaptación a efectos del cambio climático en el territorio peruano que tiene 87 % del total de climas existentes en el mundo.

País de múltiples leyes y sin ley

Esta frase describe una paradoja en el país de los incas, existe una sobreregulación en el extremo minero, generada fundamentalmente por el ejecutivo y un legislativo plagado de normas declarativas y recurrentes extensiones de plazos en cumplimiento de salvaguardias ambientales, que en estricto son inaplicadas tanto por la falta de seguridad jurídica como por el desconocimiento ciudadano, creando una percepción generalizada de desacato e impunidad, afectando la gobernanza y la confianza en la administración pública, asi como en los operadores de justicia.

La precitada percepción en el extremo legal se viene agudizando desde la segunda mitad del siglo pasado, haciéndose más ostensible en los primeros veinticinco años que van del presente milenio; hechos que son monitoreados por el instituto Fraser, cuyas encuestas para el periodo 1970-2022 reportan una ralentización que viene afectando a las grandes inversiones en Perú.

En ese lapso, lamentablemente las recurrentes crisis políticas y la desacertada presencia de la representación nacional en los sucesivos congresos de la república, hicieron perder la magnífica oportunidad de transformar la evidencia en acción, asegurando que los recursos mineros gestionados por la minería formal y responsable con la naturaleza, estimulen con mayor énfasis al crecimiento actual y futuro desarrollo nacional. 

No es una opción seguir perdiendo agua dulce por contaminación

Informes de seguimiento hídrico global de instituciones de alta credibilidad mundial, replican reportes de los satélites que demuestran que el planeta pierde 324 mil millones de metros cúbicos de agua dulce cada año; asimismo, las reservas mundiales de agua dulce se han visto disminuidas en tres (3) por ciento anualmente durante las últimas dos décadas. Para poner en contexto a los cuerpos de agua en lo que toca a la realidad peruana, se evidencia un mayor descenso en la franja desértica costera donde además de transicionar del estrés hídrico a la escasez de agua se anota una mayor contaminación. 

Es cierto que los indicios han sido visibles desde hace años atrás, reportados por las desaparecidas ONERN e INRENA y en la actualidad por ANA y el INAIGEM; pues la mayor presión demográfica se encuentra en la costa árida, donde la necesidad de uso de agua para el consumo humano se acelera y se genera mayores cantidades de aguas residuales y residuos sólidos mal gestionados que incrementan la contaminación bacteriológica que terminan sumándose a la contaminación fisico-química producida por la minería ilegal y los pasivos ambientales mineros existentes, que han hecho insuficientes los esfuerzos desplegados por el estado. Se evidencia que los ríos con características estacionales en Perú se están achicando, la pérdida de la masa glaciar contribuye a que los lagos y lagunas retrocedan y las sequías se perciben con mayor severidad; esta tendencia ya se había analizado en el periodo 1981-2018 por el SENAMHI en la caracterización espacio temporal de la sequía en los departamentos altoandinos.   

Impacto de la minería ilegal en la economía del Perú

Múltiples investigaciones han demostrado científicamente que la presencia de la minería ilegal que llegó a penetrar e inficionar no solamente en las dimensiones social, política , ambiental y económica de los países afectados dramáticamente como es en el caso peruano.

Para poder mensurar las ingentes proporciones de las que hago referencia en este extremo, es preciso  entender que tratamos con sistemas de alta complejidad que comprenden a toda la cadena de valor, las mismas que no llegan a entender en su verdadera magnitud los productores legales en lo que va del presente tercer milenio, quienes no terminan por distinguir la cosmovisión de la minería artesanal desatendida por el estado y descifrar el hecho que la minería ilegal tienen objetivos,fines y metas ilegales; depredando la naturaleza y destruyendo el patrimonio nacional con actividades ilegales que se cubren con el manto de la informalidad.

A efectos de poner en contexto lo antes mencionado, citaré el caso de la mina de oro Pierina cuyas operaciones productivas en 25 años que alcanzaron al periodo 1998-2013 y actualmente en etapa de cierre de minas, con labores en la región Ancash, produjo el orden de 8,5 millones de onzas troy de oro ( equivalente a 264  toneladas metricas finas - TMF de oro). 

De otro lado, una estimación comparativa de lo producido por la minería ilegal en 25 años se acerca a 528 TMF de oro, lo que equivaldría a dos veces  lo producido legalmente por la mina de oro Pierina.

Si para este ejercicio asumimos el precio internacional del oro en US$ 4444/oz (23 de diciembre del 2025), el impacto de la minería ilegal incluyendo además del oro, al cobre y otros metales y no metales en el precitado periodo de 25 años. sería  US$ 75,6 mil millones, aproximándose a los setenta y nueve mil millones de dólares que constituían el total de las reservas internacionales - RIN peruanas del año 2024.   

Si a estos números le agregáramos el impacto en la estabilización económica que significaría al país de los incas atender los cierres y post cierre de minas que originan los pasivos ambientales mineros existentes en sus diversas cuencas, así como el efecto que representa la afectación en el total de reservas (probables y probadas) de oro, sería equiparable al estimado US$ 93,5 mil millones de RIN peruana al 17 de diciembre de 2025.

El Dato

La minería ilegal se mantiene y fortalece en la medida que las decisiones políticas tomadas a lo largo de los años, no terminan acompañando a los elevados intereses del estado peruano, pese al esfuerzo normativo desplegado en la elaboración de la Ley N° 27651 (2002), decretos legislativos números 1040 (2008); 1105 (2012); 1293 (2016) ; 1336 (2017) y Leyes números 31007 (2019) ; 31388 (2021) ; 32213 (2024) y otras (2025).

De esta manera, el país llega al año 2026 sin una Ley para la minería artesanal y en pequeña escala, así como manteniendo cierta incertidumbre respecto a sus gobernantes en un año de elecciones generales democráticas y el alto riesgo de repetir la historia de explotación ilegal minera acontecida en el caso de la empresa canadiense Manhattan Minerals Corp. con su proyecto en Tambogrande-Piura, reflejada con la minera Yanacocha (Newmont) con su proyecto Conga-Cajamarca, entre otros casos emblemáticos.