La integración andina y los desafíos del siglo XXI

Hoy 26 de mayo de 2026 se conmemora 57 años de la firma del Acuerdo de Cartagena, instrumento que dio origen al proceso de integración andina y sentó las bases de uno de los proyectos de cooperación regional más importantes y duraderos de América Latina.

A lo largo de casi seis décadas, la integración andina ha evolucionado desde un mecanismo orientado principalmente a la cooperación económica y comercial hacia un sistema integral que incorpora dimensiones políticas, sociales, ambientales, culturales y de ciudadanía regional. Este proceso ha permitido construir instituciones supranacionales, fortalecer la cooperación entre los países miembros y generar beneficios concretos para millones de ciudadanos.

Los orígenes de la integración andina

La historia de la integración andina comenzó el 26 de mayo de 1969, cuando Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Cartagena en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Mediante este instrumento se creó el denominado Pacto Andino, concebido como un mecanismo destinado a promover el desarrollo económico y social de sus miembros mediante la integración regional y la cooperación entre sus economías. Posteriormente, el 10 de marzo de 1996, con la entrada en vigor del Protocolo de Trujillo, el Pacto Andino adoptó oficialmente la denominación de Comunidad Andina (CAN), dando paso a una nueva etapa caracterizada por una institucionalidad más sólida y una visión integral del proceso de integración.

El Parlamento Andino: la voz democrática de los pueblos andinos

Uno de los hitos más importantes en la construcción institucional de la integración regional fue la creación del Parlamento Andino el 25 de octubre de 1979 en la ciudad de La Paz, Bolivia.
El Parlamento Andino constituye el órgano deliberante y representativo del Sistema Andino de Integración. Su naturaleza es comunitaria y democrática, ya que representa a los pueblos andinos mediante parlamentarios elegidos por sufragio universal y directo.
Asimismo, cuenta con personalidad jurídica internacional y capacidad de ejercicio de conformidad con el ordenamiento jurídico supranacional andino.
Actualmente está integrado por representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú. Asimismo, Chile participa activamente en diversos mecanismos de integración andina en calidad de país asociado.
El Parlamento Andino cuenta además con miembros observadores permanentes, entre ellos el Reino de España, el Reino de Marruecos y la República de Turquía, fortaleciendo así los vínculos de cooperación interregional.

De un acuerdo comercial a una comunidad de ciudadanos

La integración andina representa uno de los procesos más relevantes de cooperación regional en América Latina. Su evolución demuestra cómo un acuerdo inicialmente concebido para facilitar el comercio pudo transformarse progresivamente en una comunidad política, económica y social dotada de instituciones propias, normas comunitarias y mecanismos de concertación. Entre sus principales logros históricos destacan: La creación de instituciones supranacionales permanentes; el establecimiento del Tribunal Andino de Justicia. la consolidación del Parlamento Andino como órgano democrático de representación regional; la eliminación progresiva de barreras comerciales; la construcción de una zona andina de libre comercio; la libre circulación de personas; la cooperación en materia ambiental, educativa, energética y digital y el fortalecimiento de una identidad regional andina compartida.

Principales hitos de la integración andina

1969: Nace el Pacto Andino

Con la firma del Acuerdo de Cartagena se inicia formalmente el proceso de integración andina, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social mediante la cooperación regional.

1970: Inicio de la CAF

Comienza a operar la Corporación Andina de Fomento, hoy CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, entidad que se convertiría en una de las principales fuentes de financiamiento para proyectos de integración y desarrollo en la región.

1973: Incorporación de Venezuela

Venezuela se integra formalmente al proceso andino, fortaleciendo el peso político y económico del bloque regional.

1976: Retiro de Chile

Chile se retira del Pacto Andino debido a diferencias respecto al modelo económico impulsado por el bloque. Décadas más tarde retomaría su vinculación como país asociado.

1978: Creación del Fondo Andino de Reservas

Se constituye una institución destinada a fortalecer la estabilidad financiera de los países miembros, antecedente directo del actual Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

1979: Consolidación institucional

Se suscribe el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino y se crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, fortaleciendo significativamente la arquitectura institucional del proceso integrador.

Década de 1980: Resiliencia y fortalecimiento

Pese a las crisis económicas que afectaron a América Latina, la integración andina logró preservar sus principales instituciones y continuar desarrollando mecanismos de cooperación regional.

1990: Nace el Consejo Presidencial Andino

Los Jefes de Estado institucionalizan sus reuniones periódicas, otorgando mayor conducción política al proceso de integración.

1991-1994: Apertura económica

Se consolida la Zona Andina de Libre Comercio, se aprueba el Arancel Externo Común y se implementan diversas medidas destinadas a facilitar el comercio intrarregional.

1996: Nace la Comunidad Andina

La suscripción del Protocolo de Trujillo marca una profunda reforma institucional. Surge oficialmente la Comunidad Andina y se crea el Sistema Andino de Integración (SAI).

2001: Ciudadanía andina

Los ciudadanos de los países miembros comienzan a viajar utilizando únicamente sus documentos nacionales de identidad, fortaleciendo la movilidad regional.

2006: Reencuentro e internacionalización

Chile retorna al proceso como país asociado y el Parlamento Andino participa activamente en la creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), ampliando la proyección internacional de la integración andina.

2010-2018: Modernización institucional

La Comunidad Andina impulsa políticas vinculadas con infraestructura, transporte, integración fronteriza, movilidad humana y fortalecimiento institucional.

2019: Medio siglo de integración

La Comunidad Andina celebra sus primeros cincuenta años de existencia. Los presidentes andinos reafirman su compromiso con el fortalecimiento del proceso integrador y destacan avances en comercio, movilidad e integración fronteriza.

La nueva etapa: una integración orientada al ciudadano

A partir de 2020, la integración andina ingresó en una nueva fase caracterizada por una visión más cercana a las necesidades de la ciudadanía. La pandemia del COVID-19 evidenció la importancia de la cooperación regional y aceleró el desarrollo de iniciativas vinculadas con salud pública, conectividad digital, migración, educación, medio ambiente y transformación tecnológica.

2020: Cooperación frente a la pandemia

La Comunidad Andina aprobó una Estrategia Andina frente al COVID-19 e impulsó iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación sanitaria, económica y social. Ese mismo año se aprobó la Carta Ambiental Andina, considerada uno de los instrumentos ambientales más ambiciosos de la región, incorporando compromisos relacionados con cambio climático, biodiversidad, sostenibilidad y protección de ecosistemas estratégicos.

2021: Estatuto Migratorio Andino

La entrada en vigor del Estatuto Migratorio Andino constituyó uno de los mayores avances en materia de integración ciudadana. Este instrumento facilitó la residencia, circulación y regularización migratoria de millones de ciudadanos andinos, consolidando una visión regional basada en derechos.

2022: Integración digital

Se implementó progresivamente la eliminación de los costos de roaming internacional entre los países andinos, permitiendo una conectividad más accesible para millones de usuarios.

2023: Reactivación económica

Los países andinos impulsaron iniciativas orientadas a fortalecer las cadenas regionales de valor, la facilitación aduanera, la seguridad alimentaria y la cooperación energética.

2024: Agenda ambiental y desarrollo sostenible

La Comunidad Andina profundizó sus esfuerzos en materias como lucha contra la minería ilegal, protección de la Amazonía, gestión hídrica, transición energética y adaptación al cambio climático.

2025: Fortalecimiento del Parlamento Andino

El Parlamento Andino consolidó su papel como órgano democrático del Sistema Andino de Integración, impulsando iniciativas relacionadas con educación, derechos humanos, ciberseguridad, democracia digital, participación ciudadana y cooperación universitaria.

2026: Una integración con visión de futuro

Al cumplir 57 años de existencia, la Comunidad Andina se mantiene como el proceso de integración más antiguo y con mayor grado de institucionalidad supranacional en América Latina. En este contexto histórico, la cooperación regional no constituye únicamente un instrumento económico, sino también una herramienta para promover el desarrollo sostenible, fortalecer la democracia, ampliar oportunidades y construir un futuro compartido para los pueblos andinos. Así, los principales retos y desafíos para esta nueva etapa, vinculadas a la transición energética,minerales críticos,seguridad alimentaria,infraestructura regional,desarrollo sostenible, entre otros, incluyen: Fortalecer la libre movilidad de los ciudadanos andinos; Consolidar la integración digital regional; Incrementar el comercio intracomunitario y la competitividad económica; Profundizar la cooperación frente al cambio climático; Impulsar la interconexión energética regional; Combatir las economías ilegales y la minería ilegal; Fortalecer la seguridad alimentaria; Promover la educación, la innovación y la movilidad académica.

RRSS municipales & transición energética andina

Durante décadas, los residuos sólidos municipales fueron entendidos en América Latina únicamente como un problema sanitario asociado al crecimiento urbano. Las ciudades crecieron, el consumo aumentó y, junto con ello, millones de toneladas de residuos comenzaron a acumularse diariamente en botaderos a cielo abierto, vertederos y rellenos sanitarios. Sin embargo, el contexto actual obliga a replantear esa visión tradicional. Lo que antes era considerado basura hoy empieza a ser visto como un recurso estratégico capaz de influir en la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de la región andina.

En cinco países : Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, se generan el orden de cuarenta (40) millones de toneladas anuales de residuos sólidos municipales; y más del 50 % de éstos corresponde a materia orgánica susceptible de ser valorizada mediante tecnologías de biodigestión anaeróbica, captura de biogás o sistemas Waste to Energy (WTE); por consiguiente, una parte importante de aquello que hoy se entierra podría convertirse en electricidad, fertilizantes y nuevos recursos aprovechables. Paradójicamente, gran parte de este potencial continúa enterrándose diariamente en rellenos sanitarios o, peor aún, terminando en botaderos informales sin ningún tipo de control ambiental.

Por la gran magnitud de botaderos a cielo abierto, éstos pueden observarse satelitalmente.

El principal problema estructural de estos países continúa siendo la persistencia de un modelo lineal basado en extraer, consumir y desechar. Este esquema ha generado una presión creciente sobre los sistemas de disposición final, obligando a los municipios a destinar enormes recursos económicos únicamente para recolectar, transportar y enterrar residuos. En muchos casos, los gobiernos locales apenas logran sostener servicios básicos de limpieza pública, sin capacidad financiera suficiente para invertir en tecnologías modernas de valorización, reciclaje o recuperación energética.

La situación es más complicada en zonas rurales, ciudades intermedias, territorios amazónicos y regiones altoandinas, donde la limitada infraestructura sanitaria dificulta el manejo adecuado de residuos. Así, millones de toneladas continúan llegando a botaderos a cielo abierto, afectando ecosistemas y servicios ambientales al provocar contaminación de ríos, degradación de suelos, emisiones de metano y afectación directa sobre poblaciones vulnerables.

El cambio climático agrava aún más esta problemática, debido a lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos que dinamizan los lixiviados. incrementando los riesgos ambientales asociados a sistemas precarios de disposición final. Esta posibilidad adquiere enorme relevancia para estos países donde la minería constituye uno de los principales motores económicos y, simultáneamente, uno de los mayores consumidores de energía eléctrica.

La minería moderna requiere crecientes cantidades de electricidad para procesos de trituración, molienda, bombeo, ventilación, procesamiento metalúrgico y automatización industrial. A medida que los yacimientos se vuelven más profundos y complejos, la demanda energética minera continuará incrementándose de forma sostenida. La transición energética global depende directamente de minerales estratégicos producidos en la región andina.

Los vehículos eléctricos, las energías renovables, las redes inteligentes y las nuevas tecnologías requieren minería, para lo cual se debe construir modelos mineros cada vez más sostenibles, eficientes y articulados con procesos de economía circular. 

En este contexto, la valorización energética de residuos sólidos municipales podría convertirse en uno de los grandes puntos de convergencia entre desarrollo urbano, transición energética y minería sostenible.

Países desarrollados del planeta han demostrado que es posible reducir drásticamente la dependencia de rellenos sanitarios mediante sistemas integrados de reciclaje, biodigestión y generación eléctrica a partir de residuos. En varias ciudades europeas, la basura dejó de ser vista como un problema para convertirse en una fuente complementaria de energía y desarrollo tecnológico.

La Comunidad Andina todavía enfrenta enormes desafíos para avanzar hacia ese escenario. La baja segregación en origen, la informalidad del reciclaje, las limitaciones presupuestales municipales, la débil planificación regional y la falta de infraestructura tecnológica continúan siendo barreras importantes. A ello se suma la necesidad de fortalecer marcos regulatorios, desarrollar capacidades técnicas y promover educación ambiental ciudadana.

El Dato

►La región andina posee abundante materia orgánica aprovechable, creciente demanda energética y una expansión industrial y minera que requerirá nuevas fuentes de electricidad durante las próximas décadas. Bajo una adecuada planificación, los residuos sólidos podrían transformarse simultáneamente en una solución ambiental y en un recurso energético estratégico para el desarrollo regional.

►La verdadera discusión de futuro ya no debería centrarse únicamente en cómo eliminar residuos, sino en cómo transformar aquello que hoy enterramos en nuevas oportunidades de energía, innovación y sostenibilidad. 

El Niño : Fenómeno o evento

En términos sencillos, y respondiendo a una inquietud frecuente de mis discípulos de la región andina, conviene precisar que El Niño no debe entenderse únicamente como una lluvia intensa o una emergencia temporal, sino como un fenómeno climático complejo que forma parte de la dinámica natural del océano Pacífico y de la atmósfera.

Cuando se habla de “El Niño” en sentido general, se hace referencia al proceso climático recurrente asociado al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, capaz de alterar lluvias, temperaturas, sequías, actividades productivas y ecosistemas en varios países de América del Sur, especialmente en Perú y Ecuador.

En cambio, cuando ese fenómeno se presenta en un periodo determinado y con características concretas, los especialistas suelen hablar de un evento El Niño, como ocurrió en 1982-1983, 1997-1998 o durante el Niño Costero de 2017. 

Esta diferencia puede parecer trivialmente académica, no obstante ayuda a comprender mejor por qué la minería, la agricultura, la pesca, el turismo y la infraestructura andina reaccionan de manera distinta frente a cada episodio.

No todos los eventos tienen la misma intensidad ni generan iguales consecuencias. Algunos producen lluvias extraordinarias e inundaciones en la costa peruana y ecuatoriana; otros alteran la disponibilidad hídrica, afectan carreteras, incrementan la erosión o modifican la productividad pesquera asociada a la corriente de Humboldt.

Por ello, entender a El Niño como fenómeno y a cada ocurrencia específica como evento permite analizar con mayor rigor técnico los impactos económicos, sociales y ambientales que periódicamente enfrenta la Comunidad Andina. 

Asi, el fenómeno El Niño suele ser presentado en el Perú como un evento estrictamente climático, una anomalía del océano que, de manera casi inexorable, desencadena lluvias, inundaciones y pérdidas económicas.

Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente para entender la magnitud real de sus impactos. La recurrente experiencia demuestra que los efectos del Niño no dependen únicamente de la temperatura del mar, sino de una red más compleja donde interactúan el clima, la estructura económica y, de manera decisiva, la calidad de la gobernanza.

En ese contexto, el escenario que en el lapso 2026-2027 se perfila como una eventual posibilidad de acople entre el Niño global y el Niño costero, obliga a replantear el análisis desde una perspectiva preventiva más integral.

El Perú se encuentra en una posición particularmente sensible frente a este fenómeno. A diferencia de otros países, su costa está directamente expuesta al calentamiento de la región Niño 1+2, lo que hace que los eventos costeros tengan efectos inmediatos sobre el territorio. Pero cuando este calentamiento se sincroniza con un Niño global en la región 3.4, el fenómeno adquiere una dimensión distinta, reforzándose la interacción entre océano y atmósfera, se prolonga la duración del evento y se intensifican las precipitaciones.

En consecuencia, no se trata de una suma de efectos, sino de un proceso de amplificación. 

El antecedente del año 2017 resulta ilustrativo, pues a pesar de no haber estado plenamente acoplado a un Niño global fuerte, el Niño costero generó daños equivalentes a más de 1.6% del PBI peruano. 

Evento registrado por la NASA en El Niño del año 2017 

Eventual escenario de acoplamiento y en medio de una crisis política

¿Qué ocurriría si un evento de esa naturaleza se produjera en condiciones de acoplamiento pleno y en el contexto político que viene atravesando el país?. 

Para responder a esta interrogante es necesario abandonar la idea de que el impacto económico del Niño es solo una función directa de su intensidad climática. 

En estricto, el efecto final puede entenderse mejor como el resultado de una interacción entre tres factores: la magnitud del evento, el nivel de exposición de la economía y la capacidad del Estado para gestionar el riesgo. 

Estos elementos no actúan de manera independiente; se potencian entre sí. Así, un evento climático de similar intensidad puede generar consecuencias radicalmente distintas dependiendo de la calidad institucional del país que lo enfrenta. En el caso peruano, esta variable adquiere una relevancia crítica. La fragilidad política que ha caracterizado al Perú en los últimos años introduce un factor de vulnerabilidad adicional. La alta rotación de autoridades, la fragmentación del sistema político, la debilidad en la ejecución del gasto público y la persistente descoordinación entre niveles de gobierno configuran un escenario en el cual la capacidad de respuesta del Estado se ve seriamente limitada. 

En estas condiciones, los problemas no se originan únicamente en la naturaleza, sino en la forma de acción o inacción en que el aparato público reacciona frente a ella. Las obras de prevención se postergan, la planificación pierde continuidad y la respuesta tiende a ser reactiva antes que preventiva. El resultado es que el daño económico no solo ocurre, sino que se amplifica.

Es en este punto donde el análisis del sector minero suele verse distorsionado por percepciones simplificadas. Existe una narrativa extendida que tiende a asociar la minería con la vulnerabilidad frente a eventos climáticos, cuando en realidad su rol es mucho más ambivalente y depende del contexto en el que opera. 

En un entorno de gobernanza relativamente funcional, la minería puede desempeñar un papel estabilizador, toda vez que sostiene las exportaciones, genera divisas, contribuye a la recaudación fiscal y ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica en momentos de crisis. Bajo estas condiciones, lejos de agravar el problema, actúa como un amortiguador frente al shock.

No obstante, cuando el mismo fenómeno ocurre en un contexto de debilidad institucional y, además, bajo un escenario de acoplamiento climático, la situación cambia de manera sustancial. Las interrupciones en la infraestructura logística, la paralización de operaciones por eventos extremos, la deficiente gestión de conflictos sociales y la limitada capacidad de supervisión ambiental pueden convertir a la minería en un canal adicional de transmisión del impacto económico.

En este caso, no es la actividad minera en sí la que genera el problema, sino la incapacidad del entorno institucional para sostener su funcionamiento en condiciones adversas.De este modo, la minería deja de ser un amortiguador y pasa a formar parte del mecanismo de propagación del shock. 

Este análisis adquiere una dimensión aún mayor cuando se observa desde la perspectiva de la Comunidad Andina. Aunque los países de la región comparten ciertos rasgos estructurales, sus niveles de exposición climática, dependencia económica y calidad institucional varían significativamente.

El Perú destaca por la combinación de alta exposición al Niño costero, fuerte dependencia de la minería y una marcada inestabilidad política, lo que lo convierte en el país más vulnerable ante un escenario de acoplamiento.

Ecuador enfrenta riesgos climáticos similares, aunque con menor capacidad de amortiguación económica, mientras que Colombia y Bolivia presentan dinámicas distintas, con impactos más asociados a variaciones hidrológicas o a debilidades institucionales específicas.

Esta heterogeneidad no elimina, sin embargo, la necesidad de una respuesta coordinada. Por el contrario, refuerza la idea de que el Fenómeno El Niño debe ser abordado como un riesgo sistémico regional. En este contexto, instancias como el Parlamento Andino adquieren una relevancia particular, no solo como espacios de deliberación política, sino como plataformas para impulsar estrategias conjuntas en materia de prevención, infraestructura resiliente y estabilidad económica frente a shocks climáticos.

La articulación de sistemas de alerta temprana, la coordinación de políticas públicas y el fortalecimiento institucional a nivel regional podrían marcar una diferencia sustantiva en la forma en que estos eventos son enfrentados en el futuro.

El dato 

►El Fenómeno El Niño no puede seguir siendo interpretado únicamente como un evento natural. En el Perú, su impacto es también el reflejo de las condiciones políticas e institucionales del país. 

►Cuando un evento climático de gran magnitud se encuentra con un Estado débil, sus efectos se potencian y pueden traducirse en pérdidas económicas que comprometen varios puntos del producto interno bruto. Para el caso peruano, se aproximaron a veinte por ciento de su PBI en tres eventos estimados para los años : 1982-1983 (11,6 %) ;1997-1998 (6,2 %)  y 2017  (1,6 %).

Tres eventos extremos de El Niño 82/83;97/98 y 16/17 comprometieron aprox 20% del PBI peruano

►Resulta prioritario avanzar hacia una comprensión más realista de los desafíos que enfrenta el Perú y la región andina en un contexto de creciente incertidumbre climática y fragilidad política. 

TSM/Datos procesados por el IGP-Mayo 2026

TSM/Datos procesados por IMARPE-Abril 2026

Evidencia comparada entre minería formal e informal

Los planes de gobierno presentados por el cúmulo de candidatos presidenciales en estas últimas elecciones generales de 2026 en Perú, dejan plasmado nítidamente que la discusión sobre la minería está cargada de percepciones ideológicas y, en no pocos casos, marcado de una profunda desconexión con la realidad.

En particular, se evidencia la percepción errónea de que toda forma de minería genera impactos similares y que la diferencia entre minería formal e informal es simplemente administrativa. Nada más lejos de la verdad.

El elector percibió correctamente este desacierto, así una mayoría significativa de planes de gobierno expuestos por los partidos participantes fueron desechados, pues mostraron baja representatividad efectiva, traducida en su incapacidad de superar umbrales mínimos de votación. 

Análisis comparado

Al contrastar experiencias emblemáticas de minería informal, como Serra Pelada en Brasil, La Pampa en Madre de Dios y Pataz en la sierra liberteña peruana, frente a operaciones formales como Yanacocha y Pierina en el Perú, permite deshacer varios mitos insostenibles, revelando que no toda minería es igual, y las diferencias son estructurales, no marginales.

Labores de la minería de oro en la sierra de la Libertad-Perú

La minería informal demostró históricamente una capacidad significativa de producción. Serra Pelada, en la Amazonía brasileña, produjo el orden de sesenta (60) toneladas de oro en escasos años durante la década de 1980. Más recientemente, el Perú enfrenta un fenómeno con mayor complejidad: la minería ilegal en la Amazonía y en zonas altoandinas.

Se estima que el país produce y exporta aproximadamente 100 toneladas de oro informal al año, una cifra para nada deleznable si se considera el factor incremental y acumulativo desde inicios del presente siglo XXI.

Sin embargo, detenerse únicamente en el volumen producido supone un error analítico profundo. La minería informal no es solo una forma menos eficiente de producción, es un sistema económico radicalmente distinto, caracterizado por su fragmentación, transparencia opaca y, cada vez más, por su vinculación con economías criminales.

El caso de La Pampa es ilustrativo. No se trata de una mina, sino de un territorio devastado. La deforestación supera ampliamente las 300 mil hectáreas acumuladas, habiéndose registrado 10% de esta cifra entre enero de 2021 y marzo de 2024, con un uso intensivo de mercurio dejando secuelas de contaminación en ecosistemas y servicios ambientales.

En Pataz, por su parte, la minería ilegal ha evolucionado hacia esquemas de control territorial por parte de organizaciones criminales, con presencia de sicariato, extorsión y economías paralelas. A diferencia de Serra Pelada, que representó un caos social desbordado con la participación de más de cien mil personas, el fenómeno contemporáneo en Perú muestra un salto cualitativo hacia estructuras organizadas de ilegalidad.

Frente a ello, la minería formal presenta características completamente distintas. Yanacocha, ha producido más de 800 toneladas de oro desde 1993, con picos anuales de hasta 100 toneladas. Pierina, por su parte, superó las 260 toneladas durante el periodo 1998-2020 de su vida útil. Estas cifras no solo superan largamente a los enclaves informales históricos, sino que lo hacen bajo esquemas de eficiencia técnica, trazabilidad productiva y regulación ambiental. Aquí emerge un punto central que suele ser ignorado en el debate público: la minería formal no elimina el impacto ambiental, pero lo transforma en un fenómeno medible, gestionable y sujeto a fiscalización. La minería informal, en cambio, externaliza sus costos de manera absoluta: no hay control, no hay remediación y no hay responsabilidad. La diferencia es aún más evidente en términos económicos e institucionales. Mientras la minería formal genera canon, regalías, empleo formal y encadenamientos productivos, la minería ilegal no solo termina evadiendo estos aportes, sino que erosiona la capacidad del Estado.

Regiones como Madre de Dios, pese a su intensa actividad aurífera, reciben niveles marginales de ingresos fiscales, configurando una paradoja extrema: abundancia de recursos con ausencia de desarrollo. Este contraste permite desmontar otro mito frecuente: que la minería informal es una alternativa de subsistencia frente a la gran minería.

Si bien en sus orígenes puede haber tenido validez ese componente, hoy en muchos casos opera como una economía extractiva de alta rentabilidad capturada por redes ilegales, donde los costos sociales y ambientales son asumidos por la colectividad.

La evidencia comparada es contundente. La minería informal puede generar volúmenes importantes de producción, pero lo hace con una huella ambiental desproporcionada, altos niveles de violencia y nulo aporte al desarrollo institucional. La minería formal, en cambio, concentra mayores niveles de producción con menor impacto relativo por unidad extraída y contribuye al sostenimiento del Estado. 

En resumen 

El problema de fondo en el Perú, por tanto, no es la minería en sí misma, sino la coexistencia de dos modelos radicalmente distintos: uno que construye institucionalidad y otro que merma la gobernanza y gobernabilidad del país. Ignorar esta diferencia no solo distorsiona el debate, sino que impide diseñar políticas públicas efectivas.

Desmitificar la minería implica, precisamente, reconocer estas asimetrías. No se trata de idealizar la minería formal ni de negar sus desafíos, sino de entender que, en ausencia de Estado y regulación, la alternativa no es un modelo más sostenible, sino un escenario de salvaje depredación acelerada por los elevados precios históricos que viene alcanzando el oro.

Por consiguiente, el desafío para el Perú y los peruanos no es menor. Formalizar, controlar y reconducir la actividad minera informal no es solo una cuestión económica o ambiental, sino una condición necesaria para preservar de cara al futuro la viabilidad del Estado en vastas zonas de su territorio.

Gobernanza minera en riesgo por un sistema político debilitado

El desarrollo de las elecciones generales del Perú 2026 confirma la consolidación de una crisis estructural del sistema político. No se trata de un episodio coyuntural, sino del resultado de una dinámica acumulativa a lo largo del siglo XXI, donde la fragmentación, la debilidad de los partidos y la baja legitimidad de origen se han convertido en rasgos permanentes.

Esta fragilidad institucional no es un fenómeno aislado. En la última década, el Perú ha tenido una alta rotación de presidentes, ministros y funcionarios públicos de otros niveles, reflejo de un sistema político incapaz de generar estabilidad en la conducción del Estado. Esta volatilidad coexiste, sin embargo, con una realidad contradictoria: una macroeconomía relativamente sólida.

En efecto, el Perú presenta indicadores que, en términos comparados, son favorables. La inflación se mantiene controlada alrededor del 2%, dentro del rango meta del Banco Central . Las reservas internacionales netas bordean el 25% del PBI, lo que constituye un sólido respaldo frente a influencias externas . Asimismo, la deuda pública se sitúa en torno al 35% del PBI, un nivel bajo en comparación con estándares internacionales. A ello se suma la estabilidad de la moneda y un desempeño económico que, pese a la inestabilidad política, ha logrado sostener tasas de crecimiento positivas impulsadas en gran medida por el sector minero,representando un 10% de su PBI .

Sin embargo, esta fortaleza macroeconómica convive con debilidades estructurales profundas. La informalidad sigue siendo elevada estimada en el orden del 18% del PBI y se expande junto con economías ilegales como la minería informal . A ello se suma un contexto de creciente criminalidad y baja presencia estatal para hacer cumplir la ley en territorios identificados. El resultado es una macroeconomía que funciona razonablemente bien sobre una base institucional frágil. Esta es la paradoja peruana: estabilidad económica sin estabilidad política.

En ausencia de reformas que fortalezcan la representación política, el patrón observado de la cadena : fragmentación, baja legitimidad e inestabilidad, no solo persistirá, sino que tenderá a profundizarse.

En este contexto, el impacto sobre el sector minero resulta particularmente crítico. La minería, por su propia naturaleza, requiere estabilidad jurídica, predictibilidad regulatoria y un Estado con capacidad efectiva para gestionar conflictos. Ninguna de estas condiciones se fortalece en un entorno político fragmentado como el que se presenta en el marco del proceso electoral del 2026.

Un gobierno con respaldo electoral limitado tiende a privilegiar decisiones de corto plazo. Ello se traduce en cambios regulatorios frecuentes, retrasos en proyectos y señales contradictorias que erosionan la confianza de los inversionistas. La incertidumbre deja de ser un fenómeno transitorio y pasa a convertirse en una condición estructural del sector. Asimismo, la debilidad del sistema político reduce la capacidad del Estado para gestionar los conflictos sociales vinculados a la actividad minera. En ausencia de mecanismos eficaces de intermediación política, las tensiones territoriales en sus 159 cuencas tienden a escalar, afectando tanto la continuidad de las operaciones como el desarrollo de nuevos proyectos.La posibilidad de impulsar reformas estructurales en el sector se ve limitada.

Temas críticos como la formalización minera, la gestión del canon o la regulación ambiental requieren consensos políticos amplios, difíciles de construir en un sistema altamente fragmentado. 

Las elecciones de 2026, en este sentido, no solo reflejan una crisis política, sino que configuran un condicionante estructural para el desarrollo económico y, en particular, para el sector minero. El Perú enfrenta así una paradoja persistente: cuenta con un sector minero competitivo y de relevancia global, una macroeconomía ordenada y fundamentos sólidos, pero carece de un sistema político capaz de sostener estos logros en el tiempo mediante reglas claras, estabilidad institucional y capacidad de gobierno.

Un sistema político débil no contribuye a tener una adecuada gobernanza y gobernabilidad del país.

Detalles del proceso electoral 2026

El proceso electoral se desarrolló con 35 candidatos efectivos a la presidencia, sobre un padrón de 27,325,432 ciudadanos. Este escenario, marcado además por episodios de inestabilidad institucional que derivaron en la renuncia del jefe de la autoridad electoral ONPE, evidenció un claro desbalance entre la participación ciudadana y la capacidad real de representación política. Con el 93.894% de actas contabilizadas (87,102 de 92,766), los resultados reflejan con nitidez la magnitud de la fragmentación. El partido que ocupa el primer lugar alcanza apenas el 17% de los votos válidos, mientras que el segundo obtiene el 12%. Estas cifras no solo muestran objetivamente la dispersión del voto, sino también la ausencia de mayorías políticas mínimamente consistentes.

El hecho de que ninguna fuerza supere el 20% confirma que la segunda vuelta no sería una excepción, sino una consecuencia estructural del sistema. Más aún, el 77% de los partidos no alcanza siquiera el 2% de los votos, lo que evidencia la proliferación de organizaciones sin base social efectiva.

El padrón electoral, por su parte, revela un país complejo y en transición. La coexistencia de una población joven significativa con un bloque creciente de adultos mayores introduce tensiones en la agenda pública. No existe una demanda predominante capaz de ordenar el debate político, lo que contribuye a la dispersión electoral. 

En términos territoriales, el país mantiene un fuerte centralismo en Lima, que concentra alrededor del 37% del electorado. Sin embargo, las regiones del norte y del sur andino continúan siendo decisivas, especialmente en una eventual segunda vuelta. Se configura así un escenario en el que las elecciones se definen en múltiples espacios polarizados, con intereses diversos y, en muchos casos, contrapuestos.

El voto en el extranjero, que alcanza aproximadamente 1.2 millones de electores, añade una dimensión adicional. Su magnitud lo convierte en un actor relevante en contiendas estrechas, incrementando la complejidad del sistema electoral y la necesidad de mecanismos de representación más adecuados a la realidad del Perú profundo de todas las sangres.

El resultado agregado de estos factores es un sistema político sin la capacidad de procesar adecuadamente la diversidad social del país. Existe pues un desalineamiento evidente entre una sociedad cada vez más compleja  y un sistema de partidos cada vez más precario.

Desarrollo humano bajo el modelo peruano en lo que va del siglo XXI

Como vengo sosteniendo hace décadas en diversos foros, desmitificar la minería en el Perú implica ir más allá del debate ligero sobre su impacto ambiental o económico, ya que el principal propósito es evidenciar que el verdadero desafío es humano e institucional.

En el modelo peruano, se ha asumido que la abundancia de recursos naturales y su redistribución vía presupuesto público serían suficientes para impulsar el desarrollo tanto en zonas urbanas como en rurales. Sin embargo, tanto la persistencia de la migración del campo a la ciudad, anemia,como el limitado acceso y disponibilidad de agua para consumo humano de millones de personas prueban todo lo contrario.

Es en ese sentido que el país no enfrenta un problema de falta de recursos, sino de incapacidad de gestionarlos y transformarlos poniéndolos en valor para generar bienestar.

No basta con tener cobre, oro, plata, zinc, minerales críticos para la transición energética o abundante agua dulce. Sin una estrategia que coloque al capital humano en el centro, que fortalezca el estado de derecho y que promueva la iniciativa privada, estos recursos seguirán siendo oportunidades perdidas. 

Es necesario construir un Perú donde la riqueza natural no continúe siendo una ilusión de desarrollo, donde el presupuesto público se traduzca en resultados concretos y donde el verdadero motor del progreso sea la persona humana.

Pérdidas con el RRHH por desconexión entre generación de riqueza y uso del gasto público.

El proceso seguido en el periodo 2001-2026

A inicios del siglo XXI, el Perú era un país centralista en términos políticos, económicos y fiscales. Su capital, Lima concentraba el orden del 50% del PBI nacional y hasta el 75% del presupuesto público. El resto del país giraba alrededor de una estructura donde la generación de riqueza y la toma de decisiones estaban concentradas en la capital.

veinticinco años después, el discurso oficial sostiene que el país avanzó hacia la descentralización. Sin embargo, un análisis comparativo entre la participación regional en el PBI, el uso del presupuesto público y la evolución de indicadores sociales críticos como la anemia infantil revela una realidad compleja y contradictoria.

En términos de producción económica, el país experimentó cambios importantes, pero no necesariamente estructurales. Lima sigue concentrando alrededor del 45% del PBI nacional, lo que evidencia una leve desconcentración, pero no una transformación del modelo. Algunas regiones incrementaron su participación, impulsadas principalmente por actividades extractivas y la agroexportación. 

Es decir, el crecimiento territorial del PBI no ha sido producto de una diversificación económica, sino de la expansión geográfica del patrón primario exportador.

La participación de Lima en el gasto nacional ha caído significativamente. Este cambio responde al proceso de descentralización con la creación de gobiernos regionales y la transferencia de recursos a través de mecanismos como el canon minero y gasífero.

En apariencia, esto sugeriría un avance hacia un país más equilibrado, sin embargo, la evidencia demuestra que la descentralización fiscal no ha ido acompañada de una descentralización productiva ni de capacidades de gestión en los territorios. 

Es al incorporar un indicador humano básico donde la paradoja se vuelve más evidente. 

A inicios del siglo XXI, alrededor del 72% de la población peruana era urbana y cerca del 28% residía en zonas rurales. Para el año 2025, esta proporción se modificó a más del 80% de la población viviendo en áreas urbanas, mientras que la población rural se redujo por debajo del 20%. Este proceso refleja una migración sostenida desde el campo hacia las ciudades, impulsada por la falta de oportunidades económicas, servicios básicos y condiciones de vida adecuadas en zonas rurales. Este despoblamiento rural es una evidencia de la frustrada construcción de economías territoriales sostenibles. Las zonas rurales, muchas de ellas ricas en recursos naturales no logran retener a su población, las cuales se desplazan hacia ciudades que, a su vez, crecen de manera desordenada, presionando servicios básicos e incrementa las brecha entre producción y gasto, lo cual debilita su desarrollo armónico.

A inicios del siglo XXI, la anemia infantil en el Perú afectaba aproximadamente al 50% de los niños menores de tres años. Dos décadas después, pese al crecimiento económico sostenido, al incremento del presupuesto público y a la descentralización fiscal, la anemia sigue afectando a cerca del 40% de los niños a nivel nacional, con niveles críticos en regiones con tradición minera como es el caso de Cajamarca.

El país ha crecido, ha gastado más y ha redistribuido recursos, pero no ha logrado resolver uno de los problemas más elementales de desarrollo humano. 

Sin embargo, existe una paradoja aún más profunda y menos discutida que es el agua. En el contexto global, el agua es considerada el petróleo del siglo XXI, un recurso estratégico para el desarrollo, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad.

El Perú, es un país privilegiado en disponibilidad de agua dulce a nivel global; no obstante, millones de peruanos aún carecen de acceso y disponibilidad adecuados al agua para consumo humano. Gran parte del recurso hídrico se pierde por falta de infraestructura, mala gestión, contaminación y ausencia de ordenamiento territorial. Así, un país con abundancia hídrica convive con escasez en sus ciudades y zonas rurales. Esta paradoja del agua no es distinta a la de los recursos minerales.

El Perú, pese a poseer importantes reservas de cobre, oro y minerales críticos que serán fundamentales para la transición energética global, sin embargo, por la experiencia demostrada en las últimas décadas, se acredita que la sola existencia de estos recursos no garantiza su desarrollo sostenible. Al igual que ocurre con el agua, la riqueza potencial no se traduce automáticamente en bienestar para la población.

Al cruzar las variables de PBI, población, presupuesto, anemia y acceso al agua, el caso peruano muestra precisamente la ausencia de este enfoque integral. 

Por un lado, existe un Perú productivo, representado por regiones que generan más riqueza de la que reciben en presupuesto público. Por otro lado, un Perú dependiente, conformado por regiones donde el gasto estatal supera la capacidad productiva, pero sin lograr traducirse en bienestar tangible. Y en ambos casos, la persistencia de la anemia y las brechas en acceso al agua evidencian que ni la generación de riqueza ni el incremento del gasto han bastado para mejorar las condiciones básicas de vida. 

Un caso ilustrativo es el de las regiones con canon minero o gasífero, como Áncash y Cusco. Estas presentan un aparente equilibrio entre producción y presupuesto, pero con niveles de anemia y limitaciones en acceso a servicios básicos que evidencian una desconexión entre recursos disponibles y resultados sociales.

Esto confirma que la riqueza natural, ya sea minera o hídrica, no garantiza desarrollo si no está acompañada de instituciones sólidas y gestión eficiente.

En ese sentido, correspondería mejorar el modelo vigente garantizando procesos electorales transparentes que garanticen la construcción de  gobernabilidad y gobernanza con capacidades reales de transformar recursos en bienestar y mejora de calidad de vida en un país que cuenta con un legado histórico y un futuro prometedor.

El verdadero debate en minería que el país aún no enfrenta

Han pasado 24 años desde que, en 2002, el Perú inició el proceso de formalización minera con la Ley N° 27651, orientada a la pequeña minería y minería artesanal. Una década después, en 2016, el Decreto Legislativo N° 1293 declaró de interés nacional dicha formalización. Más recientemente, el 26 de diciembre de 2025, la Ley N° 32537 extendió este proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento.

A pesar de este largo recorrido normativo, el país llega a las elecciones generales del 12 de abril de 2026 atrapado en una controversia que se repite sin mayor evolución. 

El debate sobre la minería ha sido reducido, durante años, a una falsa dicotomía: minería sí o minería no; agro sí o mina no; agua sí u oro no. Este enfoque simplista ha condicionado propuestas igualmente limitadas, que no logran diferenciarse en lo sustantivo y que, en la práctica, han contribuido a ralentizar el desarrollo nacional durante casi un cuarto de siglo.

El problema de fondo es que se sigue intentando responder a fenómenos complejos, como la expansión de la minería ilegal, con soluciones fragmentadas, lineales y desarticuladas.

El resultado es evidente: el crecimiento exponencial de esta actividad ilícita, frente al cual los esfuerzos del Estado, especialmente desde el sistema de justicia, resultan insuficientes.

Sin embargo, incluso este diagnóstico se queda en la superficie.

El verdadero problema estructural que el Perú no ha querido enfrentar es otro: sigue operando bajo una lógica de cadena productiva primaria, cuando el desafío real es construir una cadena de valor minera.

El Perú es, sin duda alguna, una potencial potencia minera, vinculado a lo históricamente demostrado como uno de los principales productores mundiales de cobre, oro, zinc y plata. Pero esa fortaleza encierra una paradoja: exporta grandes volúmenes de recursos, pero no captura plenamente la riqueza que estos pueden generar. Extrae minerales, pero no maximiza su valor. La razón es conceptual y estratégica. Perú estructuró la minería como una cadena productiva: un proceso lineal que comienza con la exploración, continúa con la extracción, pasa por un procesamiento básico y culmina en la exportación.

En este esquema, el país participa fundamentalmente en los eslabones de menor valor agregado. Las consecuencias son conocidas: alta dependencia de la fluctuación en los precios internacionales, escasa diversificación productiva, limitada generación de empleo calificado y una creciente percepción social de que la minería no deja beneficios suficientes en los territorios donde opera.

Frente a ello, cobra relevancia el concepto de cadena de valor, desarrollado por Michael Porter. No se trata solo de producir más, sino de producir mejor, integrando actividades que generen valor en cada etapa del proceso.

Aplicado a la minería, esto implica ir mucho más allá de la extracción. Supone apostar por investigación geológica avanzada, innovación tecnológica, fundición y refinación dentro del país, desarrollo de industrias aguas abajo, servicios especializados de clase mundial, generación de conocimiento y formación de capital humano calificado.

En suma, transformar la minería en un verdadero motor de desarrollo integral.

El Perú, sin embargo, aún no ha dado ese salto. Sigue básicamente exportando concentrados en lugar de metales refinados. Dependemos de tecnología importada en vez de desarrollarla. Los encadenamientos productivos locales son débiles y las regiones con tradición minera permanecen, en gran medida, desconectadas de procesos industriales más complejos.

Esto no es casual. Es el resultado de décadas sin una política clara de industrialización minera. Mientras tanto, otros países de las Américas han avanzado en esa dirección. No solo exportan concentrados de commodities, sino que ha construido un ecosistema de proveedores mineros, generando valor más allá de la extracción.

Pero el desafío no es únicamente económico. Es también social, ambiental y político. 

Muchos de los conflictos vinculados a la minería responden a una percepción legítima: que la riqueza no se distribuye de manera equitativa. Una minería basada únicamente en la lógica de cadena productiva tiende a reforzar esa percepción. En cambio, una minería articulada como cadena de valor puede generar empleo local, dinamizar economías regionales y construir legitimidad social.

Una mirada a los servicios industriales de la marina-SIMA,puertos y cadena de valor

Por ello, el debate que el Estado peruano necesita no es si debe o no explotar sus recursos minerales, sino cómo hacerlo de manera inteligente. No se trata de estar en contra de la minería abandonándola o dejando aislada a la inversión privada, sino de transformarla y acompañarla en el proceso de cambio.

En un contexto electoral como el que se encuentra el país a escasos días de elegir a su mandatario de un abanico de treinta y cinco candidatos presidenciales, marcado mayormente por discursos polarizantes, propuestas simplistas que llevan a discusiones bizantinas, resulta imprescindible pedir a los candidatos una visión más ajustada a la realidad que exige el país : ¿Qué plantean para que el Perú deje de ser un exportador de materias primas agotables y se convierta en un generador de valor? ¿Cómo piensan articular la minería con la industria, la tecnología y el ordenamiento territorial? ¿Qué estrategias concretas proponen para cerrar esta brecha histórica?.

El país no puede seguir postergando esta discusión, siendo que al año 2026 la minería representa cerca del 10% del PBI peruano y es uno de sus pilares económicos por ser motor de exportaciones y generador de empleo. La cuestión de fondo es si seguirá siendo una actividad extractiva tradicional o si estamos dispuestos a convertirla en una verdadera plataforma de desarrollo sostenible.

La diferencia entre cadena productiva y cadena de valor no es meramente académica. Es, en esencia, la diferencia entre un país que exporta lo que extrae y otro que construye riqueza a partir de lo que posee. Y esa decisión, más que técnica, es profundamente política.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048

CIP N° 38874

Ausencia de estrategias para gestionar eficientemente el recurso agua

En el Perú existe una paradoja altamente sensible: mientras el presupuesto público se ha incrementado de manera sostenida desde inicios del siglo XXI, la inversión en infraestructura mayor de almacenamiento de agua, ya sea represas, reservorios y sistemas de regulación hídrica no ha seguido el mismo ritmo.

Este desfase no es menor. Es, en realidad, uno de los principales factores que explican la creciente vulnerabilidad del país frente a una eventual crisis hídrica y energética.

El país cuenta con más de 700 presas inventariadas por la Autoridad Nacional del Agua, construidas a lo largo de casi un siglo. Durante décadas, especialmente entre 1960 y 1980, el Estado peruano entendió que el agua era un factor clave para el desarrollo y promovió grandes proyectos de irrigación y regulación hídrica. Posteriormente, entre 1980 y el 2000, se consolidó una etapa de expansión hidroeléctrica y de proyectos multipropósito.

Sin embargo, en lo que va del siglo XXI, este impulso se ha diluido en simultaneo con la recurrente crisis política del país.

Existen esfuerzos singulares como el Proyecto Olmos, pero no una política sistemática ni sostenida de almacenamiento de agua en espacios estratégicos a escala nacional.

Lo más preocupante es que esta desaceleración ocurre en un contexto diametralmente opuesto al del siglo pasado. Hoy enfrentamos los efectos del cambio climático, con periodos de sequía más prolongados, mayor variabilidad en las precipitaciones y un acelerado retroceso de los glaciares andinos.

Es decir, cuando más necesitamos capacidad de almacenamiento, menos estamos invirtiendo en ella. El argumento de falta de recursos ya no es válido. El presupuesto público peruano ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, impulsado por el crecimiento económico, la recaudación tributaria y los ingresos provenientes de actividades extractivas. Sin embargo, ese mayor gasto no se ha traducido en infraestructura estratégica que garantice la seguridad hídrica. Se ha priorizado, en muchos casos, el gasto corriente o proyectos de impacto inmediato, dejando de lado inversiones de largo plazo cuya rentabilidad social es incuestionable.

Consecuencias de la inacción

En primer lugar, afecta la seguridad alimentaria. La agricultura en la costa, donde se concentra gran parte de la producción y fomentar la cadena de valor, depende críticamente de sistemas de almacenamiento y regulación. Sin ellos, el agua de las lluvias se pierde en el mar durante los meses húmedos y escasea durante los periodos secos.

En segundo lugar, compromete la seguridad energética. El Perú mantiene una alta dependencia de la generación hidroeléctrica. Sin reservorios adecuados, la producción de energía queda sujeta a la disponibilidad inmediata de agua, lo que incrementa el riesgo de déficits en años secos y obliga a recurrir a fuentes térmicas más costosas y contaminantes.

En tercer lugar, incrementa la conflictividad social. La falta de infraestructura hídrica exacerba la competencia por el recurso entre agricultura, consumo humano, industria y minería. En este último caso, el debate suele centrarse en la supuesta competencia por el agua, cuando en realidad el problema de fondo es la ausencia de sistemas de regulación que permitan gestionar eficientemente el recurso.

Así, el Perú enfrenta una triple vulnerabilidad: hídrica, energética y económica. No porque carezca de agua, sino porque carece de capacidad para almacenarla y gestionarla estratégicamente. 

Es la paradoja de un país con abundantes recursos hídricos que, sin embargo, no logra convertirlos en seguridad ni en desarrollo sostenible. Lo que está en juego no es solo la gestión del agua, sino la capacidad del Estado para planificar el futuro.

Seguridad Hídrica como eje central de la política pública

La seguridad hídrica debería ser un eje central de la política pública, articulando inversiones en infraestructura gris, pudiendo ser represas, reservorios, trasvases y otras opciones con soluciones basadas en la naturaleza, como la siembra y cosecha de agua.

Asimismo, se requiere promover esquemas de financiamiento innovadores, incluyendo la participación del sector privado en proyectos multipropósito que beneficien a múltiples usuarios. 

Persistir en la inacción tiene un costo creciente. Cada año que pasa sin ampliar la capacidad de almacenamiento es un año en el que el país se vuelve más vulnerable frente a sequías, más dependiente de condiciones climáticas inciertas y más expuesto a crisis que podrían evitarse con planificación. 

El país requiere retomar la política de almacenar agua para que no se pierda

El Perú no necesita descubrir nuevas fuentes de agua, tampoco necesita de masivos costosos proyectos de desalinización de agua de mar, necesita, con urgencia, aprender a almacenar la que ya tiene, así como tratar las aguas residuales para darle valor en diversos usos.

Esa es la verdadera base de la seguridad hídrica y, también, una de las claves más importantes para garantizar su desarrollo en el siglo XXI.

Crisis en política de los residuos sólidos municipales

A escasos 24 días de las elecciones generales del próximo 12 de abril, en las que el país de los Incas elegirá presidente de la república, senadores, diputados y representantes al parlamento andino y, en términos prácticos, una nueva conducción del Estado peruano, resulta importante poner en agenda uno de los problemas estructurales más graves y persistentes de América Latina y particularmente en Perú: la gestión de los residuos sólidos municipales - RSM.

Durante el periodo 2001–2026, el Perú ha experimentado un importante crecimiento económico, acompañado de una expansión urbana acelerada y altamente fragmentado territorialmente con 196 municipios provinciales y 1890 municipios distritales.

Sin embargo, este crecimiento no ha sido respaldado por un fortalecimiento equivalente del Estado, generando una crisis silenciosa pero profunda en la gestión de RSM. 

Hoy enfrenta una realidad crítica en la que cada vez genera más residuos sólidos mientras la responsabilidad de su disposición final recae en sus 196 municipalidades provinciales que, en su mayoría, no cuentan con capacidades técnicas ni financieras suficientes, lo que ha derivado en la persistencia de vertederos o botaderos a cielo abierto en gran parte del país y en el desaprovechamiento de la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de estos residuos. 

A ello se suma la alta morosidad ciudadana en el pago de arbitrios, lo que debilita aún más el sistema, así como la corrupción en gobiernos locales que ha contribuido a decisiones que agravan el problema. Uno de los aspectos más graves y menos discutidos es el enterramiento de residuos en zonas inundables de la costa norte peruana, justamente donde son recurrentes eventos como el Fenómeno El Niño y el Fenómeno El Niño Costero. 

Estas prácticas han generado la dispersión de residuos durante inundaciones, la liberación de lixiviados altamente contaminantes y la consecuente contaminación de agua, suelos y zonas habitadas, afectando directamente a la salud de la población más vulnerable.No es casualidad que, en contextos críticos como la pandemia de COVID-19, las zonas con mayor precariedad ambiental y competencia municipal hayan registrado niveles dramáticos de morbimortalidad, lo que evidencia una relación directa entre mala gestión pública, degradación ambiental y vulnerabilidad sanitaria.

A pesar de que el país cuenta con un marco normativo claro, como el establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que obliga a priorizar la valorización de los residuos antes de su disposición final, la realidad en los 196 municipios provinciales del país muestra un incumplimiento sistemático de estas disposiciones. Este no es un problema aislado ni técnico; es una expresión directa de las debilidades estructurales de las políticas públicas que arrastra el Estado peruano sujeto a una alta rotación de los tomadores de decisión en este extremo que amerita un serio debate con algunas ideas fuerza expresadas seguidamente:

La primera, que debe quedar claramente establecida, es que existe una brecha crítica entre la norma y la realidad, producto de una combinación de limitaciones presupuestales, falta de capacidades técnicas y ausencia de planificación de largo plazo. Para muchos gobiernos locales, enterrar residuos sigue siendo la alternativa más sencilla y menos exigente en el corto plazo, aun cuando ello comprometa la sostenibilidad ambiental, la salud pública y la economía futura. La valorización, que implica reciclaje, compostaje y reaprovechamiento, requiere inversión, conocimiento y gestión eficiente, elementos que no han sido priorizados en la mayoría de las municipalidades provinciales.

La segunda, es la debilidad institucional del sistema de control y fiscalización. Entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Contraloría General de la República no han logrado generar mecanismos efectivos, continuos y disuasivos que obliguen a los gobiernos locales a cumplir con la normativa vigente. La falta de supervisión oportuna y de sanciones ejemplares ha permitido que el incumplimiento se normalice.

La tercera, es la ausencia de un mercado sólido y formal para la valorización de residuos. Sin cadenas de valor estables para los materiales reciclables, los municipios carecen de incentivos económicos para apostar por sistemas de reaprovechamiento. A ello se suma la persistencia de la informalidad en el reciclaje, que, si bien cumple un rol importante, no ha sido adecuadamente integrada en modelos formales e inclusivos de gestión. 

La cuarta, es la débil cultura ciudadana en materia de segregación en la fuente. Sin participación activa de la población, cualquier esfuerzo de valorización se vuelve más costoso y menos eficiente. Este componente, fundamental para el éxito de cualquier sistema moderno de gestión de residuos, ha sido históricamente relegado. 

Una quinta idea fuerza que no puede seguir siendo omitida: la corrupción estructural que atraviesa la gestión de residuos sólidos en el país y que alcanza, en mayor o menor medida, a los 196 municipios provinciales. La contratación de servicios de recolección, transporte y disposición final, así como la ejecución de proyectos de infraestructura como rellenos sanitarios o plantas de tratamiento, representan espacios altamente vulnerables a prácticas corruptas.La transparencia opaca en los procesos, la colusión con proveedores, la sobrevaloración de proyectos y la falta de rendición de cuentas han convertido a la basura en un negocio antes que en un servicio público. Esta realidad distorsiona completamente los incentivos, desincentivando soluciones sostenibles como la valorización, que suelen ser menos rentables desde una lógica corrupta.

Nos encontramos, por tanto, ante una crisis sistémica que combina fallas institucionales, debilidad financiera, corrupción, mala planificación territorial, pérdida de oportunidades económicas como la valorización energética de residuos y graves impactos ambientales y sanitarios. 

En síntesis, objetivamente me reafirmo en la convicción que el crecimiento económico y el aumento sostenido de los RSM no han sido acompañados por un fortalecimiento del Estado. La asignación de responsabilidades a municipalidades sin capacidades, sumada a la morosidad, la corrupción y prácticas no sanitarias como el enterramiento de residuos en zonas inundables, ha generado una crisis estructural que incrementa la vulnerabilidad de la población y desperdicia oportunidades de desarrollo. 

En este contexto, resulta indispensable que los múltiples candidatos a la presidencia, al Congreso y a los distintos niveles de gobierno se pronuncien de manera clara, técnica y verificable sobre cómo enfrentarán este problema.

No basta con declaraciones generales; el país necesita propuestas concretas que aborden el financiamiento de la valorización, el fortalecimiento de capacidades municipales, la reforma de los sistemas de fiscalización, la formalización de los recicladores, la educación ciudadana y, de manera central, la lucha frontal contra la corrupción en la gestión de residuos sólidos municipales.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048 

CIP N° 38874