Este Blog es para aquellas personas que desean enterarse y/o contribuir con el debate alturado sobre el desarrollo con seguridad y reducción de riesgos de uno de los principales sectores gestores del avance económico peruano. Descubramos que tanto hay de cierto de los mitos sobre la minería que se transmite por los medios de comunicación en el país de los Incas.
El caso peruano, que presenta la mas alta letalidad per cápita del mundo con la actual pandemia del COVID-19, sirve como ejemplo didáctico para las actuales y futuras generaciones de cara al 2030 y 2050 ; a los efectos de mitigar la letalidad en la presente y venideras pandemias aplicando medidas preventivas, una de ellas es referida a imperiosa necesidad de mejorar la gestión de los servicios que brindan las empresas prestadoras de servicio de agua para consumo humano.
Confusión de roles en la gestión del agua potable
Las deficiencias en el tema del agua potable se evidencian al contrastar indicadores de cobertura, cantidad, calidad, continuidad, costos (tarifa) del agua, entre otros de caracteres económicos y financieros en el país, se viene arrastrando desde antes del arribo del COVID-19 en marzo del 2020, tan es así que diferentes administraciones del Estado empírico peruano optaron por declarar en estado de emergencia los servicios de agua y saneamiento, sin mayores avances por el alto componente político que se incorporó en su gestión.
Instituciones como el regulador SUNASS, Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento - OTASS y otras en los gobiernos locales, se vieron complicadas en su gestión al confundirse los roles de los recursos humanos políticos con la burocracia asignada a los servicios, así como la pobre actuación de un ministerio del ambiente que no da la talla con el tema del agua para consumo humano.
Deficiencias evidentes en términos de calidad y cantidad del agua para consumo humano.
Vinculación entre la deficiente gestión del agua y alta letalidad por COVID-19
En Perú está demostrada técnicamente la relación directa existente entre la deficiente gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el extremo de agua potable y la alta letalidad por COVID-19.
En la tabla siguiente se podrá apreciar algunos indicadores que reflejan las deplorables condiciones en que se manejan las EPS localizadas en la zona cero y que contribuyen en la alta morbi-mortalidad por COVID-19 registrada en esta parte de la costa desértica peruana.
La calificación como mayor letalidad per cápita del mundo con la actual pandemia , se verifica del hecho que en Tumbes sólo se tiene 9 horas al día el servicio de agua para consumo humano de las 24 horas del día ; así mismo en Ica que con 15 horas de acceso al servicio de agua presenta 13.9 % de letalidad por COVID-19, la mas alta en Perú.
Sin perjuicio de mencionar a la calidad del servicio de agua, focalizare los registros del indicador relación de trabajo que fue deteriorándose con el tiempo y sin tener visos de mejora en el corto plazo.
Relación de trabajo
Este indicador
financiero se define como la relación que existe entre el costo operativo
(costo de ventas, gasto de ventas y gastos administrativos) en el que incurre
una empresa, sin incluir la depreciación y provisión de cobranza dudosa del
período, y los ingresos operacionales totales que obtiene. Es decir, nos indica la proporción de los
costos y gastos desembolsables que logran ser cubiertos por los ingresos
operacionales que percibe la empresa. Este indicador es de gran importancia
para garantizar la sostenibilidad de los servicios, puesto que si es mayor que
100 % , la empresa no estaría cubriendo la totalidad de sus costos y gastos
desembolsables con la tarifa que estarían aplicando, lo cual pondría en riesgo
las operaciones de la empresa, impidiendo asimismo la ejecución de inversiones
con recursos propios, lo cual contribuye a la desmejora de la calidad de los
servicios. Como se podrá apreciar en tumbes se tiene 121 % ; Lambayeque 98% , Piura 93 % y así respectivamente, corroborándose el mal estado de las Empresas y por consiguiente , el deficiente servicio de agua que brindan a la población.
Urgente necesidad del cambio en el modelo de gestión
Hace quince años atrás, publiqué los resultados de mis investigaciones alertando de la penosa situación que pasaría el Perú si es que no mejoraban los servicios en el sector agua y saneamiento.
Cité en ese entonces que la empresa Aguas de Tumbes presentaba una relación de trabajo del 115% y que en la actualidad su situación desmejoró llegando a 121%.
Asimismo indiqué que ante el incremento de la inversión se
produce aumento en la cobertura de servicios en una EPS, pero cuando esta
inversión no es persistente y se acompaña con una ineficiente gestión empresarial, esta
cobertura no será sostenible en el tiempo. En ese sentido los estudios tarifarios aprobados por el regulador SUNASS en el 2021 que involucran inversiones ascendentes a 2,859.3 millones de soles para aplicarse en el periodo 2021-2025, no alcanzaría a mejorar las áreas críticas impactadas por el COVID-19 en la franja desértica costera del país y con ello la elevada morbimortalidad por efecto de las enfermedades infecciosas respiratorias y diarreicas agudas por falta de agua, se mantendrán endémicas en el tiempo.
Transcurrido un año desde el arribo del virus al país, los hechos y las cifras que arrojan el manejo y gestión para el control de la enfermedad infecciosa provocada por el COVID-19, ha demostrado ser un evidente fracaso por parte del Estado peruano. Pese al heroico esfuerzo desplegado por patriotas hombres y mujeres - que ofrendaron sus vidas al enfrentarse directamente al enemigo invisible - no se ve luz al final del túnel pues hasta la fecha se observa una lucha asimétrica.
En este contexto, deviene en sustantiva la necesidad de ajustar la política de salud en el tiempo mirando al hombre y a su entorno, para evitar el exterminio deliberado de los desposeídos localizados en territorio peruano.
De las partes en conflicto
Por un lado, tenemos a la Nación peruana y refugiados venezolanos, con un sistema de salud colapsado con antelación, así es, pues el virus encontró a la salud pública peruana desprotegida, no es nueva mi afirmación, pues ya desde hace tres décadas atrás lo vengo sustentando en mi paso por el Ministerio de Salud, enfrentando a la epidemia de El Cólera, reiterando posterior y recurrentemente esta situación caótica en diversos escenarios, como en el Congreso de la República, Palacio de Gobierno en el Gobierno Central y las aulas universitarias en mi labor docente.
El activismo de los tomadores de decisión, no les permite escuchar a quienes por la experiencia indicamos que la salud pública debe verse en forma integral, pues tiene características sistémicas.
Atender a la salud de las personas demanda esfuerzos holísticos; incorporando a la importante labor curativa asistencial, acciones para lograr la recuperación y rehabilitación de las mismas, así como la fundamental salud preventiva, de la que tanto se habla pero que en la praxis no se ejecuta a cabalidad. Es así que alcanzar el completo bienestar físico y mental de las personas en Perú se torna en quimera.
De otro lado, se encuentra el SARS-CoV-2, que fortalece su cepa inicial en el tiempo con sus mutaciones, habiéndose adecuado a la realidad peruana con la variante brasileña.
Las reacción lenta y poca capacidad de respuesta por parte del Estado peruano, alienta avanzar decididamente al enemigo representado por la enfermedad infecciosa, aprovechando de éste el valioso tiempo que pierde por la ausencia de planeamiento, actuando entre urgencias y emergencias, desplegando el temor con la amenaza de hacerse endémica en parte de su territorio.
Sobre los hechos y cifras
Resulta dramática las cifras de caídos directa e indirectamente que presenta Perú en su lucha frente al virus. Las 114.943 defunciones existentes pre-COVID-19 en el país (Año 2019) se incrementó a 211.736 (Año 2020) y progresa a 77.523 ( primer trimestre del 2021).
Un dato importante que anotar en lo que va de este último año 2021, es la proporción de defunciones producidas en Lima y Callao (38.699) respecto a las defunciones ocurridas en el resto del país (38.824).
De continuar esta tendencia, las muertes durante todo el año 2021 superará la cifra de doscientos mil defunciones, presentándose la mitad de estas en Lima y Callao.
Es un hecho que el COVID-19 , con su variante brasileña es la que se acentúa en territorio peruano, dejando en menor escala a las variantes inglesa, sudafricana e india de doble mutación; y eventualmente otras que se vayan identificando.
Sin perjuicio de los subregistros existentes por la Pandemia en Perú, cabe precisar que Perú (1.500) supera a Brasil (1.400) en el número de muertos por millón de habitantes, pese a que Brasil supera en 6.4 veces en población a Perú.
De los factores que influyen en la lucha asimétrica
Las limitaciones existentes en el acceso a la inmunización a través de vacunas para mitigar casos extremos de enfermedad producida por COVID-19, es sólo comparada con el limitado acceso en el tiempo al agua para consumo humano en el país.
Diez por ciento (10%) de la población peruana no tiene acceso al agua por red pública, estamos hablando de una cifra superior a tres millones de personas, las mismas que se encuentran focalizadas en espacios altamente vulnerables a enfermedades infecciosas producidas por virus y/o bacterias.
El hacinamiento en las viviendas, sumado a la falta de agua segura, constituyen caldo de cultivo para la propagación del COVID-19 y las consecuentes defunciones derivadas de los estados críticos de la enfermedad.
En la fecha, se registra 2.276 pacientes en estado crítico y se supera los dos mil enfermos que se encuentran esperando un espacio en las unidades de cuidados intensivos, ante el colapso de los servicios de atención públicos de salud en el país.
Esta situación obliga al tratamiento domiciliario de los enfermos, los cuales demandan de oxígeno y medicamentos diversos para el tratamiento de la enfermedad.
A la población que no cuenta con agua en Lima, se le añade el dato de trescientos cincuenta mil personas que se abastecen de agua a través de camiones cisterna, los cuales no aseguran necesariamente su potabilidad y dejan abierta la posibilidad de enfermarse, continuando con el ciclo perverso de la propagación de enfermedades; y todo esto sin perjuicio del contagio intrahospitalario que también se encuentra latente.
De la mitigación de defunciones
De los reportes epidemiológicos oficiales se toma conocimiento que el COVID-19 se encuentra diseminado en todo el territorio nacional, sin embargo, existen las condiciones para planificar y aplicar nuevas estrategias sustentadas en una política de salud vinculada a la realidad peruana que tome en cuenta al hombre y su entorno en las diferentes áreas geosociales, pisos altitudinales y cuencas del territorio peruano, de tal modo que se pueda ir ganando espacios al virus, liberando zonas de la presencia del enemigo invisible y así dinamizar su economía ralentizada en espacios importantes del país andino - amazónico y que tiene la mayor parte de su población asentada en una costa desértica sin mayor acceso y disponibilidad al recurso agua.
En tanto transcurra el tiempo entre olas virales y cuarentenas, seguirán cayendo sanitaristas, como es en el caso del ingeniero Gustavo Sergio Sedano Fabián, quien laboraba en el área de operación y mantenimiento de la empresa prestadora de servicios de saneamiento SEDAPAL en San Juan de Lurigancho, el distrito mas grande del país localizada en Lima.
Ing. CIP Gustavo Sergio Sedano Fabián, descansa en paz.
Seguidamente presento el resumen de las lecciones aprendidas de las experiencias en América Latina y el Caribe, expuestas en el documento para discusión N° IDP-DP-00845 publicada por la División de Agua y Saneamiento del BID, respecto a la provisión de agua potable a las poblaciones sin acceso a redes durante la emergencia por COVID-19 :
En situación de crisis sanitaria, el Derecho al Agua y al Saneamiento se vuelve imprescindible
para asegurar la salud pública, y pone en relevancia el esfuerzo focalizado a
la implementación del mismo.
Los gobiernos, a través de sus prestadores, deben
propender a conseguir un acceso seguro a los servicios de agua y saneamiento
para sus poblaciones.
Para los prestadores pequeños resulta clave fomentar la
asociatividad entre varios de ellos con el fin de fortalecer sus capacidades
administrativas, operativas y financieras, lo que pueda mejorar su gestión en
sostenibilidad y enfrentar con mayor solvencia adversidades como la pandemia.
En tiempo de crisis
se vuelve muy importante mantener la comunicación y buena relación entre el
prestador y el usuario del servicio, para solucionar en forma viable los
problemas de abastecimiento de agua potable y saneamiento.
Durante la pandemia
se ha visto la necesidad de reforzar la seguridad física de las instalaciones
de agua potable y saneamiento, para garantizar la provisión de estos servicios,
en razón del incremento de robos y vandalismo generados por la crisis económica
y social.
Las soluciones alternativas para la dotación de agua a
poblaciones sin servicio continuo no son las más eficientes desde el punto de
vista técnico, económico, logístico y social; pero se vuelve necesarias en
situaciones de emergencia.
Los prestadores deben disponer de estudios y diseños para
proyectos de agua potable y saneamiento previo a la consecución de un
financiamiento, esto permite la ejecución rápida de obras, especialmente en
casos emergentes como los ocasionados por la pandemia.
Los prestadores han
experimentado durante esta crisis sanitaria la necesidad de reforzar el trabajo
de protección de fuentes sustentado en lineamientos apropiados que garanticen
la disponibilidad de agua para sus clientes y para poblaciones vulnerables sin
acceso a servicio a través de redes.
Los prestadores han visto la necesidad de realizar
programas permanentes de consumo responsable del recurso agua, debido al
incremento en la demanda, que generó el cambio de hábitos sanitarios durante la
pandemia.
Los prestadores asimilaron durante esta pandemia la
importancia de disponer de planes para la entrega de agua en situaciones
emergentes y en especial para poblaciones vulnerables que no disponen de
servicio a través de redes.
Las entidades prestadoras deben contar con opciones de
abastecimiento de agua mediante acciones que realizan tener redundancia en sus
sistemas, por ejemplo circuitos hidráulicos, interconexión entre plantas,
tanques y redes, pozos en reserva, y reservorios emergentes.
Los prestadores deben gestionar oportunamente el
financiamiento y avales para intervención en soluciones de provisión de agua y saneamiento
para poblaciones vulnerables sin acceso a servicios mediante redes.
Los prestadores
deben prever la asignación de recursos financieros y recursos humanos a nivel
de los cuadros técnicos de reserva para la atención de situaciones emergentes.
Cada prestador
debe identificar y definir las necesidades y las mejores soluciones para
dotación de agua y saneamiento a sus poblaciones según sus características
sociológicas, culturales, regionales y geográficas.
La provisión de agua potable a poblaciones sin acceso a redes usando camiones cisterna es el más utilizado por emergencia-COVID-19
A modo de reflexión
La situación sanitaria ocasionada por la pandemia evidenció la necesidad de que los prestadores de servicios de agua y saneamiento cuenten con planes de emergencia para la provisión de agua a sus poblaciones y en especial a los más vulnerables que no cuentan con servicio a través de redes.
Se ha identificado claramente que en esta condición de crisis sanitaria el abastecimiento de agua potable ha adquirido una importancia muy relevante priorizando este servicio por sobre el de saneamiento por parte de los prestadores de servicios.
La provisión de agua potable a poblaciones vulnerables sin acceso a servicio mediante redes ha demandado de los operadores de la región la implementación de soluciones alternativas para cumplir con una responsabilidad social y de salud pública, debido a las recomendaciones de las autoridades sanitarias respecto al lavado frecuente de manos con agua y jabón en el afán de Contribuir a mitigar el contagio de la COVID-19.
La vulnerabilidad de Lima fue
incrementándose progresivamente hasta que en los últimos treinta años, se
encuentra en cuidados intensivos, pues vivir allí implica una constante
lucha por la supervivencia. Los gobiernos populistas en Perú,
hicieron galopante la presión demográfica sobre los servicios básicos en un
espacio geográfico caracterizado como ecosistema de oasis, donde el recurso
agua resulta cada vez más escaso en cantidad y calidad. Históricamente Lima jugó un papel
preponderante en las elecciones de los mandatarios en Perú, las elecciones del
2021 no serán una excepción pues Lima representa actualmente el orden del 30%
de la población electoral total del país que supera los 25 millones de
personas.
Viviendas construidas con anuencia del gobierno Local en riveras del río Rímac-Lima.
El discurso político por dotar con
el servicio para consumo humano directo y lograr la cobertura con el servicio
de este vital recurso, fue una constante para ganar las elecciones
presidenciales durante los doscientos años de vida republicana en el país de
los incas y particularmente en su capital Lima.
Actualmente millones de personas
tienen aún lejanas sus opciones de lograr acceso y disponibilidad al agua en este
escenario, motivo por el cual se eleva los riesgos potenciales de vivir en
Lima. Ello, en razón a que no existe en cartera inversiones importantes
previstas para mejorar los servicios de agua en la capital peruana; asimismo,
no se muestra capacidad ni calidad en el gasto público que hiciera pensar en
una mejora de los servicios de agua en el corto plazo. Hace tres décadas atrás escribí
algo similar en razón de la epidemia de cólera que azotaba Perú y Lima en
particular, recomendando en ese entonces dar mayor importancia a las inversiones
que permitieran cerrar las brechas en infraestructura para dotar de agua en
puntos críticos de Lima; pasado el tiempo, con la epidemia del COVID-19 se
encontró nuevamente a Lima sin agua, permitiendo el arrollador avance del
virus, dejando una estela de muerte y desolación a su paso. El reporte total de muertes anuales
en Lima, se incrementó 10% en el periodo 2019-2020, con grandes probabilidades
de seguir incrementándose en el 2021 y posteriores años. El desborde de la corrupción de
la cosa pública en el manejo del agua constituye uno de los elementos que
atribuye el inconsciente colectivo como causa de la inacción en las sucesivas
administraciones de gobierno para tratar el tema álgido del recurso hídrico en
Lima, agravándose con el pasar del tiempo por efectos del cambio climático elevando
los niveles críticos de la inadecuada gestión del agua.
Resultaron infructuosas nuestras recurrentes advertencias para prevenir la crónica de las muertes anunciadas, pues el Estado empírico actúa reaccionando ante los hechos consumados.
Prevención en caso de sismo en Lima
Pende como una espada de Damocles, la probabilidad de presentarse un sismo de importante en Lima, el cual considera un escenario sísmico en Lima metropolitana y Callao de 8.8 Mw que se encuentra documentado y difundido oficialmente por el sistema de defensa civil desde el año 2017.
No cabe duda que el agua jugará un importante rol para evitar los miles de muertes proyectados ante la ocurrencia de este evento.
Un elocuente indicador en Lima, es el marcado desbalance existente entre el número de unidades de bomberos con capacidad de atender en forma simultánea incendios de grandes proporciones , versus la presión de agua en lugares críticos, en donde o no hay hidrantes, no se cuenta con facilidades en las vías de accesos para atender las emergencias, o simplemente se carece de agua para sofocar las llamas.
Todo ello sin perjuicio de la imperiosa necesidad por atender con el servicio de agua a una población sensibilizada post desastre, a los efectos de evitar mayor presencia de enfermedades epidémicas de origen hídrico o por carencia de agua.
Presento a mis pares de Inglaterra, Alemania, España , Estados Unidos y a los situados en países latinoamericanos y en otras regiones del orbe, el resultado de mis investigaciones sobre el agua, principal factor vinculante que incide decisivamente en que Perú ostente a la fecha, la mas alta letalidad por COVID-19 en Sudamérica y una de las más elevadas en el mundo.
Las cifras del COVID-19
Perú con una población que supera los treinta y tres millones de habitantes ostenta 1282 muertos por cada millón de habitantes, superando inclusive a Brasil , país que tiene seis veces más población y que reporta 1094 muertos por cada millón de habitantes.
Los medios de comunicación peruanos alarmados por las variantes del COVID-19 : Inglesa, Sudafricana, Brasileña y todas las que se identifiquen de las tantas existentes tras investigaciones de la normal mutación viral, inician una campaña de prevención a través del arribo a territorio peruano de trescientas mil vacunas chinas el día 7 de febrero del 2021 que atenderá inicialmente a 141.367 personas de acuerdo al programa de distribución.
El tiempo que demande el plan para alcanzar atender con prevención a toda la población peruana inmunizándola con vacunas, demandará además de recursos económicos, logística apropiada y un tiempo que el Estado peruano, no se encuentra en la capacidad de garantizar en términos de plazos, hecho en favor de la consolidación de la variante peruana.
La planificación de cara al futuro por parte del Estado es incierta, pues no se indica cómo se responderá anualmente con la gestión y manejo de esta enfermedad infecciosa viral, si sólo se viera como "única solución al programa de vacunación frente al COVID-19" y continúa soslayando el factor tiempo, fundamental en toda acción preventiva de salud pública.
La variante peruana
La variante peruana se origina por los lentos reflejos de un Estado empírico peruano, que conociendo la presión demográfica sobre ciudades de la costa desértica peruana, particularmente en localidades de la costa norte, allí donde convergen el tema del agua - vista ya sea desde el punto de acceso, disponibilidad, cantidad o calidad : es deficitaria- ; el tema climático, que soporta temperaturas extremas de calor o frio, a los cuales se le suma los recurrentes periodos de cuarentenas e inmovilizaciones obligadas por la fuerza pública, advirtiéndose que tienen al frente poblaciones infectadas e inficionadas por el hacinamiento, falta de Agua para consumo humano directo e higiene personal, provisiones de oxígeno,medicinas y alimentos; terminarían por adecuarse a los cambios o extinguirse.
Los muertos existentes - tanto en forma directa como indirectamente por el COVID-19, en localidades identificadas antes del arribo a territorio peruano de la nueva enfermedad infecciosa- constituyen un magnífico indicador de "eficiencia de gestión" en espacios geosociales identificados con problemas de Agua desde hace tres décadas atrás en la costa norte (en razón a la epidemia de El cólera que apareció simultáneamente en Piura y Chancay), así como puntualmente en otros espacios de la costa en Lima y Callao, y en el sur como es el caso de Ica (que sufriera los efectos de un sismo el 2007); de igual forma registramos problemas crónicos con el agua en localidades de la amazonía como Iquitos.
Con la variante peruana, caracterizada por las realidades existentes en localidades de Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Callao, Lima, Ica, Iquitos... es altamente probable que la enfermedad infecciosa se focalice en su forma endémica por determinados periodos hasta que las condiciones y factores ambientales se modifiquen por efecto de la acción antrópica.
Estas probabilidades se alimentan con la economía ralentizada por deficiencias en el gasto público, así como los plazos para mitigar los impactos ambientales establecidos el año 2017 ocurrido con el Decreto Supremo N° 0140-2017-VIVIENDA, reduciendo el tiempo de respuesta y la alerta temprana con el "lavado de manos" en poblacionesque ahora demandan las acciones de prevención que el propio Estado necesita para reducir las potenciales muertes que se producirán inexorablemente de no ser atendida oportunamente.
La variante peruana, en Belen-Iquitos, se sometería a escenarios similares a la variante Brasileña.
Del 5 al 14 de Enero 2021 se viene desarrollando un interesante coloquio virtual que involucra a la ciencia con la sociedad, y es relacionado con la calidad del agua como elemento integrador entre la salud humana y la salud de los ecosistemas.
El evento es organizado por CONCYTEC-Perú, entre otros organismos de América Latina y cuenta con la participación de especialistas y expertos de diferentes países, dándonos la oportunidad de intercambiar valiosa información sobre las experiencias de uno de los recursos especialmente estratégicos para el desarrollo sostenible del planeta.
Agua y minería
Un tema altamente sensible es el que vincula el agua y la minería, sin soslayar a los otros usuarios, presentándose como una dicotomía " oro o agua", no siendo necesariamente antagónicos en países como en Perú, que es reconocida por su historia como un país minero.
Sin embargo, en las últimas décadas es causa de recurrentes protestas socioambientales, con enfrentamientos entre el agro y minería , los cuales vienen escalando como consecuencia de un cada vez mas reducido acceso y disponibilidad al recurso agua.
Las distorsiones evidenciadas en diferentes cuencas hidrográficas se vienen incrementando como efecto del cambio climático - en algunos países con mayor incidencia que en otros-, haciéndolos mas vulnerables ante la escasez del agua, situación agravada con la inadecuada gestión y manejo del vital recurso, la cual se ve agudizada por la presión poblacional ejercida sobre los servicios básicos en zonas urbanas, efecto que se traslada a zonas con tradición minera y en áreas con nuevos emprendimientos de la industria minera.
En el caso peruano, ocho décadas atrás la población localizada en zonas rurales era mayor a las poblaciones asentadas en las ciudades, situación que en la actualidad esta figura se ha invertido, generando con las megalópolis una mayor presión demográfica y crisis del recurso agua en la costa desértica y particularmente, en su capital, Lima.
La crisis de la calidad del agua en Perú ha sido soslayada por diversas administraciones en los tres niveles de gestión de gobierno, al vincularlo con visiones estrechas y compartimentos sectoriales estancos ; pese al carácter integrador y multidimensional del recurso agua, su inadecuada gestión puso en línea de colisión a los distintos usuarios del agua.
En estricto no existe vigilancia integral de calidad del agua para consumo humano en el país, habiendo únicamente esfuerzos aislados desde diversos sectores en términos de monitoreo de agua.
El organismo regulador de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (SUNASS) considera como indicadores de la calidad de la prestación de servicios a la continuidad promedio (horas/día), presión promedio (m.c.a) y tratamiento de aguas residuales (%), por lo que no tiene referenciada la calidad de agua en la fuente, así como la calidad de agua distribuida y entregada del recurso hídrico en diferentes cuencas del país, tal es el caso de la calidad del agua consumida en poblados menores y zonas rurales que no se encuentran bajo jurisdicción regulatoria.
Tanto el ministerio de Salud, y otras carteras como el ministerio del Medio Ambiente a través del organismo adscrito OEFA y la autoridad nacional del Agua (ANA), adscrito al Ministerio de Agricultura y riego, hacen esfuerzos para darle sostenibilidad a la calidad del agua para su aprovechamiento multisectorial, entre los que se encuentra el uso minero.
Al no contar con una eficiente prospectiva en el orden territorial, sin una mayor gobernanza ambiental y por consiguiente, sin articular políticas públicas que permitan el relacionamiento de la salud de los ecosistemas con la salud humana, se llega a satanizar a la minería y en especial a la gran minería, a quien se le asocia como la principal causante de la contaminación del agua y en consecuencia, el nexo causal en la reducción de la calidad del agua.
El nivel de responsabilidad que alcanza a la gran minería es justamente el no haber socializado suficientemente las experiencias exitosas que existen en el país, donde con el relacionamiento y alineamiento de los actores sociales pudieron adecuar y mejorar infraestructura gris y verde para viabilizar una mayor resiliencia de los ecosistemas, así como garantizar la salud humana.
Al cambio climático se le integra el deficiente manejo de los bosques de protección en las cuencas altas, incrementando el efecto erosivo de las aguas de escorrentía; los registros de Geo bosques-PNCB-MINAM, indican que sólo en el periodo 2008-2018 se perdieron 1.626.742 hectáreas de bosques, con lo que agravan la calidad de las aguas especialmente en las partes bajas de las cuencas.
Resulta importante pues socializar información científica en nuestros países, que atribuya la reducción de la calidad del agua, a causas naturales, además de las causas antrópicas que se tornan en transectoriales y multidisciplinarias del conocimiento humano.
La tarea de llevar la cultura del agua a los diferentes actores sociales, corresponde a diversos sectores del ejecutivo, utilizando diversos mecanismo como el de la asociación público-privada.
Hechos demostrados por el COVID-19
En Perú se acredita la afectación de los ecosistemas vinculados a la salud humana con el impacto generado por la presencia de enfermedades infecto contagiosas, como es en el caso de actual pandemia del COVID-19.
La lectura de los registros estadísticos del Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), indican que una importante cantidad de defunciones se producen en la franja costera peruana, particularmente en Lima y Callao, en lugares donde los ecosistemas se encuentran afectados con externalidades diversas, una de ellas es la carencia de agua y deficiencias en la calidad del agua que llega al consumidor final en áreas donde no alcanza la cobertura del prestador de servicios de saneamiento.
Impacto de la falta de representación nacional
La crisis de la calidad del agua en Perú que se mantiene soslayada a través del tiempo por diversas administraciones de gobierno, constituye un efecto de una débil gobernanza y frágil democracia que pone a prueba la gobernabilidad del país.
De un lado se tienen fallas crónicas en la representación nacional, por lo cual el sistema democrático se defiende a través de la Ley N° 28094 - Ley de organizaciones políticas-, publicada el 01 de Noviembre del año 2003, de modo tal que se puedan fortalecer los partidos políticos que actualmente no representan a las grandes mayorías nacionales y desde los cuales se eligen a presidentes que en las últimas décadas fueron requeridos por la justicia. Asimismo, negocian la inmunidad parlamentaria para operar bajo el radar de las leyes, hecho que es registrado no solamente por los medios de comunicación masiva, si no que es percibido por la propia población que forma parte de movimientos políticos no partidarizados que se ven sin oportunidades ni acceso a participar en las elecciones democráticas, en donde todos los ciudadanos en igualdad de condiciones les asiste el derecho de elegir y ser elegidos.
Por otro lado, las incongruencias existentes en los procesos electorales que resultan en la elección de autoridades solamente con poder formal para el ejecutivo, se traslada a las diferentes carteras ministeriales que tienen que ver con el importante tema de la calidad del agua en territorio peruano, los cuales en la praxis capturan al organismo regulador, ralentizando su accionar.
En este contexto, tanto el poder judicial como el ministerio público se ven con una actuación limitada y sesgada en el tema de aplicar el ordenamiento legal vigente frente a la crisis de la calidad del agua que está evidenciada en el tiempo. Es así que se sanciona con cárcel a los promotores de protestas contra proyectos mineros, que toman carreteras, entorpecen el normal funcionamiento de los servicios públicos, generan disturbios y amotinamientos, en tanto que no se aplica igual derecho frente a los responsables de afectar la salud de poblaciones enteras que se ven impactadas al consumir agua de calidad no apta para el consumo humano.
A la evidencia científica se suman las declaratorias de parte del ejecutivo en diferentes cuencas y por sucesivas administraciones de gobierno de las últimas décadas referenciados a los Estados de emergencia por contaminación del agua para consumo humano directo publicadas en el diario oficial El Peruano. Profusa documentación conteniendo exhortaciones de la Defensoría del pueblo, informes de la contraloría general de la república, solicitaciones de organizaciones de Defensa Civil, ONGs , publicaciones hechas por medios de comunicación masivas tanto radiales, escritas y televisivas, forman parte de los hechos evidenciados que como expertos difundimos en este espacio y en diversos foros, incluyendo los académicos.
Sin perjuicio de las evidencias, el Estado empírico peruano continúa haciendo caso omiso a los altos riesgos que incorpora a la cadena trófica vinculada a la salud de los ecosistemas y salud humana en general.
Recurrentes Estados de emergencia
Los cuellos de botella generados en el país relacionados con el recurso agua y establecidos por la dinámica impuesta por recurrentes situaciones de urgencia y emergencia, producen externalidades a la cuenca, distrito, provincia, departamento o región y al país respectivamente, lo cual resulta importante su valoración de cara al futuro.
El pueblo peruano se encuentra a noventa y cinco (95) días de elegir una nueva administración de gobierno nacional que iniciará funciones el próximo 28 de Julio del 2021, fecha en que celebra doscientos años de vida republicana, y por consiguiente resulta válida la pregunta de cómo es que pretenden dar solución a un problema de gestión sobre la calidad del agua para diversos usos , que los últimos gobiernos sólo se limitaron a trasladar la solución del problema al siguiente gobierno en turno. La misma interrogante resulta pertinente hacerla a los candidatos para ocupar un curul como congresistas en el siguiente periodo legislativo del Congreso de la República.
El Dato
Seguidamente citaré parte de los decretos supremos que dan cuenta sobre los Estados de Emergencia por contaminación de agua para consumo humano antes mencionados:
►Reporte N°01-2019/SC/MCLCP de las localidades de Mórrope, Pacora y Otros -2019 en la Región Lambayeque. Cuya data se encuentra documentada en los hallazgos de los niveles de contaminación desde el año 2016, hasta el arribo de la Pandemia del COVID-19 al país ocurrido en Marzo del 2020. ( DSN°047-2018-PCM;DSN°066-2018-PCM;DSN°089-2018-PCM;DSN°106-2018-PCM;DSN°127-2018-PCM;DSN°033-2019-PCM;DSN°073-2019-PCM;DSN°096-2019-PCM).
►Estado de Emergencia por sesenta días en diversos distritos y provincias del departamento de Puno que va desde el año 2019 a la actualidad, el último decreto supremo fue en fecha 1 de enero del 2021 dado por el gobierno nacional. (DSN°123-2019-PCM;DSN°153-2019-PCM; DSN°175-2019_PCM; DSN°204-2019-PCM;DSN°037-2020-PCM;DSN°081-2020-PCM;DSN°121-2020-PCM;DSN°147-2020- CM; DSN°208-2020-PCM).
El problema agudo del incremento de la contaminación del agua en la franja costera peruana, se va tornando en mal crónico ante la pasividad de un Estado empírico al que le falta reflejos para gestionar adecuadamente este recurso hídrico tan importante para la salud pública. Es fundamental que el Estado, en sus tres niveles de gestión, dinamicen su capacidad de respuesta frente a una realidad que viene afectando a miles de ciudadanos en centros poblados que requieren mejorar su administración del agua para consumo humano; con mayor énfasis para espacios geosociales que mantienen factores y condiciones inadecuadas que terminan por afectar el sistema inmunológico de los seres vivos, impacto que estaría alineado con el reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) frente al COVID-19, al que considera como un eventual mal endémico en algunas partes del planeta.
Presencia de arsénico en fuentes de agua subterránea.
La presencia de arsénico en el agua potable puede ser el resultado de la disolución del mineral presente en cuencas hidrográficas cercanas a volcanes y naturalmente en el suelo por donde fluye el agua antes de
su captación para uso humano, o bien, por vía antrópica por contaminación industrial. Para importantes volúmenes de agua, la OMS identificó al proceso de coagulación como una de las tecnologías más adecuadas en la remoción de arsénico. Efectivamente, el proceso de coagulación mediante cloruro férrico es usado generalmente en la remoción de turbiedad, por lo que el empleo del mismo proceso en la remoción de arsénico permite una mejoría del
tratamiento. El cloruro férrico se hidroliza en el agua para tomar la forma de hidróxido férrico cargado positivamente. El arsénico debe estar en su forma oxidada para su remoción eficaz. Por lo cual, si hay presencia de arsenito será necesario para oxidar a arsenato mediante el uso de cloro como un proceso de pre-tratamiento. Arsenato es un anión cargado negativamente y es atraído a las partículas o flóculos de hidróxido férrico cargado positivamente. De esta manera el arsénico adsorbido puede ser removido mediante el proceso de sedimentación.
Agua con Arsénico en Norte y Sur de la costa peruana
A modo de ejemplo, citaré dos Regiones : Lambayeque en el Norte y Moquegua en el Sur, en donde se presentaron casos en centros poblados que se abastecen con aguas captadas en fuentes de aguas subterráneas y consumen agua que sobrepasan los límites permisibles con contenido de arsénico.
De un lado, citare la declaratoria de emergencia que se contempla en el Reporte N°01-2019/SC/MCLCP de las localidades de Mórrope, Pacora y Otros -2019 en la Región Lambayeque. Cuya data se encuentra documentada en los hallazgos de los niveles de contaminación desde el año 2016, hasta el arribo de la Pandemia del COVID-19 al país ocurrido en Marzo del 2020.
En este escenario, se cuestiona la demora en la toma de decisiones en el nivel técnico y político regional, para resolver una situación que tomó años mantener el estado de emergencia, con la anuencia de instituciones públicas que sólo atinaron a soluciones intermedias, llevando agua en camiones cisterna para abastecer temporalmente a la población afectada.
De otro lado, mencionare el caso de la región Moquegua, que en diciembre de 2018, la Gerencia Regional de Salud Moquegua mediante el informe N.° 01487-2018-GRM-GERESA/GR-DRSM-OSIC emitió los resultados de análisis a las muestras de agua de la captación Yacango, revelando concentraciones de arsénico que excedieron los Estándares de Calidad Ambiental para Agua. Se tomó conocimiento que el arsénico en las fuentes de agua del área de estudio provenía de la mineralogía existente en el ámbito de las infiltraciones Labramane, Jorge Chávez, Revuelta y Yacango, afectando al centro poblado
Yacango, en el distrito Torata-Moquegua.
En esta ocasión, se contó con una alianza público -privada, que permitió la construcción de una Planta de tratamiento de Agua Potable de Torata, sin embargo tiene el desafío de mejorar en el operación y mantenimiento de esta Planta destinada al extremo de la remoción de Arsénico.
Agenda pendiente
El Perú se encuentra a pocos meses de las Elecciones Generales del 2021 y cuenta con diversos personajes que aspiran a suceder en el cargo al presidente Vizcarra, en ese sentido habría que trasladarles la interrogante a los candidatos respecto a sus políticas para resolver el problema de la contaminación por metales pesados presentes en agua de consumo humano y otros usos para la costa peruana.
La presencia de pasivos ambientales y la contaminación natural, constituyen ciertamente un tema de agenda pendiente que la próxima administración del Estado peruano deba y tendrá que resolver.
Los principales indicadores que permiten comparar el
grado de acatamiento de la cuarentena a nivel mundial señalan no sólo que
el Perú no estuvo entre los países que mostraron menores niveles de disciplina
social, más bien lo contrario. La disposición al acatamiento y al sacrificio de
la población fue relativamente elevada. Si se quiere entender el porqué de la
mala situación del país, tal vez se debería observar con más cuidado a otros
componentes, como es el caso del estrés hídrico. El alto estrés hídrico en Perú, con especial énfasis en la costa desértica peruana, puso al país como uno de los mas afectados por el COVID-19 en el planeta.
Mediante diversas fuentes e indicadores se observó la medida
en la cual los peruanos tuvieron una conducta coherente con una cuarentena
estricta.
Una encuesta de IEP , tomada en mayo del 2020, mostraba que
el 75% de los peruanos consideraba que la principal razón por la que no se ha
podido controlar la epidemia de la COVID-19 es “por los ciudadanos
irresponsables que no cumplen con las disposiciones del gobierno”. Es decir, la
inmensa mayoría de los peruanos considera que el contagio extendido de COVID-19
se debe a la baja disposición de la población para acatar las medidas de
aislamiento social y de cuidado personal necesarias para reducir su propagación.
Hay quienes explican esto en función a múltiples causas, entre las que se
encuentran la alta informalidad, precarias condiciones de vida de gran parte de
la población, la falta de educación o el sistema de valores de la población.
Dado que el impacto de la COVID-19 en el Perú ha estado entre
los más fuertes del mundo se esperaría que el acatamiento de la cuarentena
estaría entre los más bajos también.
Mediante diversas fuentes e indicadores se observó la medida en la cual los peruanos tuvieron una conducta coherente con
una cuarentena estricta. Hemos encontrado que, a diferencia de lo que muchos
creen, el acatamiento de la cuarentena en
el Perú fue más respetado que en los países más exitosos de la región.
El primer indicador consiste en Google Community Mobility
Report, el cual acopia datos respecto al desplazamiento de las personas con
celulares con sistema Android. Para los primeros sesenta días de cuarentena,
justamente cuando la epidemia se propagó con mayor rapidez, se puede observar
que el Perú se encontró entre los países con mayor reducción de visitas a
tiendas, supermercados, parques, estaciones de transporte y lugares de trabajo
del mundo.Se argumenta que estos reportes no son válidos
para el Perú puesto que gran parte de la población no tiene acceso a
smartphones, sin embargo, la penetración de smartphones en hogares a nivel
nacional es 73.4% y en el caso de Lima, una de las ciudades más golpeadas
por COVID-19 del mundo es 91.2%. En Lima la reducción en el desplazamiento
en el periodo mencionado llego al 75.7%.
Otra fuente de información consiste en el reporte de Big
Data del BBVA Research que recolecta información respecto a la conducta de
gastos en el Perú. Al analizar el reporte se observó que la caída más
abrupta en pagos con tarjeta en físico (-75%) fue en el caso peruano. También
tuvo la caída más fuerte en retiros de dinero de cajeros automáticos, lo cual
se halla fuertemente asociado a las actividades del sector informal, llegándose
a una caída de 61%.
Otros indicadores de desmovilización se pueden obtener del
Tablero de Impacto del Coronavirus del BID. El primer indicador llamativo
consiste en el de intensidad de Congestión de Tráfico por país.Esto
nos señala la severa reducción en el uso de vehículos que se dio durante la
cuarentena en Lima.
Otro indicador llamativo mostrado por el BID es el referente
a disminución en la emisión de dióxido de nitrógeno. Este compuesto químico
está asociado al uso de combustibles fósiles, es decir, su caída es un
indicador de la disminución de uso de vehículos. Se acopió datos de 7 ciudades
importantes de Latinoamérica, mostrándose que fue Lima en la cual se dio la
caída más dramática en las emisiones.
Hay quienes podrían afirmar que datos de celulares y uso de
vehículos no reflejan la conducta de la mayoría de los peruanos sino de los
sectores más acomodados. En esta visión tendríamos sectores medios y altos con
elevados niveles de acatamiento y sectores populares con bajísimos niveles.
Pero esta visión no es coherente con los estudios de seroprevalencia en Lima
que mostraron niveles de exposición a la COVID-19 sin diferencias
significativas entre diversas zonas de
Lima independientemente del nivel económico.
Población sin acceso al agua potable
Para sustentar el tema del estrés hídrico y su influencia decisiva en el impacto del COVID-19 en el Perú, me apoyaré en una publicación titulada "Falta de agua en Lima : Análisis y soluciones" que tiene el sello de El Comercio, difundida antes del arribo a territorio peruano del COVID-19.
En esta publicación que data de abril del 2019, se indica que 870 mil viviendas no cuentan con agua potable, lo que implica el orden de 2 millones seiscientos mil habitantes tienen estas limitaciones, especialmente en zonas críticas como es el caso de Lima, ciudad levantada sobre un desierto.
La escasez de agua en Lima se presentan básicamente en los cerros y en viviendas construidas informalmente. En estos lugares la población llega a pagar un precio elevado hasta ocho veces más que la población que cuenta con el servicio de agua en sus domicilios.
Otro componente que influye en la falta de agua es la poca cultura hídrica existente, que genera pérdidas de agua y el uso irracional de este recurso, pese a que por efectos del cambio climático, los deshielos de los glaciares ubicados en la zona central del país, que constituyen las fuentes que proporcionan agua a la ciudad de Lima pueden desaparecer antes del 2045.
Necesario aumento en la capacidad de respuesta frente al COVID-19
En este sentido, se hace muy necesario difundir la cultura hídrica en el país, incorporando transversalmente valores inherentes al eficiente uso del agua, reuso , control de fugas, almacenamiento adecuado, ahorro, costo del agua (...) en los diferentes niveles de gestión de la administración del Estado y la sociedad civil. Asimismo, tender puentes para que el sector privado internalice la necesidad de sumar esfuerzos para mitigar la contaminación de las aguas que constituye un importante componente en el alto estrés hídrico que presenta el país, especialmente en la franja costera.
Los especialistas, ingenieros sanitarios y ambientales del Perú, indicamos con antelación las medidas que debieran adoptarse con el agua, incidiendo en los mejores hábitos de consumo, con énfasis en Lima, lo cual fue recogido en el año 2014 por una publicación de WWF bajo el título " Un frágil ciclo, agua energía y población en Lima", expresando su preocupación respecto al consumo y provisión
de agua de la ciudad de Lima y principalmente los cambios en los
ecosistemas naturales que la sustentan, es decir, la infraestructura verde que
almacena, regula y provee el recurso, todo esto antes del arribo del COVID-19 al país, lo cual se mantiene en la agenda pendiente para incrementar la capacidad de respuesta del país frente al COVID-19.
Las proyecciones para estimar las muertes por COVID-19 en Perú se siguen elevando; el 12 de Mayo,se hablaba de 6.428 muertes
acumuladas, con un rango estimado de 2.731 a 21.724.Esta estimación de muertes la realizó un estudio del
Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME), un centro de investigación de salud global independiente en la Universidad de Washington.
Ahora cerrando el mes de mayo, se estima que dentro de 66 días, a inicios del mes de agosto del 2020, podría alcanzar 19.722 muertes con
un rango estimado que va de 9.965 a 35.471.
Prioridades en Salud
Al analizar la tendencia de la mortalidad en el Perú, tenemos que la Tasa Bruta de Mortalidad (TBM), que expresa el número de muertes por cada mil habitantes, era considerada alta para 1950, y se ubicaba en 22,5 muertes por cada mil y para los últimos 25 años, se observa una disminución de la TBM en el periodo 1995-2005 ( de 6. 7 a 5.18) y a partir del año 2006 se observa un ascenso hasta llegar a 6.1 en el año 2019.
Hace siete años atrás se indicaba para evitar el incremento de muertes en territorio peruano a los problemas sanitarios que debieron priorizarse, poniendo en primer lugar a las infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB),principalmente las neumonías.
Las muertes por IRAB ya constituían un problema sanitario en Perú que se agravó con el arribo del COVID-19 en marzo del 2020, para comprobar lo antes mencionado existe abundante acreditación en diversos estudios técnicos del Ministerio de Salud como : Análisis de situación de Salud del Perú publicado por la Dirección General de Epidemiología y la Dirección de Inteligencia Sanitaria; así como Niveles y estructura de la mortalidad General del Perú 2007-2011 publicada por la Oficina General de Estadística e Informática"; las mismas que datan del año 2013.
Causas que fomentaron el punto de quiebre
En concordancia con la información técnica que pude producir en mi paso en la función pública para el Ministerio de Salud en el periodo 1990-94 y posteriormente, en el organismo regulador de servicios de saneamiento en el lapso 2001-2005 resumidos en este espacio; entre las principales causas que gatillaron el incremento de muertes en Perú se encuentra el nexo del aumento en la densidad poblacional (concentración poblacional) y la reducción en el acceso y disponibilidad al recurso agua.
Fuente . INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007.
En este contexto, el COVID-19 avanza inexorablemente en zonas calientes donde las nuevas muertes diarias se contabilizan con una tendencia creciente.
Reporte Oficial
Al 27 de Mayo del 2020, el Ministerio de Salud del Perú,reportaba un total acumulado de 3983 muertes atribuidas al COVID-19 localizadas 1688 (42.4%) en Lima-Callao, 1083 (27.2%) en Piura-Lambayeque y 1212 (30.4%) en otras partes del país.
Nuevas muertes diarias en Perú-2020/ Fuente:Worldometers.info/coronavirus/country/Peru
En Perú, se viene confirmando la relación directa existente entre los factores ambientales : agua, suelo y aire medidos en términos del acceso y disponibilidad al agua de consumo humano, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad en saneamiento, para incrementar el riesgo de enfermar y morir por acción del nuevo coronavirus COVID-19.
Según reportes oficiales del Ministerio de Salud expresados en la sala situacional covid-19 al 7 de mayo del 2020, se mantiene como zona caliente a Lima-Callao como epicentro de la difusión del virus generador de la enfermedad infecciosa que viene propagándose por el resto del país.
72% de casos confirmados se ubican en la zona caliente y el 28% en el resto del país.
Nuestra lectura especializada señala al caldo de cultivo del COVID-19 en ocho regiones, incluyendo a Lima y Callao. Además, se identifica en la costa norte : Piura, Lambayeque, La libertad y Ancash ; y en la amazonía : Loreto y Ucayali; las mismas que ya se encontraban altamente vulnerables previamente al arribo del virus epidémico.
Recordemos que años antes, la costa norte sufrió sendos impactos por el fenómeno El Niño y los embates de la epidemia del Cólera, que tuvo sus orígenes simultáneamente en las localidades de Piura y Chancay; y del mismo modo, las localidades de Iquitos (Loreto) y Pucallpa (Ucayali) sufrieron lo propio; a la relación directa antes mencionadas, podemos agregar como causas indirectas a los procesos de inversión dilatados y a los truncos destinados a cerrar las brechas de infraestructura de servicios básicos que culminaron en el ámbito judicial.
Las condiciones y factores ambientales generadas por causas naturales y antropogénicas en Perú, hasta la fecha van ocasionando 92.6 % de muertes atribuidas a la nueva cepa del coronavirus ocurridas en estas ocho regiones de las 25 que con que cuenta el país.
El dato
Se precisa un total de 1627 personas fallecidas y 58,526 de casos infectados confirmados a la fecha, contabilizados desde el primer caso detectado un 6 de marzo del 2020.
New York y Lima, dos ciudades con alta densidad poblacional y congestión vehicular, se encuentran unidas en el drama generado por el coronavirus COVID-19, pues en ellas se producen la mayor cantidad de muertes en lo que va de la ola epidémica tanto en los Estados unidos de norteamérica y Perú respectivamente.
Actualmente son elevadas los riesgos de enfermar y morir infectados por el COVID-19 en estas ciudades, hecho que causa pánico al contagio y confinamiento tras el avance del virus hasta la fecha.
El éxodo poblacional de las metrópolis
Los neoyorquinos con mayor poder adquisitivo salieron alejándose de la ciudad y alquilaron residencias en Los Hamptons, un sitio para vacacionar situado en Long Island, y el Valle del Hudson, al norte del estado caracterizado por grandes casas y granjas.
Por otro lado, una población campesina flotante que llegó a Lima buscando oportunidades de trabajo, quedó atrapada por la cuarentena dictada por el gobierno central, lo cual motivó a cientos de personas para escapar de Lima, con el riesgo de propagar el virus a nuevas localidades, especialmente del centro del país. La administración vizcarra, activó mecanismos para el traslado humanitario de las personas que deseaban retornar a sus lugares de origen, particularmente a la tierra de los Chopkjas, quechua hablantes de la región Huancavelica ubicada a una altitud que va hasta los cuatro mil quinientos metros sobre el nivel del mar.
Cambio de paradigmas para enfrentar al coronavirus
New York y Lima deben aplicar a modelos de desarrollo disruptivos para poder brindar mejores condiciones de seguridad en salud a la población que se asienta en sus respectivas jurisdicciones.
Presentar una eventual figura de "éxodo poblacional a una escala masiva" o tratar de "volver a desarrollar sus actividades normales progresivamente" sin efectuar previamente sustantivos cambios en el estilo de vida en estas importantes ciudades, no pareciera viable por el momento para dar una solución a sus debilidades expuestas, en tanto el virus manifiesta su presencia en los individuos que transitan por sus espacios.
El coronavirus COVID-19 ha puesto en evidencia lo obvio, las respectivas vulnerabilidades frente a epidemias y sismos de gran magnitud, por citar sólo algunos eventos que pueden llevarlas a ser zona de catástrofe.
La carencia de agua de buena calidad en South Bronx-NY, o conos de Lima, demandan acción
Quedarse inmovilizado por el pánico no es una opción
Las administraciones de las metrópolis vulnerables del planeta que se encuentran, salvando las distancias, en circunstancias similares a las megalópolis citadas, debieran actuar con el reinicio de obras post cuarentena fortaleciendo sus capacidades y reduciendo sus debilidades al aprovechar el valioso tiempo que otorga la experiencia seguida por la primera ola epidémica de muerte ocasionada por el COVID-19, quien se sitúa en el onceavo lugar de causales anuales de muerte humana según worldometers , con 138 487 muertes. ( después de cuatro meses y días hasta la fecha).
El planeta entero se encuentra preocupado por el
aumento de casos de coronavirus (Covid-19) fuera de China, pues ha llevado a algunos
medios y políticos a presionar para que se declare una pandemia.
En países en vías de desarrollo como es el caso de Perú, sin tener un caso confirmado, ya se empieza a sentir el impacto económico del virus.
El proceso de contagio
Existe evidencia científica que para que exista contagio del virus en el ser humano, se necesita la presencia de gotas del portador, los cuales se pueden transmitir de forma directa o indirecta; por ello la OMS recomienda cubrirse nariz y boca, así como el lavado constante de manos con agua y jabón.
Zonas endémicas
Es altamente probable que el coronavirus llegue a la región de las Américas y al Perú, y eventualmente llegue para quedarse en algunas zonas donde se vuelvan endémicas, allí donde existen todas las condiciones para la transmisión y posicionamiento como su nicho ecológico : favelas,villa miseria, conventillo, barriada, pueblo joven, asentamiento precario,etc.
Esta manifestación no es nada nueva, habida cuenta que hace casi tres décadas no fue un virus sino una bacteria de El cólera que conmovió a los ciudadanos al visitar inicialmente en forma simultánea en dos localidades del país de la tres veces coronada villa : Lima.
Las condiciones para identificar los indicadores de mortalidad, morbilidad, motilidad y otros de la enfermedad, estuvieron alineadas con factores y elementos fácticos: fundamentalmente la falta de agua y un agua insegura para el consumo humano.
Los demás componentes , como hacinamiento en las viviendas, transporte masivo inseguro,etc.. constituyen un complemento.
Asentamientos humanos precarios sin acceso al agua constituyen la población mas vulnerable
Agenda pendiente
Los hábitos de higiene para prevenir la enfermedad que conlleva el lavado de manos y preparación de alimentos, serán posibles de realizar en la medida que se cumplan las políticas, planes, programas y proyectos que atiendan a millones de personas que aún carecen de acceso y disponibilidad al servicio de agua segura para consumo humano. En este sentido, una propuesta seria para poder prevenir y luchar contra el Coronavirus y otras enfermedades actuales y potenciales, es dar cumplimiento a los compromisos de la agenda pendiente en agua y saneamiento; fundamentalmente el Objetivo de desarrollo sostenible - ODS 6 : Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el
saneamiento para todos.
El País- red de expertos, recientemente publicó bajo el título "El país del agua se enfrenta a su mayor prueba" en referencia a la economía de Panamá, indicando que las consecuencias de los desastres climáticos se intensifican cuando no se gestionan adecuadamente las cuencas. Al igual que Panamá, y otros países en la región de las Américas, Perú no deja de ser un país vulnerable a la inseguridad hídrica, con el agravante de la inadecuada gestión de sus cuencas, lo cual supone un riesgo para la salud pública y economía nacional.
La amenaza de un futuro con escasez de agua es temible para
cualquier país, pero haciendo un símil con la realidad panameña donde el
agua es el combustible de su economía, que depende de abundantes recursos
hídricos para la operación del canal de Panamá, su principal motor económico; en el país de lo Incas el agua dulce mueve no sólo su economía sino su propia sostenibilidad sistémica.
Imagen del año 2004 que muestra inseguridad hídrica en subcuenca de costa desértica a 400 km al sur de Lima.
Gestión del recurso hídrico en los últimos dos siglos
Desde la época pre Inca y particularmente en los últimos dos siglos, en Perú se evidenciaron eventos extremos climáticos relacionados con el recurso hídrico, asociados con la presencia del fenómeno El Niño (FEN). Carranza en 1891 por la Sociedad Geográfica de Lima, registraba "... nubes tempestuosas, que ocasionaron las grandes inundaciones de abril y mayo"; los mismos que influyeron en eventos recurrentes y en consecuencia previsibles de las grandes sequías e inundaciones. Con el desarrollo de las modernas tecnologías, fue posible catalogar los eventos de carácter débil, fuerte y extraordinarios; éstos últimos como los sucedidos en el periodo 1982-83 y luego de quince años, en 1997-98; gradualidad influenciada por efectos del cambio climático. Cabe mencionar que a la alta vulnerabilidad a desastres naturales (FEN,sismos), se le añade los impactos de origen antrópicos activados por el cambio climático. Las lecciones aprendidas impulsaron tomar a la cuenca hidrográfica como unidad de gestión, sin embargo, en la praxis se mantiene la división política por departamentos en el marco de un proceso descentralista trunco.
Esfuerzo legislativo con Leyes de bajo cumplimiento
En la primera década del siglo pasado y hasta la actualidad
se verifica que se han presentado una serie de esfuerzos legislativos
ambientales que en forma aislada trataron de aportar su cuota en la solución de
problemas vinculados a los usos del agua, con un precario nivel de acatamiento en la población menos
informada, en especial a poblaciones rurales dispersas menores a cien
habitantes.
Los dispositivos legales, conformados por miles de normas
con carácter ambiental , crearon espacios
políticos para nuevas demandas sociales, como es el caso de las demandas
ambientales por el recurso agua.
Asimismo, instituciones del Estado asumen una actitud pasiva
para hacer cumplir las normas o revertir la ineficacia del orden jurídico
ambiental menoscabando la legitimidad de la norma. En suma, la restricción al acceso de información Jurídica
ambiental afecta la actitud activa por parte del Estado para la aplicación y el
cumplimiento de las normas ; la escasa, inapropiada y en algunos casos nula
recepción de normas legales ambientales resta legitimidad, efectividad y
ejecutoriedad de la norma ; y , las definiciones empleadas en Leyes ambientales
planteadas en lenguaje de difícil comprensión para el ciudadano, limitan su accionar
para impedir la violación o incumplimiento de la ley ambiental .
Un bajo acatamiento de las Leyes Ambientales en Perú es un hecho irrefutable y consecuencia de una legislación ambiental dispersa. En este escenario se gestaron leyes vinculadas al agua, como es el caso de la Ley general de aguas - Decreto Ley 17752 (1969) que fuera remplazada por la Ley de recursos hídricos - Ley 29338 (2009), Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento - Decreto Legislativo 1280 (2016), la Política Nacional de Saneamiento-DS N° 007-2017-VIVIENDA (2017) y otras normas alineadas con marchas y contramarchas, como se evidencia con el DS N° 018-2018-VIVIENDA (2018) y DS N° 009-2019-VIVIENDA (2019). En Perú se dieron progresivamente normas para poder
dinamizar la disponibilidad y el acceso al agua para consumo humano y saneamiento a millones de
peruanos que aún en la actualidad carecen de estos servicios básicos.
Muchos especialistas estimamos que futuras normas debieran
ir dirigidas a cambios estructurales de modelos de gestión y rompiendo paradigmas, pues el balance de la gestión integral del agua no arrojan resultados positivos, habida cuenta que la gestión por cuencas es hasta la fecha incipiente y es en este contexto en que Perú se encuentra inmerso en la estimación de cara al año 2025 que realiza la Organización Mundial de la Salud al indicar que " la mitad de la población mundial vivirá en países con alto estrés hídrico". En este universo de dispositivos legales, constituye un hito el Decreto Supremo N° 031-2010-SA dado el año 2010 y seis años después la Resolución Ministerial N° 923-2016/MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria N° 075-MINSA/DIGESA-V.01- "Procedimiento para la declaración de emergencia sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua para consumo humano"; toda vez que da la voz de alerta oficial a una realidad que ya visualizamos hace casi tres décadas atrás un grupo de expertos que participamos en la lucha contra el Cólera, utilizando información de campo y aplicando una suerte de prospectiva estratégica , relacionamos la secuencia : mayor deforestación - incremento de erosión - contaminantes químicos - enfermedades que afectan a la salud pública, entendidos hoy como un efecto del cambio climático en el país andino. Sin perjuicio a lo expuesto, en décadas recientes , ha habido un importante progreso orientado hacia el cumplimiento de una agenda de biodiversidad, pero manteniendo un débil sistema de monitoreo para el cumplimiento de las normas. En este contexto, el año 2018 se promulgó en Perú la Ley Marco sobre cambio climático - Ley 30754 , en concordancia con los compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano ante la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.
Deforestación,incremento de erosión y contaminación del agua
Perú se encuentra entre los países mas vulnerables al cambio climático del planeta , tanto por la distribución del recurso agua y el asentamiento de la mayor parte de su población en la franja desértica costera, allí donde justamente el acceso y disponibilidad del agua es mas escasa y su modelo de desarrollo seguido : trasvasar, almacenar, tratar y arrojar el agua dulce tratada al mar ( PTAR Taboada,La Chira), se ve alterada por efectos del cambio climático. La preocupante pérdida de glaciares en las últimas décadas complican a las fuentes de abastecimiento de agua para diversos usos. La tala indiscriminada de bosques en algunas cuencas y subcuencas, sumadas a otros factores afectados por el clima, dan cuenta de la variabilidad y discontinuidad de los volúmenes de agua en el tiempo, siendo más crítico en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes que descarga al océano Pacífico. El efecto sistémico se evidencia en el impacto económico para aprovechar las fuentes de abastecimiento ( Superficiales y subterráneas provenientes de : Pozos, manantiales y galerías filtrantes) por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), las cuales presentan problemas de sostenibilidad. Los contaminantes químicos, resultan en este escenario un alto riesgo, toda vez que está demostrado que algunos como en el caso del arsénico inorgánico es cancerígeno para los seres humanos.
Contaminación hídrica y estado de emergencia
El ruido político generado en las últimas décadas influyeron en la débil gobernanza y gobernabilidad del país en el extremo de la gestión del agua, lo cual impacta sustantivamente en sectores extractivos y productivos. Las alarmas se activaron en forma de emergencias intermitentes a través del tiempo, hechos que constituyen un indicador del riesgo sobre la economía y sostenibilidad del país. Decretos supremos que dan cuenta del nivel de estado de emergencia temporal en los últimos dos años para algunas localidades del país son como sigue: DS N° 005-2018-SA (Doce distritos de la provincia de Pasco y
Daniel Alcides Carrión del departamento de Pasco), DS N° 019-2018-PCM (dos distritos, provincia Loreto, departamento de Loreto) , DS N° 127-2018-PCM, DS Nº
047-2018-PCM, prorrogado por DS N° 066-2018-PCM,DS N° 089-2018-PCM y DS N°
106-2018-PCM (Localidades de Mórrope, provincia de Lambayeque;
departamento de Lambayeque), DS N° 157-2019-PCM_( dos localidades , un distrito en la provincia de Loreto, departamento
de Loreto), DS N° 188-2019-PCM (Cinco distritos, provincia General Sánchez
Cerro, departamento de Moquegua).
