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martes, 25 de agosto de 2026

Proyecto 51: del cobre de los Andes al desarrollo de nuestros pueblos

La reunión sostenida hoy 25 de agosto del 2026 en Santiago entre autoridades chilenas y representantes del Parlamento Andino, entre ellos el parlamentario andino peruano Jahn Toledo Palomino, adquiere especial significado cuando se observa a la luz de una oportunidad estratégica que Perú y Chile comparten: ambos países producen cerca del 40 % del cobre mundial.
En un contexto en que la electrificación, la electromovilidad, las energías renovables, las redes eléctricas, los centros de datos y la inteligencia artificial están impulsando la demanda de este metal, esta posición constituye mucho más que una ventaja minera: representa una ventaja geopolítica, económica y tecnológica.
En este escenario surge el Proyecto 51, iniciativa que plantea elevar la participación conjunta de Perú y Chile hasta el 51 % de la oferta mundial de cobre en los próximos años. Pero su verdadera importancia no debería reducirse a producir más toneladas. El desafío consiste en aprovechar ese liderazgo para avanzar desde la exportación de concentrados hacia una mayor transformación del cobre, incorporándolo a la fabricación de cables, componentes eléctricos, electromovilidad, infraestructura energética y productos tecnológicos.
Para el Perú, esta oportunidad exige mirar más allá de la minería. Tenemos reservas, experiencia, profesionales, ubicación estratégica frente al Pacífico y una importante cartera de proyectos; Chile posee una gran capacidad productiva y experiencia internacional. La cooperación entre ambos países puede permitir que esas fortalezas se complementen, siempre que el Proyecto 51 incorpore también innovación, infraestructura, energía competitiva, gestión responsable del agua, protección ambiental y generación de empleo y conocimiento.
Desde Desmitificando la minería en el Perú, considero que allí se encuentra el verdadero desafío. El Proyecto 51 no debería ser entendido ni como una bandera propagandística de la minería ni como una iniciativa que deba rechazarse por principio, sino como una oportunidad que merece ser discutida con visión de largo plazo. 
En este contexto, con el Proyecto 51 se podría conseguir que una proporción mucho mayor de la riqueza, la tecnología, el empleo y el conocimiento generados por ese cobre permanezca en nuestros países y contribuya al bienestar de nuestros pueblos. El cobre puede convertirse de esta manera en un punto de encuentro entre Perú y Chile y, por qué no, en un nuevo instrumento de integración latinoamericana que fortalezca las capacidades que ostenta el Parlamento Andino de cara al futuro.

domingo, 23 de agosto de 2026

Nueva agenda andina ante los retos del siglo XXI

Una nueva visión sobre el proceso de integración de los países andinos plantea superar una agenda centrada principalmente en el intercambio comercial para avanzar hacia una integración estratégica, productiva, tecnológica,logística,energética, hídrica y de seguridad, capaz de responder conjuntamente a los principales desafíos que enfrenta la región.
La propuesta ha sido expuesta por Jahn Toledo Palomino, representante del Perú ante el Parlamento Andino, en un artículo publicado este domingo 23 de Agosto del 2026 en el Diario Oficial El Peruano, en el que advierte que problemas como la inseguridad, la dependencia de las actividades extractivas, las brechas tecnológicas y logísticas, la vulnerabilidad energética y el creciente estrés hídrico ya no pueden ser enfrentados exclusivamente desde las fronteras nacionales.

La iniciativa toma como marco institucional el Acuerdo de Cartagena y el Sistema Andino de Integración (SAI), dentro del cual el Parlamento Andino cumple un papel orientado a contribuir al proceso de integración, promover la armonización legislativa y formular propuestas de interés común. Desde esta perspectiva, se plantea aprovechar y fortalecer las instituciones existentes para generar resultados concretos en beneficio de los ciudadanos y territorios de los países miembros.

Entre las propuestas planteadas destaca la creación de un sistema andino de seguridad fronteriza, orientado a enfrentar de manera coordinada las amenazas que afectan a los países de la región. En materia económica y productiva, se propone avanzar desde la exportación de materias primas hacia la industrialización regional de los minerales, buscando generar mayor valor agregado y capacidades productivas dentro de los propios países andinos.

La agenda incorpora asimismo una red andina de innovación y universidades para reducir las brechas tecnológicas y fortalecer la generación y transferencia de conocimiento. En infraestructura y conectividad se propone impulsar corredores bioceánicos y ferroviarios, concebidos como instrumentos para mejorar la integración física, logística y comercial de la región.

Otro de los componentes centrales corresponde a la transición energética. La propuesta plantea promover un mercado andino de energía limpia, aprovechando las complementariedades existentes entre los países y fortaleciendo la seguridad energética regional. A ello se suma una propuesta de especial relevancia estratégica: establecer una política andina de seguridad hídrica, reconociendo que el agua constituye un recurso fundamental para la seguridad alimentaria, la generación de energía, el desarrollo urbano, la agricultura y la sostenibilidad.

La propuesta parte de una premisa fundamental: los desafíos actuales son de naturaleza transfronteriza y, por ello, requieren capacidades comunes y respuestas coordinadas. En ese sentido, la integración andina no debería limitarse a facilitar el comercio entre sus miembros, sino convertirse en una plataforma para generar seguridad, competitividad, conocimiento, infraestructura, energía y sostenibilidad compartida.

El planteamiento también enfatiza que esta transformación no necesariamente requiere crear nuevas estructuras institucionales. La prioridad sería articular, modernizar y fortalecer las capacidades existentes dentro del Sistema Andino de Integración, orientándolas hacia proyectos regionales concretos y resultados verificables.

Para avanzar en esta dirección, se plantea promover un diálogo con los países miembros, los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, organismos internacionales, universidades, centros de investigación, gobiernos subnacionales, sector privado y entidades de cooperación internacional. El objetivo sería identificar experiencias exitosas, capacidades existentes, mecanismos de cooperación y alianzas que permitan convertir las propuestas en proyectos regionales viables.

La nueva agenda coloca así sobre la mesa una visión de la integración andina acorde con las transformaciones del siglo XXI: una Comunidad Andina con mayor capacidad para proteger sus fronteras, agregar valor a sus recursos naturales, desarrollar conocimiento y tecnología, conectarse mediante infraestructura moderna, avanzar hacia energías limpias y garantizar la seguridad hídrica de sus poblaciones.

Fuente: Diario Oficial El Peruano, “Nueva agenda andina ante los retos del siglo XXI”, Jahn Toledo Palomino, representante del Perú ante el Parlamento Andino, 23 de agosto de 2026.


lunes, 3 de agosto de 2026

La Revista EL CÓNDOR: Evolución,memoria en integración andina

Después de más de dos décadas de existencia, la revista El Cóndor puede ser considerado un archivo histórico del proceso de integración andina y de la evolución institucional del Parlamento Andino. Su valor no se limita a registrar las actividades de los parlamentarios; sus diferentes ediciones permiten identificar la evolución de las prioridades regionales en materia de integración política y económica, democracia, derechos humanos, comercio, desarrollo sostenible, biodiversidad, cambio climático y participación ciudadana.
En consecuencia, la sistematización cronológica de sus ediciones constituye una herramienta de investigación con valor académico e institucional, particularmente útil para estudiar la construcción progresiva de la agenda política y estratégica de la región andina. 
Así,la revista El Cóndor constituye una de las principales publicaciones institucionales del Parlamento Andino y, al mismo tiempo, una fuente documental de especial relevancia para reconstruir la evolución contemporánea del proceso de integración andina. 
Sus antecedentes se remontan al año 2001, cuando comenzó a publicarse con periodicidad bimestral y distribución gratuita bajo la denominación El Cóndor – Informativo del Parlamento Andino. 
El historiador José Miguel Santacreu Soler señala que la consulta de esta publicación, conjuntamente con la Gaceta Oficial del Parlamento Andino, resulta fundamental para conocer las actividades, decisiones y recomendaciones del organismo desde 2001, calificándolas como fuentes particularmente útiles para reconstruir su historia reciente (Santacreu Soler, 2019).
Su carácter institucional también se encuentra respaldado normativamente. El Reglamento General del Parlamento Andino establecía que El Cóndor constituía el medio escrito de información oficial del organismo y contemplaba la participación de las representaciones parlamentarias nacionales mediante corresponsalías.
Asimismo, el Reglamento reconocía la necesidad de desarrollar medios electrónicos para la acumulación, conservación y difusión de información parlamentaria (Parlamento Andino, 2007). 
La revisión de ejemplares digitalizados permite observar una progresiva transformación de sus contenidos. En 2014, por ejemplo, la edición N° 25 abordó la integración parlamentaria entre la Comunidad Andina y la Unión Europea; la N° 27 informó sobre la elección de Javier Reátegui Rosselló como presidente para el período 2014-2015; la N°30 conmemoró los 35 años del Parlamento Andino y registró el respaldo institucional al proceso de paz colombiano; mientras que la N°31, de diciembre de 2014, documentó la incorporación de Chile como miembro pleno del Parlamento Andino (Parlamento Andino, 2014a, 2014b, 2014c, 2014d).
La Edición N°27 registró la elección para el periodo 2014-2015 de Javier Reátegui Rosselló 
La evolución editorial resulta particularmente significativa hacia finales de la década de 2010. La edición N°85, de diciembre de 2019, evidencia que la revista ya constituía un espacio para abordar asuntos estratégicos de la región, entre ellos economía circular, biodiversidad y ecosistemas, economía campesina y agricultura familiar, desarrollo sostenible, facilitación del comercio y derechos sociales.
En particular, la Comisión Tercera del Parlamento Andino debatió una propuesta destinada a articular políticas públicas para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y los ecosistemas de la región andina (Parlamento Andino, 2019). 
En la actualidad, El Cóndor forma parte de la estrategia de Parlamento Abierto del organismo. El Parlamento Andino reconoce expresamente a la revista y a El Cóndor TV como canales de divulgación e interacción con la ciudadanía, junto con su repositorio digital, memorias, pronunciamientos e informes de gestión. 
Esta evolución demuestra el tránsito de El Cóndor desde un informativo institucional impreso hacia un instrumento digital de comunicación, transparencia, participación ciudadana y preservación de la memoria institucional (Parlamento Andino, s. f.).

Referencias

Parlamento Andino. (2007). Reglamento General del Parlamento Andino.Parlamento Andino. 
Parlamento Andino. (2014a). Gestión parlamentaria por la integración (Revista El Cóndor, N° 25). Universidad Andina Simón Bolívar. 
Parlamento Andino. (2014b). Parlamentos andinos eligieron a Javier Reátegui Rosselló como presidente para el periodo legislativo 2014-2015 (Revista El Cóndor, N°27). Universidad Andina Simón Bolívar.
Parlamento Andino. (2014c). 35 años Parlamento Andino (Revista El Cóndor, N° 30). Universidad Andina Simón Bolívar.
Parlamento Andino. (2014d). Chile miembro pleno del Parlamento Andino (Revista El Cóndor, N° 31). Universidad Andina Simón Bolívar. 
Parlamento Andino. (2019). El Cóndor (Edición N° 85, diciembre de 2019). Parlamento Andino.
Parlamento Andino. (s. f.). Parlamento abierto. 
Santacreu Soler, J. M. (2019). El Parlamento Andino. En K. L. P. Mariano, R. N. Bressan, & B. T. Luciano (Eds.), Diplomacia parlamentar: Perspectivas a partir das Américas. Universidade de São Paulo.

sábado, 1 de agosto de 2026

¿ Brasil como país Observador del Parlamento Andino ?

Aunándose a los países miembros observadores : Turquía y Marruecos; la posibilidad de la incorporación de Brasil como Miembro Observador del Parlamento Andino fortalecería el proceso de integración sudamericana y contribuiría al cumplimiento de las funciones del Parlamento Andino, en particular las de armonización legislativa, promoción del desarrollo sostenible, integración económica, cooperación científica y tecnológica, así como la consolidación del sistema democrático regional. 
En este contexto, esta opción se encuentra alineada con la misión del Parlamento Andino de promover la integración regional, fortalecer la cooperación política y legislativa, contribuyendo al desarrollo integral de los pueblos de la región.
Diversos argumentos enfocados en las funciones y objetivos propios del Parlamento Andino dan sólido sustento a esta posibilidad, aunados a los fundamentos comerciales que por sí solo se explican para diversos sectores económicos.
Brasil representa cerca del cincuenta por ciento del territorio, de la población y del producto bruto interno de América del Sur, por lo que su participación enriquecería el debate parlamentario y permitiría impulsar iniciativas conjuntas en materias de interés común como infraestructura regional, corredores bioceánicos, transición energética, seguridad alimentaria, protección de la Amazonía, lucha contra el cambio climático, innovación tecnológica, transformación digital, educación, salud y seguridad fronteriza.
Asimismo, Brasil comparte fronteras con tres países miembros de la Comunidad Andina : Perú, Colombia y Bolivia, lo que genera desafíos comunes relacionados con el comercio, la gestión ambiental, la conectividad, la migración, las economías ilegales y otros delitos transnacionales. 
La participación de Brasil permitiría desarrollar recomendaciones y marcos legislativos coordinados para atender estas problemáticas.
De otro lado, su incorporación como Observador fortalecería el diálogo entre el Parlamento Andino y el MERCOSUR, favoreciendo la convergencia entre ambos mecanismos de integración regional y promoviendo una agenda sudamericana más articulada. 
Finalmente, la experiencia brasileña en áreas como bioeconomía, investigación científica,desarrollo industrial, innovación, agricultura tropical, energías renovables y políticas públicas enriquecería el intercambio de buenas prácticas y contribuiría al diseño de propuestas normativas orientadas al desarrollo sostenible e inclusivo de los países andinos: Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia.
La integración natural de los Andes y la Amazonía erigen el sustento de la adaptación de los pueblos

lunes, 27 de julio de 2026

Juramentaron Parlamentarios Andinos por Perú para el periodo 2026-2031

Los parlamentarios andinos electos por Perú, entre titulares y suplentes, para el periodo 2026-2031, juraron a sus cargos hoy lunes 27 al mediodía, en una ceremonia realizada en el Hemiciclo del Palacio Legislativo. 


El Dato

Juraron cinco (5) parlamentarios andinos titulares y diez (10) parlamentarios andinos suplentes :
Fuerza Popular:
Titular: Luis Fernando Galarreta Valarde
Suplentes: Rosario de las Nieves Guevara Badillo y Pedro Carlos Casanova Saavedra
Partido Cívico Obras
Titular: Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino
Suplentes: Ernesto Raúl León Díaz y Constantino Loa Ortiz
Renovación Popular
Titular: Maali Olga Betty Del Pomar Saettone
Suplentes: Guillermo Humberto Valdivieso Méndez y Leoncio Carlos Merino Durán
Juntos por el Perú
Titular: Paul Percy Fernández Bravo
Suplentes: Rosario del Carmen Mori Isuisa y Jorge Eusebio Manco Zaconetti
Partido del Buen Gobierno
Titular: Marcio Marino Bendezu Echevarría
Suplentes: Pamela Erilka Osorio Espinoza y María Luisa Ñañez Millones.

sábado, 25 de julio de 2026

Capital Natural como patrimonio estratégico del Perú y los países Andinos

Durante décadas hemos hablado de capital humano, capital financiero, capital físico e incluso de capital institucional como pilares del desarrollo. Sin embargo, existe un activo fundamental que pocas veces forma parte del debate público y de las políticas económicas: el capital natural. 
En lo que va del siglo XXI, este concepto se perfila como uno de los principales indicadores para medir la riqueza de las naciones y la sostenibilidad de su crecimiento. 
El capital natural comprende el conjunto de activos que la naturaleza proporciona y que generan bienestar, productividad y desarrollo económico. Incluye los bosques, el agua, los suelos, los minerales, la biodiversidad, los ecosistemas marinos, los recursos pesqueros y las fuentes de energía renovable. Desde esta perspectiva, la naturaleza deja de ser considerada únicamente como una fuente de recursos para convertirse en un patrimonio estratégico que, cuando es gestionado responsablemente, produce beneficios económicos, sociales y ambientales de manera permanente. 
Esta visión representa un cambio profundo respecto del modelo tradicional de desarrollo. Durante gran parte del siglo XX, el progreso de un país se evaluó principalmente por el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), el volumen de inversiones y la infraestructura construida. Las carreteras, puertos, centrales hidroeléctricas, fábricas y ciudades conformaron el denominado capital producido, mientras que la educación, la salud y el conocimiento dieron origen al concepto de capital humano. En las últimas décadas, organismos internacionales como el Banco Mundial, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la FAO y las Naciones Unidas han ampliado esta visión al señalar que la riqueza de una nación depende de la adecuada gestión de cuatro grandes capitales: el capital producido, el capital humano, el capital institucional y el capital natural. 

El capital natural del Perú

Pocos países en el mundo poseen una dotación de capital natural tan extraordinaria como el Perú. Su territorio alberga una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta, extensos bosques amazónicos, abundantes recursos hídricos, importantes reservas minerales, ecosistemas marinos altamente productivos y un invaluable patrimonio cultural estrechamente vinculado con la naturaleza.
Esta riqueza constituye una ventaja competitiva excepcional y representa una oportunidad histórica para construir un modelo de desarrollo basado en la competitividad, la innovación, la inclusión social y la sostenibilidad. No obstante, este patrimonio también enfrenta importantes amenazas.
Entre los años 2001 y 2024, el Perú perdió aproximadamente 2,8 millones de hectáreas de bosques. Tradicionalmente esta cifra ha sido presentada como un indicador ambiental. Sin embargo, desde la óptica de la economía moderna representa, principalmente, una reducción del capital natural del país. Este cambio de enfoque transforma la manera de comprender la relación entre crecimiento económico y conservación ambiental.
Durante años se ha planteado un falso dilema entre proteger el ambiente o aprovechar los recursos naturales. En realidad, ambos forman parte de un mismo patrimonio. La minería moderna y responsable, la agricultura sostenible, el manejo forestal, la conservación de cuencas, la pesca, la infraestructura resiliente y el turismo de naturaleza no son actividades incompatibles; por el contrario, constituyen distintas formas de gestionar inteligentemente el capital natural. 
El verdadero desafío no consiste en escoger entre conservar o producir, sino en lograr que el aprovechamiento de los recursos naturales mantenga e incremente el valor de ese patrimonio para beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Entre todos los componentes del capital natural, los bosques ocupan un lugar estratégico.
Más allá de producir madera, regulan el ciclo hidrológico, capturan y almacenan carbono, estabilizan el clima, protegen los suelos, conservan la biodiversidad, favorecen la polinización de los cultivos y sustentan actividades económicas como el ecoturismo, la investigación científica y el aprovechamiento sostenible de recursos genéticos. Mientras permanecen en pie continúan generando beneficios económicos diariamente, aunque gran parte de ese valor permanezca invisible en las cuentas nacionales. En este escenario, la economía ambiental ha desarrollado metodologías para valorar económicamente los servicios ecosistémicos que brindan los bosques. El objetivo no es ponerle un precio a la naturaleza, sino estimar el costo económico que asume la sociedad cuando esos servicios desaparecen como consecuencia de la deforestación. 

Una aproximación al costo económico de la deforestación en Perú 

Aplicando metodologías ampliamente utilizadas por el Banco Mundial, la FAO, la iniciativa The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) y la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), es posible realizar una estimación conservadora del valor económico asociado a la pérdida de bosques en el Perú.
Bajo este enfoque, la deforestación acumulada durante el período 2001-2024 representaría una pérdida potencial cercana a diez mil (US$ 10 000) millones de dólares anuales en servicios ecosistémicos. Es importante precisar que esta cifra no constituye un dato oficial, sino una estimación técnica elaborada a partir de metodologías internacionales de valoración del capital natural. Su principal utilidad consiste en dimensionar económicamente aquello que normalmente no aparece reflejado en los indicadores macroeconómicos tradicionales.
La mayor parte de esta valoración corresponde a la regulación hídrica. Los bosques amazónicos funcionan como una inmensa infraestructura natural que capta agua, alimenta acuíferos, regula caudales y disminuye el riesgo de inundaciones y sequías. A ello se suma su función como uno de los principales sumideros naturales de carbono del planeta, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y generando oportunidades de financiamiento mediante los mercados internacionales de carbono. La estimación también incorpora el valor asociado a la protección de los suelos, la conservación de la biodiversidad, la polinización, la producción forestal sostenible, el turismo de naturaleza, los recursos genéticos y el patrimonio cultural de los pueblos indígenas.

Una aproximación para la Comunidad Andina

Cuando este análisis se amplía al ámbito regional y se consideran conjuntamente Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador y Chile, la magnitud del capital natural adquiere una dimensión aún mayor. Sobre la base de estimaciones conservadoras, la pérdida acumulada de bosques durante el periodo 2001 al 2024 en el presente siglo XXI, representaría una disminución superior a US$ 50 mil millones anuales en servicios ecosistémicos.
Esta realidad confirma que la conservación y el aprovechamiento sostenible de los bosques constituyen uno de los mayores desafíos compartidos por los países andinos. Al mismo tiempo, abre una oportunidad para impulsar una agenda regional basada en el monitoreo satelital de los bosques, los pagos por servicios ecosistémicos, la restauración de ecosistemas degradados, el fortalecimiento de los mercados de carbono y el intercambio de conocimiento científico y tecnológico.

El dato 

Quizá el principal aporte de este análisis seria el concepto de capital natural que permite superar la recurrente confrontación entre desarrollo económico y conservación ambiental. Así, una mina que opera con altos estándares ambientales, una cuenca hidrográfica protegida, un bosque manejado sosteniblemente, una agricultura eficiente en el uso del agua y una ciudad resiliente forman parte de una misma estrategia de desarrollo orientada a preservar y potenciar la riqueza nacional.

martes, 21 de julio de 2026

De pasivo ambiental a recurso estratégico para la transición energética

Comparto con ustedes una síntesis de mi reciente exposición sobre residuos sólidos municipales vinculado con la transición energética:
Tras denodados esfuerzos de largo aliento, pudimos demostrar en Perú - un país por antonomasia Minero - que muchos de los problemas ambientales no se resuelven satanizando actividades extractivas y productivas, sino aplicando conocimiento científico, innovación tecnológica y políticas públicas responsables.
Ese fue el caso de la minería moderna, donde la incorporación de estándares ambientales, economía circular, cierre de minas, reutilización del agua y energías renovables ha transformado positivamente esta actividad en el país.
Hoy en día, esa línea de pensamiento debe extenderse a otro desafío que afecta directamente la calidad de vida de mas de 34 millones de personas que viven en el país de los Incas: la gestión responsable de los residuos sólidos municipales.
Así como durante décadas del siglo pasado se difundió el mito de que la minería solo generaba contaminación, en lo que va del tercer milenio, también se ha instalado la idea respecto a que la basura es un problema sin solución, cuyo único destino posible son los vertederos, botaderos a cielo abierto o los rellenos sanitarios. 
La experiencia internacional demuestra exactamente lo contrario: la denominada coloquialmente basura constituye un recurso estratégico capaz de producir energía, reducir emisiones, generar empleo y liberar importantes recursos públicos para ser destinados a otros sectores estratégicos como son la salud y la educación.

La nueva minería urbana

Considerando que la minería generalmente conocida extrae recursos del subsuelo, la nueva minería urbana recupera recursos contenidos en los residuos generados por las ciudades; habida cuenta que cada tonelada de residuos sólidos municipales contiene entre otros: energía química aprovechable en el material orgánico; metales reciclables; plásticos; papel, cartón , vidrio y minerales reutilizables.Por consiguiente, los residuos sólidos urbanos constituyen una auténtica mina sobre la superficie, cuya explotación tecnológica resulta mucho más sostenible que continuar enterrándolo. Esta visión coincide en todos sus extremos con los principios de la economía circular promovidos por la OCDE, la Unión Europea y diversos organismos multilaterales.

El desperdicio económico en los países Andinos

En Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile se cuenta en total con 138,8 millones de habitantes que generan conjuntamente en la actualidad el orden de sesenta (60) millones de toneladas anuales de residuos sólidos municipales. La mayor parte termina en: botaderos ilegales; vertederos a cielo abierto y rellenos sanitarios que se encuentran próximos a terminar su vida útil. 
Paradójicamente, ingentes cantidades de dinero del tesoro público continúan destinándose únicamente a: recoger basura; transportarla; enterrarla; construir nuevos rellenos sanitarios o remediar la contaminación ocasionada por una disposición inadecuada. En estricto, esto equivale económicamente a invertir permanentemente en ocultar un recurso con valor energético, en lugar de transformarlo en un activo productivo.

Waste to Energy (WTE) para producir electricidad a partir de la basura

Los países más desarrollados del planeta comprendieron hace décadas atrás que los residuos no deben enterrarse. Por ello implementaron sistemas integrados basados en: selección en la fuente y reducción en la generación de residuos; reciclaje; compostaje y valorización energética.
La tecnología WTE permite convertir la fracción no reciclable de los residuos en: electricidad; vapor industrial; calor para calefacción distrital; combustibles alternativos; materias primas secundarias, entre otros. Asimismo, lejos de representar las antiguas incineradoras, las plantas modernas operan con estrictos sistemas de control ambiental y cumplen rigurosos estándares internacionales de emisiones. Actualmente, múltiples países del mundo entre los que se encuentran :  Suecia, Dinamarca, Alemania, Japón, Suiza, Austria, Francia, Singapur y Corea del Sur; valorizan energéticamente una parte importante de sus residuos, reduciendo al mínimo la disposición en vertederos o rellenos sanitarios.

La basura puede contribuir  decididamente a la transición energética

Cuando se habla de transición energética generalmente se piensa en: energía solar; energía eólica; hidrógeno verde; electromovilidad o similares; Sin embargo, pocas veces se menciona que los residuos sólidos municipales constituyen una fuente de energía renovable parcialmente biogénica y gestionable, capaz de generar electricidad de manera continua, complementando otras tecnologías renovables. Para la Comunidad Andina, ello representa una oportunidad extraordinaria a los efectos de : diversificar la matriz energética; fortalecer la seguridad energética; disminuir emisiones; asi como impulsar la economía circular.

Menos rellenos sanitarios, más hospitales y mejores escuelas

Una de las mayores ventajas económicas del modelo WTE consiste en reducir significativamente la dependencia de nuevos rellenos sanitarios. Construir un relleno sanitario implica: adquirir grandes extensiones de terreno; elaborar el expediente técnico, ejecutar costosas obras de ingeniería; operar sistemas de impermeabilización; tratar lixiviados; captar gases; monitorear el sitio durante décadas. Todo ello demanda enormes recursos públicos. Si una parte importante de los residuos es valorizada energéticamente, disminuye el volumen destinado a disposición final, se prolonga la vida útil de los rellenos existentes y se evita la construcción de nuevas infraestructuras de alto costo. Los recursos liberados podrían orientarse a prioridades sociales como: hospitales; centros de salud; infraestructura educativa; investigación científica; innovación tecnológica; agua potable y saneamiento; conectividad digital y otros. De esta manera la política pública deja de resolver a medias un problema de gestión y morosidad que se va acumulando en el tiempo , para financiar el desarrollo autónomo.

La minería y la valorización energética: una alianza para el desarrollo

Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, minería y WTE no son compartimentos estancos o aislados. Por el contrario, ambos son susceptibles de complementarse. La minería aporta: cobre; litio; plata; molibdeno; tierras raras; otros minerales críticos indispensables para la transición energética; en tanto que el sistema WTE aporta: energía firme; reducción de emisiones; recuperación de metales; aprovechamiento eficiente de recursos urbanos. Juntos forman parte de un mismo modelo económico basado en la eficiencia de los recursos y la descarbonización.

Una propuesta para la Comunidad Andina

La Comunidad Andina podría liderar una Iniciativa Regional de Valorización Energética de Residuos, con objetivos como: eliminar progresivamente los botaderos a cielo abierto; reducir la disposición final de residuos; armonizar normas técnicas y ambientales; promover asociaciones público-privadas para plantas WTE; acceder conjuntamente a fondos climáticos internacionales; desarrollar un mercado regional de bonos de carbono vinculados al sector residuos; crear un Centro Andino de Investigación en Economía Circular y WTE; intercambiar experiencias regulatorias y tecnológicas entre los cinco países, así como incorporar lecciones aprendidas de países desarrollados bajo el enfoque de la contribución a la energía y economía, asi como con el debate medioambiental y normativo. 
Una estrategia regional permitiría reducir costos, atraer inversión, compartir capacidades técnicas y acelerar la transición hacia un modelo de gestión más eficiente.

El Dato 

►Entre el 2001 y 2025, la población conjunta de Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile pasó de 103,5 millones a 138,8 millones de habitantes, lo que representa un crecimiento de 35,3 millones de personas (34,1 %) en lo que va del siglo XXI. Este incremento demográfico genera un mayor volumen de residuos sólidos municipales. En este sentido, la valorización energética de residuos mediante tecnologías WTE se convierte en una oportunidad estratégica para transformar un problema ambiental en una fuente sostenible de energía y avanzar hacia una economía circular en la región andina. 
►La evidencia internacional demuestra que la tecnología WTE no reemplaza la reducción, la reutilización ni el reciclaje; las complementa dentro de una gestión integral y puede transformar el rápido e insostenible crecimiento demográfico de las ciudades que producen residuos sólidos municipales en una fuente de energía, empleo, salud y bienestar.

jueves, 25 de junio de 2026

Formalización minera en el escenario regional andino

En una ceremonia pública realizada hoy 25 de junio del 2026 en el auditorio del Colegio Médico de Lima - Perú, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, hizo entrega de las credenciales a los senadores y parlamentarios andinos electos para el período 2026-2031, acto que formaliza su condición de representantes elegidos por voluntad popular. 
La ceremonia contó con la presencia del actual presidente de la República del Perú, José María Balcázar.
Entre las autoridades acreditadas se encuentra el parlamentario andino electo Jahn Clerk Nicanor Toledo Palomino, quien ha sido invitado a participar como expositor en el foro análisis y evaluación de la importancia del proceso de formalización de la minería en el Perú, organizado por el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Áncash, evento que se desarrollará el próximo 7 de agosto de 2026.
La participación del parlamentario andino reviste especial importancia debido a que la formalización minera constituye uno de los principales desafíos para el desarrollo sostenible de los países andinos. 
En este contexto, los aportes y conclusiones que surjan del foro podrán ser contrastados con las experiencias y realidades de los demás países integrantes del Parlamento Andino: Ecuador, Colombia, Bolivia y Chile, promoviendo así el intercambio de buenas prácticas y el fortalecimiento de políticas regionales orientadas a una minería responsable, formal y ambientalmente sostenible.
La formalización minera representa una herramienta fundamental para mejorar las condiciones laborales de miles de trabajadores, incrementar la recaudación fiscal, reducir los impactos ambientales derivados de la minería informal e ilegal, y fomentar una actividad extractiva alineada con los estándares internacionales de sostenibilidad y gobernanza. 
Desde este espacio , saludamos la participación de las nuevas autoridades andinas en el debate técnico y académico sobre uno de los sectores más importantes para la economía nacional y regional, destacando la necesidad de construir soluciones integrales que permitan compatibilizar el aprovechamiento de los recursos minerales con la protección del medio ambiente y el bienestar de las poblaciones involucradas.

martes, 26 de mayo de 2026

La integración andina y los desafíos del siglo XXI

Hoy 26 de mayo de 2026 se conmemora 57 años de la firma del Acuerdo de Cartagena, instrumento que dio origen al proceso de integración andina y sentó las bases de uno de los proyectos de cooperación regional más importantes y duraderos de América Latina.
A lo largo de casi seis décadas, la integración andina ha evolucionado desde un mecanismo orientado principalmente a la cooperación económica y comercial hacia un sistema integral que incorpora dimensiones políticas, sociales, ambientales, culturales y de ciudadanía regional. Este proceso ha permitido construir instituciones supranacionales, fortalecer la cooperación entre los países miembros y generar beneficios concretos para millones de ciudadanos.

Los orígenes de la integración andina

La historia de la integración andina comenzó el 26 de mayo de 1969, cuando Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Cartagena en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Mediante este instrumento se creó el denominado Pacto Andino, concebido como un mecanismo destinado a promover el desarrollo económico y social de sus miembros mediante la integración regional y la cooperación entre sus economías. Posteriormente, el 10 de marzo de 1996, con la entrada en vigor del Protocolo de Trujillo, el Pacto Andino adoptó oficialmente la denominación de Comunidad Andina (CAN), dando paso a una nueva etapa caracterizada por una institucionalidad más sólida y una visión integral del proceso de integración.

El Parlamento Andino: la voz democrática de los pueblos andinos

Uno de los hitos más importantes en la construcción institucional de la integración regional fue la creación del Parlamento Andino el 25 de octubre de 1979 en la ciudad de La Paz, Bolivia.
El Parlamento Andino constituye el órgano deliberante y representativo del Sistema Andino de Integración. Su naturaleza es comunitaria y democrática, ya que representa a los pueblos andinos mediante parlamentarios elegidos por sufragio universal y directo.
Asimismo, cuenta con personalidad jurídica internacional y capacidad de ejercicio de conformidad con el ordenamiento jurídico supranacional andino.
Actualmente está integrado por representantes del Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Colombia, la República del Ecuador y la República del Perú. Asimismo, Chile participa activamente en diversos mecanismos de integración andina en calidad de país asociado.
El Parlamento Andino cuenta además con miembros observadores permanentes, entre ellos el Reino de España, el Reino de Marruecos y la República de Turquía, fortaleciendo así los vínculos de cooperación interregional.

De un acuerdo comercial a una comunidad de ciudadanos

La integración andina representa uno de los procesos más relevantes de cooperación regional en América Latina. Su evolución demuestra cómo un acuerdo inicialmente concebido para facilitar el comercio pudo transformarse progresivamente en una comunidad política, económica y social dotada de instituciones propias, normas comunitarias y mecanismos de concertación. Entre sus principales logros históricos destacan: La creación de instituciones supranacionales permanentes; el establecimiento del Tribunal Andino de Justicia. la consolidación del Parlamento Andino como órgano democrático de representación regional; la eliminación progresiva de barreras comerciales; la construcción de una zona andina de libre comercio; la libre circulación de personas; la cooperación en materia ambiental, educativa, energética y digital y el fortalecimiento de una identidad regional andina compartida.

Principales hitos de la integración andina

1969: Nace el Pacto Andino

Con la firma del Acuerdo de Cartagena se inicia formalmente el proceso de integración andina, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social mediante la cooperación regional.

1970: Inicio de la CAF

Comienza a operar la Corporación Andina de Fomento, hoy CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, entidad que se convertiría en una de las principales fuentes de financiamiento para proyectos de integración y desarrollo en la región.

1973: Incorporación de Venezuela

Venezuela se integra formalmente al proceso andino, fortaleciendo el peso político y económico del bloque regional.

1976: Retiro de Chile

Chile se retira del Pacto Andino debido a diferencias respecto al modelo económico impulsado por el bloque. Décadas más tarde retomaría su vinculación como país asociado.

1978: Creación del Fondo Andino de Reservas

Se constituye una institución destinada a fortalecer la estabilidad financiera de los países miembros, antecedente directo del actual Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR).

1979: Consolidación institucional

Se suscribe el Tratado Constitutivo del Parlamento Andino y se crea el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, fortaleciendo significativamente la arquitectura institucional del proceso integrador.

Década de 1980: Resiliencia y fortalecimiento

Pese a las crisis económicas que afectaron a América Latina, la integración andina logró preservar sus principales instituciones y continuar desarrollando mecanismos de cooperación regional.

1990: Nace el Consejo Presidencial Andino

Los Jefes de Estado institucionalizan sus reuniones periódicas, otorgando mayor conducción política al proceso de integración.

1991-1994: Apertura económica

Se consolida la Zona Andina de Libre Comercio, se aprueba el Arancel Externo Común y se implementan diversas medidas destinadas a facilitar el comercio intrarregional.

1996: Nace la Comunidad Andina

La suscripción del Protocolo de Trujillo marca una profunda reforma institucional. Surge oficialmente la Comunidad Andina y se crea el Sistema Andino de Integración (SAI).

2001: Ciudadanía andina

Los ciudadanos de los países miembros comienzan a viajar utilizando únicamente sus documentos nacionales de identidad, fortaleciendo la movilidad regional.

2006: Reencuentro e internacionalización

Chile retorna al proceso como país asociado y el Parlamento Andino participa activamente en la creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), ampliando la proyección internacional de la integración andina.

2010-2018: Modernización institucional

La Comunidad Andina impulsa políticas vinculadas con infraestructura, transporte, integración fronteriza, movilidad humana y fortalecimiento institucional.

2019: Medio siglo de integración

La Comunidad Andina celebra sus primeros cincuenta años de existencia. Los presidentes andinos reafirman su compromiso con el fortalecimiento del proceso integrador y destacan avances en comercio, movilidad e integración fronteriza.

La nueva etapa: una integración orientada al ciudadano

A partir de 2020, la integración andina ingresó en una nueva fase caracterizada por una visión más cercana a las necesidades de la ciudadanía. La pandemia del COVID-19 evidenció la importancia de la cooperación regional y aceleró el desarrollo de iniciativas vinculadas con salud pública, conectividad digital, migración, educación, medio ambiente y transformación tecnológica.

2020: Cooperación frente a la pandemia

La Comunidad Andina aprobó una Estrategia Andina frente al COVID-19 e impulsó iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación sanitaria, económica y social. Ese mismo año se aprobó la Carta Ambiental Andina, considerada uno de los instrumentos ambientales más ambiciosos de la región, incorporando compromisos relacionados con cambio climático, biodiversidad, sostenibilidad y protección de ecosistemas estratégicos.

2021: Estatuto Migratorio Andino

La entrada en vigor del Estatuto Migratorio Andino constituyó uno de los mayores avances en materia de integración ciudadana. Este instrumento facilitó la residencia, circulación y regularización migratoria de millones de ciudadanos andinos, consolidando una visión regional basada en derechos.

2022: Integración digital

Se implementó progresivamente la eliminación de los costos de roaming internacional entre los países andinos, permitiendo una conectividad más accesible para millones de usuarios.

2023: Reactivación económica

Los países andinos impulsaron iniciativas orientadas a fortalecer las cadenas regionales de valor, la facilitación aduanera, la seguridad alimentaria y la cooperación energética.

2024: Agenda ambiental y desarrollo sostenible

La Comunidad Andina profundizó sus esfuerzos en materias como lucha contra la minería ilegal, protección de la Amazonía, gestión hídrica, transición energética y adaptación al cambio climático.

2025: Fortalecimiento del Parlamento Andino

El Parlamento Andino consolidó su papel como órgano democrático del Sistema Andino de Integración, impulsando iniciativas relacionadas con educación, derechos humanos, ciberseguridad, democracia digital, participación ciudadana y cooperación universitaria.

2026: Una integración con visión de futuro

Al cumplir 57 años de existencia, la Comunidad Andina se mantiene como el proceso de integración más antiguo y con mayor grado de institucionalidad supranacional en América Latina. En este contexto histórico, la cooperación regional no constituye únicamente un instrumento económico, sino también una herramienta para promover el desarrollo sostenible, fortalecer la democracia, ampliar oportunidades y construir un futuro compartido para los pueblos andinos. Así, los principales retos y desafíos para esta nueva etapa, vinculadas a la transición energética,minerales críticos,seguridad alimentaria,infraestructura regional,desarrollo sostenible, entre otros, incluyen: Fortalecer la libre movilidad de los ciudadanos andinos; Consolidar la integración digital regional; Incrementar el comercio intracomunitario y la competitividad económica; Profundizar la cooperación frente al cambio climático; Impulsar la interconexión energética regional; Combatir las economías ilegales y la minería ilegal; Fortalecer la seguridad alimentaria; Promover la educación, la innovación y la movilidad académica.

miércoles, 13 de mayo de 2026

RRSS municipales & transición energética andina

Durante décadas, los residuos sólidos municipales fueron entendidos en América Latina únicamente como un problema sanitario asociado al crecimiento urbano. Las ciudades crecieron, el consumo aumentó y, junto con ello, millones de toneladas de residuos comenzaron a acumularse diariamente en botaderos a cielo abierto, vertederos y rellenos sanitarios. Sin embargo, el contexto actual obliga a replantear esa visión tradicional. Lo que antes era considerado basura hoy empieza a ser visto como un recurso estratégico capaz de influir en la seguridad energética, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico de la región andina.
En cinco países : Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile, se generan el orden de cuarenta (40) millones de toneladas anuales de residuos sólidos municipales; y más del 50 % de éstos corresponde a materia orgánica susceptible de ser valorizada mediante tecnologías de biodigestión anaeróbica, captura de biogás o sistemas Waste to Energy (WTE); por consiguiente, una parte importante de aquello que hoy se entierra podría convertirse en electricidad, fertilizantes y nuevos recursos aprovechables. Paradójicamente, gran parte de este potencial continúa enterrándose diariamente en rellenos sanitarios o, peor aún, terminando en botaderos informales sin ningún tipo de control ambiental.
Por la gran magnitud de botaderos a cielo abierto, éstos pueden observarse satelitalmente.
El principal problema estructural de estos países continúa siendo la persistencia de un modelo lineal basado en extraer, consumir y desechar. Este esquema ha generado una presión creciente sobre los sistemas de disposición final, obligando a los municipios a destinar enormes recursos económicos únicamente para recolectar, transportar y enterrar residuos. En muchos casos, los gobiernos locales apenas logran sostener servicios básicos de limpieza pública, sin capacidad financiera suficiente para invertir en tecnologías modernas de valorización, reciclaje o recuperación energética.
La situación es más complicada en zonas rurales, ciudades intermedias, territorios amazónicos y regiones altoandinas, donde la limitada infraestructura sanitaria dificulta el manejo adecuado de residuos. Así, millones de toneladas continúan llegando a botaderos a cielo abierto, afectando ecosistemas y servicios ambientales al provocar contaminación de ríos, degradación de suelos, emisiones de metano y afectación directa sobre poblaciones vulnerables.
El cambio climático agrava aún más esta problemática, debido a lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos que dinamizan los lixiviados. incrementando los riesgos ambientales asociados a sistemas precarios de disposición final. Esta posibilidad adquiere enorme relevancia para estos países donde la minería constituye uno de los principales motores económicos y, simultáneamente, uno de los mayores consumidores de energía eléctrica.
La minería moderna requiere crecientes cantidades de electricidad para procesos de trituración, molienda, bombeo, ventilación, procesamiento metalúrgico y automatización industrial. A medida que los yacimientos se vuelven más profundos y complejos, la demanda energética minera continuará incrementándose de forma sostenida. La transición energética global depende directamente de minerales estratégicos producidos en la región andina.
Los vehículos eléctricos, las energías renovables, las redes inteligentes y las nuevas tecnologías requieren minería, para lo cual se debe construir modelos mineros cada vez más sostenibles, eficientes y articulados con procesos de economía circular. 
En este contexto, la valorización energética de residuos sólidos municipales podría convertirse en uno de los grandes puntos de convergencia entre desarrollo urbano, transición energética y minería sostenible.
Países desarrollados del planeta han demostrado que es posible reducir drásticamente la dependencia de rellenos sanitarios mediante sistemas integrados de reciclaje, biodigestión y generación eléctrica a partir de residuos. En varias ciudades europeas, la basura dejó de ser vista como un problema para convertirse en una fuente complementaria de energía y desarrollo tecnológico.
La Comunidad Andina todavía enfrenta enormes desafíos para avanzar hacia ese escenario. La baja segregación en origen, la informalidad del reciclaje, las limitaciones presupuestales municipales, la débil planificación regional y la falta de infraestructura tecnológica continúan siendo barreras importantes. A ello se suma la necesidad de fortalecer marcos regulatorios, desarrollar capacidades técnicas y promover educación ambiental ciudadana.

El Dato

►La región andina posee abundante materia orgánica aprovechable, creciente demanda energética y una expansión industrial y minera que requerirá nuevas fuentes de electricidad durante las próximas décadas. Bajo una adecuada planificación, los residuos sólidos podrían transformarse simultáneamente en una solución ambiental y en un recurso energético estratégico para el desarrollo regional.
►La verdadera discusión de futuro ya no debería centrarse únicamente en cómo eliminar residuos, sino en cómo transformar aquello que hoy enterramos en nuevas oportunidades de energía, innovación y sostenibilidad. 

viernes, 17 de abril de 2020

Control de la epidemia del COVID-19 en Latinoamérica y Perú

La siguiente reflexión la presento en respuesta a diversas consultas de ilustres colegas latinos que solicitan mi opinión respecto a la mejor de las formas para llevar un control eficaz al COVID-19 en sus respectivos países, y particularmente en Perú.

El COVID-19 llegó para quedarse por buen tiempo en la región

La epidemia del COVID-19 en países latinos y Perú se encuentran aún bastante lejos de declararse bajo control. Su complicado manejo, parte del estado precario de los sistemas de salud y deficientes condiciones sanitarias en las zonas urbanas pre-epidemia, que la rápida transmisión del virus se encargo de evidenciar.
El modelo económico generalmente aceptado y aplicado en la región antes del arribo de la epidemia, impulsó al "distanciamiento social" entre los servicios salud : el privado y el público, éste último mayormente colapsado que sirvió de combustible en las ciudades denominadas "calientes" de los países, teniendo a la ciudad de Guayaquil - en Ecuador - como su referente, hoy convertido en el epicentro de la epidemia en la región.
La informalidad, la corrupción cubierta con un manto de asistencialismo y el trabajo independiente, dificultan a las administraciones de gobierno aplicar sus planes y estrategias de contención al promover el "confinamiento" y el"distanciamiento físico" para tratar de reducir la transmisión del COVID-19. Otra limitante, es  la población flotante que se traslada en búsqueda de oportunidades laborales y "mejores condiciones de vida" a las ciudades que en las últimas décadas crecieron bajo la óptica de un desarrollo mal entendido.

¿Cuándo se debe flexibilizar el confinamiento o periodos de cuarentena?

El costo social, que supone mantener a la población por un largo periodo inmovilizado en países del mundo, es aún más alto en latinoamérica; habida cuenta de los factores y condiciones que rodean a poblaciones hacinadas con niños y mujeres (Favelas, asentamientos precarios, pueblos jóvenes, conventillos, villa miseria, barriadas...) que no cuentan con los recursos mínimos (alimentos, agua...) para resistir el asedio viral.  
El COVID-19, trasmitido por el hombre, no conoce de límites por territorio, sexo, raza, credo o religión; y es particularmente mortal con personas de la tercera edad y las que cuentan con su sistema inmunológico deteriorado. 
En este escenario, se debe mirar si es posible retrotraerse a las fases de la epidemia : Preparación (I)-Contención (II)-Contagio comunitario(III)-Transmisión sostenida (IV).
Los indicadores de salud, registran que en varios países de la región se encuentran en la cuarta fase de transmisión sostenida por la crisis sanitaria existente en la región.  En consecuencia, una flexibilización a ultranza en esas condiciones es camino a la catástrofe sanitaria. Se hace necesaria una evaluación fina de la realidad de cada país, sin soslayar información valiosa para una efectiva planificación de las estrategias locales a ser aplicadas. El sinseramiento de datos para manejar oportuna información y ejecutar planes estratégicos, constituyen herramientas básicas en la "normalización" de actividades.

Planificación estratégica global y actuación local

Es de vital importancia utilizar sinergias para actuar frente a un enemigo común. El mundo entero y latinoamérica toda en esencia deben cerrar filas para enfrentar la Pandemia.
Reitero que el enemigo invisible está presente allí donde existe el ser humano, haciendo estériles los esfuerzos de cuarentena, si es que no se actúa pensando globalmente y actuando localmente en equipo.
Para graficar esta cita con un ejemplo a mis amigos brasileños y colombianos, menciono el caso de las localidades fronterizas Tabatinga (Brasil), Leticia (Colombia) y Santa Rosa (Perú), las mismas que se encuentran : las primeras separadas por una avenida y la tercera situada en frente  a unos minutos por el río amazonas. De no actuar en forma coordinada estos países utilizando una "estrategia de frontera" no sería sostenible cualquier mejora individual en las precitadas localidades, pues se verían acosadas por un eventual rebrote epidémico en el tiempo. Las tres localidades, ergo los tres países, deben buscar una solución  conjunta para ese extremo de sus territorios. La contención del virus, en estos casos difieren sustantivamente de lo pensado para grandes ciudades alejadas, mencionaré el caso de Santa Rosa (Perú) que se encuentra alejada unas doce horas de la ciudad de Iquitos surcando el río Amazonas, que a veces se hace días o semanas dependiendo del medio de transporte que  utilice una persona en su desplazamiento fluvial que son sus "carreteras".

Control de daños y respuesta oportuna : El caso peruano 

El contundente ataque del COVID-19 en Latinoamérica viene dejando hasta la fecha un número de muertes en Brasil (2141),Ecuador (421) y Perú (300) que encabezan en este extremo el registro epidemiológico. La respuesta inicial, en estos y el resto de países latinos, fue enfocada desde el punto de vista médico asistencial o de atención a las personas infectadas, para evitar un mayor número de muertos ante un eventual rebase y colapso de la capacidad operativa de sus sistemas de salud. Es así que realizan los mayores esfuerzos para reforzar su logística con elementos asistenciales y recursos humanos, especialmente en las unidades de cuidados intensivos. Todo ello, sin perjuicio de impulsar los testeos masivos para hacer el seguimiento de la ola infectiva.
En el caso peruano, el COVID-19 ingresó al país por Lima, que alberga el 30% de la población peruana, ubicada en el 2.5 % del territorio nacional, se posicionó en la capital de la República y el flujo de la infección se desplazó con el hombre a las diversas regiones. Lima significa un importante porcentaje de la producción del PBI nacional y es el epicentro de la epidemia en el país. Concentra la mayor cantidad de casos confirmados y decesos por causa del coronavirus COVID-19 . Las muertes por la epidemia en Perú subió de 274 a 300 en el último día, incrementándose en el orden de un muerto por hora. El sistema de salud no ha sido rebasado aún, motivo por el cual, demanda acciones inmediatas y oportunas de parte de los tres niveles de gestión del Estado peruano a los efectos de mitigar mas caídos por otras causas de morbimortalidad y fundamentalmente para que el virus no se mantenga por mas tiempo en territorio peruano.Es sustantivo promover la asociatividad de comunidades campesinas a quienes se debe dar soporte financiero para hacer sostenible la producción nacional de alimentos, asegurando el abastecimiento de alimento seguro en ciudades como Lima que debe mantenerse con un régimen especial de contención, habida cuenta que significa en estricto un foco infeccioso.
En ciudades calientes como Lima, no se puede dar ventaja a la epidemia, dejando de ganar valioso tiempo en obras civiles y sanitarias que se tuvieron que detener - correctamente como primera instancia- por causa de la cuarentena, al inmovilizar a personal técnico especializado encargado de eliminar riesgos a la salud de las personas.
Ahora toca a los ingenieros realizar la labor de prevención para reforzar la labor heroica que vienen realizando el personal de salud,ejercito,policía nacional,bomberos,personal de limpieza pública, así como todos y cada uno de los hombres y mujeres que se encuentran en primera linea de combate para controlar la epidemia del COVID-19.
Haré referencia a una de las tantas obras sanitarias que demanda la salud de la ciudad de Lima y que en doscientos días calendario debiera solucionar un problema que por décadas soportó el país. La denominada " Obra complementaria del interceptor norte, instalación de rebose de emergencia para la cámara de bombeo Sarita Colonia-Distrito Callao" que se encuentra a la mitad del proceso de culminación siguiendo el protocolo previsto por la Empresa prestadora de servicios de Saneamiento de la ciudad.

La obra ubicada en zona de influencia del centro penal Sarita Colonia.
Existe población en riesgo asentada al borde del canal de aguas residuales.