Mala gestión del agua para consumo humano & Alta letalidad del COVID-19

El caso peruano, que presenta la mas alta letalidad per cápita del mundo con  la actual pandemia del COVID-19, sirve como ejemplo didáctico para las actuales y futuras generaciones de cara al 2030 y 2050 ; a los efectos de mitigar la letalidad en la presente y venideras pandemias aplicando medidas preventivas, una de ellas es referida a imperiosa necesidad de mejorar la gestión de los servicios que brindan las empresas prestadoras de servicio de agua para consumo humano.

Confusión de roles en la gestión del agua potable

Las deficiencias en el tema del agua potable se evidencian al contrastar indicadores de cobertura, cantidad, calidad, continuidad, costos (tarifa) del agua, entre otros de caracteres económicos y financieros en el país, se viene arrastrando desde antes del arribo del COVID-19 en marzo del 2020, tan es así que diferentes administraciones del Estado empírico peruano optaron por declarar en estado de emergencia los servicios de agua y saneamiento, sin mayores avances por el alto componente político que se incorporó en su gestión.

Instituciones como el regulador SUNASS, Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento - OTASS y otras en los gobiernos locales, se vieron complicadas en su gestión al confundirse los roles de los recursos humanos políticos con la burocracia asignada a los servicios, así como la pobre actuación de un ministerio del ambiente que no da la talla con el tema del agua para consumo humano.

Deficiencias evidentes en términos de calidad y cantidad del agua para consumo humano.

Vinculación entre la deficiente gestión del agua  y alta letalidad por COVID-19

En Perú está demostrada técnicamente la relación directa existente entre la deficiente gestión de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el extremo de agua potable y la alta letalidad por COVID-19.

En la tabla siguiente se podrá apreciar algunos indicadores que reflejan las deplorables condiciones en que se manejan las EPS localizadas en la zona cero  y que contribuyen en la alta morbi-mortalidad por COVID-19 registrada en esta parte de la costa desértica peruana.

La calificación como mayor letalidad per cápita del mundo con  la actual pandemia , se verifica del hecho que en Tumbes sólo se tiene 9 horas al día el servicio de agua para consumo humano de las 24 horas del día ; así mismo en Ica que con 15 horas de acceso al servicio de agua presenta 13.9 % de letalidad por COVID-19, la mas alta en Perú. 

Sin perjuicio de mencionar a la calidad del servicio de agua, focalizare los registros del indicador relación de trabajo que fue deteriorándose con el tiempo y sin tener visos de mejora en el corto plazo.

Relación de trabajo

Este indicador financiero se define como la relación que existe entre el costo operativo (costo de ventas, gasto de ventas y gastos administrativos) en el que incurre una empresa, sin incluir la depreciación y provisión de cobranza dudosa del período, y los ingresos operacionales totales que obtiene.  Es decir, nos indica la proporción de los costos y gastos desembolsables que logran ser cubiertos por los ingresos operacionales que percibe la empresa. Este indicador es de gran importancia para garantizar la sostenibilidad de los servicios, puesto que si es mayor que 100 % , la empresa no estaría cubriendo la totalidad de sus costos y gastos desembolsables con la tarifa que estarían aplicando, lo cual pondría en riesgo las operaciones de la empresa, impidiendo asimismo la ejecución de inversiones con recursos propios, lo cual contribuye a la desmejora de la calidad de los servicios. Como se podrá apreciar en tumbes se tiene 121 % ; Lambayeque 98% , Piura 93 %  y así respectivamente, corroborándose el mal estado de las Empresas y por consiguiente , el deficiente servicio de agua que brindan a la población.

Urgente necesidad del cambio en el modelo de gestión

Hace quince años atrás, publiqué los resultados de mis investigaciones alertando de la penosa situación que pasaría el Perú si es que no mejoraban los servicios en  el sector agua y saneamiento. 

Cité en ese entonces que la empresa Aguas de Tumbes presentaba una relación de trabajo del 115% y que en la actualidad su situación desmejoró llegando a 121%.

Asimismo indiqué que ante el incremento de la inversión se produce aumento en la cobertura de servicios en una EPS, pero cuando esta inversión no es persistente y se acompaña con una  ineficiente gestión empresarial, esta cobertura no será sostenible en el tiempo. En ese sentido los estudios tarifarios aprobados por el regulador SUNASS en el 2021 que involucran inversiones ascendentes a 2,859.3 millones de soles para aplicarse en el periodo 2021-2025, no alcanzaría a mejorar las áreas críticas impactadas por el COVID-19 en la franja desértica costera del país y con ello la elevada morbimortalidad por efecto de las enfermedades infecciosas respiratorias y diarreicas agudas por falta de agua, se mantendrán endémicas en el tiempo.

La variante peruana explica % letalidad por COVID-19 en Latinoamérica

Presento a mis pares de Inglaterra, Alemania, España , Estados Unidos  y a los situados en países latinoamericanos y en otras regiones del orbe, el resultado de mis investigaciones sobre el agua, principal factor vinculante  que incide decisivamente en que Perú ostente a la fecha, la mas alta letalidad por COVID-19 en Sudamérica y una de las más elevadas en el mundo. 

Las cifras del COVID-19

Perú con una población que supera los treinta y tres millones de habitantes ostenta 1282 muertos por cada millón de habitantes, superando inclusive a Brasil , país que tiene seis veces más población y que reporta 1094 muertos por cada millón de habitantes.

Los medios de comunicación peruanos alarmados por las variantes del COVID-19 : Inglesa, Sudafricana, Brasileña y todas las que se identifiquen de las tantas existentes tras investigaciones de la normal mutación viral, inician una campaña de prevención a través del arribo a territorio peruano de  trescientas mil vacunas chinas el día 7 de febrero del 2021 que atenderá inicialmente a 141.367 personas de acuerdo al programa de distribución.

El tiempo que demande el plan para alcanzar atender con prevención a toda la población peruana inmunizándola con vacunas, demandará además de recursos económicos, logística apropiada y un tiempo que el Estado peruano, no se encuentra en la capacidad de garantizar en términos de plazos, hecho en favor de la consolidación de la variante peruana.

La planificación de cara al futuro por parte del Estado es incierta, pues no se indica cómo se responderá anualmente con la gestión y manejo de esta enfermedad infecciosa viral, si sólo se viera como "única solución al programa de vacunación frente al COVID-19" y continúa soslayando el factor tiempo , fundamental en toda acción preventiva de salud pública.

La variante peruana

La variante peruana se origina por los lentos reflejos de un Estado empírico peruano, que conociendo la presión demográfica sobre ciudades de la costa desértica peruana, particularmente en localidades de la costa norte, allí donde convergen el tema del agua - vista ya sea desde el punto de acceso, disponibilidad, cantidad o calidad : es deficitaria- ; el tema climático, que soporta temperaturas extremas de calor o frio, a los cuales se le suma los recurrentes periodos de cuarentenas e inmovilizaciones obligadas por la fuerza pública, advirtiéndose que tienen al frente poblaciones infectadas e inficionadas por el hacinamiento, falta de Agua para consumo humano directo e higiene personal, provisiones de oxígeno, medicinas y alimentos; terminarían por adecuarse a los cambios o extinguirse.  

Los muertos existentes - tanto en forma directa como indirectamente por el COVID-19, en localidades identificadas antes del arribo a territorio peruano de la nueva enfermedad infecciosa- constituyen un magnífico indicador de "eficiencia de gestión" en espacios geosociales identificados con problemas de Agua desde hace tres décadas atrás en la costa norte (en razón a la epidemia de El cólera que apareció simultáneamente en Piura y Chancay), así como puntualmente en otros espacios de la costa en Lima y Callao, y en el sur como es el caso de Ica (que sufriera los efectos de un sismo el 2007); de igual forma registramos problemas crónicos con el agua en localidades de la amazonía como Iquitos.

Con la variante peruana, caracterizada por las realidades existentes en localidades de Piura, Chiclayo, Trujillo, Chimbote, Callao, Lima, Ica, Iquitos... es altamente probable que la enfermedad infecciosa se focalice en su forma endémica por determinados periodos hasta que las condiciones y factores ambientales se modifiquen por efecto de la acción antrópica.

Estas probabilidades se alimentan con la economía ralentizada por deficiencias en el gasto público, así como  los plazos para mitigar los impactos ambientales establecidos el año 2017 ocurrido con el Decreto Supremo N° 0140-2017-VIVIENDA, reduciendo el tiempo de respuesta y la alerta temprana con el "lavado de manos" en poblaciones que ahora demandan las acciones de prevención que el propio Estado necesita para reducir las potenciales muertes que se producirán  inexorablemente  de no ser atendida oportunamente.

La variante peruana, en Belen-Iquitos, se sometería a escenarios similares a la variante Brasileña.

INSEGURIDAD SOCIAL EN PERÚ POR COVID-19

Durante su primer debate con Donald Trump en el marco del proceso electoral en Estados Unidos, el senador, vice presidente, candidato a la presidencia de Estados Unidos de norteamérica en las elecciones de noviembre del 2020, Joe Biden mostró a Perú como un país altamente impactado por el COVID-19. Con la intención de mostrar que su contendiente Donald Trump tuvo una mala gestión frente al COVID-19, Biden mostró un gráfico que posicionaba a Estados Unidos en el puesto nueve dentro de la gráfica de mortalidad por COVID-19 por cada 100 000 habitantes; y en el primer lugar de esa tabla estaba Perú.

Perú mostrado como el país  con mayor muertos por COVID-19 por 100000 habitantes en el mundo.

Esta dramática realidad en Perú obedece a una serie de errores en el proceso seguido frente al manejo de la pandemia, partiendo de la existencia de un débil sistema de salud, continuando con la falla estratégica de utilizar pruebas rápidas sin contar con un adecuado sistema de seguimiento a los casos de infectados identificados, lo que en la praxis neutralizó los esfuerzos de médicos y epidemiólogos quienes no pudieron impedir que Perú se presente como el país con mayor cantidad de muertos en el mundo, debido al COVID-19 por cien mil habitantes. 

EFECTOS DE LA INSEGURIDAD SOCIAL

La falta de capacidad demostrada por el Estado peruano se identifica no solamente en los miles de muertos por COVID-19, transmitiéndose a los familiares que, sin perjuicio de pasar por el dolor de cremar a su muertos, tienen que lidiar con la salvaje burocracia de un seguro social que en el papel considera la posibilidad a los deudos de cobrar los gastos del sepelio de un familiar afiliado a ESSALUD, el cual deberá realizar un trámite de rembolso de hasta dos mil setenta soles por el fallecimiento de un familiar (trabajador regular, activo o pensionista) afiliado a esta entidad.

El tema pasa por un vía crucis porque ese pedido de reembolso de pleno derecho - que debiera ser de ejecución automática - tiene un plazo de seis meses (180 días) desde la fecha que se indica en el certificado de defunción, de lo contrario, el dinero se dirige al fondo del seguro social. El problema se agudiza desde el momento en que el Estado de emergencia en Perú, pasa los doscientos días, incluyendo algunos detalles como fue el caso de la rígida inmovilización social, incluyendo la paralización de instituciones estratégicas como es el caso del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, en donde se deberá tramitar la partida de defunción original del beneficiario fallecido, rectificación de partidas u otros especiales de ser el caso para que acredite su condición de beneficiario ( Testamento o sucesión intestada).

En este extremo, los lentos reflejos de la representación nacional en el Congreso de la República, se integra a estos cuellos de botella por las que deben transitar esta población afectada y sensibilizada, que va incrementándose paulatinamente en la medida que continúan produciéndose las muertes por COVID-19, aunque en menor proporción, pero expectantes ante los futuros efectos de un eventual rebrote de la pandemia.

Las industrias extractivas estratégicas, como es en el caso de la minería y petróleo, podrían continuar siendo afectadas, ante eventuales protestas sociales de una población que exprese sus protestas incorrectamente dirigidas, con las conocidas restricciones frente a sus normales operaciones.