Multas e ineficiencias en Gestión

En once mil millones de buenas razones, nos referimos al orden de cuatro mil millones de dólares que se devolvieron_ en el año 2012 _al tesoro público de los dineros no utilizados del canon por fallas de gestión en distintos niveles del ejecutivo peruano, viéndose en la incapacidad de atender al ciudadano que demanda de los servicios básicos insatisfechos, más aún en zonas de tradición minera, afectando directa e indirectamente el sector minero.

A mayor abundamiento, preocupa que a 2 meses de concluir el presente año 2013, quince sectores del Gobierno Nacional_sobre todo ministerios_hayan ejecutado menos del 50% de su presupuesto de inversión pública del 2013.

Para dar una idea de una tendencia que debe revertirse, citamos al portafolio del sector Ambiente que ejecutó solo el 14.7% de su partida, siendo el propio Ministerio del ambiente (MINAM) el más ineficaz (ejecutó solo 8.4 % de su presupuesto de inversión).

Esta situación era previsible desde diciembre del 2012, cuando a modo de contribución advirtiéramos de las eventuales fallas que pudieran presentarse en Gestión Ambiental & RRHH y que de su lectura claramente se explica la actual situación por la cual esta pasando el MINAM en términos de ineficacia.

Insistimos sobre el tema de recursos humanos en el MINAM resulta fundamental tanto para el éxito de la nueva Estrategia Nacional de gestión Ambiental de la presente administración del gobierno peruano , así como para generar confianza en los stakeholders e inversionistas potenciales tanto nacionales como extranjeros que miran al Perú como una opción interesante de cara al futuro.

En este contexto, resulta inadmisible que se pudiera generar situaciones explicadas en Pagos y cobros por multas ambientales para tratar de tapar eventuales ineficiencias de gestión, a la luz que las razones más frecuentes por las que las empresas mineras se hacen acreedoras a estas sanciones constituyen los supuestos incumplimientos de límites permisibles de diversa índole; causal recurrente al hecho de identificar el daño ambiental generado antes de sancionar.

¿Giro gubernamental minero?

En Perú se registra un hecho evidente en la gestión del Estado. que contrasta la evolución del discurso antiminero del candidato presidencial Humala en el 2011 con el proceso para alcanzar una madurez que trasciende a los dos años en frente a la administración Humala. 

En este lapso, se presentaron ruidos mayormente legislativos y de cumplimiento del ordenamiento legal ambiental vigente, como fue el caso en el año 2011 de la Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocido en el convenio 169 de la organización internacional del trabajo; y entre otras, los actuales proyectos de ley sobre derecho humano al agua y el ordenamiento territorial respectivamente.
Las precitadas leyes o iniciativas legislativas resultan extremadamente sensibles para el desarrollo de la política e inversión minera en el país.  
También se presenta en este escenario, las controversias existentes entre el tratamiento de las diferentes minerías que se desarrollan en territorio peruano, una minería formal, la minería informal y minería ilegal.
La vorágine del crecimiento en relación a la explotación minera de oro, a escala de la denominada "minería artesanal" da cuenta del incremento _ entre Nov. 2010 y Jun. 2013_ del orden de 20% de concesiones mineras ( creció de 9,900 a 12,300) , lo que determinó el aumento de 3.5 millones a 4.2 millones de hectáreas, las áreas concesionadas para este tipo de minería.
En esta evolución plasmada en relación al tratamiento formal de la nueva relación de la administración del actual gestión del estado peruano con la gran minería al año 2013, se traduce en el discurso presidencial en la clausura de la 31 Convención minera Perumin en Arequipa:
"La minería responsable ha de convertirse en la palanca de nuestro desarrollo de la mano con la inversión privada, que es una de las variables esenciales del crecimiento y a la que convoco como socios para hacer realidad de esta perspectiva de desarrollo e industrialización".

En este contexto, el diario El comercio opina de la siguiente manera sobre el tema en cuestión.

"La última vez que se realizó la convención minera Perumin,hace dos años por parte del Gobierno no asistió ni el ministro de Energía y Minas.

Esta semana, sin embargo, han acudido a la más reciente versión de Perumin ocho ministros y el propio presidente de la República.

La percepción del Gobierno sobre la importancia de la minería en el desarrollo del país parece, pues, haber cambiado radicalmente en estos dos años.

¿Qué es lo que ha pasado para explicar este cambio?

En resumidas cuentas, que la realidad demostró que el constante crecimiento que el Perú venía experimentando en el desarrollo de sus proyectos y producción mineros no constituía un derecho divino a prueba de balas (muchas veces literales) sino que, de hecho, podía frenarse y, peor aun, también comenzar a revertirse.

Así, los proyectos arbitrariamente detenidos a causa de protestas sociales, que en los más de los casos han estado basadas en demostradas mentiras, comenzaron a sumar decenas de miles de millones de dólares, al tiempo que nos hacían recordar la dura realidad de que el Perú no es la única opción que tienen en el mundo los inversores mineros.

Un sector empresarial que solo se puso más cuidadoso con sus decisiones de inversión desde que las cotizaciones internacionales de los metales comenzaron a descender.

Conga, La Granja, Michiquillay, Galeno, Pucamarca, Tía María, Río Blanco, Toquepala y Cañariaco, junto con otros proyectos que tuvieron que paralizarse pese a cumplir con todo lo que les exigía la normativa del sector –que desde hace muchos años ya es cualquier cosa menos laxa– representan hoy alrededor de US$22 mil millones de inversión frustrada y cerca del 40% de la cartera de proyectos mineros que tiene el país.

Esta cartera, por su parte, es a la fecha solo la mitad de la que tiene otra muy cercana opción –aunque bastante más predecible– en la presente década para la inversión minera internacional: Chile.

Comoquiera que, pese a la creciente diversificación que la economía nacional ha estado experimentando, la minería aún representa un tercio de lo que recauda cada año nuestro Estado como concepto de Impuesto a la Renta, este frenazo ha de haber hecho sentir al Gobierno que se le reducía el viento bajo las alas. Sobre todo habida cuenta de que esta parte de la recaudación representa un porcentaje igual de las posibilidades que cada año tiene el Estado para gastar en “incluir” a los que menos tienen en los beneficios de una buena salud, educación o seguridad, por solo citar tres ejemplos claves.

Así es cómo han llegado los 8 ministros y el presidente a Perumin: porque, con buen sentido, el gobierno ha visto la evidente conexión entre el cuero y las correas que parece pasar totalmente desapercibida en esos líderes radicales que no parecen encontrar contradicción entre marchar por acabar con la minería en sus regiones y marchar para exigir que se incremente el canon (proveniente de la minería) de las mismas.

Por otro lado, también pueden haber formado parte de esta toma de conciencia gubernamental los enormes efectos que la inversión minera tiene de forma directa (y ya no solo a partir de lo que da el Estado) en la generación de oportunidades para la población.

Recordemos, por ejemplo, que la minería compra actualmente ni más ni menos que el 14% de lo que produce la industria nacional, lo que ayuda explicar que la inversión minera genere, según un estudio del IPE, 9 puestos de trabajo indirectos por cada puesto que crea en su propio sector.

Por lo demás, vale la pena precisar también que estos efectos colaterales de la inversión minera tienen la potencialidad de alcanzar, como los de ningún otro sector, a esos bolsones de pobreza que, según la tercera medición de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas que publicásemos esta semana, todavía persisten en las regiones más alejadas del país y, particularmente, en las altoandinas.

Es decir, precisamente ahí en donde opera la minería y en donde suele haber, por la lejanía de los mercados y la dificultad del clima y la geografía, poco espacio para otros sectores productivos.

No es en vano que un estudio de Macroconsult haya demostrado que los distritos mineros tienen ingresos superiores en casi 36% respecto de los otros.

Aunque lo haya hecho un tanto tarde, hay pues que felicitar al gobierno por haberse decidido a no dejar pasar la oportunidad de la minería. Y más aun porque, al lado de los gestos como el de su presencia en Perumin, haya puesto manos a la obra con iniciativas como las 40 “mesas de desarrollo” en las que las empresas mineras, el Estado y las comunidades vienen coordinando a lo largo del país, en prometedor silencio, proyectos de desarrollo local a partir de los proyectos mineros.

Igual que Canadá, Australia, Noruega, Nueva Zelanda, Finlandia y tantos otros países, el Perú ha recibido en sus recursos naturales una oportunidad dorada que tiene que ser utilizada, como sucedió en todos esos países, como palanca de una generación de riqueza que nutra a otros sectores y ayude a financiar el camino de su población hacia el desarrollo y el primer mundo".

Minería ilegal & economía sumergida

La amenaza de la amazonía por actividades económicas ilegales como la tala tradicional de bosques maderables realizadas por madereros que además de no pagar impuesto alguno por deforestar y desertificar los bosques amazónicos, se  constituyen en la puerta de entrada de otras actividades industriales billonarias de una economía sumergida que involucra al narcotráfico, lavado de activos y corrupción que financian a una forma de hacer minería en Perú : la minería ilegal.

Minería ilegal y Narcotráfico

En el documental gravado en el año 2007 sobre la cuenca amazónica presentada por Bruce Parry se describe parte de los detalles que explican de algún modo cómo es que gentes se enriquecen con la alianza estratégica entre el oro y el "oro blanco". La relación entre la minería ilegal y el narcotráfico está documentada en la región de las Américas y particularmente en Perú. 

Países como Brasil, Bolivia, Colombia, entre otros, vienen tratando de encontrar una solución al problema en diversos escenarios.
Un ejemplo, es la alerta que la minería ilegal y narcotráfico amenazan la Amazonía expuesta el pasado mes de Agosto del 2013 ante delegados de once (11) países de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) durante el seminario del Centro Gestor y Operacional del Sistema de Protección de la Amazonía (Censipam).
De otro lado, en Colombia _su ex presidente_Alvaro Uribe al considerar que la minería ilegal está con el narcotráfico , sustentaba que hay que vincular a la minería informal con la minería formal, y enfrentara la ilegal, penetrada por el narcotráfico.
Asimismo, se indica que en Colombia se está exportando más oro del que se puede producir, y con papeles falsos se justifica la entrada de capitales ilícitos disfrazados de una importación de oro. 
Justamente en Perú, el oro producido ilegalmente ingresa al circuito económico formalizándose también en el exterior del país.
La estrategia anti narcóticos implementada con el "Plan Colombia", con la aplicación del orden de US$ 4,500 millones entre los años 2000 y 2005 y las acciones sostenidas de combate contra el narcotráfico en México, generaron un efecto "desplazamiento o traslado" en parte de las operaciones de los "cárteles" y "barones de la droga" a Perú, fortaleciendo el accionar de "familias" que ya desarrollaban actividades en este importante país productor de hoja de coca.
Toda vez que el año 2011, el precio del Oro llegó alcanzar precios históricamente altos, la rentabilidad de operar una alianza estratégica Oro y "Oro Blanco" se consolidó.
En este contexto de rentabilidad, Perú se convierte también en el primer productor de hoja de coca del planeta e importante productor de dólares falsos en el mundo, otro negocio colateral ilícito.

Capital de trabajo

Se estima que en Perú se lava dinero del narcotráfico por un monto de US$ 500 millones de dólares por año destinado a la minería ilegal.  
En contraparte, la minería ilegal abastece de insumos químicos al narcotráfico, lo cual hace sostenible la cadena productiva que va desde la producción de hoja de coca y su transformación en pasta básica y finalmente clorhidrato de cocaína.  
Se estima que Perú produce 320 toneladas de cocaína , en tanto que en el año 2012 se ha incautado alrededor de 14 toneladas de cocaína. (5% del total producido).

Este indicador es elocuente, en la medida que anteriormente se producía en Perú pasta básica de cocaína como insumo para elaborar clorhidrato de cocaína y en la actualidad,con el efecto antes citado, se llega a elaborar mayores cantidades del producto refinado : clorhidrato de cocaína.

Las utilidades de la alianza son claras, sólo considerando la ampliación del mercado a la comercialización del clorhidrato de cocaína, se estaría hablando adicionalmente de US$ 1,500 millones de dólares por año dentro del territorio peruano.
Esta cifra se incrementa en 10 veces cuando el producto se coloca en USA y en 50 veces, puesta en mercados de Europa o Asia. 

El otro componente del flujo financiero, forma parte del lavado de activos ejercidas por el resto de actividades ilícitas que se alimentan de parte de los S/. 65, 414 millones (55% de la inversión estatal) que son ejecutadas por gobiernos regionales y locales que pudieran ser infiltrados.

Si integramos las cifras de las ganancias obtenidas por el lavado de activos por otras actividades ilícitas, a las utilidades adicionales que da la producción de clorhidrato de cocaína y la producción de Pasta básica de cocaína_que en el año 2012 fueron incautadas 22 toneladas_ podremos tener una idea de  la rentabilidad de las utilidades y la magnitud de la economía sumergida creada.

Defensa del Estado

Queda claro que las "familias" manejan estrategias para desarrollar acciones y mantenerse sostenibles en diversas latitudes y particularmente en la región de las Américas y el Perú.
No es nuevo indicar que el crimen organizado tiende sus tentáculos para penetrar e inficionar_ haciendo metástasis_ en instituciones  tutelares y auxiliares del Estado, llegando a infiltrarse con el poder que da el dinero para obtener favores políticos que facilite su accionar.
Esta correlación de fuerzas se establecen sustentados en el soporte que le dan ciertos medios masivos de comunicación y una incipiente integración regional para hacer frente a una alianza ilícita que no tiene fronteras.
Cabe mencionar también la existencia de un periodismo serio y consecuente con el desarrollo del país, el cual es sujeto a presiones y amenazas; como es en el caso del periodista Alberto Rivera Fernández quien fuera atentado por sicarios y asesinado en represalias por sus denuncias periodísticas sobre actividades del narcotráfico en la región nororiental del Perú.
Los métodos aplicados para la infiltración son conocidos y fueron aplicados en el pasado por cabezas de organizaciones criminales, los tristemente recordados Alphonse Gabriel Capone (USA) , Pablo Escobar Gaviria (Colombia), Amado Carrillo Fuentes (México), entre otros personajes transfrontera.
En Perú, tras cada "familia" ligada a esta alianza, hay una historia que citar.
Para medir el grado de infiltración, podemos citar los secretos del narcoavión que da cuenta del hallazgo (11 de Mayo de 1996) de 170 kilos de clorhidrato de cocaína en un avión de la Fuerza Aérea Peruana  que viajaba a Rusia , contando entre sus pilotos al edecán de un ex Presidente de la República peruana que actualmente purga condena en prisión.
En marzo del 2013, se encuentra 100 kilos de clorhidrato de cocaína en una empresa ligada a un actual congresista de la República, hijo del ex presidente preso y hermano de una candidata presidencial en los últimos  comicios electorales generales del año 2011. 
Los hechos precitados son sólo un ejemplo de las múltiples incautaciones por tráfico ilícito de de drogas realizadas en Perú y que dan cuenta en la actualidad de la alianza materia del presente análisis, el cual se traslada a los indicios razonables y elementos suficientes que podrían dar pie a una investigación profunda de los llamados "narcoalcaldes", "narcocongresistas" y "narcopresidentes regionales" que en parte hace mención la revista caretas en su edición del 29 de Agosto del 2013.
Para dejar anotado los indicios de impunidad, podemos mencionar el caso de los "narcoindultos" que habría sido implementado entre julio del 2009 y marzo del 2010 para darle un trato de "gracias presidenciales" y conmutar penas aquellos condenados por narcotráfico en el Perú.
En este contexto, la alianza precitada se consolida y toma fuerza con el poder político.
La estrategia del lado oscuro pasa por hacer ver a la minería ilegal (o minería criminal) como parte de la minería informal (que si es materia de atención y responsabilidad del Estado atenderlos en su proceso de formalización).
De este modo en Perú excluyen a la minería ilegal de la Ley contra el crimen organizado; lo que en buena cuenta significa darle oxígeno a su aliado estratégico : El narcotráfico.

Ante ello, resulta justo y necesario que las fuerzas vivas del país se integren en defensa del estado democrático y hagan frente a este flagelo con la fuerza que da la ley y la justicia.

La Historia se repite

En Historia de la minería ilegal en Perú , dejamos establecido que las actividades mineras ilegales tienen fines ilegales y por consiguiente no pueden ser desarrolladas sino ilegalmente.

Por ello en el proceso de su consolidación, la minería ilegal busca la connivencia con el lado oscuro del poder político.
En el año 2000, la sociedad peruana, escribió un episodio trascendental en defensa de sus derechos ciudadanos con una movilización popular realizada los días 26 ,27 y 28 de julio del citado año, encabezada por Alejandro Toledo Manrique,líder del partido político peruano Perú Posible y secundado por diversos movimientos sociales, partidos en su mayoría de izquierda pero también de centro y de la derecha democrática.
El motivo de esta marcha fue la acusación de fraude que rondó la tercera elección consecutiva de Alberto Fujimori como presidente del Perú.
Hoy , 11 de Setiembre del 2013, a doce años del atentado terrorista de las Torres Gemelas del World Trade Center, en un hecho signado por el horror y caos , recordamos que hace 17 años en Perú (1996) Alberto Fujimori inició maniobras ilegales para presentarse por tercera vez como candidato, desatando la controversia política en torno a la Constitución al promulgar una ley denominada de Interpretación Auténtica de la Constitución, en la que se facultaba a sí mismo para presentarse por tercera vez a la presidencia de la República apesar de la constitución recientemente promulgada; quien lo prohibía textualmente.
Tras el triunfo forzado que obtuvo el gobierno en elecciones con un solo candidato, Toledo propuso una marcha nacional ( "Marcha de los cuatro suyos") desde diversas partes del país hacia Lima para el 26 de julio, dos días antes de la eventual proclamación de Fujimori.
La marcha se prolongó durante toda la noche del 28 de julio del 2000 hasta la medianoche del 29; el evento dejó cientos de detenidos por los disturbios.
Fujimori usó los hechos para acusar a Toledo y apartarlo de los sectores moderados de la sociedad que lo apoyaban.
La prensa y los medios electrónicos solo emitían noticias que pasaban por el filtro del oficialismo de ese entonces, a pesar de todo, la marcha pasó a ser el gran símbolo de la resistencia a la corrupción, donde muchos peruanos anónimos arriesgaron la vida, hombres que no pertenecían a ningún partido o movimiento político dieron la cara y pusieron el pecho por la democracia en el Perú.
Con la recuperación de la democracia y el estado de derecho, el Perú generó la confianza de la inversión privada extranjera y empezó su despegue económico, crecimiento y desarrollo que en la actualidad se le reconoce con el nombre de "milagro económico peruano en el mundo".
Pasados trece (13) años , fuerzas oscuras ligadas a la alianza perversa , pretenden retrotraer al estado de situación que mantuvo al país sumido en el caos y anarquía, caldo de cultivo en que se reproducen las actividades ilegales en un determinado territorio.
Se trata de arrinconar al Estado peruano, haciéndolo parecer ante los ojos del mundo que en el país absolutamente todos los políticos son corruptos y que la nación jurídicamente organizada, convalida la corrupción o convive con ella.
Este escenario novelesco, propio de mentes insanas, que pretende implantar la ley de la selva impulsando, fomentando, promoviendo y financiando tomas de carreteras y violencia generalizada, simplemente no pasara, ya que en el Perú de hoy, existe una sociedad peruana pujante que sabrá defender el Estado de derecho y estabilidad económica en un País que construye su futuro con  esfuerzo y que será legado a sus futuras generaciones.

Impactos colaterales

La sociedad peruana no ve con buenos ojos el accionar de algunos de sus legisladores (85.5% de peruanos desaprueban su labor), ven con desaliento su poco compromiso con la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea, pues a pesar que el Perú tiene las tasas más altas de minería ilegal en la región y miles de hectáreas de bosques son literalmente arrasados por los efectos devastadores de la extracción ilegal de oro, los padres de la patria se resisten a ver la realidad que son mostradas por medios de comunicación no monopólicas que se mantienen aún firmes al poder del dinero que compra conciencias.

Muchos consideran que se aplica en el parlamento nacional el dicho popular : "en el juego de la corrupción, quien sabiendo que hay corrupción, no hace nada por acabarla, es porque es parte del juego."

La tendencia hacia la contracción a nivel de la recaudación de los tributos internos vinculados a la minería formal es otro efecto que no se puede soslayar en esta tarea pendiente.

Ciertamente, la recaudación minera cayó 39.7 % en ocho meses ( Entre Enero y Agosto) del año 2013 en términos reales en comparación con el mismo periodo del 2012.

A mayor abundamiento de los impactos percibidos, el actual Presidente de la República Ollanta Humala, en su mensaje a la Nación del 28 de Julio del 2013 precisó que "El narcotráfico y la minería ilegal producen el 60% de la inseguridad en el país, en la medida que, a su sombra, surgen delitos conexos como el terrorismo,tráfico de insumos,lavado de dinero,sicariato,entre otros".
Hacemos votos para que se consolide una política de Estado en Perú que integrada a la región de las Américas, luche frontalmente contra la alianza estratégica "Oro y oro blanco" y permita regular la economía sumergida que subyace al crecimiento económico sostenido que viene caracterizándose en el país.

Judicialización de la minería ilegal

Como en el caso de los insumos destinados al Tráfico ilícito de Drogas en el país, el combustible para desarrollar labores mineras ilegales no es adecuadamente controlado, pues el “85% del petróleo de Madre de dios termina en manos de mineros ilegales”, cifra preocupante al considerar que este año se espera la comercialización total de 1’310.000 barriles, solo de esta región.

Ante esta situación, el ministro del Ambiente,Manuel Pulgar Vidal, reconoció que es un problema grave y existente, pero que está siendo atendido por el Ejecutivo.

Es un problema serio y que reconocemos. Hay un problema con el combustible, el cual pasa por darle calidad de distribuidor final al que está metido en la minería ilegal', dijo el titular del sector en el programa de TV “Agenda política” (Canal N).

Pulgar Vidal reconoció que los mineros se hacen pasar como grifos, lo que les permite comprar “con todo derecho un montón de combustible”. Al respecto, aseguró que la comisión multisectorial que preside la PCM está formulando medidas para atender estas irregularidades. En el último consejo de ministros, el presidente nos pidió que se actúe en función a eso, porque todas las medidas tienen que tomarse (...) Sunarp ya comenzó con el registro de maquinaria, pero falta mucho con el Poder Judicial”.

En este extremo indicó “Me gustaría que con el Poder Judicial podamos meter en la cárcel a una de estas mafias de minería ilegal”. No solo eso, el ministro espera coordinar con el sector Interior, con el apoyo del Congreso, para que la ley de extranjería estipule la expulsión de un ciudadano foráneo que se dedique a la minería ilegal.

Panorama de la minería ilegal en Perú

Las externalidades hacia el sector minero producidas por las secuelas de terrorismo, narcotráfico y corrupción en Perú fueron comentadas en Externalidades vs Inversión. 
La merma en la competitividad del país y minera en particular, subyace al inadecuado tratamiento de estos males. Esta realidad hace que el país no acceda a los niveles de crecimiento y desarrollo que debiera alcanzar.

El problema se hace mas complejo si a estas enfermedades endémicas en partes  de su territorio, se le añade la minería ilegal que avanza progresivamente haciendo metástasis.
Es un tema que ya no se circunscribe solo a regiones como Madre de Dios y Puno, sino que hoy en día se extiende a todas las regiones del país. El delito de la minería ilegal moviliza alrededor de 3 billones de dólares al año en Perú y genera unos 20 delitos conexos, pues no paga impuestos, no colabora con el desarrollo, no genera puestos de trabajo de calidad y, además, favorece la comisión de ilícitos, como el lavado de activos, contrabando, narcotráfico, trata de personas y la delincuencia organizada.

La actual administración del estado reconoció en Enero del 2013 que " la ley de formalización de la minería ilegal del 2001 fue un fracaso porque no ofreció los incentivos correctos para cumplir con los fines propuestos,sino por el contrario,hubo un crecimiento exponencial de esta actividad ilícita en el país".

Es así que_siguiendo el esfuerzo de iniciativas legales_ se dictaron una serie de normas para realizar una lucha frontal contra esta enfermedad representada por la minería ilegal, en tanto, instituciones del Estado asumen una actitud pasiva para hacer cumplir o revertir la ineficacia del orden jurídico ambiental menoscabando la legitimidad de la norma. Actuando por reacción, cuando existe la queja ciudadana por un daño ambiental presentado.

Un aspecto del drama expuesto, es editorializada por el diario El Comercio, de la siguiente manera:

"Las impactantes fotos que publicamos el domingo sobre cómo la minería ilegal sigue destruyendo todo a su paso en Madre de Dios son prueba de que el gobierno sigue sumando fracasos en este tema.

Y lo reconfirman los estudios que la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral ha realizado: se estima que en el 2012 la minería ilegal destruyó 1.973 nuevas hectáreas de la zona de amortiguamiento de la reserva de Tambopata, 48% más que el año anterior. Y este año (2013) ya serían 872 las hectáreas devastadas.

Estos lamentables hechos no tendrían por qué llamar la atención si tenemos en cuenta que, para el gobierno, la lucha contra la minería informal no ha pasado en su mayor parte de declaraciones líricas.

Una muestra de ello es la reducida cantidad de recursos que se destina actualmente a las operaciones policiales en esta zona. De los 500 policías que llegaron a ella el año pasado para combatir esta lacra ambiental hoy solo quedan 80. Y este número de agentes es claramente insuficiente si se tiene en cuenta que en el campamento minero más grande de los que se han asentado en la zona de amortiguamiento (y al que ni la policía ni la fiscalía pueden ingresar) trabajan 5.000 personas.

De hecho, un informe de inteligencia señala que para ingresar a dicho lugar serían necesarios como mínimo 2.000 efectivos. Por esta razón, las operaciones que se realizan no tienen ninguna capacidad real de terminar con las actividades de los ilegales.

La reciente intervención policial de la que dio cuenta nuestro informe del domingo, por ejemplo, concluyó con la destrucción de solo 16 motores utilizados para las actividades extractivas. Un hecho que casi pasa desapercibido para los mineros, pues en toda la zona de amortiguamiento hay aproximadamente 1.500 motores y cualquier motor destruido puede ser reemplazado en un par de días sin mayor dificultad.

Otra muestra del poco compromiso del Estado con el combate a la minería ilegal es la falta de recursos para perseguir judicialmente a quienes cometen estos delitos.

Desde hace dos años la fiscalía ambiental que opera en Puerto Maldonado cuenta solo con un fiscal especializado y un adjunto, a pesar de que la carga procesal de la misma supera los 2.500 casos.

Asimismo, las normas dictadas para regular insumos como el combustible parecen solo estar pintadas en el papel, pues cada año aumenta la cantidad de diésel que se vende en Madre de Dios, 85% del cual se destina a la minería.

De hecho, solo en el 2012 se vendieron 60 mil galones más que durante el 2011. Por supuesto, la falta de decisión del Estado para hacerle frente a estos delitos no es novedad.

Hace poco más de un año el presidente y sus ministros anunciaban entre bombos y platillos su decidida intención de encabezar una guerra sin tregua contra la minería ilegal. ¿Qué sucedió en ese entonces? Bastó un paro bien organizado para que el gobierno recule y firme una tregua de dos años.

Durante este período, los ilegales no serían incomodados por la ley o la fuerza pública y –con su buena voluntad mediante– deberían convertirse en legales empresarios. Teniendo en cuenta que estamos hablando de individuos que con su actividad destruyen el medio ambiente, envenenan poblaciones enteras y no pagan tributos, esa medida (además de irresponsablemente ingenua, siendo generosos) tenía tanto sentido como permitirle a un secuestrador que siga secuestrando gente por dos años mientras se reforma.

En esa ocasión, además, intimidado por las protestas de los mineros ilegales, el gobierno tuvo otra genial idea. Como si no hubiese sido suficiente tolerarlos por dos años, decidió encima asegurarles el negocio. Resucitó la empresa estatal Activos Mineros para que ella compre el mineral a los individuos que –supuestamente– deseen formalizarse. A nadie le debería extrañar que las actividades de los ilegales hayan aumentado.

La minería ilegal es una de las principales enfermedades que el Perú padece. Y todas las declaraciones que el Estado haga en su contra de nada sirven si es que no existe voluntad política de disponer de los recursos necesarios para que la ley se cumpla. Una voluntad que, lamentablemente, parece no existir en el gobierno".

Due diligence & Compras de minas

En Due Diligence & conflictividad minera (Julio del año 2011), presentábamos algunas reflexiones sobre propuestas de lineamientos de políticas públicas a efectos de recuperar la capacidad de regulación pública, contar con una verdadera autoridad ambiental, ordenar el uso del territorio y efectuar cambios sustantivos en la política de concesiones y en la ley minera.
Transcurridos casi dos (02) años, con una importante agenda minera pendiente aún por cumplirse en Perú, se presenta una coyuntura que fue prevista y es graficada por el suplemento especializado Dia1 del diario El Comercio, en los siguientes términos:
La industria minera sufre lo indecible ante el doble embate de los declinantes precios de los metales;y los crecientes costos en el sector.
Sin embargo, los mineros peruanos no han considerado retraer sus inversiones en el exterior; por el contrario, vienen evaluando nuevos objetivos, desde el desierto mexicano de Sonora hasta la Patagonia argentina.
Día_1 ha conseguido documentar la incursión de empresas mineras con capitales peruanos en casi toda Latinoamérica.
Las inversiones conjuntas de estas compañías ascenderían a más de US$2.000 millones, solo en adquisición de activos y construcción de minas y proyectos al 2015.
Dicha inversión está concentrada en cinco jurisdicciones: Chile(más de US$1.200 millones),Brasil(US$470 millones),Argentina(US$150 millones),Colombia(US$65 millones). A los países mencionados cabría agregar un sexto:Panamá, nación que viene registrando “un ‘boom’ exploratorio sin precedentes en donde participan capitales peruanos”, según reveló Leopoldo Monzón, gerente general de la consultora minera Proesmin.
También hay mineras de capitales peruanos explorando activamente en Ecuador, Bolivia, Nicaragua y EE.UU, a pesar de la crisis que remece fuertemente al sector minero.

TIEMPO PARA COMPRAR

Jorge Ganoza, presidente de Fortuna Silver Mines, productor canadiense-peruano que opera la minas San José (México) y Caylloma(Perú), sostiene que “ya es tiempo de que los mineros se sacudan la resaca de los altos precios de los metales”.
No solo venimos trabajando con precios más bajos, sino que la inflación de costos en la minería peruana ha sido la más dramática de toda Latinoamérica en los últimos 3 o 4 años.
Las mineras experimentan inflaciones de costos de 20% a 25% al año. Esto es insostenible, pues están destrozando los márgenes de las empresas”, exclama.
Si la situación es tan adversa, ¿por qué entonces los mineros peruanos se arriesgan a invertir fuera del país? Diego Benavides, presidente de Minera IRL, productor australiano-peruano que desarrolla el proyecto Don Nicolás en Argentina, considera que “es ahora cuando las mineras deben aprovechar las oportunidades que se les presentan, para crecer una vez que los precios de los metales vuelvan a repuntar”.
De igual opinión es Miguel Cardozo, presidente de la (minera) junior peruano-canadiense Alturas Minerals, que explora los proyectos La Corina, Quispe y Marilin, en Chile.
Él sostiene que la minería peruana confía en que los precios de los metales volverán a subir, “a pesar de los problemas en Europa, EE.UU. y la desaceleración de la economía china”. Con igual claridad, Monzón asegura que este es el “momento perfecto para los ‘due dilligence’, es decir, para evaluar la compra de minas y proyectos". 
“Cuando los precios de los metales caen, los mineros están obligados a bajar sus costos de capital (CAPEX) y de operaciones (OPEX). Por tanto,es el momento ideal para comprar minas y proyectos. Además, podemos usar los precios actuales de los metales para determinar el valor presente de un proyecto y ganar con su adquisición si los precios se mantienen o suben. Esa es la razón por la cual este es un mercado de compradores”, sentenció.

¿Minería ilegal y/o minería informal?

En Perú se están realizando grandes esfuerzos para poder distinguir y separar la minería ilegal de la minería informal, pues de la confusión existente entre ambos conceptos, nace la reacción en cadena para alimentar las protestas sociales y las denominadas protestas "socio-ambientales" de una población que vive atendiendo estas actividades al interior del territorio nacional.

Con el transcurrir del proceso,se escuchan iniciativas proponiendo crear un Acuerdo Nacional del Ambiente, como una suerte de continuación de las políticas fijadas por el Acuerdo Nacional en un documento de política elaborado el año 2002.

El planteamiento central de la política de Estado Nº 19 del precitado documento del Acuerdo Nacional, fue “Integrar la política nacional ambiental con las políticas económicas, sociales y culturales del país, para contribuir a superar la pobreza y lograr el desarrollo sostenible del Perú, promoviendo la institucionalidad de la gestión ambiental pública y privada que facilite el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica, la protección ambiental y el desarrollo de centros poblados y ciudades sostenibles, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, preferentemente con énfasis en la población más vulnerable del país.”

Tras el mensaje declarativo, se convino en la urgencia de tender puentes de diálogo entre el gobierno,el empresariado y la sociedad civil; así como en la necesidad de tomar medidas urgentes,drásticas,caras y seguramente impopulares,con grandes costos sociales en el corto plazo pero que a largo plazo significaría al país una importante ventaja competitiva y de desarrollo humano.

En este contexto, alguna voces indican que la solución a estos problemas tiene una clave y esta consiste en fijar impuestos,multas e incentivos, e invertir en fiscalización.
En nuestra opinión, reducir gran parte del problema dirigiéndolo al enfoque "contaminador-pagador" no sería necesariamente lo más óptimo, pues la dinámica generada por el explosivo crecimiento de la minería informal posicionada en casi todo su territorio, superan largamente al aparato burocrático utilizado para confeccionar la línea base de la Minería ilegal y/o informal posicionada en las regiones del Perú   
Ciertamente para actuar, el impase subsistente continúa radicando en la linea base, y por supuesto en la desinformación generada por el propio Ejecutivo, lo cual es trasladado al gran público por una parte de la prensa peruana.
Con fecha 25 de Diciembre del 2011 , la oficina de prensa e imagen institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros, indicaba que la minería informal involucra a unas cien (100) mil personas.
Hasta el 28 de julio del 2012 se había formalizado 20 mil mineros artesanales. En febrero del 2013, la cifra de mineros informales que presentaron su declaración de compromiso para formalizarse subió a 77 mil.
El 09 de junio del 2013, el diario El Comercio, publica " según José Alvarez Alonso, del Ministerio del Ambiente, se calcula que hay cerca de 70 mil mineros informales. Entre 20 mil y 30 mil están en Madre de Dios". Se evidencia entonces muchas especulaciones en torno a las cifras y no información producto de un rigor científico, a que estamos acostumbrados por el adelanto de la modernidad que dan las imágenes satelitales, globalización de la información, entre otros.
Para lograr entender las diversas cifras emitidas oficialmente por las autoridades ambientales competentes y el organismo rector del ambiente en Perú, recurriremos a la terminología legal que para algunos estaría considerando a la “minería ilegal”, “ilícita” o similar, como minería informal.
Mientras las disquisiciones sobre la denominación continúan, el impacto generado por este tipo de minería continúa, medido en términos económicos,sociales, ambientales y políticos, como el caso de la deforestación en parte de la amazonía peruana que dan cuenta los reportes en imágenes siguientes.

El Dato

Minería ilegal 

Decreto Supremo N° 006-2012-EM

Comprende todas las actividades que se realizan sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter administrativo, técnico, social y ambiental que rigen dichas actividades y que se ubican en zonas no autorizadas para el ejercicio de dichas actividades, las que son llevas a cabo por personas naturales o jurídicas o grupo de personas organizadas para tal fin.

Minería informal

Decreto Supremo Nº005-2009.EM

Artículo 4.7 .-El presente reglamento también es de aplicación a todas aquellas personas naturales o jurídicas que realicen actividad minera sin contar con los permisos, licencias, u otras autorizaciones que resulten necesarias para tal efecto. Esta definición comprende a todas aquellas personas que realicen la actividad minera en las condiciones establecidas en el párrafo anterior en cualquier parte del territorio nacional, sea que la realicen en derechos mineros propios, de terceros (sean concesionarios mineros de la gran, mediana, pequeña minería o minería artesanal) o en áreas de libre disponibilidad. Toda mención a “minería ilegal”, “ilícita” o similar, se entenderá incluida en esta definición.

Decreto Supremo N° 006-2012-EM

Es aquella actividad que teniendo características de minería ilegal, se realiza en zonas autorizadas para la actividad minera y que quienes la realizan han iniciado un proceso de formalización en los plazos y modalidades establecidas en las normas sobre la materia. 

Sanciones a Minería formal e Informal

El Estado peruano, a través del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), ha impuesto multas por infracciones ambientales en el orden de los 61 millones de soles en lo que va del año 2013 y que de las 121 empresas sancionadas, cincuenta (50) pertenecen a la actividad minera.

Este escenario se presenta a la luz de la Ley N° 30011 dado el 25 de Abril del 2013, que modifica la Ley 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

En la práctica, tiene un mes de vigencia la nueva escala de multas que se incrementó tres (3) veces el monto máximo de 10 mil UIT (S/37 millones) a 30 mil UIT (S/ 111 millones).

La discrecionalidad y tipificación en la determinación y aplicación de las multas navegó sin llegar a buen puerto hasta la fecha desde el Ministerio de Energía y Minas, Osinergmin,Ministerio del Ambiente y actualmente reposa en OEFA.

Los principios y criterios legales para darle seguridades jurídicas a los procesos sancionadores son incorporados, de tal forma que se establezca la mayor predictibilidad y razonabilidad en la ejecución de las sanciones de la mineras formalmente constituidas en el país.

Mientras este tratamiento discurre con las empresas de las denominadas gran y mediana minería, por otro lado se tiene el tratamiento al universo de la minería informal o la que estaría inmersa en el proceso de formalización prevista por la actual administración del Estado.

El desbalance en el tratamiento sancionador se hace cada vez mayor con el crecimiento de la minería informal pues, pues el 9 de Marzo de 2012 en el diario oficial El peruano se precisaba "hace cinco (5) años la cantidad de regiones que tenían problemas con el tema de minería ilegal no llegaba a diez (10), hoy son veintiún (21) regiones".

Actualmente no hay región política que no presente problemas con la minería ilegal, en estricto, las veinticinco (25) regiones políticas cuentan con algún problema derivado de la minería ilegal. 

A fin de tener una mayor aproximación de las formas utilizadas para desarrollar labores mineras bajo el radar de la legislación peruana, citamos el informe preparado por Willax Televisión.

En el precitado reporte, se mencionaba que 2,400 Tn/día del producto de labores mineras informales desarrolladas por diez mil mineros artesanales que extraen oro y cobre de la región Apurimac y se traslada para el procesamiento del concentrado en diversas Plantas existentes en Nazca. 

El ministerio de trabajo, detecto a las empresas mineras: Planta de Beneficios Jesús S.A.C., Consorcio Minero Antares S.A.C., Mercurio E.I.R.L., Compañía Minera Mercurio S.A.C., Minera  y Exportaciones S.A.C., Cean Minera del Sur S.A.C., Agropex S.AC., Planta Concentradora San Fernando S.A.C., Perú Metal Trading & Process SAC., Minera Chauchilla SAC., Minera Santa Maria SAC., DWL Corporation SAC, entre otras, que venían operando en la jurisdicción de Nazca (Localidad situada al sur de Lima).

En el informe se explica las formas de formalizar el mineral extraído, una de las cuales pasa por registrar como parte de la producción legal y la otra, por sacarlo por las fronteras para proceder a su legalización en otro país. 

Cuando hay minería ilegal, las posibilidades de corrupción son muy altas porque alrededor de la minería ilegal se generan otros delitos, como la prostitución ilegal, evasión tributaria, explotación infantil, depredación ambiental,entre otros; asimismo, los trabajadores captados por este tipo de minería no reciben ningún tipo de seguridad, beneficios y mucho menos un sueldo digno.

Esta ilegal actividad, que hoy en día es un problema nacional, demanda un accionar conjunto,donde los poderes Ejecutivo y Judicial son los llamados a aplicar la frondosa legislación ambiental existente para no continuar segregando _ directa o indirectamente _a los capitales (nacionales y extranjeros)  que, en cumplimiento de leyes vigentes, fortalezcan a las inversiones  actuales y potenciales en el sector minero peruano, el cual continúa siendo uno de los motores  del crecimiento y desarrollo nacional.

Mineria ilegal & Trata de personas

En el sector minero esta sucediendo un proceso interesante para el análisis académico respecto a la implementación de la Política de control, supervisión y fiscalización de actividades mineras desarrolladas en territorio peruano. 

Minería formal

Por un lado, visualizamos el balance y resultados de la supervisión a la gran y mediana minería formal arroja que en los últimos dieciséis (16) meses (2012 y lo que va del 2013) se produjo 44% de procesos sancionadores ocurridos en cinco años anteriores (periodo 2007-2011). El porcentaje sale de comparar el número de sanciones 265 y 599 respectivamente.
Ciertamente en las cifras se distingue cierta distorsión generado por instituciones del propio Estado peruano  que no terminan por armonizar sus roles de juez y parte en el tema regulador de la dimensión ambiental.

En estricto, se busca evitar y/o reducir la contaminación así como manejar adecuadamente el control de riesgos de accidentes mineros; sin embargo consideramos que el incremento del número de sanciones que acaban en multa, abre un espacio discrecional a la autoridad administrativa que podría actuar arbitrariamente al priorizar la recaudación de la multa en perjuicio de la remediación ambiental.

Minería informal y minería ilegal

De otro lado, se cuenta con un sector que desarrollan labores mineras que no cuenta con supervisión y fiscalización. 

El ejecutivo peruano otorgó un plazo para la formalización de la minería informal, este plazo para la presentación de las declaraciones de compromiso de formalización ya venció; sin embargo, se considera que el proceso de formalización a nivel nacional vence en Abril del año 2014.

Hasta el 28 de Julio del 2012 se habían formalizado 20 mil mineros artesanales, En febrero del 2013, la cifra de mineros informales que presentaron su declaración de compromiso para formalizarse subió a 77 mil.
Se presume que el universo de mineros informales que vienen operando en el territorio peruano es el orden de cien mil, otras fuentes no oficiales estiman que ese número crece hasta superar 500 mil mineros informales.

Trata de personas

Es preciso integrar a la Política de control, supervisión y fiscalización de actividades mineras los temas vinculados a la trata de niños y mujeres en los campos mineros que surgen como una acción colateral de la condición de ilegalidad con que actúan en diversos puntos del país. 

Tanto la comunidad local como internacional están atentas a la reacción que pueda tener el gobierno peruano ante una realidad latente que surge como una externalidad de la minería ilegal,particularmente relacionada al oro. 

El Análisis Teórico

Partimos de las premisas siguientes para el precitado análisis:

-En teoría, el esfuerzo que realizan las empresas mineras formales en el cumplimiento de normas ambientales modifica la distribución de probabilidades de ocurrencias de contaminación o de accidentes.

-Mediante multas, el regulador logra teóricamente la disuasión de las empresas y la internalización de las consecuencias de sus infracciones.

Foro Económico Mundial & Minería

Con la participación de jefes de Estado,altas autoridades y líderes empresariales de cuarenta (40) países del mundo se viene desarrollando _del 23 al 25 de Abril_ en la ciudad de Lima (Perú), el Foro Económico Mundial para América Latina.
Bajo el lema "Generando crecimiento,fortaleciendo sociedades", más de setecientos (700) participantes discutirán las oportunidades y los desafíos que quedan por delante para alcanzar el pleno potencial de la región.

Temas a tratar

Los ejes temáticos versarán sobre las siguientes consideraciones:

• Mejora de la competitividad en las naciones.
• Desarrollo de la innovación social.
• Apuesta por el desarrollo sostenible.

Las cuales responderán a las siguientes interrogantes:

• ¿Cómo puede aprovechar la región de su dinamismo y promover asociaciones sólidas para consolidar la modernización de sus economías e instituciones?
• ¿Qué innovaciones contribuirán a crear una sociedad inclusiva para garantizar una respuesta adecuada a las demandas de la próxima generación?
• ¿Cómo puede la región aumentar la resiliencia y continuar en su camino hacia el desarrollo sostenible?

El crecimiento económico sostenido en Perú, servirá como plataforma para poner en debate las condiciones críticas por las que atraviesan los modelos de desarrollo dinámico y resiliencia (capacidad de recuperación) en la región de las Américas.
En este sentido, consideramos que el aporte del sector minero es un tema que no podrá soslayarse en la ruta crítica que los países de América Latina deberán seguir  para  lograr más que el crecimiento económico sostenido, el Desarrollo Sostenido de las sociedades de la Región.

Plazos & Control de contaminación

Existe una polémica generada en razón de las recientes medidas tomadas por el Ejecutivo peruano respecto al tratamiento sobre el tema del Control de la Contaminación en la Gran y Mediana minería y su equivalente en la minería informal.

Ya con fecha 10 de noviembre de 2012, se había publicado en el Diario Oficial “El Peruano”, el Decreto Supremo Nº 007-2012-MINAM, donde se aprueba el Cuadro de Tipificación de Infracciones Ambientales y Escala de Multas y Sanciones aplicables a la Gran y Mediana Minería respecto de las labores de explotación, beneficio, transporte  y almacenamiento de concentrados de minerales.

Mediante este dispositivo se actualiza la Escala de Sanciones, aumentándose el tope máximo de 600 UITs de multa hasta 10,000 UITs, conforme a lo establecido por la Ley General del Ambiente. Este Decreto Supremo se encuentra en plena vigencia desde el once (11) de Noviembre de 2012.

Ante una lectura de una supuesta ampliación de plazos para la formalización de la minería informal, el Ministro del Ambiente, Manuel Pulgar-Vidal, precisó que el Gobierno no ha ampliado el plazo de formalización para la minería ilegal, a propósito de los decretos supremos emitidos el miércoles otorgando plazos adicionales para presentar algunos documentos necesarios para la formalización.

En ese sentido explicó_ según lo propalado por los diarios Gestión y Expreso entre otros medios de comunicación_ que el plazo para presentar las declaraciones de compromiso a nivel nacional ya venció y estos decretos supremos emitidos ayer “no permiten que se presente una más”. “El proceso de formalización a nivel nacional vencerá en abril de 2014 y ese plazo no se ha cambiado. No se ha extendido un día más”, dijo.
Sin embargo, el prestigioso diario Gestión, aclaró que el mismo día en que el Ministerio del Ambiente publicaba su norma, el Ministerio de Energía y Minas emitía otra similar _ Decreto Supremo_ que modificó el art.3° del Decreto Legislativo N° 1100, fijando que el Gobierno Regional de madre de Dios deberá conducir y culminar el proceso de formalización hasta el 19 de Abril del 2014.
Asimismo, precisa que  el art.3° del Decreto Legislativo N° 1100, publicado el 15 de marzo del 2012, señalaba que el proceso de formalización en Madre de dios se daría hasta marzo de este año (2013).

Inversión,pobreza & contaminación

Los cuestionamientos a la inversión minera persisten con argumentos que apuntan a focalizar pobreza y contaminación para zonas de influencia mineras, las cuales no resisten mayor análisis comparativo a las cifras de crecimiento y desarrollo logrado por el país en el denominado "milagro económico peruano"que representan las cifras de los gráficos adjuntos:

En este contexto, el diario Gestión publica: 

Los departamentos que ocupan los primeros lugares de inversión minera como Cajamarca,Huancavelica y Apurimac,registran también los mayores índices de pobreza y desnutrición infantil.

Por ello, para el economista Juan Diego Calisto de CooperAcción, hay más de un indicio que esta actividad extractiva no ha resultado ser beneficiosa para impulsar el desarrollo de las regiones donde cuenta con mayor presencia.

El Ministerio de Energía y Minas, a través de su Boletín Estadístico de Minería, informó que la inversión minera sumó un total de US$ 4,329 millones entre enero y julio del 2012. Dicho monto se viene incrementando en los últimos años. Contrariamente a lo que algunos anuncian como la disminución de la inversión por los conflictos sociales, como el de Conga, el panorama se aclara: la inversión minera continúa creciendo.

En el 2010, la minería aportó el 5.25 del PBI nacional, a diciembre del 2011 representa 24% de la inversión extranjera y el 60% de las exportaciones, en el 2011 su participación respecto al total de tributos es de 17,5%, y si nos focalizamos en el Impuesto a la Renta, fue de 33,3%. El total de trabajadores ocupados en minería, tanto de los titulares mineros, como contratistas, representa aproximadamente el 1% de la Población Económicamente Activa (PEA) nacional.

"Algunos ven la promoción de la minería responsable como un atajo para obtener recursos a fin de alcanzar las inversiones necesarias para invertir en educación e infraestructura, y por lo tanto romper el círculo vicioso”, explicó Calisto.

Según el documento «Desnutrición crónica infantil cero en 2016» los departamentos mineros encabezan el ranking de desnutrición crónica infantil en el Perú, resaltando:Huancavelica (46,4%), Cajamarca (29,9%), Huánuco (28,8%), Apurímac (31,3 %) y Ayacucho (28,1 %).

Huancavelica tiene casi el 50% de su territorio concesionado a la minería (40.34%) y es uno de los departamentos con la tasa de pobreza más alta con el 77.2% y donde la cobertura al seguro de salud, según el INEI, no alcanza ni a la mitad de la población (47.6%). Le sigue Cajamarca con el 44.37% de su territorio concesionado y donde aún el 17,1% de su población es analfabeta y sólo el 36,7% de las viviendas está conectada a una red pública de agua dentro de la vivienda.

El 36.1% de Ancash está concesionado, tiene una tasa de analfabetismo del 17,9%. En Apurímac, que tiene el 54.44% de su territorio concesionado, el 70.3% de la población es pobre. Ayacucho tiene el 16,8% de su población sin ningún nivel educativo y la tasa de analfabetismo es de 17,9%, siendo el porcentaje del territorio concesionado de 26.2%.

"El argumento más usado para justificar esta realidad es la ineficiencia de los gobiernos locales. Sin embargo, hasta el 31 de octubre de este año, el gobierno nacional ejecutó sólo el 66.9%, los gobiernos locales, el 56.1% y los gobiernos regionales, el 66.7%. Al 26 de octubre de este año el Ministerio de la Producción ha ejecutado el 52.97% de su presupuesto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo el 63.71%. El Ministerio del Interior espera para fin de año ejecutar tan solo el 55% del presupuesto de inversión. Vemos entonces que la ineficiencia es un problema nacional, y que empieza por el gobierno central”, agrega Calisto. Caída de los precios de metales

Se ha mencionado que la minería invertirá $ 2,000 millones menos de lo proyectado para el 2013, cifra que representa un 33% menos de lo proyectado. Las causas que se mencionaron fueron los conflictos sociales, pero se está obviando las razones reales de este decrecimiento, como la caída en los precios de los metales de los últimos meses (con excepción del oro). Otra razón es el contexto incierto y de crisis que se vive en grandes economías, como la china, estadounidense o la Zona Euro.

Para entender mejor el panorama, podemos mirar el caso australiano, que se encuentra entre los cinco más grandes productores mineros del mundo. Las postergaciones o cancelaciones de proyectos mineros que se dan en Australia, donde se han aplazado proyectos como la expansión de la mina de cobre Olympic Dam –que pertenece a BHP Billiton– son un indicio. Esta empresa reportó una caída de un 35% en sus ganancias de la segunda mitad del año fiscal, explicada en gran parte por la desaceleración del crecimiento en la economía china. BHP reportó su primera caída anual de ganancias en tres años debido a crecientes costos, y a un declive en los precios de las materias primas.

"El ejemplo australiano nos puede servir de guía para considerar al mencionado retraso de las inversiones como un efecto que se origina por varias causas: la caída de los precios de los metales, la desaceleración de China, el alto desempleo de EEUU(más de 8%), la crisis de la Zona Euro. Si bien los conflictos sociales pueden influir, no son la principal razón. Es necesario considerar las diversas causas, y no reducirlas a una sola”, finaliza.

Reformas pendientes

Y dado que el debate en torno a las industrias extractivas se suele dar alrededor de indicadores económicos, es necesario considerar los costos que ocasionan las actividades mineras en el ambiente. En el estudio de Herrera y Millones (2011), se calculó el costo económico de la contaminación ambiental minera sobre los recursos hídricos, que reporta US$ 814,7 millones en el 2008, y US$448,8 millones en el 2009.

"El Estado debe encarar las reformas pendientes en políticas públicas, que permitan un control eficiente sobre las actividades extractivas, de modo que se proteja el ambiente y se vele por la calidad de vida de las personas. Los gobiernos regionales y locales, por su parte, deben de gestionar sus recursos, promoviendo el desarrollo con una estrategia integral, que aborde educación –básica y superior–, desarrollo productivo, salud y ejercicio de derechos”, dice Calisto.

Si vemos el porcentaje de población que emplea la minería, este nos remite a un 1% de la PEA. Y por otro lado, no ha demostrado promover el desarrollo humano en los departamentos donde opera –los resultados indican lo contrario–, y no suele considerar el costo económico de la contaminación ambiental, que no es nada despreciable.

En ese orden de ideas, El Comercio, publica: Un “recuerdo desastroso” que han dejado muchas empresas mineras se ve en los miles de pasivos ambientales mineros que ha identificado la Autoridad Nacional del Agua (ANA). Su directora de Gestión de Calidad de Recursos Hídricos, Betty Chung Tong, dio cuenta de que el problema se presenta en la cuenca del río Santa, en la región Ancash, con 1.500 pasivos mineros; en la región Cajamarca hay 1.200 pasivos mineros; en la cuenca del Vilcanota son menos, pero existen, tanto como en el Rímac y el Mantaro, entre otros.En declaraciones al corresponsal de EL Comercio, Ralph Zapata, ella informó del terrible panorama:“Todos nuestros ríos están contaminados por pasivos ambientales mineros. La otra fuente de contaminación de nuestros ríos son las aguas residuales, pues no hay un tratamiento de esta agua”. En ese sentido, se refirió a la falta de conciencia ambiental tanto de la gente, como de las empresas industriales. Y además,“el Estado no ha destinado los recursos necesarios para combatir este problema”.Chung Tong se encuentra justamente en Cusco para anunciar el inicio, desde hoy, del monitoreo de la calidad del agua de la cuenca Vilcanota-Urubamba. “Será un monitoreo participativo, con organismos regionales y locales. La idea es obtener información de la calidad del agua y cuáles son los agentes contaminantes: coliformes fecales, metales pesados o nutrientes agrícolas. Hemos detectado, previamente, 139 fuentes contaminantes de aguas residuales domésticas e industriales que se vierten al río sin ningún tratamiento”, señaló al respecto.