En términos sencillos, y respondiendo a una inquietud frecuente de mis discípulos de la región
andina, conviene precisar que El Niño no debe entenderse únicamente como una lluvia intensa o una emergencia temporal,
sino como un fenómeno climático complejo que forma parte de la dinámica natural
del océano Pacífico y de la atmósfera.
Cuando se habla de “El Niño” en sentido
general, se hace referencia al proceso climático recurrente asociado al
calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, capaz de alterar
lluvias, temperaturas, sequías, actividades productivas y ecosistemas en varios
países de América del Sur, especialmente en Perú y Ecuador.
En cambio, cuando
ese fenómeno se presenta en un periodo determinado y con características
concretas, los especialistas suelen hablar de un evento El Niño, como ocurrió
en 1982-1983, 1997-1998 o durante el Niño Costero de 2017.
Esta diferencia
puede parecer trivialmente académica, no obstante ayuda a comprender mejor por qué la minería, la
agricultura, la pesca, el turismo y la infraestructura andina reaccionan de manera distinta
frente a cada episodio.
No todos los eventos tienen la misma intensidad ni
generan iguales consecuencias. Algunos producen lluvias extraordinarias e
inundaciones en la costa peruana y ecuatoriana; otros alteran la disponibilidad
hídrica, afectan carreteras, incrementan la erosión o modifican la
productividad pesquera asociada a la corriente de Humboldt.
Por ello, entender
a El Niño como fenómeno y a cada ocurrencia específica como evento permite
analizar con mayor rigor técnico los impactos económicos, sociales y
ambientales que periódicamente enfrenta la Comunidad Andina.
Asi, el fenómeno El
Niño suele ser presentado en el Perú como un evento estrictamente climático,
una anomalía del océano que, de manera casi inexorable, desencadena lluvias,
inundaciones y pérdidas económicas.
Sin embargo, esta explicación resulta
insuficiente para entender la magnitud real de sus impactos. La recurrente experiencia demuestra que los efectos del Niño no dependen únicamente de la
temperatura del mar, sino de una red más compleja donde interactúan el
clima, la estructura económica y, de manera decisiva, la calidad de la
gobernanza.
En ese contexto, el escenario que en el lapso 2026-2027 se perfila como una eventual posibilidad de acople entre el Niño global y el Niño costero, obliga
a replantear el análisis desde una perspectiva preventiva más integral.
El
Perú se encuentra en una posición particularmente sensible frente a este
fenómeno. A diferencia de otros países, su costa está directamente expuesta al
calentamiento de la región Niño 1+2, lo que hace que los eventos costeros
tengan efectos inmediatos sobre el territorio. Pero cuando este calentamiento
se sincroniza con un Niño global en la región 3.4, el fenómeno adquiere una
dimensión distinta, reforzándose la interacción entre océano y atmósfera, se
prolonga la duración del evento y se intensifican las precipitaciones.
En consecuencia, no se
trata de una suma de efectos, sino de un proceso de amplificación.
El
antecedente del año 2017 resulta ilustrativo, pues a pesar de no haber estado plenamente
acoplado a un Niño global fuerte, el Niño costero generó daños equivalentes a
más de 1.6% del PBI peruano.
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| Evento registrado por la NASA en El Niño del año 2017 |
Eventual escenario de acoplamiento y en medio de una crisis política
¿Qué
ocurriría si un evento de esa naturaleza se produjera en condiciones de
acoplamiento pleno y en el contexto político que viene atravesando el país?.
Para responder a
esta interrogante es necesario abandonar la idea de que el impacto económico
del Niño es solo una función directa de su intensidad climática.
En estricto, el
efecto final puede entenderse mejor como el resultado de una interacción entre
tres factores: la magnitud del evento, el nivel de exposición de la economía y
la capacidad del Estado para gestionar el riesgo.
Estos elementos no actúan de
manera independiente; se potencian entre sí. Así, un evento climático de
similar intensidad puede generar consecuencias radicalmente distintas
dependiendo de la calidad institucional del país que lo enfrenta. En el caso
peruano, esta variable adquiere una relevancia crítica. La fragilidad política
que ha caracterizado al Perú en los últimos años introduce un factor de
vulnerabilidad adicional. La alta rotación de autoridades, la fragmentación del
sistema político, la debilidad en la ejecución del gasto público y la persistente
descoordinación entre niveles de gobierno configuran un escenario en el cual la
capacidad de respuesta del Estado se ve seriamente limitada.
En estas
condiciones, los problemas no se originan únicamente en la naturaleza, sino en
la forma de acción o inacción en que el aparato público reacciona frente a
ella. Las obras de prevención se postergan, la planificación pierde continuidad
y la respuesta tiende a ser reactiva antes que preventiva. El resultado es
que el daño económico no solo ocurre, sino que se amplifica.
Es en este punto
donde el análisis del sector minero suele verse distorsionado por percepciones
simplificadas. Existe una narrativa extendida que tiende a asociar la minería
con la vulnerabilidad frente a eventos climáticos, cuando en realidad su rol es
mucho más ambivalente y depende del contexto en el que opera.
En un entorno de
gobernanza relativamente funcional, la minería puede desempeñar un papel
estabilizador, toda vez que sostiene las exportaciones, genera divisas, contribuye a la
recaudación fiscal y ayuda a mantener la estabilidad macroeconómica en momentos
de crisis. Bajo estas condiciones, lejos de agravar el problema, actúa como un
amortiguador frente al shock.
No obstante, cuando el mismo fenómeno ocurre en
un contexto de debilidad institucional y, además, bajo un escenario de
acoplamiento climático, la situación cambia de manera sustancial. Las
interrupciones en la infraestructura logística, la paralización de operaciones
por eventos extremos, la deficiente gestión de conflictos sociales y la
limitada capacidad de supervisión ambiental pueden convertir a la minería en un
canal adicional de transmisión del impacto económico.
En este caso, no es la
actividad minera en sí la que genera el problema, sino la incapacidad del
entorno institucional para sostener su funcionamiento en condiciones adversas.De este modo, la minería deja de ser un amortiguador y pasa a formar parte del
mecanismo de propagación del shock.
Este análisis adquiere una dimensión aún
mayor cuando se observa desde la perspectiva de la Comunidad Andina. Aunque los
países de la región comparten ciertos rasgos estructurales, sus niveles de
exposición climática, dependencia económica y calidad institucional varían
significativamente.
El Perú destaca por la combinación de alta exposición al
Niño costero, fuerte dependencia de la minería y una marcada inestabilidad
política, lo que lo convierte en el país más vulnerable ante un escenario de
acoplamiento.
Ecuador enfrenta riesgos climáticos similares, aunque con menor
capacidad de amortiguación económica, mientras que Colombia y Bolivia presentan
dinámicas distintas, con impactos más asociados a variaciones hidrológicas o a
debilidades institucionales específicas.
Esta heterogeneidad no elimina, sin
embargo, la necesidad de una respuesta coordinada. Por el contrario, refuerza
la idea de que el Fenómeno El Niño debe ser abordado como un riesgo sistémico
regional. En este contexto, instancias como el Parlamento Andino adquieren una
relevancia particular, no solo como espacios de deliberación política, sino
como plataformas para impulsar estrategias conjuntas en materia de prevención,
infraestructura resiliente y estabilidad económica frente a shocks climáticos.
La articulación de sistemas de alerta temprana, la coordinación de políticas
públicas y el fortalecimiento institucional a nivel regional podrían marcar una
diferencia sustantiva en la forma en que estos eventos son enfrentados en el
futuro.
El dato
►El Fenómeno El Niño no puede seguir
siendo interpretado únicamente como un evento natural. En el Perú, su impacto
es también el reflejo de las condiciones políticas e institucionales del país.
►Cuando un evento climático de gran magnitud se encuentra con un Estado débil,
sus efectos se potencian y pueden traducirse en pérdidas económicas que
comprometen varios puntos del producto interno bruto. Para el caso peruano, se aproximaron a veinte por ciento de su PBI en tres eventos estimados para los años : 1982-1983 (11,6 %) ;1997-1998 (6,2 %) y 2017 (1,6 %).
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| Tres eventos extremos de El Niño 82/83;97/98 y 16/17 comprometieron aprox 20% del PBI peruano |
►Resulta prioritario avanzar hacia una comprensión más realista de los desafíos que enfrenta el Perú y la región andina en un contexto de creciente incertidumbre climática y fragilidad política.
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| TSM/Datos procesados por el IGP-Mayo 2026 |
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| TSM/Datos procesados por IMARPE-Abril 2026 |
