El actual gobierno nacional peruano, tras sentir los impactos de la ralentización económica, aplica esfuerzos legales para dar facilidades a
los inversionistas en sectores públicos y privados; con la finalidad de impulsar nuevamente la economía.
En este contexto se dictó el Decreto Supremo N°001-2015-PCM en el que creó
un Grupo de Trabajo Multisectorial, que se encargará de estimular los proyectos
de inversión pública en saneamiento en Lima y Callao, haciendo que su
declaratoria de viabilidad se otorgue con la aprobación del estudio de pre inversión a nivel de perfil, responsabilidad adscrita al Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
De otro lado, con el Decreto Supremo 001-2015-MINEM publicado por el Ministerio de Energía y
Minas, busca acelerar los procedimientos para otorgamiento de
concesiones y permisos de exploración y explotación minera, para ello ha
planteado que la decisión sobre el uso de las tierras comunales se realice sólo
a nivel de la Directiva Comunal y se deje de lado a la Asamblea Comunal.
Similares iniciativas legales se produjeron en el año 2013 como en el caso del polémico Decreto Supremo 054-2013-PCM, el mismo _ que según algunos _ atentaba contra el patrimonio arqueológico del país.
Sobre este último Decreto Supremo, recientemente la Corte Superior de Justicia de Lima lo declaró inconstitucional ante una demanda de acción popular a mérito de convertir de negativo en positivo el
silencio administrativo cuando un inversionista solicite el Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueológicos.
