El Directorio y registros de las compañias mineras en Perú, así como de personas naturales con derechos mineros (al 02 de Agosto del 2011) está conformado por once mil ciento setenta y tres (11,173) participantes.
La cifra precitada constituiría uno de los indicadores de línea base para medir el impacto de las medidas que estaría aplicando la nueva administración del gobierno que entrara en funciones a partir del 28 de julio del año próximo pasado.
Los efectos de consideraciones normativas que involucran a la ley de consulta previa y su reglamentación, así como la posible creación de un fondo de garantía a las nuevas inversiones mineras para enfrentar deterioros del medio ambiente y la eventual conformación de una autoridad que permita la fiscalización adecuada de los estudios de impacto ambiental (EIA), serían mensuradas.
En relación a la entidad que se encargue del seguimiento, control y fiscalización de los EIA estaría adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros e involucraría a diversas instituciones que actualmente se encuentran en funciones como parte de diversos portafolios: Ministerio de Energía y Minas (Oficina de Estudios de Impacto Ambiental - OEIA), Ministerio de Agricultura (Autoridad Nacional del Agua - ANA) y el Ministerio del Ambiente (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA).
De esta manera se estaría haciendo frente a la escalada de conflictos sociales que amenazan proyectos mineros formales estimados por cerca de US$50.000 millones para la próxima década en Perú.
Quedaría en agenda pendiente , el tratamiento de la minería informal e ilegal a nivel de las diversas cuencas hidrográficas del territorio peruano, allí donde los gobiernos regionales tienen especial importancia.
