jueves, 18 de diciembre de 2014

Proceso judicial sobre terrenos mineros_Yanacocha_Conga

La Sala Penal de Apelaciones de Cajamarca absolvió a la campesina Máxima Acuña Atalaya del cargo de usurpación de terrenos interpuesto por la minera Yanacocha.
En consecuencia, Acuña no será desalojada de sus terrenos ubicados cerca del área de influencia del proyecto minero Conga.
La sentencia, que declara inocentes a Acuña y su familia, revierte la condena de dos años y ocho meses de prisión condicional y al pago de S/. 5 500 a favor de Yanacocha, interpuesta inicialmente contra los acusados tras la acusación de la transnacional.
Acuña litigó varios años en el Poder Judicial y soportó varios intentos de desalojo.
Ante ello, los abogados de la empresa Yanacocha señalaron que presentarán un recurso de casación, por el cual no se cuestionan los hechos materia de discusión en el proceso, sino si se ha realizado una interpretación indebida de la ley.
Seguidamente, se presenta las declaraciones del gerente de Asuntos Legales de Yanacocha, tras lectura de sentencia en Cajamarca.
Estamos presentando un recurso de casación contra la sentencia dictada que absuelve a la familia Chaupe, porque consideramos que en el proceso obran pruebas contundentes que demuestran que Yanacocha es legítima propietaria y posesionaria de los terrenos en litigio”, informó Wilby Cáceres, gerente de Asuntos Legales de Yanacocha, tras la lectura de sentencia realizada en Cajamarca sobre el litigio de tierras que viene sosteniendo con la familia Chaupe.
Cáceres indicó que este caso aún no ha terminado y que será resuelto en la Corte Suprema. “La sentencia de hoy es solo un paso más dentro del proceso que venimos siguiendo y en el que ya ha habido dos sentencias anteriores que dieron la razón a la empresa. No compartimos lo resuelto por la Sala Penal, por lo que recurriremos a la Corte Suprema, la que resolverá en última instancia este caso”, agregó.
El funcionario de Yanacocha afirmó además que “La Sala Penal de Cajamarca no ha declarado ningún derecho a favor de la familia Chaupe, e inclusive ha reconocido el derecho de nuestra empresa a recurrir a otras instancias no penales, de considerarlo necesario”.
“Nos reafirmamos en nuestro respeto por las autoridades, así como por los derechos humanos de todos los involucrados, y reiteramos nuestra posición dialogante siempre dentro del marco de la ley.Como cajamarquinos, es nuestra obligación ser parte de las soluciones y no de los problemas que aquejan a la región”, finalizó Cáceres.