domingo, 28 de octubre de 2012

Leyes, derecho & competitividad

El último reporte Doing Business 2013 del Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional (IFC), que evalúa la facilidad para hacer negocios en 185 países del mundo, muestra que Perú retrocedió del puesto 41 al 43. Este informe no sorprende pues en el reporte del año pasado, el Perú también bajó dos puestos de un año al otro, del 39 al 41.En 2 años consecutivos Perú bajó competitivamente 4 puestos, del 39 al 43.
Los dos indicadores que más impactan negativamente en la caida, están relacionados con el desempeño del Poder Judicial. En el último reporte del Doing Business 2013, se hundió aún más, del puesto 106 al 115 en la evaluación sobre el cumplimiento de contratos, que mide el costo, en dinero y días, de realizar un litigio comercial. Asimismo, pasó del 100 al 106 en el indicador que califica el procedimiento para proceder con la liquidación y reorganización de una empresa.
En suma, la agenda pendiente de la administración del estado peruano pasa necesariamente por el cumplimiento de las leyes_vistas estas como instrumento del derecho para producir justicia_ que el Poder Judicial en coordinación con el Ejecutivo peruano deben resolver, para no continuar afectando el crecimiento y desarrollo sostenido del país.
En este contexto, algunas autoridades peruanas no debieran limitar el derecho al libre mercado  bajo pretexto de regular "monopolios naturales", aplicando leyes en zonas urbanas y soslayando las mismas en "islas" del territorio nacional, donde son inaplicables las leyes , o dicho de otra manera, son aplicables discrecionalmente en favor de grupos de interés y no de las grandes mayorias nacionales, pues tienen actualmente diferente interpretación del derecho en un país supuestamente unitario como es el caso de la república peruana. 
Un extremo de lo expuesto_relacionado con el sector minero_se toca en el prestigioso diario El Comercio en los siguientes términos:
"El secuestro por parte de la comunidad awajun de Supayacu (ceja de selva de Cajamarca) de tres geólogos del Ingemmet y seis miembros de la comunidad vecina de Los Naranjos, con posterior azotada con látigos y ortigas y encierro incomunicado de cuatro días, terminó como era de esperarse. Es decir, con el viaje de una comisión integrada por varios representantes estatales para negociar con los awajun el fin de la “retención” y firmar un acta, comprometiéndose a que no habría denuncia alguna contra los comuneros de Supayacu.
Para ser justos, sin embargo, hay que reconocer que no se cedió en todo frente a la violencia awajun. El Estado no aceptó la exigencia de la comunidad de que le entregase, a cambio de los técnicos del Ingemmet, a las personas con que los comuneros los confundieron al secuestrarlos: a trabajadores de una empresa minera que tiene un proyecto en la zona al que se opone la comunidad de Supayacu. Según parece, más que un error ético, los awajun consideraban que habían cometido un error de puntería con su secuestro y querían que el Estado los ayudase a corregirlo.
Naturalmente, el asunto fue tratado así –como una “protesta social” que debía terminar en una “comisión de diálogo” y un “acta”, en lugar de como “un secuestro agravado” que tendría que haber acabado en “detenciones” y “prisión”– porque quienes lo protagonizaron fueron miembros de una comunidad nativa enfrentados con una minera (a la que acusan de haber dañado ambientalmente su territorio, pese a que esta ni siquiera ha empezado la etapa de exploración). Si la cosa hubiese sido al revés, si, digamos, un grupo de mineros hubiese secuestrado a alguien, con la excusa que fuese, los hubieran sacado de ahí al primer día, esposados y en helicóptero, rumbo a sus procesos penales en Lima.
Es cierto que se dan argumentos para este trato diferenciado. El problema es que son malos. Así, para el caso de las comunidades nativas como los awajun, se suele hablar de “cosmovisiones” diferentes. El gobernador del distrito donde queda Supayacu, por ejemplo, ha dicho que a los técnicos de Ingemmet los awajun “solo les han aplicado la justicia indígena”.
Pues bien, si la “cosmovisión” de cada uno va a determinar lo que puede hacerle a los demás, deben considerarse afortunados los geólogos del Ingemmet de que los awajun ya no practiquen la reducción de las cabezas de sus enemigos (que durante siglos fue parte muy importante de sus tradiciones). Con el mismo argumento, por otro lado, la comunidad de Los Naranjos, que también está formada por awajun y que sí apoya al proyecto minero, debiera tener ahora rienda suelta para, siguiendo ancestrales costumbres awajun, castigar guerreramente a sus vecinos de Supayacu.
Sí es un argumento mejor el que sostiene que estas comunidades viven aisladas en lugares donde la presencia del Estado ( peruano) es precaria o nula, por lo que a diferencia, digamos, de los mineros de los que hablamos en nuestro ejemplo de arriba, no tienen muchos caminos para hacerse oír (lo que, por cierto, es uno de los motivos por lo que nosotros proponemos una reforma electoral que nos lleve a distritos pequeños y uninominales). Pero no se entiende cómo eso vuelve válido que uno se abra nuevos caminos para defender sus derechos construyendo por encima de los de los demás –por ejemplo, secuestrando y torturando–.
Por lo demás, el argumento anterior es cada vez más relativo: en nuestro siglo de oenegés especializadas en el tema y generosamente financiadas desde el Primer Mundo, de libertad de expresión y de una opinión pública con creciente conciencia social, más de una comunidad aislada le ha ganado la batalla en el Perú (aun muchas veces sin tener la razón de su lado) a una multinacional o grupo económico poderoso.
La cruda realidad, en fin, es que en nuestro país el Estado no juzga a las personas según sus actos sino según su identidad, lo que no es más que otra manera de decir que no hay justicia. Los awajun se han librado como si nada de lo que han hecho porque son awajun, de la exacta misma manera en la que quienes abalearon policías y atacaron locales públicos en Celendín (Cajamarca)  y Espinar (Cusco) han quedado impunes en su enorme mayoría porque eran campesinos. Así, haciéndose el de la vista gorda, el Estado cree estar revirtiendo innegables injusticias históricas, cuando en realidad solo va logrando repetirlas al revés y distorsionar, en el camino, el comportamiento de todos: tanto de los que saben que ante cualquier conflicto se les presumirá culpables (y que, en consecuencia, por ejemplo, invierten menos de lo que podrían) como de los que cuentan con que se les presumirá víctimas (y que, como resultado, se sienten mucho más libres de abusar, teniendo o no una causa legítima detrás).
Sería bueno que no nos demoremos más en entenderlo: o la ley es igual para todos, o no habrá justicia – ni desarrollo real– para nadie".