Como ocurre actualmente en otros países de la región de las Américas, en Perú se empieza a sentir los efectos ocasionados por las protestas ambientales en contra la minería formal.
El retraso en el cronograma de nuevas inversiones en el sector minero constituye un indicador que no solamente obedece a una reducción de los precios internacionales de los minerales sino que fundamentalmente recoge la demora de los permisos para proyectos nuevos ante la presión ejercida por la población asentada en las zonas de influencia minera.
Las movilizaciones para proteger sus recurso naturales en tanto no visualicen la forma de cómo participarán en la "distribución de la bonanza económica", representa en buena parte el origen del impase subsistente en este extremo del tema minero.
La externalidades generadas impactan sobre el nivel de producción de algunos de sus minerales de "exportación bandera", como es en el caso de la plata y el cobre, sin perjuicio de la producción del oro que también se ve afectada.
En suma, el efecto dominó impactará sobre las expectativas de los ingresos del Estado por conceptos tributarios de impuestos atribuidos al sector minero.
El sector privado y los inversionistas están haciendo su parte, pues las inversiones en minería para el 2012 alcanzaron US $ 8,549 millones , que representa un incremento de dieciocho por ciento respecto al año 2011; pese a los conflictos sociales acontecidos en ese lapso.
El Ejecutivo _a través del sector público peruano_ tiene la palabra, ya que las últimas modificaciones en la legislación laboral y la intensificación de los conflictos sociales son eventos concurrentes a las trabas burocráticas que finalmente afectan a la competitividad del país trascendiendo a otros sectores colaterales de la dimensión minera.
