En el Perú, cuando hablamos de minería, la asociamos a dos
cosas: riqueza y conflictos sociales. En los últimos seis años, hemos sido más
sensibles a los conflictos sociales ante la presencia de la industria minera.
Estos han desembocado, en muchas ocasiones, en violencia por parte de las
fuerzas del orden y de la comunidad afectada.
Algunos ven a la minería como una vía para el desarrollo y
como actividad responsable en gran parte de la dinamización de la economía;
otros como la principal protagonista de la destrucción del medio ambiente. La
industria minera representa cerca del 11% del Producto Bruto Interno (PBI).
Asimismo, según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP),
el crecimiento del PBI se estima en 3.9%, 5.3% y 5.8% para el 2015, 2016 y
2017, respectivamente; se sustenta principalmente en el incremento de la
inversión minera, que, se prevé, aumente en 11.9% en el 2015 y 17.8% en el
2016.
LAS CIFRAS HABLAN
Según el último informe elaborado por el Instituto Peruano
de Economía (IPE), como resultado del retraso de los proyectos mineros en el
país, durante el periodo 2008-2010 la economía dejó de crecer 2.9 puntos
porcentuales, mientras que entre el 2011 y el 2014 se perdieron 13.4 puntos
porcentuales de crecimiento.
Del total de proyectos mineros para ser desarrollados del
2008 al 2014, el 22.8% fueron ejecutados, el 36.2% de los proyectos aún se
encuentran en plazo de ejecución, el 8.7% han sufrido demoras por factores
internos (propios de las empresas) y el 32.3% (15 proyectos) han sido
paralizados o retrasados por conflictos sociales y trabas burocráticas.
El estudio toma solo este último grupo y lo analiza en el
periodo descrito.
Así, la inversión que el país dejó de percibir en los
últimos siete años es de 21,515 millones de dólares, mientras que la producción
perdida en dicho periodo fue de 24,640 millones de dólares.
Si consideramos ambos montos y se suma el impacto en el
resto de la economía (US$21,048 millones), el Perú perdió 67,203 millones de dólares.
A MANERA DE EJEMPLO
En 2014, si los proyectos mineros se hubiesen ejecutado de
acuerdo con el plan inicialmente trazado, el PBI habría crecido 6.8% en lugar
del magro 2.4%. La minería habría permitido generar más puestos de trabajo,
incrementar la recaudación de impuestos y reducir la pobreza a pesar de la
desaceleración internacional (el menor crecimiento de China, la crisis de
Europa y el estancamiento de Estados Unidos).
OPINIONES
Roque Benavides, presidente del directorio de la minera
Buenaventura, señala que, en los últimos cuatro o cinco años, han puesto en
producción La Zanja y Tantahuatay en Cajamarca; Mallay, muy cerca de Lima, en
Churín; la planta procesadora de Río Seco y la hidroeléctrica de Huanta.
Benavides enfatiza en que “hay proyectos que se han podido
realizar, pero obviamente Conga, Tía María y Santa Ana han hecho primeras
planas. Nuestros proyectos no han hecho primeras planas y venimos trabajando,
operando y produciendo, con dificultades, pero hemos logrado seguir adelante,
así que tenemos que ver las cosas con cierto optimismo. Quisiéramos tener mucho
más respaldo, pero eso no nos va a vencer, vamos a seguir operando; tenemos una
responsabilidad muy grande. En nuestro caso, son 12,000 personas que trabajan
en la empresa. Mucha gente no es consciente de la cantidad de personal que
puede tener una compañía minera, sobre todo en zonas rurales alto andinas
descentralizadas de nuestro país”.
Rodrigo Prialé, gerente general de Gerens, reporta que,
mientras en el 2007 el Perú tenía una participación de 5.6% en la minería
mundial, actualmente solo bordea el 4%. Así, para Prialé, “la preponderancia
del Perú en la industria minera mundial ha caído como consecuencia de un
crecimiento interno de la industria mucho más lento”.
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| Cartera de proyectos y conflictos socioambientales_ Mayo_2015 |
LOS CONFLICTOS SOCIALES
Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a la
fecha existen 95 conflictos socioambientales en el sector minero. La mayoría se
concentra en la sierra sur (Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Apurímac y
Junín).
Kurt Burneo, economista y vicerrector de Investigación de la
Universidad San Ignacio de Loyola, remarca que hoy ve el caso de Tía María como
una reproducción del conflicto de Conga, que vivió cuando estaba en el
gabinete. Al respecto, comenta que “muchas veces las empresas mineras no toman
una parte muy activa a la hora de buscar la legitimidad social entre las
comunidades. Además, la lógica del Gobierno Nacional muchas veces va en contra
de la lógica del gobierno regional o municipal, sencillamente porque a veces el
gobierno local hace demasiado cálculo político a la hora de tomar el liderazgo
para poder explicar a la población los beneficios que tiene la actividad minera
y deja aislado al Gobierno Nacional. En ese sentido, en Tía María y Conga había
gobiernos regionales contrarios al desarrollo del proyecto. Las relaciones no
solo son de no colaboración, sino de oposición. Pero, en ambos casos, otro
elemento común que encuentro es que las empresas mineras no desarrollaron una
parte proactiva que creo que les correspondía”.
De otro lado, Carlos Arredondo, alcalde provincial de
Yauli-La Oroya, afirma: “Es paradójico que, mientras en proyectos como Conga
(Cajamarca) o Tía María (Arequipa) la población rechaza la presencia de la
minera, en La Oroya la población se moviliza exigiéndole al Estado que existan
la minería y la metalurgia. Considero que la minería es la principal y única
fuente económica de toda la población. Dependemos del funcionamiento del
complejo metalúrgico, pues este genera el dinamismo de diversos sectores”.
ALGUNAS REFLEXIONES
La postergación de los proyectos mineros de mediana o gran
envergadura tiene un impacto en la economía del país y generalmente sobre el
bienestar de todos los peruanos; eso es absolutamente incuestionable,indica
Rodrigo Prialé.
Raúl Jacobs, vicepresidente del Comité Sectorial Minero de
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), señala: “Estamos
dejando de generar puestos de trabajo bien remunerados que resultan de gran
importancia en las zonas donde se encuentran los proyectos, que usualmente
coinciden con zonas alejadas de los grandes centros urbanos o zonas de ingresos
deprimidos”.
Roque Benavides hace una autocrítica e indica: “Las empresas
tenemos que aprender a integrarnos con la comunidad muchísimo más. Tenemos que
aprender su cultura, su idioma. Uno va a la casa de una persona que lo invita y
habla en el idioma de la persona. Yo creo que hay un tema cultural, lingüístico
y de tradiciones que hay que respetar. Ciertamente, nos preocupamos de esos
aspectos, que podrían ser considerados blandos, pero que son duros en el fondo.
Hay que valorizar la cultura y el idioma con los que tenemos que tratar”.
Para Kurt Burneo, el Perú es un país minero y eso es algo
que no se puede obviar. Además, indica: “Es un absurdo decir no a la minería,
pero se entiende que estamos hablando de una actividad minera que sea
respetuosa del medio ambiente, que tenga un derrotero claro cuando se abordan
yacimientos mineros, con perspectivas de las actividades económicas que tienen
las comunidades que se encuentran alrededor del yacimiento minero y como se
practica en otros países, como Canadá o Australia, donde, de la mano de la
minería, se pueden desarrollar otras actividades económicas”.
EXPECTATIVAS
Carlos Arredondo espera que un nuevo gobierno pueda tener
mejores políticas en cuanto a medio ambiente y actividad minera para que, sobre
todo, haga un trabajo de sensibilización a las comunidades, a las poblaciones
donde hay presencia minera. El alcalde remarca: “Esto le faltó hacer al
gobierno actual en las zonas sur y norte del país. En La Oroya lo que falta es
comunicación. Al gobierno le faltan mecanismos para poder impulsar proyectos
mineros importantes en el país”.
Roque Benavides señala que espera que el próximo gobierno
evalúe la eficiencia de la denominada “permisología”, que en muchos casos ha
sido un proceso que ha trabado el desarrollo de operaciones sencillas como
también de ampliaciones.
Kurt Burneo destaca, como parte de su experiencia en el
Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), “la necesidad de diferenciar las
demandas de las poblaciones afectadas por el desarrollo de la actividad minera.
Así, cuando se soslaya la diferencia de agendas y se trata de aplicar un mismo
molde, se entra en problemas. En el caso de Tía María, faltó una mejor evaluación
de cuáles son las actividades importantes, cuál es el nivel de ingreso de la
población involucrada”.
Prialé enfatiza que la minería es un importante generador de
divisas, pero se deben buscar otros sectores que de manera paulatina aporten al
PBI, como ocurre en otros países. Raúl Jacobs manifiesta que el Estado debe
cumplir su rol de asegurar la tranquilidad pública, además de respetar los
derechos de las comunidades y los procedimientos establecidos.
