Como resultado de mi reciente envío sobre minería y protestas sociales en Perú, recibí importantes opiniones tanto del interior como del exterior del país , así como el pedido para explicar en este espacio el ¿Porqué Perú vive en una crisis política sin fin? y para ello, me apoyaré en los hechos que la coyuntura actual percibida por la prensa internacional y con respecto a la acción política y la desobediencia civil, lo descrito en tratado para radicales por Saul Alinsky.
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| Resulta imperativo salir de la crisis política en que se encuentra el país para evitar mayor costo social y económico. |
Billones de dólares en el escenario
Entender la compleja realidad peruana pasa por internalizar los hallazgos de investigaciones como la realizada por Rodolfo Bejarano en "Flujos financieros ilícitos en Perú y su impacto en la garantía de los derechos humanos" donde se precisa que el Perú pierde anualmente el orden de diez billones de dólares como consecuencia de los flujos financieros ilícitos relacionados con actividades de comercio, vale decir, como parte de las prácticas de elusión y evasión fiscal. Este monto equivale al 4.5 % del PBI en el país de los incas.
De otro lado, la actual crisis política en progreso que incluye bloqueos y actos de violencia contra la infraestructura pública y privada, se aproximan en la fecha a un billón de dólares.
Sin embargo, la crisis política en Perú es recurrente y de larga data, lo que acumula los daños materiales y en pérdidas de vidas humanas.
Cronología de los hechos
Continuando con la linea temporal expuesta en análisis por escenarios prospectivos publicada en este espacio en marzo del 2015, contamos desde la administración de Pedro Pablo Kuczynski (28/7/2016 al 233/2018) quien renunció al cargo acusado de sobornos y corrupción. Una hora antes de renunciar firmó cinco decretos supremos que posteriormente fueron derogados, entregando en explotación lotes petroleros.Le sucedió en el cargo Martín Vizcarra (23/3/2018 al 9/11/2020) quien fuera destituido por el Congreso de la República ante su permanente incapacidad moral, la fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Continuó por unos días la administración de Manuel Merino (10/11/2020 al 15/11/2020) quien renunció a la presidencia de la república tras una intensa jornada de protestas que dejó dos muertos, seguidamente asumió el cargo Francisco Sagasti (17/11/2020 al 28/7/2021), al que le siguió José Pedro Castillo (28/7/2021 al 7/12/2022), quien designó cinco gabinetes en el año y medio que duró su gestión antes de ser destituido por el Congreso de la Republica al tratar de disolver el Congreso e intervenir el poder judicial.el ministerio público y al Tribunal Constitucional; hechos por los cuales tras ser declarada su permanente incapacidad moral, pasó a cumplir prisión preventiva por 18 meses hasta el 6 de junio del 2024.
Finalmente, la administración de Dina Ercilia Boluarte (7/12/2022 a la actualidad) que por sucesión constitucional se convirtió en la primera presidenta en la história de la república peruana. En los 53 días que lleva la administración Boluarte se designó dos gabinetes y suman más de medio centenar de muertos tras las protestas sociales.
En este proceso se va entendiendo la inestabilidad política que afecta la gobernabilidad en la joven democracia del país ante una fragil gobernanza exhibida.
Sobre las consideraciones que explicarían las protestas
La población peruana se encuentra altamente sensibilizada por las inconductas funcionales de ciertas autoridades en los tres niveles de gestión del Estado, que en las últimas décadas fueron cuestionadas, algunas de ellas por liderar organizaciones criminales de negocios estatales, siendo investigadas por corrupción. En este escenario convulsionado, se tiene a los ex presidentes Alberto Fujimori (actualmente preso); Ollanta Humala (estuvo 9 meses en prisión) quien tiene un pedido fiscal de 20 años de carcel; Pedro Pablo Kuczynsky (estuvo con 3 años de prisión domiciliaria); Alejandro Toledo ( En curso proceso de extradición desde el año 2019), Alan García (Se suicidó en abril del 2019 cuando era investigado).
No pocos funcionarios públicos de alto nivel en gobiernos regionales y gobiernos locales siguen similares inconductas, tal es el caso de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (estuvo con prisión domiciliaria) para quien el ministerio público pide 29 años de cárcel por presuntamente haber recibido millonarios aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.
Asimismo, la corrupción alcanza a la representación nacional en el Congreso de la república que con escandalosos casos de publico conocimiento se ha ganado a pulso la gran desaprobación por parte de la población , que dicen no sentirse representadas por los sucesivos Congresos .
A todo lo expresado, se le suma la sensación de una lenta actuación del poder judicial y del ministerio público en los casos emblemáticos de corrupción; condiciones integradas a las descritas antes que explicarían en algún modo el descontento acumulado que dan pie a las demandas ciudadanas del periodo.
Sobre las peticiones
La población que inicialmente levantó su voz de protesta desde el sur peruano y escaló a otras partes del país, trasladándose luego a la capital Lima, pide: La renuncia de Dina Boluarte, cierre del congreso, elecciones anticipadas, cambio de constitución y liberación de Pedro Castillo.
La presidenta Boluarte indicó que no renunciará y brindó hoy en un mensaje a la Nación para que se apruebe en el Congreso el adelanto de elecciones al 2023. Anunció, que de no prosperar este pedido, el ejecutivo presentará dos iniciativas: la primera para que las elecciones se realicen en octubre y la segunda busca la reforma de la constitución.
Respecto a la inversión minera
El sector minero, y en especial la gran minería en Perú se encuentra bajo ataque cada vez que una determinada colectividad protesta contra una administración del Estado peruano, es decir, se trata de acciones recurrentes que utilizan los agitadores para una acción directa no violenta, con el añadido que en algunas oportunidades como es en la presente coyuntura, existe la violencia. La toma de carreteras y vias de acceso a las labores mineras , cortan el suministro logístico a la unidades mineras, impidiendo el normal funcionamiento de la industria extractiva.
La inversión total de la actividad minera en el Perú para el periodo 2006-2021 , fue de 76 billones de dólares, lo que la convierte en potencial blanco de eventuales ataques que pretenden desestabilizar a la economía del país.
A modo de ejemplo del estado de situación crítica que viene pasando el sector minero, expuesta con la detención temporal de operaciones en Antapaccay - Glencore, se le une el caso de las bambas que inicia una desaceleración progresiva de sus operaciones y pararía por completo el primero de febrero del 2023, incrementando los daños causados por la actual crisis política en el país.
