Reapertura de caso emblemático sobre remediación ambiental minera en Perú

Transcurrieron ya cinco años de mi publicación en "Estado,pasivos ambientales mineros y remediación" (11/8/2017) refiriéndome al  caso emblemático sobre remediación ambiental minera en Perú, localizada en Huaraz, el núcleo del Parque Nacional del Huascarán, declarada Reserva Nacional,Reserva Mundial de Biósfera y Patrimonio Natural de la Humanidad por UNESCO; actividad paralizada por el propio Estado peruano a nivel del Gobierno Regional de Áncash y luego de una controversia judicial que declaró fundado el recurso de casación interpuesto por una empresa privada,se trasparenta la existencia del halo de corrupción que favorece la presencia de la minería ilegal cubierta bajo el manto de informalidad, saliendo al final del proceso fortalecido el Estado de derecho en el país. 

Esta paradoja se presenta, a contrario sensu de lo establecido por la doctrina especializada quien explica que es el Estado conjuntamente con el sector privado, los que deben promover el reaprovechamiento de los pasivos ambientales mineros, como una forma de remediación ambiental de las áreas con pasivos ambientales mineros inactivos o abandonados, y que hayan sido generadas por personas naturales o jurídicas, que anteriormente realizaron trabajos de minería; dicha actividad deberá ser ejecutada por remediadores voluntarios o el mismo Estado cuando no se cuente con responsables identificados o remediadores voluntarios.

En escencia es vinculante con el plan de cierre de pasivos ambientales mineros vista como un instrumento de gestión ambiental.

Antecedentes

Con fecha diecisiete de enero del dos mil ocho la empresa Pasivos Ambientales S.A. - PASA (Operadora) a través de su representante legal, celebró un contrato de Remediación Ambiental con la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada La Descuidada de Huaraz (titular de los derechos mineros), también a través de su representante legal, de los derechos mineros Concesiones la Descuidada 1, Descuidada 2 y Descuidada 3, ubicados en el Paraje Cajavilca, Cerro Santa Bárbara, Distrito de Yanama, Provincia de Yungay, Región Ancash; a efectos de desempeñar la labor de empresa operadora, procediendo al acarreo, traslado y disposición final de aproximadamente treinta mil toneladas métricas (30.000 TM) de desmontes o residuos de las operaciones mineras anteriores, ello dentro del proceso de cierre y/o remediación del pasivo ambiental, restableciendo en lo posible el ecosistema, la protección de la salud de la población y el daño causado al medio ambiente circundante.

Demanda

PASA, interpone demanda en vía Contencioso Administrativo, contra la Dirección Regional de Energía y Minas-Región Ancash, con citación del Procurador Publico del Gobierno Regional de Ancash, siendo su pretensión: a) Se ordene a la Administración de la Dirección Regional de Energía y Minas, del Gobierno Regional de Ancash, cumpla con lo dispuesto con la Resolución Directoral 250-209-GRA/DREM/D del veintitrés de diciembre del dos mil nueve y en efecto se respete los términos del plan de cierre de pasivos ambientales de la concesión la Descuidada de Huaraz, aprobados a la que se encuentra obligada por ser un acto firme y en calidad de cosa decidida administrativa, y; b) Se declare el cese de la actuación material contenido en el acta del trece de diciembre del dos mil doce que dispone:” Inmovilizar los minerales tratados en planta;referidos a la empresa pasivos ambientales".

Sentencia de casación

Con la resolución de fecha 07 de Julio del 2017 de la instancia correspondiente :

1° SALA CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE: 00154-2013-0-0201-JM-CI-01

MATERIA: Acción contenciosa administrativa.

DEMANDADO: Procurador público del Gobierno Regional de Ancash-Dirección Regional de Energía y Minas de la Región Ancash.

DEMANDANTE: Empresa PASIVOS AMBIENTALES S.A.(PASA)

RESOLUCION N° 38 Huaraz, siete de julio del dos mil diecisiete.-

CONFIRMAR la sentencia contenida en la resolución número doce, su fecha veinte de junio del año dos mil trece y que obra de fojas trescientos dos a trescientos trece, mediante la cual se declara fundada la demanda interpuesta por Empresa Pasivos Industriales S.A. contra la Dirección Regional de Energía y Minas de la Región Ancash con citación del Procurador del Gobierno Regional, sobre Proceso Urgente en vía contencioso administrativa y consecuentemente, ordenó que la parte demandada:

1) Cumpla con lo dispuesto en la Resolución Directoral número 250-2009-GRA/DREM/D de fecha veintitrés de diciembre del dos mil nueve debiendo respetar los términos del Plan de cierre de pasivos ambientales de la concesión “La Descuidada” de Huaraz, y;

2) Declara el cese de la actuación material contenido en el acta de fecha trece de diciembre del dos mil doce en el extremo que dispone “Inmovilizar los minerales tratados en la planta referidos a la empresa pasivos ambientales”; como consecuencia dispone el cese de cualquier acto que contravenga el cumplimiento de la Resolución Directoral número 250-2009-GRA/DREM/D, con lo demás que contiene.; notifíquese y devuélvase.- Magistrado Ponente Edison Percy García Valverde.- S.S. GARCIA LIZARRAGA LOLI ESPINOZA GARCIA VALVERDE.

Aporte académico

El abogado Joseph Prado Chaparro, en su trabajo de investigación para el Repositorio de la Universidad ESAN Lima-Perú; denominado “El cumplimiento de normas regulatorias sobre remediación de pasivosambientales mineros en el Perú y su implicancia en la seguridad jurídica”, señala que "Perú, pese a contar con un marco normativo de avanzada en América latina y el caribe para gestionar la remediación de pasivos ambientales mineros (PAM), éste no es completamente operativo, quedando claro que para mejorar la operatividad en los esfuerzos desplegados tanto políticos, institucionales y legales, es necesario incorporar mayores aspectos técnicos ajustados a la ciencia moderna, financieros, ambientales y sociales, que permitan dar sostenible éxito al sistema que gestiona la remediación de los PAM". Asimismo, rescata que en el año 2021, el trabajo hecho por la auditoría coordinada sobre estructuras de gobernanza para el manejo integral de los PAM elaborada por el grupo de trabajo de obras públicas de la organización latinoamericana y del caribe de entidades fiscalizadoras superiores (OLACEFS), advierte para el caso peruano la promoción de actividades vinculadas al reaprovechamiento de los PAM.

Sin perjuicio de lo avanzado, la presencia de procesos ambientales complejos que conllevan las actividades de la industria minera, sumados al ralentizado cumplimiento de normas regulatorias sobre remediación de PAM, convergen en una realidad a superar, la cual contempla verdades como la persistencia de PAM sin gestionar catalogados como de muy alto riesgo y que forman parte del inventario de PAM al año 2022 registrándose 6.903 según el Ministerio de Energía y Minas. 

Reapertura del proyecto de remediación ambiental minera

Después de haberse declarado fundado el recurso de casación interpuesto por PASA en Julio del 2017, pasada la pandemia del COVID-19 y en proceso de solución la crisis política que viene atravesando el país; se reinicia las actividades sobre remediación de PAM que en palabras del señor Ricardo Florez Figueroa, presidente del directorio, gerente de operaciones y representante legal de PASA, precisa : " Luego de diez (10) años de paralización y habiendo obtenido sentencia favorable en firme, por medio de una extensa y compleja Casación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, posterior a tres (3) años de haber sido obtenida, reiniciamos actividades con el soporte de universidades extranjeras e instituciones ambientales de primer orden, respaldados por las poblaciones locales, beneficiadas por nuestra labor".

Invitación a la comunidad internacional

PASA a través de este espacio de difusión, invita a todos los agentes activos de la conservación de la naturaleza a informarse sobre el proyecto, sumándose en el invalorable apoyo que tanto se requiere para cautelar la salud pública y elevar la calidad de vida de millones de personas situadas en las diversas cuencas mineras de esta parte de la región de las américas y el mundo.

Con Fernando Ramirez del Villar, Joseph Prado Chaparro y Ricardo Florez Figueroa en PASA.

El Dato

►Con la reapertura del proyecto de remediación ambiental minera de las concesiones minera las descuidadas de Huaraz-Ancash-Perú, se abre ventanas de oportunidades para que los países de la comunidad andina y de las Américas, den señales claras de integración en los esfuerzos que los junta para conservar y preservar los patrimonios de la humanidad, como es en el caso de la acción remediadora en la reserva mundial de Biósfera del parque nacional del Huascarán. 

Parque nacional del Huascarán, declarado patrimonio natural de la humanidad por UNESCO.

►Perú es un país minero por antonomasia, que desde el año 2004 cuenta con la Ley 28271 reguladora de los pasivos mineros y que en diecisiete años correspondiente al periodo 2004-2021, recepcionó una inversión total de la actividad minera de setenta y siete mil novecientos setenta y siete (US$ 77.977) millones de dólares americanos; hecho que daría lugar a  una mayor y adecuada atención en la remediación ambiental causada por los pasivos mineros generados por labores mineras pasadas de minas abandonadas, mitigando así las protestas socioambientales en las regiones que cuentan con tradición minera y en espacios donde se identifican nuevos y potenciales proyectos de minería metálica y no metálica.
►Se encuentra abierta la convocatoria a personas naturales y jurídicas de los sectores público y privado del país y el extranjero para reafirmar los lazos formales que nos unen, acordando nuevamente llevar a cabo el desarrollo conjunto de temas de investigación técnica y científica, de gestión y análisis y desarrollo de normas legales, pertinentes que coadyuven alcanzar los elevados intereses por contar con un medio ambiente saludable para las actuales y futuras generaciones.

En búsqueda de una salida a la crisis política y ambiental en Sudamérica

La disposición sin control y vertidos ilegales de contaminantes que se constituyen en pasivos ambientales, resultan un grave riesgo para la salud y bienestar de la población sudamericana.

El desastre ecológico agudizado en las últimas décadas envenena con diversas gradualidades de tóxicos a ecosistemas que conforman las cuencas de diversos países en la región.

Con la creación de un ministerio dedicado al ambiente, algunos países como es en el caso del Perú, se mantienen en aguda crisis ambiental y  el cual desde el año 2008, realiza esfuerzos para poner en agenda y atender el tema ambiental.

Crisis política que impide obtener importantes logros 

Al constante incremento de la presión demográfica en las ciudades creando mayores residuos contaminantes, se suma la indiferencia de los gobiernos para atender los graves problemas ambientales.

Cito el caso peruano, porque en los quince años que lleva de creado su Ministerio del Ambiente, pasaron quince ministros  en esa cartera y ocho presidentes de la República, los cuales en sus respectivas administraciones se han visto en la incapacidad de poder resolver los retos y desafíos planteados originalmente con la creación de un ministerio encargado de formular,dirigir,ejecutar,supervisar y evaluar la Política Nacional del Ambiente.

Reunión de trabajo con el ex dos veces presidente Alan García, quien suscribió el D.Leg.1013 creando el Ministerio del Ambiente.

Perú, pos pandemia COVID-19, agravó en gran medida su crisis política,social, económica y ambiental que venía en progreso, las cuales se evidenciaron en las protestas y bloqueos de carreteras en diferentes regiones del país, las mismas que escalaron con eventos naturales producto de avenidas y huaycos que generalmente se presentan en los primeros meses del año.

El punto es que la mayoría de los gobiernos, operan en el nexo de la incompetencia y la indiferencia, esperando reaccionar cuando se presente una emergencia o un peligro cobrando vidas humanas y cause gravosas pérdidas económicas que la falta de conocimiento y la alta rotación de los tomadores de decisiones se ve limitada en prevenir.

Agenda ambiental pendiente por atender

La información oficial expuesta por el DS N° 023-2021-MINAM considera la existencia del orden de dieciocho millones de hectáreas de ecosistemas degradados en territorio peruano, producto de un Estado empírico, burocrático y permisivo para con el daño ambiental producido por actividades informales e ilegales.

Esta realidad permitió que en la última década 2012-2022, el Perú recibiera sesenta y dos mil toneladas de desechos plásticos según información publicada por ojo público bajo el título "America latina-Depósito de la basura Ajena.

En Perú, pese a que la inversión total de la actividad minera en quince años correspondiente al periodo 2006-2021, fue de setenta y seis billones de dólares, no invirtió ni tomó las medidas necesarias para reducir sustantivamente los pasivos ambientales mineros existentes.

En el inventario oficial de pasivos ambientales mineros del país que reportaba el ministerio de energía y minas para el año 2016 era 8.854, se redujo en el año 2021 a 7.668 ; por lo cual en cinco años sólo se pudo atender parcialmente a 1.186 pasivos ambientales mineros.

Estas cifras corresponden al sector minero formal que cuenta con el mayor número de controles y fiscalizaciones, en contraste con otros sectores que generan pasivos ambientales, donde las instituciones del Estado peruano no cuentan con data suficiente para un planeamiento eficaz. 

En este contexto, los conflictos atribuidos a temas socioambientales persistirán por décadas de cara a futuro, de no ser aplicada una política ambiental de Estado viable, con programas, proyectos, presupuestos y cronogramas de acciones que permitan fortalecer la gobernanza ambiental del país y la región, atendiendo sus propias necesidades de crecimiento y desarrollo.

Agua & Política de reconstrucción con cambios

A la interrupción del libre tránsito por la toma de carreteras producto de la actual crisis política en que vive el país de los incas, se suma la interrupción de vías de comunicación por efectos climáticos, alimentadas por una inadecuada política de reconstrucción con cambios. Las obras civiles como estructuras y construcciones vinculadas al agua no siendo sempiternas, tienen una vida útil de acuerdo a diversas consideraciones técnicas de uso, operación y mantenimiento que se les brinden, siendo éstas conocidas en todo el planeta. Sin embargo, en países como es en el caso del Perú, la vida útil de las obras civiles con estas características son influenciadas por factores naturales y antropogénicos sui géneris.

Por un lado, los efectos del cambo climático, incrementados desde la mitad del siglo pasado influyen sustantivamente en el ciclo hidrológico que abarcan las diversas cuencas del territorio peruano y que están documentados en estudios hidrogeológicos con abundante información que da cuenta de las épocas de avenidas y estiajes, los cuales inciden en obras civiles críticas como son los puentes, con los consecuentes incrementos de riesgos y daños producidos en términos económicos y reducción en la calidad de vidas humanas.

Por otro lado, se tiene que en Perú las medidas excepcionales y temporales a efectos de atender y mitigar las emergencias, dictadas por las administraciones en turno, se prolongan indeterminadamente en el tiempo, causando grandes pérdidas en el presupuesto público.

Reconstrucción y reconstrucción con cambios

Perú, através de los tiempos viene gastando miles de millones de dólares en reconstruir la infraestructura dañada atribuida a fenómenos naturales y a la corrupción que acompaña a la gestión de diversas administraciones del Estado en sus tres niveles de gobierno.

Conociendo la diversa gradualidad y recurrencia de los fenómenos que afectan al país, en el año 2017, el renunciante ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski suscribió la Ley N° 30556 aprobando disposiciones extraordinarias para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres, creando la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Esta Autoridad, se creó como una entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, de carácter excepcional y temporal, encargada de liderar e implementar El Plan de toda la infraestructura física dañada y destruida por el Fenómeno de El Niño Costero que causó daños estimados que superaron los tres mil millones de dólares en 13 regiones del país: Áncash, Arequipa,Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura y Tumbes.

Cumplidos casi seis años de la creación de esta Autoridad, registrando sendos informes de avance de la ejecución física y financiera de los proyectos, tanto a nivel de consultorías y obras; a modo de ejemplo se aprecia actualmente un evento que grafica la idea de cómo se viene aplicando la política de reconstrucción en el país con el caso de los puentes.

Registros cronológicos en puentes

La formulación y aprobación de los proyectos que implican todo un proceso antes de afectar financieramente el presupuesto público, donde intervienen una serie de instituciones públicas del gobierno central y regional, los cuales asumen responsabilidad para el control, supervisión y fiscalización de las obras civiles; no acaba con la entrega y recepción de la obra física, toda vez que en este tipo de infraestructuras, la operación y mantenimiento devienen en indispensables para garantizar su adecuado funcionamiento y servicios a lo largo de su vida útil proyectada.

Son necesarias la existencia de gaviones y soluciones basadas en la naturaleza para proteger al puente de la erosión. 

En el siguiente registro fotográfico del puente Rumichaca que data del año 2021, localizado en el distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytara en el departamento, hoy región Huancavelica, se aprecia al rio Pampas en época de estiaje.

Con las avenidas del año 2023, ante la falta de medidas de prevención, el puente colapsó al verse erosionada sus bases de apoyo.

Se visualiza el puente Rumichaca sin obras de protección en la riveras del rio Pampas.

Ante el colapso del Puente, se provisionó fondos para implementar un acceso provisional empleado por el tránsito vehicular, en tanto se construya el puente definitivo Rumichaca I.

El tránsito vehicular provisional se vió interrumpido en la zona ante el colapso de esta vía.

El 30 de enero de 2023, a las 21:00 horas aproximadamente, colapsó la plataforma provisional ubicada en el sector de Pacclaccasa (Puente Rumichaca), distrito de Pilpichaca, provincia de Huaytara, evento que se encuentra detallado en el reporte complementario N° 1561-16/2/2023/COEN-INDECI/22:50 horas.

Posteriormente, el 16 de febrero de 2023, en horas de la madrugada, se produjo un evento similar. 

Como consecuencia de los colapsos producidos y ante la vía interrumpida, cientos de vehículos y miles  de  personas fueron impedidos de transitar normalmente por la vía   denominada   Los Libertadores,          haciendo que  el denominado  trasbordo  de  los  pasajeros se transforme en una odisea, con los consecuentes riesgos y pérdidas económicas con la logística interrumpida.

Con fecha de hoy 21 de febrero de 2023 se reporta la instalación del puente modular de emergencia en el kilómetro 195 de la vía Los libetadores, tramo puente Suyana-Ayacucho, en el departamento de Huancavelica, para hacer posible el pase vehicular limitado que interconecta a los departamentos de Ayacucho, Huancavelica e Ica.

Vehículos con menor tonelaje pueden transitar en el puente provisional implementado ante el colapso en rumichaca.

Agua & seguridad hídrica global

Habiendo transcurrido ocho años desde el año 2014, fecha en que se aprobó en Perú la gestión integrada de recursos hídricos como Política de Estado N° 33 del Acuerdo Nacional, en similar tiempo al que resta para el año 2030, donde casi la mitad de la población mundial tendría dificultades para satisfacer sus necesidades de agua, según data científica y comentario recogido por Smart Water Magazine  del discurso realizado por la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, y en consecuencia de la alta rotación de sus políticas de gobierno, el Perú como parte de la comunidad internacional, mantiene una agenda pendiente para mitigar sus necesidades del recurso hídrico de cara al futuro.

Evitar futuros conflictos por RRHH y poner en valor el agua de la amazonía, son tareas prioritarias en Perú.   

La información trascendida se dió durante el lanzamiento del Plan de Acción de la Casa Blanca sobre Seguridad Hídrica Global.

Según un comunicado de la Casa Blanca, el plan identifica los vínculos directos entre el agua y la seguridad nacional de Estados Unidos.

Aprovechará los recursos del Gobierno -desde el aprovechamiento de la ciencia y la tecnología hasta la información de diplomacia, defensa y desarrollo- para promover la seguridad hídrica mundial y los objetivos de política exterior.

El cambio climático está provocando fenómenos meteorológicos extremos, como sequías e inundaciones prolongadas, que agravan la escasez de agua y contaminan los suministros de agua.

El plan identifica los vínculos directos entre el agua y la seguridad nacional de Estados Unidos. Según Naciones Unidas, más de dos mil millones de personas carecen de acceso a agua potable, y casi la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura.

Harris destacó que "la inseguridad del agua hace que nuestro mundo sea menos estable", y señaló que la escasez de agua dificulta a las comunidades la producción de alimentos,la protección de la salud pública y el impulso del crecimiento económico. "Muchos de nuestros intereses de seguridad nacional más fundamentales dependen de la seguridad del agua".

Pilares del Plan

El plan se base en tres pilares:

1) Impulsar el liderazgo de Estados Unidos en el esfuerzo mundial para lograr el acceso universal y equitativo a servicios de agua, saneamiento e higiene sostenibles, resistentes al clima, seguros y gestionados eficazmente, sin aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero. Reconociendo el inmenso progreso que se necesita para alcanzar los objetivos globales de WASH, el plan enfatiza la importancia de los servicios WASH asequibles y sostenibles, de las soluciones dirigidas localmente, y de abordar la desigualdad que resulta de la inseguridad del agua.

2) Promover la gestión sostenible y la protección de los recursos hídricos y los ecosistemas asociados para apoyar el crecimiento económico, crear resiliencia, mitigar el riesgo de inestabilidad o conflicto y aumentar la cooperación. La experiencia científica y técnica de Estados Unidos, líder en el mundo, apoyará los esfuerzos para utilizar los recursos hídricos de manera eficiente y eficaz para apoyar las necesidades de la agricultura y la seguridad alimentaria, el fortalecimiento de los sistemas de salud y los esfuerzos de prevención de conflictos. Al mismo tiempo, este enfoque reconoce la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza,incluyendo el aprovechamiento de los conocimientos indígenas y locales.

3) Garantizar que la acción multilateral movilice la cooperación y promueva la seguridad del agua. Los esfuerzos para promover la cooperación en materia de agua a través de foros regionales y multilaterales son esenciales para facilitar una mayor colaboración entre los países que comparten recursos hídricos.

Crísis política y económica que vive el Perú

En la línea ya explicada sobre los billones de dólares en pérdida que viene causando el proceso sostenido de la crisis política y económica en las ultimas décadas y agudizada con las recientes administraciones cuestionadas por la población y la justicia peruana, no podemos soslayar a la teoría de la crisis en el marco de una subordinación sistémica, así como el componente sociológico en la dinámica compleja del desplazamiento de la crisis, entendiéndose la búsqueda de soluciones a partir de los instrumentos que posee el sistema político para prevenir, mitigar o compensar las crisis económicas subyacentes.

La juventud como motor para salir de la crisis

Los valiosos recursos humanos con que cuenta el Perú y entre ellos la población joven, constituyen un activo fundamental para producir  un cambio de rumbo en las políticas implementadas por las sucesivas administraciones del Estado peruano.

De mi experiencia personalísima como académico, docente y político; puedo afirmar que la masa crítica de jóvenes pertenecientes a diversos centros de estudios del país, cuentan con las capacidades para sacar de la inercia en que fuera sometida una clase política desgastada proveniente de diversas posiciones doctrinarias.

Para salir de ésta crisis que ya es crónica por la recurrencia de administraciones que cayeron en las redes de la boyante corrupción, se hace necesaria la participación activa de las nuevas generaciones, las cuales lamentablemente tienen el espacio restringido para incorporarse a la gestión pública.

Este nivel de restricción va a la par con las expectativas de contratación  que tienen el componente laboral del aparato público de cara al futuro.

En el siguiente gráfico se puede apreciar la tendencia negativa de las precitadas expectativas en el periodo Enero a Noviembre del año 2022 , la cual prosigue con esta tendencia en el primer mes del año 2023, toda vez que la ejecución presupuestal fue reducida por la convulsión social.

El instituto peruano de economía, entre otras instituciones ,alertan sobre la crisis del país.

Particularmente el sector minería e hidrocarburos se redujo de 55 a 48 con datos registrados por el Banco Central de Reserva del Perú, teneindo los indicadores más reducidos en el sector construcción.

Cabe precisar que según datos de Contraloría General de la República, en la fecha existen 1.879 obras paralizadas en el país, causando un perjuicio al país por más de 21 billones de soles. 

Las emergencias se duplicaron en la última década

Las lamentables pérdidas de vidas humanas y las cuantiosos daños económicos que sufre el Perú tiene como causas principales al cambio climático y el factor humano, que pese a contar con un calendario de ocurrencia de peligros, se ve renuente aplicar los principios de prevención y precaución para reducir las emergencias.

Las cifras proporcionadas por INDECI así lo demuestran, ya que en el año 2010 se produjeron 4.502 emergencias, pasando en el año 2020 a reportarse 10.404 eventos de emergencia.

Fuente: Compendio estadístico del INDECI 2021

Es indudanle que se tiene que mejorar ostensiblemente en la gestión de riesgos y el manejo de la cosa pública en general, por lo cual la unidad nacional es imprescindible, ello implica necesariamente que tanto el ejecutivo como el legislativo puedan concordar en atender las políticas públicas prioritarias de Estado.

En este contexto, la legitimidad y representatividad de los actores sociales que intervienen en la solución de esta crisis, constituyen elementos sustantivos para alcanzar la paz social en democracia  , con las cuales todos los habitantes en territorio peruano marchen unidos en busca de su futuro.

Proceso para recuperar 18 millones de hectáreas degradadas por RRSS municipales

A medida que transcurre el tiempo, la crisis política y entrampamiento existente entre el ejecutivo y el Congreso de la República peruana, hacen insostenible el adecuado manejo de los grandes problemas públicos como el identificado en el DS N° 023-2021-MINAM que señala la probada degradación de los ecosistemas del país.

Así, la autoridad competente en temas ambientales reconoce que cerca de dieciocho millones de hectáreas de ecosistemas se encuentran degradadas, reduciendo el bienestar de los peruanos.

Residuos sólidos municipales dispuestos inadecuadamente 

Uno de los problemas agudos en el país que abona a la crisis ambiental, lo constituyen los residuos sólidos (RRSS) municipales que al ser dispuestos en botaderos a cielo abierto o en ríos, lagos o mar, producen contaminación del agua, suelo y aire, afectando la cadena trófica,nichos ecológicos , ecosistemas, convirtiéndose en un gran problema para la salud pública.

En mayo del año 2019, antes del arribo de la Pandemia del COVID-19, se trataba de atender este problema mediante la RM N° 150-2019-MINAM, aprobando los "términos de referencia para la formulación de planes de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos municipales" y la " Guía para la formulación del Plan de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos municipales"

A la fecha existen graves problemas en términos de ejecución presupuestal para el programa de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, en los extremos de formulación, ejecución y gestión de los proyectos que debieran atender a las millones hectáreas afectadas. 

Emergencia ambiental por inadecuada disposición final de residuos sólidos

En las últimas décadas la inadecuada gestión de los residuos sólidos se fue agravando, a tal punto que en algunas localidades se presentan recurrentes declaratorias de emergencia ambiental, tal es el caso del distrito José Leonardo Ortiz de la provincia de Chiclayo en la jurisdicción del gobierno regional de Lambayeque; que con RM N° 236-2021-MINAM y RM N° 024-2023-MINAM , dan cuenta del paso de diferentes autoridades manteniéndose invariables las causas que originan el impase de la inadecuada disposición de RRSS en el tiempo.

Otras localidades del país presentan las mismas dificultades, permitiendo la degradación de ecosistemas en los millones de hectáreas identificados del territorio peruano. 

Poner en valor los residuos sólidos orgánicos para generar energía limpia

Los problemas susbsistentes que acompañan a múltiples gestiones municipales en el tema de la disposición sanitaria de sus residuos sólidos urbanos, son pasibles de solución aplicando el avance de la moderna tecnología, conceptos de economía circular entre otros, que permiten resolver los problemas de contaminación que producen los rellenos sanitarios sin control, así como los botaderos a cielo abierto que abundan en el país, particularmente en las zonas con gran presión demográfica. 

En el ordenamiento ambiental peruano, existen las normas que permiten el reciclaje y valorización de los RRSS municipales; asimismo, cuenta con el instrumento sancionador que penaliza la inadecuada gestión de RRSS. 

De otro lado, se viene socializando en el país el Proyecto ECF para producir energía limpia a partir de los RRSS municipales que se presenta seguidamente:

Calificación crediticia e inversiones mineras en Perú

La recurrente crisis política en que vive el país de los incas, agrava las cifras que indiqué en Inversión minera y billones de dólares en daños por crisis en Perú, en el sentido que anualmente se pierden 10 billones de dólares como consecuencia de flujos financieros ilícitos; lo que equivale al 4.5% de su PBI. De esta cifra, el 40% proviene de la minería ilegal e informal, lo que representa 4 billones de dólares al año.

Las protestas sociales que se agudizaron luego del 7 de Diciembre de 2022 , vienen generando lamentables pérdidas de vidas humanas y daños económicos producto de bloqueos de vías y actos de violencia contra la infraestructura pública y privada que a la fecha se aproximan a un billón de dólares, situación que no pasa desapercibida para el añálisis de importantes calificadoras  al efectuar el análisis crediticio del país.

Las perspectivas negativas se puede apreciar seguidamente:

Importantes calificadoras de riesgo colocan al Perú en estado de alerta para actuales y futuras inversiones.

Salida de la crisis

Sin perjuicio de la coyuntura política, el Perú continúa siendo un país confiable y viable dada las reservas internacionales y los recursos naturales con que cuenta, especialmente en el sector minero metálico y no metálico, donde el oro, la plata y el cobre, entre otros, le permite contar con estabilidad económica y financiera.

Sin embargo, el actual prolongado entrampamiento existente entre el ejecutivo y el congreso de la república para buscar una salida consensuada a la crisis política, en poco abona al sector privado para poder manejar los niveles de inflación que podrían colocar en insostenibles a los proyectos en marcha y a los nuevos que se encuentran en cartera de las actividades mineras y servicios conexos.

Inversión minera y billones de dólares en daños por crisis en Perú

Como resultado de mi reciente envío sobre minería y protestas sociales en Perú, recibí importantes opiniones tanto del interior como del exterior del país , así como el pedido para explicar en este espacio el ¿Porqué Perú vive en una crisis política sin fin? y para ello, me apoyaré en los hechos que la coyuntura actual percibida por la prensa internacional y con respecto a la acción política y la desobediencia civil, lo descrito en tratado para radicales por Saul Alinsky.

Resulta imperativo salir de la crisis política en que se encuentra el país para evitar mayor costo social y económico.

Billones de dólares en el escenario 

Entender la compleja realidad peruana pasa por internalizar los hallazgos de investigaciones como la realizada por Rodolfo Bejarano en "Flujos financieros ilícitos en Perú y su impacto en la garantía de los derechos humanos" donde se precisa que el Perú pierde anualmente el orden de diez billones de dólares como consecuencia de los flujos financieros ilícitos relacionados con actividades de comercio, vale decir, como parte de las prácticas de elusión y evasión fiscal. Este monto equivale al 4.5 % del PBI en el país de los incas.

De otro lado, la actual crisis política en progreso que incluye bloqueos y actos de violencia contra la infraestructura pública y privada, se aproximan en la fecha a un billón de dólares. 

Sin embargo, la crisis política en Perú es recurrente y de larga data, lo que acumula los daños materiales y en pérdidas de vidas humanas.

Cronología de los hechos

Continuando con la linea temporal expuesta en análisis por escenarios prospectivos publicada en este espacio en marzo del 2015, contamos desde la administración de Pedro Pablo Kuczynski (28/7/2016 al 233/2018) quien renunció al cargo acusado de sobornos y corrupción. Una hora antes de renunciar firmó cinco decretos supremos que posteriormente fueron derogados, entregando en explotación lotes petroleros.Le sucedió en el cargo Martín Vizcarra (23/3/2018 al 9/11/2020) quien fuera destituido por el Congreso de la República ante su permanente incapacidad moral, la fiscalía pide para él 15 años de cárcel. Continuó por unos días la administración de Manuel Merino (10/11/2020 al 15/11/2020) quien renunció a la presidencia de la república tras una intensa jornada de protestas que dejó dos muertos, seguidamente asumió el cargo Francisco Sagasti (17/11/2020 al 28/7/2021), al que le siguió José Pedro Castillo (28/7/2021 al 7/12/2022), quien designó cinco gabinetes en el año y medio que duró su gestión antes de ser destituido por el Congreso de la Republica  al tratar de disolver el Congreso e intervenir el poder judicial.el ministerio público y al Tribunal Constitucional; hechos por los cuales tras ser declarada su permanente incapacidad moral, pasó a cumplir prisión preventiva por 18 meses hasta el 6 de junio del 2024.

Finalmente, la administración de Dina Ercilia Boluarte (7/12/2022 a la actualidad) que por sucesión constitucional se convirtió en la primera presidenta en la história de la república peruana. En los 53 días que lleva la administración Boluarte se designó dos gabinetes y suman más de medio centenar de muertos tras las protestas sociales.

En este proceso se va entendiendo la inestabilidad política que afecta la gobernabilidad en la joven democracia del país ante una fragil gobernanza exhibida.

Sobre las consideraciones que explicarían las protestas

La población peruana se encuentra altamente sensibilizada por las inconductas funcionales de ciertas autoridades en los tres niveles de gestión del Estado, que en las últimas décadas fueron cuestionadas, algunas de ellas por liderar organizaciones criminales de negocios estatales, siendo investigadas por corrupción. En este escenario convulsionado, se tiene a los ex presidentes Alberto Fujimori (actualmente preso); Ollanta Humala (estuvo 9 meses en prisión) quien  tiene un pedido fiscal de 20 años de carcel; Pedro Pablo Kuczynsky (estuvo con 3 años de prisión domiciliaria); Alejandro Toledo ( En curso proceso de extradición desde el año 2019), Alan García (Se suicidó en abril del 2019 cuando era investigado).

No pocos  funcionarios públicos de alto nivel en gobiernos regionales y gobiernos locales siguen similares inconductas, tal es el caso de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán (estuvo con prisión domiciliaria) para quien el ministerio público pide 29 años de cárcel por presuntamente haber recibido millonarios aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS. 

Asimismo, la  corrupción alcanza a la representación nacional en el Congreso de la república  que con escandalosos casos de publico conocimiento se ha ganado a pulso la gran desaprobación por parte de la población , que dicen no sentirse representadas por los sucesivos Congresos . 

A todo lo expresado, se le suma la sensación de una lenta actuación del poder judicial y del ministerio público en los casos emblemáticos de corrupción; condiciones integradas a las descritas antes que explicarían en algún modo el descontento acumulado que dan pie a las demandas ciudadanas del periodo.

Sobre las peticiones 

La población que inicialmente levantó su voz de protesta desde el sur peruano y escaló a otras partes del país, trasladándose luego a la capital Lima, pide: La renuncia de Dina Boluarte, cierre del congreso, elecciones anticipadas, cambio de constitución y liberación de Pedro Castillo.

La presidenta Boluarte indicó que no renunciará y brindó hoy en un mensaje a la Nación para que se apruebe en el Congreso el adelanto de elecciones al 2023. Anunció, que de no prosperar este pedido, el ejecutivo presentará dos iniciativas: la primera para que las elecciones se realicen en octubre y la segunda busca la reforma de la constitución.

Respecto a la inversión minera

El sector minero, y en especial la gran minería en Perú se encuentra bajo ataque cada vez que una determinada colectividad protesta contra una administración del Estado peruano, es decir, se trata de acciones recurrentes que utilizan los agitadores para una acción directa no violenta, con el añadido que en algunas oportunidades como es en la presente coyuntura, existe la violencia. La toma de carreteras y vias de acceso a las labores mineras , cortan el suministro logístico a la unidades mineras, impidiendo el normal funcionamiento de la industria extractiva.

La inversión total de la actividad minera en el Perú para el periodo 2006-2021 , fue de 76 billones de dólares, lo que la convierte en potencial blanco de eventuales ataques que pretenden desestabilizar a la economía del país.

A modo de ejemplo del estado de situación crítica que viene pasando el sector minero, expuesta con la detención temporal de operaciones en Antapaccay - Glencore, se le une el caso de las bambas que inicia una desaceleración progresiva de sus operaciones y pararía por completo el primero de febrero del 2023, incrementando los daños causados por la actual crisis política en el país. 

Minería y protestas sociales en Perú

Este análisis sobre la convulsión social que viene aconteciendo en Perú, es a modo de continuación de una publicación hecha hace ocho años atrás en este espacio bajo el título "Análisis por escenarios prospectivos" que data de marzo del 2015.

En ese entonces veíamos el  proceso social peruano desde distintas perspectivas profesionales y políticas. Citando autores como Peter Klaren en “Nación y Sociedad en la Historia del Perú”, se puso en perspectiva la presencia de las comunidades indígenas del Perú en su historia y permitía rastrear conflictos sociales asociados a ellas desde el siglo XIX en el período Republicano y asimismo observar al país relacionado con los procesos de la revolución industrial y el capitalismo durante distintas etapas de su historia, empezando con la economía del guano, la economía del salitre, la economía del caucho y el sesgo mercantil dejado por la colonia.

En el oncenio de Legía se registró un proceso de apertura económica al mercado norteamericano que permitió el ingreso de la Cerro de Pasco Corporation y otros, que generaron reacciones contrarias al final de su gobierno y permitió el desarrollo del aprismo y de la izquierda bajo pensadores como Mariátegui.

El libro "Los Dueños del Perú" de Carlos Malpica, en el que se presentaba el mapa del poder en el país en la década de los sesenta, antes de la Revolución de Velazco Alvarado. Se mencionaba a un primer poder relacionado con los poseedores de tierra, los grandes hacendados o los latifundios, productoras primarias de productos de exportación.Conjuntamente con las empresas exportadoras y las empresas mineras, controlaban el flujo de divisas del país.

Así se presentaba un diagnóstico del sistema económico imperante en el país en aquellos tiempos, las reformas que se instauran en la administración de Velazco y luego los procesos de reacción que se dieron en el segundo gobierno de Belaunde.

La década del noventa, con el crecimiento económico, convivió con cambios en la relación de los poderes y enfoque social descritos por el autor.

Con el advenimiento del nuevo milenio, se aprecian cambios en relación a una visión de país dividida entre los defensores del modelo económico de mercado y los de modelos defendidos cuando existía la guerra fría y los postulados de la izquierda revolucionaria se sostenían en el gigante soviético o en el chino, que postulaban modelos estatistas y contratistas de la economía que han quedado atrás con la caida del muro de Berlin y la desaparición de la Unión Soviética.

Suscribíamos entonces que la impronta de la izquierda no ha quedado ahí, sino que se ha reciclado bajo el liderazgo de pensadores como Martha Harnecker, que planteó nuevas formas de enfocar el socialismo, integrando el discurso ambiental, el de derechos humanos y el de los derechos de las comunidades indígenas propugnado por el Tratado 169 de la OIT, como estrategia para desestabilizar a las empresas, a las fuerzas del orden y al sistema en sí mismo.

Toda esta estrategia ha calado en un mundo que buscaba respuestas y soluciones y que enfocó también los temas ambientales, los temas de derechos humanos y los de las comunidades indígenas, por lo que lo planteado como una fórmula para desestabilizar un orden establecido, apoyándose en movimientos nacionalistas que llegan al poder en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Sin embargo, esta estrategia se encontró con una agenda similar en el otro lado del escenario, con instituciones que se han ido fortaleciendo en el control y manejo ambiental desde su nacimiento con el acta de protección ambiental de 1970 de los Estados Unidos y que en el Perú se inicia en la década de los noventas con el Código del Medio Ambiente, con un proceso de deslinde y titulación de tierras que provocó la consolidación legal de la propiedad de tierras comunales en sierra y selva acá en Perú, que alivió la presión social en el escenario de las comunidades indígenas, quedando aún pendiente el espacio de la amazonía. Y en cuanto a derechos humanos, esto se ha convertido a través de la gobernanza corporativa en medios de limitar el accionar de empresas transnacionales en lo que se refiere a derechos humanos, comunidades y medio ambiente, que se asocia ahora a los temas de financiamiento de proyectos en los tres niveles de gestión existentes en el país..

La Ingeniería , el Derecho, la Economía y otras disciplinas tienen un gran reto de cara al futuro en Perú.

Sobre el fondo del problema

Concideramos en ese entonces y nos ratificamos hoy en día, que la confrontación de ideas o de sistemas de pensamiento político entre un modelo renovado de izquierda y un modelo neoliberal, que incluyen temas ambientales, de comunidades y de derechos humanos no es el fondo del problema, como aparentemente nos podrían hacer creer los lideres de uno u otro grupo tratando de llevar agua para su molino, sino que en estricto es el marco en el que se desenvuelve la sociedad del país; dicho de otro modo, las condiciones naturales y sociales que forman la historia, geografía y sociedad del país. 

Respecto a las condiciones naturales, la existencia de la cordillera de los andes que conformó las cuencas hidrográficas y las condiciones climáticas de costa, sierra y selva, existe la corriente de Humboldt que determina las condiciones climáticas de la costa, existió esta configuración desde el deshielo de fin del Pleistoceno y en este espacio geográfico y climático se desarrolla la sociedad y la cultura del país.

Bajo estas condiciones  se desarrollaron las culturas preincas, el imperio de los incas, la colonia y la República, alternando poderes y formas de gobierno, en sintonía con el mundo que influyó en mayor o menor grado a la sociedad peruana. Es un todo dinámico en el que convive una sociedad heredera de ayllus y otra heredera de migrantes extranjeros que se hicieron peruanos durante los 202 años de la existencia de la República.

Las consideraciones que son efectos de las condiciones sociales pasan por atender temas tan complejos como la descentralización, informalidad, educación, salud pública, corrupción, entre otros que influyen en el crecimiento y desarrollo socio-económico de los espacios geosociales situados en las cuencas hidrográficas que forman parte del territorio peruano.

Sobre el proceso actual

Hoy en el país estamos viviendo la gran migración asiática, con una cada vez mayor presencia de inversiones y migrantes chinos, coreanos, etc. No es posible soslayar el impacto de la pandemia a partir de marzo de 2020 y los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania con el avance Ruso sucedido en febrero del 2022.  

Los estragos producidos en la economía y sociedad peruana se encuentra en proceso de control de daños, pues al ineficaz manejo de la pandemia que dejó al Perú como el país con la más alta mortalidad percápita del planeta, se le suma la supina incapacidad para garantizar la seguridad alimentaria en el país tipificada en las fallidas compras de fertilizantes para la campaña agrícola 2022-2023. 

La política de entrega de bonos para mitigar los impases subsistentes en una población que suman unos tres millones entre hombres y mujeres del campo, no terminan por ser suficientes ante la presión social del orden de medio millón de personas vinculadas a la mineria informal y otro grupo importante dedicado a la tala ilegal, narcotráfico y actividades ilícitas conexas.  

Ese crisol genera diversidad en el tiempo, abre ventanas de oportunidades a las grandes mayorías que forman parte de los 33 millones de personas localizadas en territorio peruano, que se han dado no solo en Lima, sino también en diferentes partes del país donde en distintos momentos, migrantes crearon riqueza dejando una impronta que se sumó a la del país: Chinos, japoneses, italianos, palestinos, venezolanos,etc.

Hoy asistimos a una etapa de cambio de condiciones de mercado que empezó en el año 2013 y la caída de precios de los commodities en el mercado mundial ha hecho que se empiece a desinflar una economía que había sostenido crecimientos de 6 % anual y hoy alcanza solamente el 2 % en la mejor de las proyecciones.

Paralelamente, el chorreo que se había venido dando a través de las compras locales, formación de empresas comunales y desarrollo de iniciativas empresariales locales, convenios y otros mecanismos, también se viene afectando, por lo que los intereses de esta nueva clase económica, de antiguas comunidades que pugnan por modernizarse y donde el interés particular y el comunal comparten espacio, vienen sumando su cuota a la conflictividad en algunas zonas de influencia de las empresas extractivas.

El sur del país y la agenda política

Si tomáramos como línea base desde el año 2015 los títulos con los que vengo describiendo los acontecimientos de la realidad peruana del sector minero y las protestas socioambientales publicadas en este espacio, podría citar a : Escalamiento de conflicto por Tía María (9/5/2015),impacto ambiental recurrente como tema de seguridad y orden interno (22/8/2015),Cajamarca y Apurímac: Cartera de proyectos mineros y conflictos sociales (7/11/3016),conflictos sociales frente a disponibilidad de agua, alimentos y energía (13/6/2019),¿Aval del Ejecutivo en las protestas sociales contra Proyectos mineros? (12/8/2019),atención del Estado peruano a conflicto de tierras y explotación forestal (14/3/ 2021), entre otros, que analizadas en su conjunto podría facilmente determinarse las causas que gatillaron la posición del sur del país y entender la agenda política que está detrás de los evidentes problemas identificados en Puno, Cusco, Apurimac, Arequipa, Ica y otras localidades sin perjuicio del escenario electoral que permite la alta rotación en el sillón de pizarro.

Lo que debe tener claro el país es la meta alcanzar en el mediano y largo plazo, para poder orientar acciones consensuadas e ir corrigiendo rumbos.

La agenda es la misma en las distintas canteras que entrarán en justa electoral. Gobernar un país tiene que ver con generar riqueza, promover inversión, educar, generar salud, cultura, pero cobra vigencia el trabajo sobre los Dueños del Perú, porque estamos seguros que hoy no son los mismos dueños, hoy mas peruanos son dueños, más comunidades tienen propiedad, más peruanos tienen acceso a la educación y a fuentes de trabajo o de riqueza.

Lo que sucede es que el proceso es desordenado y conflictivo por factores internos y externos, debido a la visión colonial, a la postergación de siglos de la población local y la falta de una visión integradora del país que respetara la cultura existente mirando al país como por conquistar y no por integrar.

El proceso de crecimiento constante del país en los últimos 25 años fue posible porque se ha ido internalizando el tema ambiental y el tema social en consonancia con corrientes internacionales. 

Empresas y Estado han ido juntos dando pasos que han permitido inversión con respeto y este proceso debe continuar a pesar de la coyuntura de precios bajos de los comodities y el no aprovechamiento del precio del cobre en su momento cuando alcanzara niveles expectantes. 

Por ello el gobierno debe dinamizar las miles de obras públicas paralizadas e impulsar grandes proyectos y obras que mantengan la tendencia de crecimiento y permita finalmente alcanzar un desarrollo sostenible al país. Asimismo existe la necesidad de internalizar pasivos ambientales por la empresa y por el Estado, de otro lado, el problema de propiedad aún no resuelto en la amazonía con las comunidades indígenas o nativas. 

Los hechos acontecidos demuestran que a través de la violencia no se construye un país y se integra a la Nación.

La toma de carreteras sólo aisla a los pueblos y daña a la población mas vulnerable, en ese sentido el nivel de empatía y comunicación debe primar entre las empresas, Estado y comunidad. 

Violencia que no debe repetirse

Sendas jornadas de violencia en Enero del año 2023 fueron vividas por la Empresa minera Antapaccay localizada en la provincia de Espinar en el Cusco. 

Los destrozos efectuados en el campamento minero ubicado en la comunidad de Tintaya marquiri cercana a la localidad de Yauri no sólo afecta a la propiedad privada de la empresa suiza Glencore, sino que perjudica a más de cien empresas locales que le prestan servicios y a miles de trabajadores que son impactados por la paralización de labores, de otro lado daña al ocho por ciento del cobre que el país exporta, reduciéndole en sus ingresos que financian al presupuesto público.

Las protestas no pueden ni deben confundirse con acciones que dañan la integridad física
 de  las personas ni a bienes públicos o privados.

¿La toma de Lima en sus 488 aniversario?

Mis pares a nivel de iberoamerica me trasladan la consulta en relación al tema que actualmente viene tratando la OEA sobre el caso peruano. 

En ese sentido debo manifestar que es lamentable lo que viene sucediendo en Perú y particularmente su capital Lima, quien se encuentra cumpliendo hoy su 488 aniversario de fundación.

El hecho es que la tres veces coronada Villa, con sus 43 distritos y más de diez millones de habitantes se encuentra en el centro de una convulsión social originada por diversos factores que acumulados a través de las últimas décadas, apuntan a un escenario en donde confluyen múltiples causas que dan lugar a la inestabilidad propia de la incertidumbre creada por colectivos alejados al diálogo , los cuales imponen una posición intransigente que instiga a la violencia y no necesariamente cautelan los intereses de las grandes mayorías.

La violencia no es una opción y menos aún las muertes que ocasione en un país democrático y que aspira alcanzar en paz su desarrollo sostenible. 

Secuencia de eventos que impactan en la sociedad peruana

Sin considerar orden de prioridad ni secuencia cronológica es posible mencionar la acumulación sistémica de las causas que sensibilizan a la población peruana situada en todo su territorio :

Un importante número de tomadores de decisión en el ejecutivo, se encuentran comprometidos con actos reñidos contra la ley y las buenas costumbres, pasando inclusive a responder ante los tribunales de justicia por haber cometido delitos contra la administración pública. Es larga la lista que identifica a alcaldes provinciales y distritales, presidentes de gobiernos regionales - hoy gobernadores, ministros de estado y presidentes de la república peruana que incumplieron sus juramentos y promesas al asumir funciones en sus respectivos cargos. Algunos de ellos formando parte de verdaderas organizaciones criminales para delinquir en perjuicio del Estado.

La multiplicidad de ministerios en el Estado macrocefálico, hacen posible que ministros y funcionarios públicos sin mayor conocimiento de la realidad peruana asuman cargos publicos, hecho vinculante al registro de escandalosos casos del mal manejo de la cosa pública, como en los casos de reconstrucción y los procesos de compras del Estado. En Perú se puede ver no pocos casos en que un "ministeriable" asuma varias carteras en una misma administración del Estado y generalmente en aquellos ministerios que contemplen elevados presupuestos para ser ejecutados en determinado año fiscal.

La falta de capacidades en la representación nacional del Congreso de la República, que con honrosas excepciones, no se escapa de presentar un Congreso más devaluado que el anterior.

La deficiente gestión en la administración pública, hace que el presupuesto público no sea adecuadamente manejado en sus tres niveles de gestión; hecho que incide negativamente en el fomento y promoción de la inversión privada.

La débil gobernaza y frágil gobernabilidad del país, hace que éste incremente a niveles extremos de informalidad, impactando en el desarrollo económico.

La corrupción desbocada en algunos sectores juega en pared con actividades ilícitas que contribuyen a la existencia de la tala ilegal, mineria ilegal,narcotrafico y otros delitos conexos.

La existencia de una evidente interferencia política en favor de colectividades que afecta el normal desarrollo de los institutos armados y su fuerza policial.

La ralentizada actuación del poder judicial para administrar justicia, al igual que del ministerio público.

Los problemas existentes en el sistema educativo para todos sus niveles, no permiten consolidar los principios y valores que por generaciones caracterizaron a la sociedad y cultura peruana. 

Podría continuar identificando los elementos que hacen reaccionar a un moble pueblo altamente sensibilizado por causas multisistémicas que luego de doscientos dos años de lograda su independencia se encuentra en busca de su destino. 

Lima bajo ataque

Siguiendo este orden de ideas, observamos a un país que logró crecer bajo un desarrollo mal entendido pues la población considera que el modelo de desarrollo empleado beneficia en mayor grado a algunas regiones más que otras. El crecimiento de Lima se distingue largamente de otras en términos de PBI e índice de desarrollo humano por citar sólo dos indicadores. Sin embargo, Lima presenta alta vulnerabilidad ante riesgos de origen natural y antrópico, así como su condición de receptor de migrantes tanto del interior del país como del extranjero. Por ello alberga el 30% de la población del país que presenta procesos truncos de descentralización y desconcentración, que a la fecha ven con estupor la denominada toma de Lima registrada por diferentes medios de comunicación.

Una opinión brindada en el tiempo

Tal como vengo expresandolo hace décadas en diversos foros académicos y políticos que involucran la participación multidisciplinaria de diversas colectividades, reitero mi prédica respecto a la necesidad de cautelar el irrestricto respeto a los derechos de la persona humana; también al hecho que el Perú como país democrático debe atender con mesas de diálogo y propuestas concretas a las justas reivindicaciones sociales que demanda la población aplicando a su derecho a la protesta que contempla la ley de leyes.

También sostengo claramente que las protestas con violencia sólo produjeron retrazo al país, beneficiando a intereses foráneos, hechos históricos así lo demuestran con ingentes pérdidas económicas y de valiosa e irreparables vidas humanas.

La unidad nacional entre un país que integra a un rostro con todas la sangres, deviene en imprescindible para superar el estado de situación actual que se encuentra pasando el Perú.

De otro lado es sustantiva la participación de las nuevas generaciones en el proceso de reconstruir el país no sólo de los estragos sufridos por la última pandemia, sino de lograr cerrar las brechas en infraestructura básica y social que se mantienen pese al esfuerzo realizado por las pasadas generaciones de ilustres patriotas peruanos que aportaron para ver a un país moderno y desarrollado en el tiempo. 

La preocupación sobre el futuro peruano de los paises amigos de la OEA y socios comerciales son siempre bienvenidos, sin embargo, en apego a las normas y principios internacionales, el Perú como país soberano siempre ha sabido resolver sus discrepancias internas pues es más grande que sus coyunturales problemas.

No deseo concluir este envío que traspasa fronteras, sin antes agradecer a la Comisión de Derecho Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho por tomar en cuenta como ponente al suscrito en uno de sus magníficos eventos de capacitación.