lunes, 19 de diciembre de 2011

Inversión & conflictos ambientales

Un interesante artículo de Carlos Acat Koch publicada este 19 de Diciembre del 2011 sobre la controversia planteada entre la inversión y conflictos medioambientales en el tema minero, es compartida seguidamente: 
La minería en el Perú se ha convertido en el eje neurálgico de la economía del país desde principios del siglo XX, al ser el motor del crecimiento del producto bruto interno (PBI) con una participación del 14,4 por ciento e ingresos por 155.000 millones de dólares, lo que la convierte en la principal fuente de divisas.
De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), existen en el país, al cierre del 2011, concesiones mineras que cubren una superficie de 24.057.405 hectáreas, y los proyectos en cartera suman más de 51.000 millones de dólares.
Se calcula que de unos 250 proyectos mineros en ejecución a nivel nacional un 65 por ciento viene operando sin mayores problemas con las poblaciones o comunidades aledañas; el 5 por ciento si hay una oposición clara o bien existe el riesgo que se declare no viable la concesión minera.
Perú figura, a nivel mundial, como el primer productor de plata; el segundo en cobre y zinc; tercero es estaño; cuatro en plomo; sexto en oro; y, décimoséptimo en hierro. Además, la minería configura el 65 por ciento del total de las exportaciones anuales, un monto que representa unos 24.000 millones de dólares en el 2011.
En el 2010, las inversiones mineras en el Perú llegaron a 2.791 millones de dólares, dirigidas a equipamientos de plantas.
Las inversiones también contemplaron equipamiento minero, actividades de exploración, labores de explotación, infraestructura y labores de preparación para trabajos de exploración.
Entre enero y septiembre de este año la inversión sumó 4.667 millones de dólares y se calcula que para el quinquenio 2011-2016, la cifra de la inversión total superará los 51.000 millones de dólares.
Empero, si bien desde el punto de vista económico ha resultado el sector más rentable, el actual Gobierno del Presidente Ollanta Humala concertó en septiembre pasado con los empresarios mineros un gravamen especial minero (GEM) que se espera rinda unos 3.000 millones de soles anuales (aproximadamente 1.000 millones de dólares).
A pesar de una mejora en los precios en la cotización internacional de los metales, a nivel interno se producen conflictos medioambientales y sociales entre las empresas mineras y no solamente con la población aledaña a las mismas sino también con paralizaciones de carácter regional.
En octubre, durante el primer mes de aplicación del GEM, que incuye un nuevo sistema de regalías, se recaudaron 204 millones de nuevos soles (75 millones de dólares), según la Superintendencia Nacional de Tributos (Sunat).
Ese gravámen, según decisión del Poder Ejecutivo, estará destinado a financiar proyectos de infraestructura, ampliar los programas de inclusión social y remediar los pasivos ambientales.
La suspensión indefinida del proyecto cuprífero Tía María, en el sureño departamento de Arequipa, y en fecha reciente del proyecto aurífero Conga, en el norteño departamento de Cajamarca, han generado incertidumbre en el empresariado e implicaría la reducción del financiamiento para superar la pobreza que afecta al 34 por ciento de los 30 millones de peruanos.
Tía María, propiedad del grupo mexicano Southern Cooper Corporation (SPC), tenía prevista una inversión de 1.000 millones de dólares para la explotación y procesamiento de oxido de cobre, de sulfuro y de material conglomerado y óxidos de baja ley, operando a tajo abierto en dos fases, una en el bienio 2012-2013 y otra en el sexenio de 2013-2019.
Sin embargo, una protesta en abril pasado que dejó tres pobladores muertos obligó al gobierno de entonces del Presidente Alan García (2006-2011) que dispusiera el retiro de la maquinaria y demandó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Conga, que forma parte de Yanacocha, también aurífera, es parte del consorcio de la estadounidense Newmont Mining Company, la peruana Minas Buenaventura y la transnacional International Financial Corporation, un proyecto que cuenta con 4.800 millones de dólares de capital para poder explotar a tajo abierto las reservas de minerales calculadas en más de 6 millones de onzas de oro.
Otros tres casos de minas suspendidas son el proyecto cuprífero de Las Bambas, a cargo de la suiza X-Strata, en el departamento sur andino de Apurímac, con una inversión de 4.200 millones de dólares; el también cuprífero de Quellaveco, en el sureño departamento de Moquegua, con un aporte de 3.000 millones de dólares de la minera Anglo American; y el proyecto de Santa Ana en el altiplánico departamento de Puno, de la canadiense Bear Creek, con una inversión de 71 millones de dólares. Estos proyectos tenían calculado extraer más de cinco millones de onzas de plata, y por el cual los puneños también se declararon en contra lo que provocaron actos de convulsión social que dejaron saldo de cinco muertos.
Las poblaciones opositoras a la participación minera se declararon en paro indefinido, con bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía presentan como causa común que la explotación minera dañaría las cuencas hidrográficas y por extensión dejarían vulnerables el medio ambiente.
Asimismo señalaron que las minas también afectarían con sus contaminantes las actividades agropecuarias y el agua de consumo humano.
En noviembre pasado también las provincias de Andahuaylas y Chincheros, en el departamento sur andino de Apurímac se paralizaron, y los pobladores exigieron al Poder Ejecutivo que promulgue un decreto supremo por el cual se prohíba toda actividad minera en ambas provincias.
Estos conflictos plantean al gobierno central de Perú la disyutiva de asumir la responsabilidad frente a la inversión y a las comunidades, y presuntamente la respuesta que ofrezca marcará un hito en la solución de otros enfrentamiento a futuro.
Aquí, las preguntas a resolver, por citar algunas serrían: ¿Qué hacer para que los proyectos sean viables y sostenibles?, ¿Bajo qué lineamientos se deben desarrollar los estudios de impacto ambiental (EIA) y quién debe estar a cargo de los mismos?.
Otras preguntas serían: ¿Cómo y en qué forma se debe recoger la aprobación o desaprobación de la población, teniendo en cuenta que ya se promulgó la Ley de Consulta Previa aunque está pendiente su reglamentación? y ¿Cuál será el futuro de las regiones cuando los yacimientos concluyan su período de vida?
Un tema que, a través del tiempo, se ha recrudecido es la falta de diálogo objetivo y transparente entre el estado, las empresas mineras y la población.
Esto es, que ha faltado una conectividad permanente si se tiene en cuenta que experiencias anteriores en la extracción de minerales han empobrecido aún más las regiones donde se han ubicado los yacimientos.
Sin embargo, también hay ejemplo puntuales en que el diálogo y el consenso han dado resultados favorables.
Uno de esos casos es el proyecto aurífero Ollaechea, del grupo estadounidense Minera IRL, en el departamento altiplánico de Puno, que ha facilitado que la comunidad campesina aledaña tenga una participación del 5 por ciento del paquete accionariado.
Otro es el que encabeza la firma X-Strata, que explota el yacimiento cuprífero de Tintaya, en el sur andino departamento de Cusco, donde se construye un hospital y ejecuta más de 600 obras en la provincia cusqueña de Espinar.