En la última década los informes de la Defensoría del Pueblo (DP) han reportado el hecho que la mayoría de conflictos sociales en el Perú estarían relacionados con temas socio ambientales y la mayor parte de ellos asociados a actividades mineras.
En el último bienio, esta tendencia continúa y los registros establecen que los conflictos sociales producidos en todo el país escalaron de 211 (Enero de 2009) a 220 (Noviembre del 2011).
De este universo y para el mismo periodo, los conflictos sociales ambientales escalaron de 100 casos (47% de todos los conflictos del país) a 125 casos ( 56.8% de todos los conflictos del país).
Según esta data histórica, los casos de conflictos socioambientales atribuidos a las actividades mineras, indicaría que la minería sería la fuente de mayor generación de conflictos en el Perú y que el Estado peruano, aún no encuentra la fórmula para frenar esta tendencia creciente de niveles de conflictividad.
Seguidamente se puede observar algunas consideraciones respecto a la dimensión que pudiera tomar una eventual transformación de los conflictos sociales, sin perjuicio de la actividad sectorial realizada.
Seguidamente se puede observar algunas consideraciones respecto a la dimensión que pudiera tomar una eventual transformación de los conflictos sociales, sin perjuicio de la actividad sectorial realizada.
En el extremo de la actividad minera formal, existen diversos factores que influyen negativamente en la imagen cuestionada por cierto segmento de la sociedad peruana, entre las razones podríamos citar algunas: Es una actividad que la población local siente como una imposición del gobierno central a las comunidades locales, el temor a la contaminación a su medio ambiente, las externalidades producidas y no debidamente compensadas, el incumplimiento de compromisos pactados, los reclamos por no satisfacer demandas laborales en las zonas de influencia minera, la inadecuada redistribución de los beneficios generados por la actividad minera, entre otros.
Cada razón expuesta, tiene diversos componentes y formas de tratamiento, sin embargo, se tiene en la minería informal y en la minería ilegal, elementos que distorsionan a las iniciativas (mayormente de carácter legal) y los esfuerzos de largo aliento que se producen en el país para enfrentar este problema latente.
Hacemos votos porque en el 2012 se logre frenar la escalada de conflictos socioambientales mineros, reduciendo los niveles de conflictividad para asegurar los niveles de inversión minera previstas en el marco del desarrollo sostenible que aspira alcanzar el país.
