viernes, 17 de junio de 2016

PPK: armonizar el agro y minería andina para destrabar inversiones

La nueva administración en Perú (PPK)  y los países que constituyen socios comerciales estratégicos tienen un reto importante de cara al futuro. Conectar la posición política descentralista y la viabilidad económica de importantes proyectos de la gran minería que se mantienen estancados por el enfrentamiento histórico entre agro y minería, teniendo como elementos articuladores a los recursos agua y suelo.
La rivalidad se ve reflejada por un estudio – que analiza 50 casos de conflictos a nivel mundial – demostrando que los costos de estos conflictos para el sector extractivo son altamente significativos.
The Centre for Social Responsibility in Mining y Harvard Kennedy School revelaron en un estudio que los conflictos sociales podrían llegar a representar un costo de veinte (20) millones de dólares a la semana para proyectos mineros cuya inversión oscila entre los tres mil millones y cinco mil millones de dólares.
Para el caso peruano podríamos hablar de sobrecostos del orden de veinte (20) millones de dólares por semana, pero para grandes proyectos en operación. Tenemos el caso de la paralización en Conga de Yanacocha y Tía María de Southern Copper. En el caso de los proyectos, tipo Conga, es más difuso cuantificar los costos que ocasionan a las mineras, pues aún no entraron en operación. Se estima que en Conga se habría perdido US$ 1,500 millones en total.
La gran minería altera ciertamente el uso de los recursos suelo y agua; los cuales son mitigados y/o compensados. No obstante, lleva la pesada carga de los antecedentes de contaminación de cursos de agua por acción de las aguas acidas de mina cuando no existía la minería responsable sujeta a controles y fiscalización, ni los adelantos tecnológicos que da la modernidad, y dificultan la prestación de servicios ambientales para la sociedad humana.
Cuando las actividades agrícolas no se gestionan adecuadamente también pueden conducir a serios problemas de degradación del medio ambiente, como la erosión, pérdida de la biodiversidad, uso indiscriminado de pesticidas entre otros.
A nuestro real entender, una de las soluciones de conciliación entre las partes, pasa por hacer que la agricultura familiar sea la principal responsable de la comida que llegue a las mesas de las familias peruanas, tarea que se ha venido postergando lamentablemente en el país andino, sustituyéndose con asistencialismo en época electoral o cuando por factores climáticos impactan en zonas potencialmente mineras, allí donde la minería llega y existe precaria presencia del Estado.

¿Qué si esto es posible hacer en sud américa?

La respuesta es sí, un país vecino, Brasil, que tiene casi siete veces más población que la peruana cuenta con una agricultura familiar que en el año 2015 representó aproximadamente el 70% de los alimentos consumidos en todo el país.
Para replicar esta experiencia brasileña es preciso hacer que los agricultores peruanos se constituyan en actores importantes de la cadena productiva de la comida principal del mercado peruano.
Es reconocido por todos que el sector agrícola genera ingentes puestos de trabajo, produce alimentos, genera riqueza y promueve la distribución armónica del ingreso en el país.

¿Y cómo considerar realidades distintas frente a la variabilidad ecosistémica que dan los diferentes pisos altitudinales de la cordillera de los Andes  y la exclusión de las riquezas producidas en zonas rurales altoandinas?

El enfoque agrícola en Brasil extrapola las barreras del comercio y la producción de alimentos debido a que en las zonas rurales también se producen servicios ambientales. Estos servicios se traducen en beneficios que las personas obtienen de los ecosistemas que abarcan el suministro de alimentos, la producción de agua, regulación del clima, la formación del suelo, los servicios de recreación, entre otros.
Ley de Servicios Ecosistémicos como instrumento de gestión para armonizar el agro y minería.
En Perú, luego de un esfuerzo realizado en el legislativo por un equipo de especialistas que apostamos por la viabilidad económica a partir del desarrollo sostenible de los recursos, se logró incorporar en el ordenamiento legal peruano a partir del 29 de Junio del 2014 la Ley N° 30215 que promueve, regula y supervisa los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que se derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación, recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas.
El uso de instrumentos económicos anteriormente utilizando como es el caso de obras por impuestos sin cautelar necesariamente la calidad del gasto público, y otros similares; aplicaron la salida más usual para lograr la conectividad de los pueblos andinos que es construir idealmente “más y mejores carreteras”; las mismas que  no sólo sirven para sacar productos, sino que también para incorporar productos, compitiendo con los que se producen ahí en los pueblos. Este proceso ha hecho que se incremente el centralismo y con ello aumenten los poblados dispersos menores de cien habitantes en Perú; asimismo el incremento poblacional de migrantes de las zonas rurales, especialmente de jóvenes en búsqueda de mejores opciones para mejorar su calidad de vida. El resultado más población flotante que forman parte de la generación “NI-NI” , refiriéndose a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.

¿Cómo transformar antes que transportar y lograr mejores precios por sus productos?

La oferta exportable de tener una “sierra exportadora” continuará sin despegar si es que no se logra incorporar al socio estratégico por excelencia en los andes; conciliar los justos intereses del agro y la gran minería andina pasando por gestionar adecuadamente los recursos agua y suelo permitirán no solamente alimentar a millones de familias peruanas, sino que podrán poner en vitrina a la minería moderna y responsable que recupera espacios mundiales en la producción de metales como oro y cobre. En estricto, no pocas regiones andinas del país podrían en poco tiempo aportar con una porción significativa del PBI nacional.

Contar con un ejecutivo proactivo en gestión de los recursos

La Labor de ser juez y parte del Estado para destrabar inversiones, promover al mismo tiempo nuevas inversiones y cautelar los recursos naturales y la conservación del medio ambiente no son en sí misma una actividad atractiva económicamente a la población y, a menudo los ecosistemas hacen un giro y se tornan en otras actividades más rentables.
Ante esta perspectiva, el ejecutivo debe pasar de ser un estado burocrático a uno proactivo que no sólo se encargue de cuantificar los conflictos sociales e indicar que la mayoría en los andes son tipificados como conflictos de origen socioambientales teniendo como controversia al uso del agua y el suelo.
En este contexto, los diferentes niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local deben concordar en planes de trabajo que obedezcan a una política de Estado de mejora contínua, donde  los sectores Agricultura, Minería, Ambiente y Salud articulen acciones, con el soporte adecuado de instituciones especializadas como el ANA. OEFA, entre otras, que coadyuven al equilibrio entre la producción económica y la conservación del medio ambiente. Sin soslayar por cierto al  socio estratégico que debe ser invitado a participar como gestor del desarrollo de los pueblos localizados en el Ande peruano.