La
nueva administración en Perú (PPK) y los
países que constituyen socios comerciales estratégicos tienen un reto
importante de cara al futuro. Conectar la posición política descentralista y la
viabilidad económica de importantes proyectos de la gran minería que se
mantienen estancados por el enfrentamiento histórico entre agro y minería,
teniendo como elementos articuladores a los recursos agua y suelo.
La rivalidad se ve reflejada por un
estudio – que analiza 50 casos de conflictos a nivel mundial – demostrando que
los costos de estos conflictos para el sector extractivo son altamente significativos.
The
Centre for Social Responsibility in Mining y Harvard Kennedy School revelaron
en un estudio que los conflictos sociales podrían llegar a representar un costo
de veinte (20) millones de dólares a la semana para proyectos mineros cuya
inversión oscila entre los tres mil millones y cinco mil millones de dólares.
Para
el caso peruano podríamos hablar de sobrecostos del orden de veinte (20) millones
de dólares por semana, pero para grandes proyectos en operación. Tenemos el
caso de la paralización en Conga de Yanacocha y Tía María de Southern Copper.
En el caso de los proyectos,
tipo Conga, es más difuso cuantificar los costos que ocasionan a las mineras, pues
aún no entraron en operación. Se estima que en Conga se habría perdido US$
1,500 millones en total.
La
gran minería altera ciertamente el uso de los recursos suelo y agua; los cuales
son mitigados y/o compensados. No obstante, lleva la pesada carga de los antecedentes
de contaminación de cursos de agua por acción de las aguas acidas de mina cuando
no existía la minería responsable sujeta a controles y fiscalización, ni los
adelantos tecnológicos que da la modernidad, y dificultan la prestación de
servicios ambientales para la sociedad humana.
Cuando
las actividades agrícolas no se gestionan adecuadamente también pueden conducir
a serios problemas de degradación del medio ambiente, como la erosión, pérdida
de la biodiversidad, uso indiscriminado de pesticidas entre otros.
A
nuestro real entender, una de las soluciones de conciliación entre las partes, pasa
por hacer que la agricultura familiar sea la principal responsable de la comida
que llegue a las mesas de las familias peruanas, tarea que se ha venido
postergando lamentablemente en el país andino, sustituyéndose con
asistencialismo en época electoral o cuando por factores climáticos impactan en
zonas potencialmente mineras, allí donde la minería llega y existe precaria
presencia del Estado.
¿Qué si esto es posible hacer en sud américa?
La
respuesta es sí, un país vecino, Brasil, que tiene casi siete veces más
población que la peruana cuenta con una agricultura familiar que en el año 2015 representó aproximadamente el 70% de los alimentos consumidos en todo el país.
Para
replicar esta experiencia brasileña es preciso hacer que los agricultores peruanos
se constituyan en actores importantes de la cadena productiva de la comida
principal del mercado peruano.
Es
reconocido por todos que el sector agrícola genera ingentes puestos de trabajo,
produce alimentos, genera riqueza y promueve la distribución armónica del
ingreso en el país.
¿Y cómo considerar realidades distintas frente a la variabilidad ecosistémica que dan los diferentes pisos altitudinales de la cordillera de los Andes y la exclusión de las riquezas producidas en zonas rurales altoandinas?
El
enfoque agrícola en Brasil extrapola las barreras del comercio y la producción
de alimentos debido a que en las zonas rurales también se producen servicios
ambientales. Estos servicios se traducen en beneficios que las personas
obtienen de los ecosistemas que abarcan el suministro de alimentos, la
producción de agua, regulación del clima, la formación del suelo, los servicios
de recreación, entre otros.
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| Ley de Servicios Ecosistémicos como instrumento de gestión para armonizar el agro y minería. |
En
Perú, luego de un esfuerzo realizado en el legislativo por un equipo de
especialistas que apostamos por la viabilidad económica a partir del desarrollo
sostenible de los recursos, se logró incorporar en el ordenamiento legal
peruano a partir del 29 de Junio del 2014 la Ley N° 30215 que promueve, regula
y supervisa los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos que se
derivan de acuerdos voluntarios que establecen acciones de conservación,
recuperación y uso sostenible para asegurar la permanencia de los ecosistemas.
El
uso de instrumentos económicos anteriormente utilizando como es el caso de obras
por impuestos sin cautelar necesariamente la calidad del gasto público, y otros similares;
aplicaron la salida más usual para lograr la conectividad de los pueblos
andinos que es construir idealmente “más y mejores carreteras”; las mismas que no sólo sirven para sacar productos, sino que
también para incorporar productos, compitiendo con los que se producen ahí en
los pueblos. Este proceso ha hecho que se incremente el centralismo y con ello
aumenten los poblados dispersos menores de cien habitantes en Perú; asimismo el
incremento poblacional de migrantes de las zonas rurales, especialmente de
jóvenes en búsqueda de mejores opciones para mejorar su calidad de vida. El
resultado más población flotante que forman parte de la generación “NI-NI” , refiriéndose
a los jóvenes que ni estudian ni trabajan.
¿Cómo transformar antes que transportar y lograr mejores precios por sus productos?
La
oferta exportable de tener una “sierra exportadora” continuará sin despegar si
es que no se logra incorporar al socio estratégico por excelencia en los andes;
conciliar los justos intereses del agro y la gran minería andina pasando por
gestionar adecuadamente los recursos agua y suelo permitirán no solamente alimentar
a millones de familias peruanas, sino que podrán poner en vitrina a la minería
moderna y responsable que recupera espacios mundiales en la producción de metales
como oro y cobre. En estricto, no pocas regiones andinas del país podrían en
poco tiempo aportar con una porción significativa del PBI nacional.
Contar con un ejecutivo proactivo en gestión de los recursos
La
Labor de ser juez y parte del Estado para destrabar inversiones, promover al
mismo tiempo nuevas inversiones y cautelar los recursos naturales y la
conservación del medio ambiente no son en sí misma una actividad atractiva
económicamente a la población y, a menudo los ecosistemas hacen un giro y se
tornan en otras actividades más rentables.
Ante esta perspectiva, el ejecutivo
debe pasar de ser un estado burocrático a uno proactivo que no sólo se encargue
de cuantificar los conflictos sociales e indicar que la mayoría en los andes son tipificados como conflictos de origen socioambientales teniendo como
controversia al uso del agua y el suelo.
En este contexto, los diferentes
niveles de gobierno, tanto nacional, regional y local deben concordar en planes
de trabajo que obedezcan a una política de Estado de mejora contínua, donde los sectores Agricultura, Minería, Ambiente y
Salud articulen acciones, con el soporte adecuado de instituciones
especializadas como el ANA. OEFA, entre otras, que coadyuven al equilibrio entre
la producción económica y la conservación del medio ambiente. Sin soslayar por cierto
al socio estratégico que debe ser
invitado a participar como gestor del desarrollo de los pueblos localizados en
el Ande peruano.
