domingo, 21 de enero de 2018

Prácticas corruptas en el sector construcción

En el Perú,es un secreto a voces las prácticas corruptas que se vienen denunciando en el esfuerzo que se realiza para cerrar la brecha de infraestructura y reconstrucción en diversas partes del país. Instituciones como en el caso de Contraloría General de la República,Congreso de la República y el Ministerio Público, se encuentran en la tarea de poner sobre la mesa casos emblemáticos para que el poder judicial realice la parte de la labor que le corresponde.
La ejecución de obras públicas traficadas como en la construcción de Hospitales,Obras de agua potable,alcantarillado y saneamiento, carreteras, entre otras, se han puesto sobre el tapete; sin embargo, el diario La República presenta el día de hoy bajo el título :Los negocios secretos de "El club de la construcción" una interesante descripción del modus operandi de las empresas implicadas en este ilícito negociado.
"El Equipo Especial del Ministerio Público somete a escrutinio a 14 empresarios, 4 cómplices u operadores, 15 compañías, 35 funcionarios de Provías y la adjudicación de 45 obras públicas por más de 10 mil millones de soles realizadas entre 2011 y 2015. Se trata del primer paso de una investigación sin precedentes sobre el negociado de la obra pública.
“Yo dejé de asistir a ese tipo de reuniones porque me dio mala espina y algo me decía que no iba a terminar bien. El tiempo me dio la razón”, declaró un empresario que participó en algunas de las sesiones del “Club de los Constructores” en el restaurante “Balthazar”, en la avenida Canaval y Moreira 308, en San Isidro.
“¿Usted consiguió que le dieran alguna obra pública?”, le preguntamos. Aceptó hablar con la condición de no ser identificado ni de mencionar nombres de los implicados.
“Como dejé de ir, no conseguí ningún contrato. Me salvé de la cárcel”, señaló el empresario con un suspiro de alivio.
“¿Qué tipo de obras eran las que se repartían?”, le interrogamos.
“Las de Provías. Provías porque tenía las obras de mayor presupuesto. Si usted revisa qué obras son las que están investigadas, se dará cuenta”, contestó con convicción a La República.
A partir de la declaración de un colaborador eficaz que actuó como representante de una compañía que se benefició de un esquema de corrupción que consistía en una concertación para distribuirse proyectos públicos de construcción, rehabilitación o mantenimiento de carreteras, el Equipo Especial del Ministerio Público ejecutó el miércoles 10 de enero un operativo judicial contra 14 empresarios y 4 cómplices u operadores. Las autoridades denominaron al caso “El Club de los Constructores”, una investigación que se inició hace medio año y que derivó del seguimiento a los pagos de sobornos que hizo Odebrecht para obtener la buena pro de millonarios proyectos, entre ellos algunos de Provías, el organismo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Odebrecht fue parte de “El Club de los Constructores”.
De acuerdo con la resolución de la jueza María de los Ángeles Álvarez, especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, en esta primera etapa de la investigación del Ministerio Público están comprendidas 15 compañías, pero podría ampliarse hasta 30 o más. Las pesquisas abarcan el periodo de 2011 a 2014, sin embargo la práctica distributiva de las obras públicas de Odebrecht continuó al menos hasta 2017.

Toma que te doy

El Equipo Especial del Ministerio Público verificó el testimonio del colaborador eficaz mediante el registro de los pagos que hicieron los empresarios en el restaurante “Balthazar” y en otros establecimientos donde se produjeron los encuentros de los miembros de “El Club de los Constructores”, además de la revisión de la asignación de las obras públicas por parte de Provías, comprobando que existía correspondencia. 
Si bien en la resolución de la jueza Álvarez no se identifican las licitaciones en las que existió concertación entre los integrantes de “El Club de los Constructores” y los funcionarios de Provías, sí consigna las fechas en las que se consumaron los hechos, lo que permite establecer qué licitaciones pudieron haber sido direccionadas en beneficio de los confabulados.
Para avanzar en el caso, el Equipo Especial del Ministerio Público ha resuelto escudriñar en particular las obras de mayor cuantía que concedió Provías entre 2011 y 2014, que son aproximadamente 45.
Al revisar la base de datos de Provías, La República comprobó que en ese periodo se repitió con mucha frecuencia la buena pro a favor de las empresas investigadas. Y resulta coincidente que se trata de los proyectos más cuantiosos. Los miembros de “El Club de los Constructores” resultaron ganadores de casi el 90 por ciento de los proyectos que superaban los 100 millones de soles. Lo que había relatado el empresario, que no quiso ser parte de la conspiración, era cierto. Se quedaban con las obras públicas de mayor presupuesto.
Las licitaciones bajo sospecha que revisa el Equipo Especial del Ministerio Público comprometen casi 10 mil millones de soles de inversiones de Provías, pero podría duplicarse si se confirma que entre 2015 y 2017 se repitió el esquema de repartición que instituyó “El Club de los Constructores” desde 2011.
El colaborador eficaz explicó a las autoridades que los miembros del exclusivo club se distribuían las obras públicas de Provías por empresa, pero más frecuentemente se consorciaban. El acuerdo consistía en simular la presentación de ofertas económicas y/o técnicas a sabiendas de que serían descalificadas. Sin embargo, ¿cómo pudo consumarse esta metodología sin la participación de los funcionarios públicos? Solo está imputado y detenido el ex asesor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Carlos García Alcázar. ¿Pudo él solo haber convencido a los funcionarios del MTC, Provías y de los Comités de Licitación de este organismo ser parte de la concertación para favorecer a los componentes de “El Club de los Constructores”?
“Imposible”, señaló a La República una fuente del Ministerio Público que hizo comentarios con la condición del anonimato: “Tiene que haber habido la participación necesaria o de altos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y de Provías, o de los miembros de los Comités de Licitación que otorgaron la buena pro a las empresas que fueron parte de ‘El Club de los Constructores’”.
“Este esquema no es nuevo para nosotros. Por ejemplo, en el caso del Tren de Lima, la adjudicación a favor de Odebrecht se produjo porque existió concertación entre el viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo; el presidente del Comité de Licitación de la Línea 1, Edwin Luyo Barrientos; y la presidente del Comité de Licitación del Tramo II de la Línea 1, Mariella Huerta Minaya. Como se sabe, el resto de los integrantes de los comités de licitación, también están implicados y se les ha encontrado cuentas, dinero y propiedades”, explicaron las fuentes del Ministerio Público.

Se buscan informantes

La República tuvo acceso a la base de datos de Provías e identificó a los funcionarios de este organismo que fueron parte de los Comités de Licitación que otorgaron las buena pro a las millonarias obras públicas adjudicadas a los miembros del llamado “Club de los Constructores”. Varios de estos funcionarios se repiten en la contratación de las compañías bajo investigación, por lo que el Ministerio Público también los ha comprendido en el caso. Para empezar, ya solicitó información a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre sus movimientos bancarios y ha iniciado la revisión de sus propiedades. Por el momento son 35.
En este tipo de casos son importantes los colaboradores eficaces. Por eso, cuando el ex asesor del MTC Carlos García Alcázar presentó una apelación contra el mandato de detención, el fiscal Oliver Chávez Sánchez insistió en que continuara apresado porque es un personaje clave para desmontar a “El Club de los Constructores”. No obstante que García apeló al sentimiento, e hizo llorar al tribunal y a los presentes con su historia –es padre de dos niños pequeños enfermos que requieren de su atención–, la sala compuesta por los magistrados Susana Castañeda, Ramiro Salas y Juan Guillermo Piscoya, ratificó –secándose las lágrimas– el mandato de encarcelamiento preventivo. La situación extrema de la prisión, y la tragedia familiar que implica su ausencia, podría motivar que Carlos García se ofrezca a la colaboración eficaz.
La investigación fiscal ha impactado en profundidad a la Cámara Peruana de Constructores (Capeco), el principal gremio del sector, porque algunos de los miembros de la directiva, o de algunas muy recientes, aparecen como involucrados. El presidente de Capeco, Enrique Espinoza Becerra, no formuló declaraciones porque no se encuentra en la ciudad. Sin embargo, fuentes del organismo confirmaron a La República que cuatro integrantes del Consejo Directivo, y uno del Comité de Infraestructura, son representantes de empresas investigadas por el Equipo Especial del Ministerio Público.
De acuerdo con fuentes de Capeco, los directivos son el vicepresidente de Cosapi, Fernando Valdez Torero; el gerente general del Grupo Plaza, Elías Plaza Parra; Julián Siucho Dextre, de Constructora San Martín; el gerente general de ARAMSA Construcciones, Federico Aramayo Málaga; y el gerente general de Superconcreto del Perú, Ricardo Manrique Daemisch. La presidenta de la Comisión de Ética de Capeco, Giovanna Arellano, estudia la situación de estos y otros empresarios para un próximo pronunciamiento.
También son parte del caso el propietario de Constructora Málaga Hermanos, Félix Málaga Torres, ex directivo de Capeco. Málaga, quien se encuentra en la situación de prófugo, apeló al mandato de detención bajo el argumento de que las imputaciones del colaborador eficaz son falsas. Pero la sala presidida por la jueza Susana Castañeda desestimó la apelación.
El abogado de Málaga, César Nakazaki, desestimó la acusación del Equipo Especial del Ministerio Público: "Lamentablemente, la sala (de la jueza Castañeda) no ha querido revisar el sistema que aplica el Ministerio Público que consiste en investigaciones secretas: las pruebas las esconde hasta el día de la audiencia en la que pide detención o prisión preventiva, dejando sin posibilidad de defensa alguna a las personas", explicó el letrado a La República.
"La Sala Penal Nacional ya ha detectado esta metodología ilegal: no puede haber investigaciones secretas. Si hay pruebas, estas deben ser accesibles a las partes para que se defiendan. Los jueces no pueden reemplazar a los fiscales, que es lo que hace el magistrado Richard Concepción Carhuancho. Los jueces de la Sala Penal Nacional actúan como árbitros, y así debe de ser. Mi patrocinado es inocente y la orden de detención es ilegal. Los dichos del colaborador eficaz no están probados", dijo Nakazaki.
Otras compañías como Graña y Montero negaron haber sido parte del 'Club de los Constructores' y se han puesto a disposición de las autoridades.
"En el sector constructor se conocía de las prácticas corruptas de este exclusivo club de empresas, pero nadie se atrevió acusar a ninguna empresa ni a nadie. El colaborador eficaz ha abierto las puertas de un negocio secreto que probablemente ha existido durante más de una década y ha operado en perjuicio del Estado con miles de millones de soles. Estamos recién en el principio del caso", señalaron las fuentes del Ministerio Público: "Les llegó la hora".

Sálvese quien pueda

Entre 2007 y enero del 2017 ejerció como director de Provías Nacional Raúl Torres Trujillo, en cuya gestión, precisamente, de acuerdo con el colaborador eficaz del Equipo Especial del Ministerio Público, presuntamente se concertaron las adjudicaciones de millonarias públicas entre los integrantes del 'Club de la Construcción'.
Por coincidencia, el reemplazo de Raúl Torres por Ricardo Bernales Uzátegui se produjo en medio de las indagaciones del caso Lava Jato, que alcanzó a proyectos de obras públicas asignadas por Provías a empresas brasileñas como Odebrecht, Constructora OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao y otras.
Al asumir el cargo, Ricardo Bernales debió hacer un corte drástico para diferenciarse de la anterior administración de Raúl Torres, que incluyó la intervención de la Contraloría General de la República y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero, además, se inició una investigación interna de todos los funcionarios que participaron en las adjudicaciones de obras públicas en el periodo 2011-2014.
Para no entorpecer las investigaciones en curso, La República solo puede informar que por el momento se ha detectado que algunos miembros de los Comités de Licitación se repiten cuando se trata de el otorgamiento de la buena pro que favoreció a varias de las constructoras investigadas.
"Se trata de un patrón: se repiten las empresas y se repiten los funcionarios. Pero no solo en el periodo bajo investigación, del 2011 al 2014. Hemos encontrado indicios de que se repite hasta 2017", indicaron las fuentes del Ministerio Público: "Por estrategia, hemos empezado con un grupo de empresas y un paquete de obras públicas, las de mayor presupuesto", agregaron.
El colaborador eficaz identificó a otras empresas participantes del 'Club de la Construcción', entre ellas, Altesa, T&T, JC Montes, Constructora Upacá, Superconcreto del Perú, Aramayo Constructores, Elvi SAC, Constructores y Mineros Contratistas (CYM), Energoprojekt Niskogradnja S.A., Obrascón Huarte Lain (OHL), Conalvías Construcciones y JACSAC, entre otras en proceso de identificación.
El Equipo Especial del Ministerio Público no solicitó al Poder Judicial intervenir a estas compañías porque el colaborador eficaz no recordaba la identidad de sus representantes u operadores, por lo que la Fiscalía decidió dejar estos casos en un segundo operativo.
"En la revisión de los comprobantes de pago del restorán Balthazar y del Swissotel, en los que frecuentaban los integrantes del 'Club de la Construcción', se han encontrado a personas relacionadas con la segunda lista. Si se revisa la base de datos de Provías, se comprobará que también recibieron, individualmente o en consorcio, la adjudicación de obras públicas, en particular la construcción de carreteras", señalaron las fuentes del Ministerio Público.
Las autoridades confían en que la información contenida en las memorias de las computadoras, emails, cuentas en las redes sociales, dispositivos electrónicos y otro material incautado durante los allanamientos de las oficinas de los implicados será determinante para identificar a los organizadores del 'Club de la Construcción' y a sus operadores.
"El Poder Judicial aprobó la solicitud de obtención de los registros históricos de las comunicaciones de los investigados, lo que es clave para rastrear desde cuándo funciona este esquema de repartición de obras públicas", añadieron las fuentes.
"¿Cuánto era el promedio de los sobornos?", preguntamos al empresario constructor que no quiso participar de la confabulación.
"En promedio, 10 por ciento del total. Ese porcentaje se lo repartían los operadores, los intermediarios y se supone que los funcionarios implicados", respondió.
"¿Y ese dinero lo pagaban los constructores de su bolsillo?", indagamos.
"¡Ja, ja, ja! Cómo se les ocurre. Los constructores no ponían un centavo. El dinero salía del sobrecosto de las obras. Los sobornos se pagaban con la plata que le robaban al Estado", afirmó".