En nuestro comentario "Progreso en formalización minera" nos referíamos a los diferentes plazos establecidos dentro del proceso para lograr el cumplimiento del ordenamiento legal vigente en materia de minería informal y resaltamos como un error estratégico tratar en los hechos por igual, tanto a la minería informal como a la minería ilegal.
Faltando treinta y dos (32) días para el cumplimiento del "último plazo" para la precitada formalización, Semana económica se ocupa del tema en los siguientes términos:
"No se ha
enfatizado lo suficiente acerca del reto que significa para el actual gobierno
la ambiciosa empresa de formalizar la minería ilegal. En los últimos años ha
ido discretamente instalándose la idea de que se trata de un problema acaso
comparable con el narcotráfico. En tal contexto, en poco más de un mes –el 19
de abril– se vence el plazo para que los informales presenten una declaración
de voluntad de querer formalizarse. Es importante hacer esa precisión porque
con esa presentación no se obtiene automáticamente la formalización (como
pueden dar a entender ciertas noticias), sino que tan sólo se inicia un
procedimiento legal que, en el mejor de los casos, terminará con ese resultado.
Un primer
problema relacionado a la complejidad de ese proceso es la resistencia de buena
parte de los informales a acogerse a la formalización. De hecho, el gremio que
aglutina a los mineros informales, Fenamarpe, ha convocado a una ‘gran marcha
nacional’ para este 17 de marzo, en la que exigirán modificaciones al régimen
legal, comenzando por una extensión del plazo para la presentación de
solicitudes. Se sabe en el sector minero (formal) que el gobierno –desde el
presidente Ollanta Humala- tiene la voluntad declarada de no ceder y mantener
la fecha inamovible. Los informales aducen que la dificultad para formalizarse
deriva de que el 75% de ellos está imposibilitado de cumplir con los requisitos
porque no tiene (ni, al parecer, prevé alcanzar en el corto plazo) acuerdos con
los titulares oficiales de las concesiones mineras en las que operan
ilegalmente. Lo cual nos lleva al siguiente problema. Y es que en realidad no
es requisito para acogerse a la formalización contar con esos acuerdos.
En realidad no se
sabe cuál será el remedio o la solución que finalmente dará el Estado (ya no
digamos el gobierno) ante los muchísimos casos que previsiblemente se
presentarán en que haya un titular formal y uno o más mineros de facto sobre la
misma concesión. A falta de acuerdo, ¿debería perder toda expectativa de
legalización el informal? Ésa suena, desde luego, como la solución más
razonable, pero ciertamente introduce un desincentivo a la formalización, cuya
expresión es precisamente la huelga de este lunes, pues estos mineros se
estarían exponiendo al riesgo de ser identificados por su solicitud y luego
perderlo todo por no alcanzar acuerdos. La solución contraria resulta todavía
más peligrosa, pero por increíble que parezca se presentó incluso un proyecto
de ley en el Congreso que apuntaba a que, a falta de acuerdo, fuera el formal
el que perdiera la concesión (¡!).
Finalmente, el
tercer gran problema es que, una vez vencido el plazo, ¿cómo actuará el
gobierno con quienes no presenten declaración alguna? El alto comisionado para
la interdicción de la minería ilegal, la formalización minera y la remediación
ambiental de la PCM ha tenido recientemente una implacable intervención al
desbaratar operaciones de minería ilegal, y eso podría constituir un indicio de
su voluntad política para enfrentar el problema a futuro. Pero,
lamentablemente, tenemos un gobierno débil, donde además el propio presidente
ha visto debilitada su imagen recientemente, y el desgaste de capital político
que esta guerra (que en eso podría convertirse) puede resultar demasiado alto".
