La población peruana se encontraba pasando ya una dramática situación en términos de acceso y disponibilidad al agua y saneamiento como antesala al arribo del COVID-19 en marzo del 2020. Este escenario no fue percibido inicialmente en los informes periodísticos expuestos por importantes medios de comunicación tanto del exterior como del interior del país.
La carencia en cantidad y calidad del recurso agua para el consumo humano directo en franjas marginales de importantes ciudades del país , franquearon las puertas para que la enfermedad infecciosa se difundiera rápidamente alcanzando proporciones dantescas, haciendo infructuosos los esfuerzos para detener su avance en ciudades de la costa desértica, especialmente en Lima y callao, que se constituyó en una de las zonas calientes del Planeta.
Lamentablemente se transitó desde un estado de urgencias a un estado de emergencia, de la cual se corre el riesgo de pasar a un estado de Catástrofe en agua y alcantarillado, de no tomar acciones inmediatas para revertir el estado de situación y revertiendo las medidas de confinamiento en estos lugares donde se localizan familias hacinadas en espacios comunes sin contar con agua y alcantarillado, lugares donde muy probablemente penetrará, inficionará y focalizará como zonas endémicas de la enfermedad respiratoria transmisible infecciosa.
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| La falta de capacidad en el gasto público en agua y saneamiento es un cuello de botella a superar. |
Incumplimiento de compromisos
El COVID-19 encontró un escenario caracterizado por la debilidad que arroja la improvisación en un sector que buscaba tomar distancia de altos niveles de corrupción identificados y difundidos por la Contraloría General de la República peruana.
Una década atrás, mediante el DS N° 054-2011-PCM se aprobó el Plan Bicentenario del Perú hacia el 2021, asimismo se contaba con instrumentos de gestión derivados del Acuerdo Nacional y los compromisos internacionales adoptados para cumplir los objetivos del desarrollo sostenible aprobado en la Asamblea general de la ONU en el 2015.
Asimismo, el 30 de marzo del 2017 se publicaba el DS N° 007-2017-VIVIENDA aprobando la Política Nacional de Saneamiento, teniendo como uno de sus objetivos dotar de acceso a los servicios de saneamiento a todos los habitantes de las zonas urbanas al año 2021.
Los hechos indican que millones de ciudadanos peruanos continúan careciendo del servicio de agua y alcantarillado desde cuando arribó el COVID-19 hasta hoy en día.
Responsabilidades identificadas y compartidas
A los problemas de calidad del gasto público se le añade los bajos cumplimientos de las inversiones programadas , factores que mantuvieron la inoperatividad de los sistemas teniendo como marco una débil gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). Esta debilidad se produjo como una consecuencia de la ineficacia del gasto público causada , entre otros motivos, por la concentración del poder económico y político que llevaron a ralentizar las funciones de OTASS y al regulador SUNASS, situación que pasaron agravar la crisis técnica y financiera de las EPS, teniendo a la falta de inversiones previstas y en la caída de las cobranzas, como problemas emergentes del confinamiento por la prolongada inmovilización social.
Antesala de la Emergencia
La externalidad causada por el DS N°010-2017-VIVIENDA publicada el 12 de Mayo del 2017 se evidencia en su primera disposición complementaria en la que establece que las EPS incorporadas al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) podían solicitar la suspensión del plazo de la etapa de formulación de proyectos y de la etapa de implementación del proyecto y de los compromisos ambientales.
El nivel de liberalidad y discrecionalidad con que actuaron algunos funcionarios responsables de la aplicación de dispositivos anti técnicos permitieron la afectación de la salud pública en Perú, constituyéndose en nexo causal de miles de muertes que se reportan por acción del virus influenciado por la carencia de agua para higiene y consumo humano directo.
El nivel de liberalidad y discrecionalidad con que actuaron algunos funcionarios responsables de la aplicación de dispositivos anti técnicos permitieron la afectación de la salud pública en Perú, constituyéndose en nexo causal de miles de muertes que se reportan por acción del virus influenciado por la carencia de agua para higiene y consumo humano directo.
En este escenario se sucedieron los decretos supremos : DSN°018-2018-VIVIENDA y DSN° 009-2019-VIVIENDA , que aprueba y deroga respectivamente , aspectos concernientes con el RAT o al régimen concursal de las EPS.
De los decretos de Urgencia
El 24 de enero del 2020 fue publicado el Decreto de Urgencia DU N° 022-2020 buscando el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales, indicando que las autoridades sectoriales pueden precisar la definición de pasivos ambientales de acuerdo a la naturaleza y características propias de cada actividad sectorial; de igual manera, el 10 de abril del 2020 se publicó el DU N°036-2020 para garantizar la continuidad de los servicios de saneamiento frente a las consecuencias del COVID-19.
Pasados ocho meses, el 21 de Enero del 2021, se publicó el DU N° 005-2021 con que se aprueba medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan a las EPS cumplir con lo dispuesto por el precitado DUN°036-2020.
Probabilidad de pasar al estado de Catástrofe
De no enrumbar oportunamente las políticas en agua y alcantarillado destinadas a garantizar la salud pública en el país y particularmente en Lima y Callao, el incremento de defunciones en espacios críticos provocaría que el gobierno transitorio eventualmente pudiera decretar desastre nacional, medida que permitiría solicitar ayuda internacional para mitigar el desastre formado en algunos departamentos del país. (Actuación similar a Bolivia , quien declaró el año próximo pasado, desastre nacional por incendios y sequías)
El estado de situación emergente determinada por el COVID-19, plantea un desafío a las oportunas actuaciones de organismos de carácter nacional e internacional que tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos y las responsabilidades administrativas, civiles o penales a que hubiera lugar por la inadecuada gestión y manejo de la cosa pública en Perú.
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| Es tarea del Congreso de la República, legislar para revertir la gestión en agua y saneamiento. |
