La ley de Consulta previa fue aprobada por el Congreso en Agosto del 2011, transcurrido dieciocho meses de su aprobación, todavía no se publica la lista de comunidades indígenas y originarias que pueden acogerse a la misma. (Como se sabe,no todas las comunidades cumplen estos dos requisitos).
En este escenario, la estrategia antiminera para generar mayores contradicciones en el sector, pasa por prolongar la identificación de los pueblos indígenas válida para el proceso de consulta previa en Perú, hecho que estaría funcionando en razón a que progrese la medida de acción popular entablada contra la directiva encargada de elaborar la base de datos de los pueblos indígenas originarios.
A continuación presentamos uno de los casos, difundido por El País:
"Desde diciembre (2012) , en la sierra norte del Perú un proyecto minero enfrenta la oposición de la comunidad campesina San Juan de Cañaris, la única del país
donde aún se habla la variante del quechua Cañaris. Comuneros que rechazan la
extracción a tajo abierto protestaron en enero, bloqueando la vía de acceso al
campamento de la minera Cañariaco.
La policía repelió con disparos, algunas
personas quedaron discapacitadas, no hubo muertos. El gobierno, entonces, creó
una mesa tripartita de trabajo para resolver el conflicto; sin embargo, las dos
últimas sesiones no han abordado el principal punto de discrepancia y los
representantes del Estado y de la comunidad están cada vez más enfrentados.
“Creo que por la ruptura de la mesa de diálogo va a ser imposible asistir a la
siguiente”, dijo el dirigente Florentino Barrios a EL PAÍS el sábado, pocas
horas después de que fracasó la cita en las montañas del departamento de
Lambayeque.
Este caso muestra las dificultades del Gobierno y las empresas para dirimir intereses y
tensiones con comunidades de culturas y valores diferentes: 18 proyectos
mineros están asentados en territorios de indígenas, y una cantidad mayor
incluso corresponde a proyectos de hidrocarburos.
La Defensoría del Pueblo reporta cada mes la cantidad de conflictos sociales en el país. El informe de febrero revela que de 89 casos en proceso de diálogo, 46 de esos espacios surgieron después de un
hecho de violencia, como ocurrió con Cañaris. De 222 conflictos registrados en
febrero,147 son socioambientales, como el de Cañaris. O también,como el de Conga Cajamarca(sierra
norte), donde el diálogo fracasó y continúan las fricciones entre la policía
contratada por la empresa minera y la población local que se opone a un
millonario proyecto minero de la estadounidense Newmont.
Ese conflicto fue la primera crisis política que enfrentó –en diciembre de 2011– el gobierno de Ollanta Humala, pues al abandonar su promesa de Agua sí, oro no en Agua sí, oro también, prescindió
de varios ministros y parte de sus electores se sintieron traicionados.
La cuestión en Cañaris es particular debido a que el Perú promulgó en 2011 la ley
de consulta previa de los pueblos indígenas, pero el Estado aún no ha
concretado ninguna consulta de acuerdo a dicha norma.
Tardíamente, la semana
pasada, divulgó una guía de procedimientos administrativos para su aplicación,
pero aún no hace pública la lista oficial de los pueblos indígenas que pueden
exigir ese derecho.
La mesa de trabajo de Cañaris fue creada por el gobierno, con la participación de la
empresa y la comunidad, para abordar dos temas: desarrollo y minería. En cuanto
a minería, en la sesión del 4 de marzo el gobierno debió decidir la validez de
dos votaciones en las que los comuneros tomaron posición acerca de las
operaciones de la minera Candente Copper. Ninguna fue organizada por el Estado,
aunque la segunda contó con representantes gubernamentales como observadores.
Una votación con 500 personas en julio de 2012 tuvo el 70% a favor de la mina;
mientras que a la de septiembre asistieron 1.896 personas y 1.719 votaron
contra el proyecto. El padrón comunal de San Juan de Cañaris registra unas
3.300 personas, quienes se rigen por la ley de comunidades campesinas. La
sesión del sábado, realizada en un coliseo en Cañaris, postergó nuevamente para
mayo la evaluación sobre cuál votación da, o no, el permiso o licencia
social a Candente Copper para seguir sus operaciones.
En las dos últimas sesiones, el comportamiento de los representantes del gobierno, altos
funcionarios del ministerio de Energía y Minas y de la presidencia del Consejo
de Ministros, ha llamado la atención. La reunión del 2 de marzo iba a ser en la
comunidad campesina de Cañaris, sede definida con un mes de anticipación. La
noche anterior, los funcionarios cambiaron el lugar, avisando a la prensa, pero
no a los cañaris, quienes habían preparado una bienvenida de acuerdo a sus
costumbres ancestrales. Las autoridades comunales no solo llegaron tarde a la
otra localidad, sino que se sintieron maltratadas.
Este sábado en Cañaris, el presidente comunal saliente, Cristóbal Barrios, y su
sucesor Florentino Barrios, quien asume el próximo 17, tuvieron dificultades al
ingresar a la sesión en un coliseo.
El impás se resolvió, pero un representante
de la PCM impidió pasar a Rosa Sara, vocal de la presidencia comunal y
dirigente de las rondas de mujeres de Cañaris. “Nos retiramos porque no era
conveniente entrar incompletos”, explicó Florentino vía telefónica, mientras el
presidente saliente se quejaba a la prensa: "Nos han sacado de nuestra propia casa”.
A su vez, el presidente de la mesa de trabajo, Fernando Castillo –del ministerio de
Energía y Minas– declaró que los dirigentes tomaron la “decisión unilateral de no
participar en la reunión”.
Sin embargo, a la fecha, el gobierno se ha valido de recursos administrativos
contradictorios y se inclina a favorecer a la minera canadiense.
La inversión
proyectada por la empresa es de cerca de dos mil millones de dólares para
extraer cobre y oro.
A fines de febrero, en una entrevista con EL PAÍS, Vladimiro Huaroc, jefe de la Oficina de
Diálogo del gobierno, afirmó: “Quienes van a determinar la validez o no de
estas votaciones es el subgrupo de ambiente y minería. Y allí están todos,
incluso la parte opositora -de la comunidad-, Energía y Minas, nosotros. Esa
discusión en la comisión es muy importante y no somos nosotros sino la comisión
la que dará validez o no a los argumentos presentados”.
El tiempo sigue pasando
y tanto los empresarios como los comuneros presionan a la administración
Humala. Unos para invertir, los otros para defender sus bosques montanos y el
agua".
