En el marco de la 51 edición de CADE (2013) que se viene realizando en el balneario de Paracas, al sur de la capital de la República Peruana _ Lima; ayer le tocó el turno al sector minero, donde se pidió al Gobierno y al sector privado un verdadero compromiso para destrabar el 42% de proyectos mineros que están paralizados por los innumerables conflictos sociales y la engorrosa carga burocrática que demora los permisos.
Sobre la causalidad, se dicen muchas cosas, que coinciden en el hecho que hemos perdido competitividad en el sector.
Tanto la fluctuación de los precios internacionales de los commodities, en el frente externo y ; en el interno, la calidad multidimensional de las variables que intervienen, dificultan la reacción del ejecutivo y el tiempo-respuesta en las decisiones de gobierno y las consecuentes acciones, generan mayores expectativas e incertidumbres de cara al futuro.
Un tema medular es referido a las protestas sociales de poblaciones que demandan mayores recursos para los programas sociales a efectos de impulsar la inclusión en el país.
Este punto neurálgico, toca derechos civiles, entre otros, que afectan directa e indirectamente los procesos para poner en marcha los proyectos mineros.
Correlación entre crecimiento de economía y distribución de pobreza
Es de vital importancia analizar la incidencia de los programas sociales en el desarrollo humano, y se aprecia que algunos programas sociales ya cumplieron su ciclo y se encuentran desfasados de la realidad peruana.
El presupuesto asignado a los programas sociales crecieron, sin embargo la disminución de la pobreza no guarda proporción en números con el aumento presupuestal. El presupuesto nacional aprobado para el 2014 supera los S/118,934 millones de nuevos soles que implica un crecimiento nominal de 9.7% en comparación del 2013 y que sin duda alguna alcanza al presupuesto de los programas sociales.
Ta vez sea necesario darle un nuevo enfoque a los programas sociales para mejorar los esfuerzos que realiza el Estado.
Fondo de Cooperación para el desarrollo Social_FONCODES , es un ejemplo de institución que corresponde a una realidad del inicio de la década de los años noventa del siglo pasado y que los gobiernos de turno mantienen a la fecha por el tema del clientelaje político más que por razones de eficiencia en la "inversión o gasto social" en las regiones de tradición minera en el país.
Esta muestra mencionada, explica de algún modo el resultado del último informe sobre desarrollo Humano, Perú 2013, " Cambio Climático y Territorio : Desafíos y respuesta para un futuro sostenible, del Programa de las naciones unidas para el desarrollo (PNUD).
En este documento se indica que el mayor avance en desarrollo humano (crecimiento superior al 50%) del último decenio (2003-2012) se ha registrado en las zonas selváticas cocaleras y donde se desarrolla la minería ilegal del país.
Temporalidad del gasto o inversión social
En Perú, se continúa con el sesgo de mantener un estado de situación "temporal" o "coyuntural" en forma prolongada en el tiempo, desvirtuándose la misión, visión y fines para los que fueron creados determinados programas.
El programa JUNTOS (creado el año 2005) que tiene como población objetivo a las gestantes hasta los 19 años, situadas en zonas rurales de extrema pobreza son beneficiarias con doscientos nuevos soles cada dos meses a modo de incentivos para el acceso y uso de servicios de salud_nutrición y educación.
Transcurridos ocho (8) años, no se cuenta con una evaluación técnica-científica sobre los resultados del programa.
Se cuentan con datos dispersos que dan cuenta que inicialmente fue un éxito el programa y a medida que el efecto de temporalidad pasó, se desvirtuó en algunas zonas, promoviendo inclusive a que mujeres jóvenes se embarazaran para ingresar al padrón de usuarios del programa.
Otro ejemplo de las distorsiones generadas, es el testimonio de los APUS (jefes nativos) que representan a catorce comunidades nativas del distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, que en el evento realizado en las instalaciones del Congreso de la República_ el día 25 de Noviembre del 2013_ manifestaban que sólo recibían cuarenta nuevos soles de los doscientos previstos.
Un funcionario de JUNTOS, indicaba que la región Ucayali estaba en prueba y que por esa razón no les llegaba el 100% de lo previsto como a otras zonas rurales.
El problema de operatividad en el traslado del dinero a cargo de compañías especializadas en el traslado de valores, resultaba compleja y costosa para llegar a las zonas rurales excluidas.
El APU, a su vez indicó que el costo que demandaba el desplazamiento desde la zona dispersa de los rios en la amazonía que hacían los beneficiarios, era mayor que el que recibían por lo que pedían una revisión en su caso.
Orígenes de las Protestas Sociales
Algunos investigadores sociales sostienen que los orígenes de las protestas sociales en Perú parten de posiciones económicas antagónicas, que cuando se politizan toman la denominación de Protestas Sociales.
Esta posición no es excluyente, pasa también por la inadecuada comunicación a modo de desatención que llega a la provocación y culmina con la reacción descontrolada de las masas que rebasan a los líderes locales, presentándose situaciones de trágica recordación como el baguazo del cinco de Junio del año 2009.
A mayor abundamiento, podemos citar un caso de actualidad, donde intervienen comunidades nativas, indígenas u originarias del Lago IMIRIA que son afectadas en su derecho por el DS. 006-2010-MINAM (del 16/6/2009) cuya demarcación territorial se encuentra en linea de colisión con las comunidades Shipibo-Konibo del distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali.
El estado formal peruano, no llega a estas zonas para atender las necesidades básicas ( dotar agua para consumo humano, alcantarillado sanitario, salud, educación, electricidad,etc) de la población que son peruanos originarios, sin embargo, una parte del mismo Estado formal llega para multar (mediante la Resolución Directoral N° 591-2013-OSINFOR-DSPAFFS suscrito por un director encargado- nuevamente el tema de la temporalidad) por una supuesta infracción tipificada en los literales i) y w) del artículo 363° del reglamento de la ley Forestal y de fauna Silvestre.
Con este tipo de actitudes se soslaya que el pueblo indígena de la familia lingüística Pano, viva por generaciones en armonía con la naturaleza y sus actividades se desarrollen en el marco de su cosmovisión y propias creencias de no afectar a la naturaleza, porque de ella se sirven y viven.
De otro lado, se acredita una suerte de actitud provocadora que limita su territorio y posterior sanción de multa que les asigna responsabilidad de terceros (esta vez en lugar de mineros ilegales se trata de madereros ilegales por lo que mencionamos a OSINFOR en lugar de OEFA u otra autoridad competente), tratándose de la depredación de los bosques.
Siguiendo esta lógica ¿ se podría colegir responsabilidad compartida por acción o inacción con funcionarios de la autoridad competente sobre las miles de hectáreas deforestadas de bosques cada año en territorio peruano?. La burocracia estatal no opina sobre el fondo de este tema.
Hechos como el comentado, exacerban los estados de animo para una adecuada comunicación y perjudican a las inversiones, y con ellos no solamente a proyectos mineros, sino a proyectos de otros sectores.
A mayor abundamiento, podemos citar un caso de actualidad, donde intervienen comunidades nativas, indígenas u originarias del Lago IMIRIA que son afectadas en su derecho por el DS. 006-2010-MINAM (del 16/6/2009) cuya demarcación territorial se encuentra en linea de colisión con las comunidades Shipibo-Konibo del distrito de Masisea, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali.
El estado formal peruano, no llega a estas zonas para atender las necesidades básicas ( dotar agua para consumo humano, alcantarillado sanitario, salud, educación, electricidad,etc) de la población que son peruanos originarios, sin embargo, una parte del mismo Estado formal llega para multar (mediante la Resolución Directoral N° 591-2013-OSINFOR-DSPAFFS suscrito por un director encargado- nuevamente el tema de la temporalidad) por una supuesta infracción tipificada en los literales i) y w) del artículo 363° del reglamento de la ley Forestal y de fauna Silvestre.
Con este tipo de actitudes se soslaya que el pueblo indígena de la familia lingüística Pano, viva por generaciones en armonía con la naturaleza y sus actividades se desarrollen en el marco de su cosmovisión y propias creencias de no afectar a la naturaleza, porque de ella se sirven y viven.
De otro lado, se acredita una suerte de actitud provocadora que limita su territorio y posterior sanción de multa que les asigna responsabilidad de terceros (esta vez en lugar de mineros ilegales se trata de madereros ilegales por lo que mencionamos a OSINFOR en lugar de OEFA u otra autoridad competente), tratándose de la depredación de los bosques.
Siguiendo esta lógica ¿ se podría colegir responsabilidad compartida por acción o inacción con funcionarios de la autoridad competente sobre las miles de hectáreas deforestadas de bosques cada año en territorio peruano?. La burocracia estatal no opina sobre el fondo de este tema.
Hechos como el comentado, exacerban los estados de animo para una adecuada comunicación y perjudican a las inversiones, y con ellos no solamente a proyectos mineros, sino a proyectos de otros sectores.
