Para poner en marcha un proyecto minero en el Perú, se tienen que tramitar entre 250 a 400 permisos y autorizaciones ante una diversidad de instituciones públicas, que obligan al inversionista a tener que
contratar más abogados, que ingenieros para concretar ese tipo de empresas.
Así lo observó Francisco Tong, socio del Estudio Rodrigo,
Elías & Medrano, que advirtió que las empresas mineras deben contratar un
ejército de abogados y demorar varios años en trámites, por un excesivo control
de la administración pública y rigidez en la normativa, particularmente a éste
sector productivo.
Puso como ejemplo que si bien la minería consume sólo el 2%
del agua, y el agro consume un 80% de ese recurso natural, a proyectos de ésta
última actividad le toma mucho menos tiempo conseguir permisos, que a la
minería, y tramitar esto le toma años.
En tal sentido, remarcó que no existe uniformidad en la
aplicación de las normas, y más aún, existe falta de predictibilidad en los
procedimientos, que son poco definidos y arbitrarios, que hacen todo un reto
hacer minería en el país.
Frente a esto, se preguntó cómo el Gobierno puede pretender
formalizar a los pequeños mineros, por lo que planteó cambios en los enfoques
de la regulación, modificar los términos de referencia para el otorgamiento de
permisos y autorizaciones, y reformar los textos únicos de procedimientos
administrativos (TUPA).
