El sol peruano cerró a
3.571/3.573 unidades por dólar el pasado viernes retrocediendo a su menor nivel
desde marzo, en una jornada en la que tocó mínimos de 18 años y en la que el Banco Central de Reserva colocó swaps cambiarios por unos S/ 600 millones para frenar la depreciación. Este escenario fue precedido por el escrito de Jaime
Rodríguez Z, que bajo el título “La increíble traición de los negocios sanitarios
en el Perú” fue publicada dos meses atrás por el Washington Post como precediendo el
impacto económico y social en economías emergentes.
“En el Perú, el sector sanitario privado parece haber hecho
suya la paparruchada insostenible que repetía hace unos días una mediática
periodista local en Twitter: “El afán de lucro mueve al mundo”, para mostrar su
cara más inhumana.
Los sucesivos escándalos protagonizados por clínicas,
farmacéuticas y proveedores de insumos sanitarios, todos de capital privado,
han dejado en claro, además, que el modelo liberal del “sálvese quien pueda
(pagarse el seguro privado)”, también es una falacia, porque cuando más las
necesitaban, estas empresas han cometido un pecado mortal en el ideario
libremercadista: han traicionado a sus propios clientes.
Una historia de capitalismo global, como cualquier otra: en
1986, en Lima, se crea un barrio llamado Las Torres de Limatambo —algo parecido
a lo que se conoce en Europa como viviendas de protección oficial o the
projects en Estados Unidos—. La flamante farmacia de mi barrio, se llamaba
Botica Torres de Limatambo (conocida después como BTL). Durante los 90, ese
negocio familiar prosperó hasta convertirse en una cadena importante de
farmacias en la ciudad. En 1999 la cadena fue vendida a la multinacional
israelí Teva Pharmaceutical Industries, que en 2011 se la vendió al grupo
Quicorp, que a su vez fue absorbido en 2018 por el grupo Intercorp que hoy
controla el 95% de las farmacias del país —además de uno de los principales
bancos, supermercados, cadenas de cines, aseguradoras, restaurantes de comida
rápida, hoteles, universidades y colegios— y está liderado por el hombre más rico
del Perú, Carlos Rodríguez Pastor, cuya fortuna según la revista Forbes está
valorada en más de 4,000 millones de dólares.
Durante la pandemia, muchas farmacias pertenecientes a
Intercorp, como BTL, han tenido un papel nefasto especulando, ofreciendo como
primera opción medicamentos genéricos de sus propias marcas o encareciendo sus
precios ya que el gobierno del Perú no puede, constitucionalmente, regular
dichos precios —la Constitución peruana vigente fue promulgada durante el
gobierno del dictador Alberto Fujimori en 1993—. De hecho, el gobierno actual
ha tenido que adoptar una serie de medidas de emergencia para intentar frenar
la voracidad de estas empresas. Por ejemplo, un decreto de urgencia para
obligarles a proporcionar al Estado información real sobre sus stocks y sus
precios de venta al público. Pero las farmacias son solo un eslabón más de la
cadena de la salud privatizada.
Un informe del Instituto Nacional de Salud de Perú, fechado
el 29 de mayo, concluyó que clínicas privadas habían hecho cobros irregulares a
sus pacientes por las pruebas moleculares para la detección del COVID-19 que el
propio instituto realiza gratuitamente. Los cobros de las clínicas se
justifican, según recibos, en el material de recogida de la muestra (como
guantes o mascarillas descartables) por el que en algunos casos han llegado a
cobrar a sus clientes casi 600 soles (unos 170 dólares). Por otro lado, el
superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud, Carlos Acosta,
explicó en un canal nacional que se está realizando un informe al respecto, que
involucra a 136 clínicas privadas del país. Todo ello mientras la gente
adquiere con ellas deudas millonarias para pagar el tratamiento, muchas veces
infructuoso, de sus familiares.
Y en este juego entran, además de las clínicas y las
farmacéuticas, las aseguradoras —que, como señala esta investigación del portal
Ojo Público, han llegado a elevar hasta en 20% los costos de sus pólizas
durante la pandemia—, y los proveedores de insumos tan básicos como el oxígeno
medicinal. Esto último es especialmente lacerante en un país en el que la
producción de este gas está también monopolizada por dos empresas, Linde y Air
Products, a través de varias subsidiarias. Ambas empresas no solo ya habían
sido sancionadas en el pasado por monopolizar la producción de oxígeno
medicinal en el país, sino que, según señala un informe de la Defensoría del
Pueblo, una vez desatada la pandemia habrían también elevado los precios del
producto mientras la gente moría, literalmente, por falta de oxígeno.
Ante este panorama cabe preguntarse no ya si es ético dejar
la salud y el bienestar de las personas en manos de capitales privados cuya
finalidad es, naturalmente, el beneficio económico y no la vida —en el Perú, el
gerente de una Administradora Privada de Pensiones, dijo públicamente que
“desgraciadamente cada vez vivimos más”—, sino si este modelo es siquiera
rentable para las propias economías capitalistas.
Cuando las fuerzas políticas más progresistas defienden
medidas tan “radicales” como la salud pública o la renta básica universal, en
realidad no están trabajando para ninguna revolución. No, ni Bernie Sanders en
Estados Unidos, ni Pablo Iglesias en España o Verónika Mendoza en Perú son
políticos antisistema. De hecho, probablemente sus propuestas en materia de
salud pública sean las únicas que garantizan la continuidad de un modelo en el
que las grandes fortunas puedan subsistir. Es tan elemental como asumir que, de
lo contrario, tarde o temprano, tras esta pandemia o las siguientes, no quedará
nadie para trabajar en sus fábricas, consumir sus productos o seguir haciendo
circular la rueda de hámster del dinero. Pero ni siquiera esto, que parece tan
sencillo, ha podido en el Perú con la tentación de engrosar un poco más las
arcas a expensas de lo que más sufren.
En el Perú, además, la creación perversa de grandes
monopolios muchas veces sustentados en la corrupción, tiene como consecuencia
directa una enorme desigualdad social, lo que a su vez genera un aumento
constante de la actividad económica informal, ese gran ogro de las economías
emergentes.
La gran diferencia que ha puesto de manifiesto esta pandemia
en el Perú está en que al ciudadano degradado que especula y vende tanques de oxígeno
industrial haciéndolo pasar por medicinal, se le persigue y se le apresa,
mientras que al gran capital, que además de lucrarse y abusar de las personas
en mitad de una emergencia sanitaria, se acoge a todos los beneficios fiscales,
se le rescata.
Esta semana, un reportaje del portal Convoca que analiza la
información por el propio Ministerio de Economía peruano, ha revelado que en el
marco del programa Reactiva Perú, destinado originalmente a ayudar a pequeñas y
medianas empresas a subsistir durante la pandemia, una de las grandes
beneficiadas ha sido Intercorp, cuyo banco ocupa el tercer lugar entre las
entidades que han gestionado los préstamos y cuyas empresas —entre ellas, la
farmacéutica Química Suiza— los han obtenido. Sí, el mismo grupo financiero que
es el dueño de la farmacia de mi barrio y de casi la totalidad de cadenas
farmacéuticas en el país.
Y el círculo vicioso está empezando a ser insostenible".
