Durante su primer debate con Donald Trump en el marco del proceso electoral en Estados Unidos, el senador, vice presidente, candidato a la presidencia de Estados Unidos de norteamérica en las elecciones de noviembre del 2020, Joe Biden mostró a Perú como un país altamente impactado por el COVID-19. Con la intención de mostrar que su contendiente Donald Trump tuvo una mala gestión frente al COVID-19, Biden mostró un gráfico que
posicionaba a Estados Unidos en el puesto nueve dentro de la gráfica de mortalidad por COVID-19 por cada 100 000 habitantes; y en el primer lugar de esa tabla estaba Perú.
Perú mostrado como el país con mayor muertos por COVID-19 por 100000 habitantes en el mundo.
Esta dramática realidad en Perú obedece a una serie de errores en el proceso seguido frente al manejo de la pandemia, partiendo de la existencia de un débil sistema de salud, continuando con la falla estratégica de utilizar pruebas rápidas sin contar con un adecuado sistema de seguimiento a los casos de infectados identificados, lo que en la praxis neutralizó los esfuerzos de médicos y epidemiólogos quienes no pudieron impedir que Perú se presente como el país con mayor cantidad de muertos en el mundo, debido al COVID-19 por cien mil habitantes.
EFECTOS DE LA INSEGURIDAD SOCIAL
La falta de capacidad demostrada por el Estado peruano se identifica no solamente en los miles de muertos por COVID-19, transmitiéndose a los familiares que, sin perjuicio de pasar por el dolor de cremar a su muertos, tienen que lidiar con la salvaje burocracia de un seguro social que en el papel considera la posibilidad a los deudos de cobrar los gastos del sepelio de un familiar afiliado a ESSALUD, el cual deberá realizar un trámite de rembolso de hasta dos mil setenta soles por el fallecimiento de un familiar (trabajador regular, activo o pensionista) afiliado a esta entidad.
El tema pasa por un vía crucis porque ese pedido de reembolso de pleno derecho - que debiera ser de ejecución automática - tiene un plazo de seis meses (180 días) desde la fecha que se indica en el certificado de defunción, de lo contrario, el dinero se dirige al fondo del seguro social.
El problema se agudiza desde el momento en que el Estado de emergencia en Perú, pasa los doscientos días, incluyendo algunos detalles como fue el caso de la rígida inmovilización social, incluyendo la paralización de instituciones estratégicas como es el caso del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC, en donde se deberá tramitar la partida de defunción original del beneficiario fallecido, rectificación de partidas u otros especiales de ser el caso para que acredite su condición de beneficiario ( Testamento o sucesión intestada).
En este extremo, los lentos reflejos de la representación nacional en el Congreso de la República, se integra a estos cuellos de botella por las que deben transitar esta población afectada y sensibilizada, que va incrementándose paulatinamente en la medida que continúan produciéndose las muertes por COVID-19, aunque en menor proporción, pero expectantes ante los futuros efectos de un eventual rebrote de la pandemia.
Las industrias extractivas estratégicas, como es en el caso de la minería y petróleo, podrían continuar siendo afectadas, ante eventuales protestas sociales de una población que exprese sus protestas incorrectamente dirigidas, con las conocidas restricciones frente a sus normales operaciones.
