Ingeniería especializada para solucionar problemas de EPS

Una interesante síntesis del problema que vienen afrontando actualmente las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) en Perú es redactada por Roselló abogados y publicada en el diario Gestión, bajo el título : Problemática de las EPS ¿ Un problema con solución?.

Con el agregado del problema de la contaminación química del agua, en sus diversas formas, que presentan EPS y el entendimiento sobre lo que significa el monopolio natural, economía escala,inversiones eficientes y la intervención de ingeniería especializada para darle solución a los problemas de EPS; convengo en términos generales con lo propalado en la siguiente forma :

"Las empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS)son, casi exclusivamente, empresas públicas de propiedad municipal. De acuerdo a la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento – D.Leg. 1280, las Municipalidades Provinciales son las responsables de la prestación de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano a través de las EPS.

En nuestro país existen 2 excepciones a esta regla: Sedapal y Atusa. Sedapal (Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima es una empresa estatal del gobierno central bajo el ámbito de Fonafe y Atusa (Aguas de Tumbes S.A.) es una empresa privada a la que se le otorgó la concesión para la prestación de los servicios de saneamiento en las provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante Villar.

El OTASS (Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento) efectúa, como parte de sus funciones, una evaluación de la gestión de las EPS bajo su ámbito (todas menos Sedapal y Atusa). De acuerdo al informe publicado por el OTASS, de la evaluación efectuada a 49 EPS en Gobernabilidad y Gobernanza 2014 se encontró lo siguiente: 1. EPS con calificación de buen desempeño:0 (cero);2. EPS con calificación de regular desempeño: 9 ; 3. EPS con calificación de bajo desempeño:12; 4. EPS con calificación de muy bajo desempeño: 28.

Como se puede apreciar, los problemas en la gestión de las EPS son evidentes. Lamentablemente, las EPS presentan deficiencias en: (i) calidad del agua potable; (ii) continuidad en la prestación del servicio (a veces se brinda el servicio sólo por horas); (iii) no dar un adecuado tratamiento a las aguas residuales; etc. Todos estos problemas redundan en una menor calidad de servicio al usuario. A su vez, las EPS presentan problemas de gestión tales como la cobranza (el ratio de morosidad) y habitualmente el monto de las tarifas es insuficiente para cubrir los costos de operación y mantenimiento y además realizar las inversiones necesarias para mejorar el servicio.

El cobro de una tarifa que sea suficiente para brindar un mejor servicio es difícil de poner en práctica por lo siguiente: (i) la resistencia social que genera cualquier anuncio de incremento de tarifas; (ii) para el cobro de tarifas se requiere sustentar técnicamente ante la SUNASS las razones que llevarán a dicho incremento, el plan de inversiones y el mejoramiento del servicio. Muchas veces las EPS no logran sustentar adecuadamente ante la SUNASS las razones para que se apruebe un incremento de tarifa, o por lo menos, no en la magnitud que se requeriría para mejorar significativamente el servicio. Al no lograrse sustentar adecuadamente, la SUNASS no aprueba los incrementos tarifarios necesarios y persiste la situación en que la EPS no puede mejorar la calidad del servicio. Todo ello además del problema social que significa el incremento de tarifas. Otro de los problemas que dificulta un buen desempeño de las EPS es el relacionado a los sueldos y salarios. Habitualmente se pagan salarios muy bajos, en comparación con el mercado, para los puestos gerenciales. Se requiere personal capacitado y experimentado para que gerencie las EPS y para los puestos tales como gerente de operaciones o gerente de inversiones o infraestructura. Sin embargo, las EPS están atadas de manos puesto que el rango salarial que pueden pagar es muy limitado y ello no les permite contratar al personal idóneo. El no poder aplicar las tarifas que técnicamente se requieren impide que las EPS tengan recursos para que hagan las inversiones que permitan brindar un buen servicio. Así por ejemplo, para mejorar la calidad del agua potable, se requiere invertir en mejorar la Planta de Tratamiento de Agua Potable. Para incrementar la continuidad del servicio se requiere invertir en obras de captación, conducción y derivación de agua, o en pozos subterráneos o alguna otra alternativa que permita contar con mayor volumen de agua. Asimismo, para mejorar la distribución y reducir las pérdidas, se requiere invertir en los colectores y tubería de distribución, reemplazando la que se requiera y dándole mantenimiento a la que sea necesaria. De otro lado, para reducir la contaminación del mar y de los ríos y para cumplir con la normatividad ambiental, se requieren grandes inversiones en el tratamiento de las aguas residuales. Todo ello requiere inversión, recursos frescos y no se pueden conseguir si no se cobra una tarifa técnicamente determinada.Todo lo anterior conduce a muchas EPS a entrar en un “círculo vicioso” en donde cada eslabón de la cadena contribuye a que perdure en el tiempo el mal desempeño de la EPS y la mala calidad del servicio.

Asociaciones Público Privadas

Una de las alternativas que se utiliza en otras partes del mundo para mejorar significativamente la calidad de los servicios de saneamiento es la utilización de las APP (Asociaciones Público Privadas) para que, con la participación intensiva del sector privado, se pueda revertir esta situación: efectuar las grandes inversiones necesarias, contar con personal capacitado, mejorar la calidad del agua potable, garantizar la continuidad del servicio y cumplir con las normas y estándares ambientales. Así por ejemplo, podemos mencionar que desde 1990 se han suscrito más de 260 contratos para otorgar a operadores privados la gestión de los servicios de saneamiento en el ámbito urbano en los países en vías de desarrollo. Las ventajas de una APP medianamente bien diseñada son muchas dado que el enfoque de las APP es por resultados.

En ese sentido con una APP se puede lograr: (i) que el sector privado provea el financiamiento necesario para ejecutar las inversiones necesarias; (ii) que el sector privado ejecute las inversiones asumiendo el riesgo de diseño y construcción; (iii) que el sector privado se comprometa a brindar un servicio de agua potable con calidad y continuidad,estableciendo fuertes incentivos y penalidades o deducciones en caso de no cumplir con el nivel de servicio estipulado; (iv) que el sector privado,igualmente, se haga responsable por el cumplimiento de los estándares ambientales.

Habiendo dicho esto, debemos señalar también que sería difícil implementar un programa agresivo de APP en el sector saneamiento en nuestro país, por lo menos bajo la modalidad de encargarle todos los servicios de saneamiento a un operador privado, debido a la resistencia social y política que ello podría generar. En efecto, existen sectores de la sociedad civil y actores políticos que se oponen rotundamente a la participación del sector privado en el sector saneamiento. Desconocer ello sería una necedad.

Por tanto, si mañana se anunciará que se entregará en concesión los servicios de saneamiento de 5 o 10 provincias, seguramente se iniciarán protestas sociales y no faltarán dirigentes políticos que se opondrán a estas medidas utilizando el estribillo de “privatización”. Otra de las razones por las cuales no sería sencillo implementar este tipo de APP, es debido al desempeño de la única EPS entregada en concesión en el norte del país. Lamentablemente, dicha EPS no ha presentado los resultados esperados y, entre otras razones, debido al diseño del contrato y al esquema de inversiones planteado, no se han realizado las inversiones necesarias para lograr una mejora significativa del servicio en beneficio del usuario final. Por tanto, la percepción de los pobladores de las provincias atendidas por dicha EPS no es óptima.

Ante esta situación, la alternativa por la que se ha optado desde hace algunos años, es la de brindar un apoyo desde el gobierno central a favor de las EPS, tanto en la gestión como en la dotación de recursos para las inversiones necesarias.

En efecto, mediante la Ley 30045 – Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento se creó el OTASS, como un órgano encargado de evaluar el desempeño de las EPS a nivel nacional y, de ser el caso que incurran en las causales previstas en la norma, incorporarlas en el Régimen de Apoyo Transitorio – RAT,un régimen bajo el cual es el OTASS el que interviene para mejorar la administración y gestión de las EPS.

Bajo dicho marco legal la primera EPS que se incorporó al RAT fue la EPS Moquegua en febrero de 2015. Luego de 2 años de vigencia del régimen y tomando en consideración que durante una primera etapa se realizó un diagnóstico de la situación de la empresa y un plan de acción, se han ido logrando los siguientes resultados: (i) incremento en la cobertura del servicio de agua potable; (ii) incremento en la continuidad del servicio en sectores críticos; (iii) medidas de mejora en el ambiente y calidad de vida de la población (evacuación de lodos y limpieza de las lagunas de oxidación); (iv) mejora en la captación y producción de agua; (v) mejora en la recaudación comercial de la empresa; y, (vi) mejora en la atención al cliente; entre otros. Como se puede apreciar la experiencia en la EPS Moquegua ha obtenido resultados positivos.

Sin embargo, debemos señalar que el camino para consolidar dichas mejoras no es fácil puesto que se requiere de recursos humanos, materiales y financieros. Actualmente ya se encuentran incorporadas en el RAT 13 EPS. En cada una de ellas el OTASS está adoptando las medidas necesarias para mejorar el servicio a favor de los usuarios, aunque para ello requieren de transferencias de recursos para financiar las inversiones necesarias. Los esfuerzos del OTASS resultan encomiables y sirven para mejorar, paulatinamente, la gestión, la solvencia económica y la calidad del servicio de las EPS. Sin embargo, debemos buscar medidas adicionales para garantizar de manera sostenible un servicio de calidad en las EPS a nivel nacional. Para ello,no debemos descartar alternativas, evaluando la posibilidad de utilizar APP integrales, es decir, de encargar al sector privado la totalidad de los servicios de saneamiento de una EPS, previo estudio y diseño adecuado del contrato, bajo el marco legal de las APP. Asimismo, se tiene que continuar apoyando la labor del OTASS, impulsando las mejoras que sean necesarias al marco legal vigente y dotándola de suficientes recursos. El camino por recorrer es largo, pero se deben continuar con las acciones necesarias para mejorar la calidad de los servicios de saneamiento, para incrementar la cobertura, para garantizar su continuidad y para cumplir con las normas y estándares ambientales. Sólo de esa manera podremos sentar las bases para un desarrollo sostenible".

Minería informal de oro avanza en el norte peruano

De los resultados de mis investigaciones sobre los impactos en agua -generados por los pasivos mineros en el norte del país- vemos con suma preocupación que podría escalar sus efectos sobre la salud pública.

La voz de alerta también fue dada antes, a través de informes elaborados por la defensoría del pueblo  y que replica en parte el diario la República en los siguientes términos:

"La minería informal en el norte del país concentra aproximadamente el 10% de la producción nacional de oro (20 toneladas anuales), esta cifra corresponde a los sectores de explotación en sectores pequeños y artesanales que se ubican en regiones de Piura, Cajamarca, La Libertad y Áncash.

Eduardo Ballón, investigador de Desco y coordinador del Grupo Propuesta, sostuvo que desde el punto de vista medioambiental son precarios los esfuerzos que realiza el Ejecutivo para incorporar al mercado formal este tipo de minería. Sin embargo, desde la mirada económica esta exportación representaría fuertes pérdidas en ingresos para el país por concepto de canon minero.

“Las autoridades regionales no tienen capacidades y recursos para paralizar el movimiento del oro informal. Muchos focos de la minera informal trabajan fuera de las normas ambientales e incumplen con las obligaciones de cualquier organización”, refirió.

Líneas seguidas, añadió que existen cerca de 60 mil familias y 300 mil personas que dependen de la minera informal, y un gran porcentaje se dedica a la extracción de oro en el norte.

También precisó que los focos de minería informal en el norte se concentran en sectores de Cajabamba (Cajamarca); Ayabaca, Sechura y Tambogrande (Piura); Pataz, Huamachuco y Otuzco (La Libertad); Casma, Huarmey y Pallasca (Áncash). En estos no existe una supervisión y control por parte de las autoridades regionales y locales.

“El futuro de la minería informal en el norte depende de las acciones del Ejecutivo. Si esta actividad no se corrige puede provocar conflictos sociales, por el peligro que puede significar para los recursos naturales. Incluso podrían aumentar los focos de minería informal”, comentó y añadió que el 51% de conflictos están relacionados a este tipo de actividades.

Canon minero

Los ingresos por concepto de canon minero para los gobiernos regionales de La Libertad, Cajamarca y Áncash ascendieron a S/ 4,500 millones este año, una cifra superior que equivale al 41% de los ingresos transferidos a nivel nacional durante los años 2016-2017.

Sobre lo anterior, el experto explicó que solo este año en Cajamarca, La Libertad y Áncash la inversión minera ascendió a más de $ 14 mil millones ($ 55 mil millones a nivel nacional), mientras que en Piura la inversión se mantuvo en un nivel intermedio".

Investigación criminal para garantizar el acceso al recurso agua

El resultado de mis investigaciones sobre la gestión del recurso agua en Perú, un país sumamente complejo dada su indudable diversidad, me llevó en las últimas décadas a relacionar las causalidades resultantes en los ecosistemas deteriorados por las restricciones políticas de la ocupación y uso del territorio que responden a múltiples intereses. El uso de los recursos naturales y el agua en particular, gestan superposiciones en la toma de decisiones por parte de las autoridades para gestionar los impactos generados;agudizándose  por el cambio climático que afecta la sostenibilidad requerida por el país en términos de gobernanza y gobernabilidad. 

El registro histórico de la gestión de agua en Perú reporta elevados sobrecostos.

Vulnerabilidad en fuentes de agua

Parte de las evidencias que proporcionamos investigadores en el transcurso del tiempo, son registradas por instituciones transfrontera, tales como BID,BM...; éste último suscribe que el 22% de la superficie glaciar en el Perú desapareció en los últimos treinta (30) años.

Un impacto paisajístico que relaciona la pérdida en fuentes de agua producto de los nevados de las altas cumbres, puede ser mensurada en forma masiva por la población que se percata de este hecho al transitar por la carretera central en "Ticlio" o abra de Anticona (paso en la cordillera de los Andes a 4818 msnm ó 15807 pies), donde se visualiza la pérdida paulatina de nieve hasta la ausencia sostenida de las mismas durante algunos meses del año. 

Retroceso y desaparición de Glaciares en Perú_Vista de Los Andes Centrales

En este contexto, la población que se abastece y depende exclusivamente de fuentes de agua proveniente de los glaciares es altamente vulnerable y sus situación se agudizará en áreas con glaciares proveedores de agua en cinco cadenas montañosas que podrían desaparecer en los próximos veinte (20) años.

Necesidad del fortalecimiento en investigación criminal

La teoría del delito como parte del Derecho Penal, permiten determinar con precisión si existen o no elementos constitutivos del tipo penal en los comportamientos gestados en el proceso social que acompaña al Derecho humano-como es el derecho al acceso al agua para uso primario según Ley 29338 - donde la capacitación en investigación criminal deviene en fundamental,sustentado en las consideraciones del proceso histórico seguido.
El Estado peruano, mediante Ley 24949 (1988) y su modificatoria Ley 28078 (2003),buscó integrar sus fuerzas policiales y desaparecer la duplicidad de funciones para ofrecer un mejor servicio a la sociedad; sin embargo, como efecto colateral se produjo una reducción en la capacidad de investigación criminal. La policía entonces se vio en la necesidad de adecuar su forma y singularidad al carácter propio de la Nación en las ciento cincuenta y nueve cuencas hidrográficas que conforman el territorio peruano, en donde la naturaleza y alcance de la misión asignada a la policía estaba relacionada con las especificidades del espacio geosocial en el cual operaban.
Al globalizarse la fórmula regulatoria jurídico-legal de  la criminalidad en este extremo, desligó a la policía del poder judicial para ponerla al servicio del Ejecutivo, bajo el marco de insuficiencia en la investigación del delito.
La nueva modalidad de gobernanza se sustentó desplegando la intervención del Ministerio Público desde la etapa policial; sin embargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público la circunscribe al ámbito de investigación preliminar. Las restricciones subsistentes se trataron de resolver mediante sendas normas, la Ley 27934 (2003) y el Decreto Legislativo 989 (2007) que regulan la intervención de la Policía Nacional y el Ministerio Público en la investigación preliminar del delito. 
Los efectos residuales impactan en la administración de justicia,donde conceptos de celeridad y especialidad  en los procesos resultan extraños al desempeño de órganos jurisdiccionales especializados en delitos  ambientales en Distritos Judiciales del país.
En el escenario descrito, germinaron los impases en la capacidad y calidad del gasto público para agua y saneamiento, alimentados por la débil gobernanza permisiva con la baja rentabilidad para el Estado, pues los espacios generados por altos índices de corrupción mantuvieron al país -hasta la actualidad- sin lograr la cobertura de agua y saneamiento  anhelada por sucesivas administraciones del Estado.

Capacidad y calidad del gasto público 

Aplicando el modelo de gestión que permitió festinar procesos,presionar en la cadena de pagos, socializar los "diezmos" y contribuir a que Perú pierda aproximadamente tres mil millones de dólares cada año por efectos de corrupción se produjo la inversión sectorial en saneamiento que gastó el orden de cinco mil millones de dólares en el lapso de veinticinco años (1985-2010) ; y estando a los actuados para cerrar la brecha en area urbana hacia el año del bicentenario de la independencia del país (2021) demanda gastar el orden de dieciséis mil millones de dólares en los cuatro años que restan.
Los cuellos de botella dinámicos registrados, evidenciaron una falta de capacidad en el gasto público en el periodo 2011-2016, donde solamente se pudieron invertir seis mil seiscientos sesenta y dos millones de soles ( de los S/. 11.600 millones de soles asignados ) para ejecutar proyectos y obras de agua y saneamiento. Siguiendo el mismo criterio, en el transcurso 2009-2014 el Gobierno Central transfirió dieciocho mil millones de soles a las entidades prestadoras de los servicios de saneamiento, comprobándose que la calidad de los servicios no mejoraron en dichas entidades. 
En síntesis, la dinámica del modelo en el marco del paradigma para lograr "coberturas", impusieron la necesidad de gastar compulsivamente hasta diez veces mas, sin contar con suficientes especialistas, a quienes se llegó a diferenciar en sus remuneraciones del nivel gerencial en EPS hasta por diez veces menos en ciudades del interior del país contrastando con su capital,Lima.
No será complicado entonces entender el porque existen las empresas filiales de la antigua SENAPA (1981)  hoy convertidas en empresas municipales que se encuentran-en su mayoría- recurrentemente quebradas técnica y financieramente, pese a recibir intermitente apoyo económico y financiero del Estado; operando formas de corrupción bajo el manto de incompetencia, inficionadas con procedimientos de recepción de obras ineficientes  que emergen con problemas de operación y mantenimiento, afectando en la calidad del sistema integral y convirtiéndolas en Empresas insostenibles. 
Como corolario se tiene a una importante cantidad de obras sometidas a control y fiscalización por el Sistema Nacional de Control, vistas por el ministerio público y siendo judicializadas sólo algunas. El punto es que en tanto el proceso sancionador, como las obras inconclusas, paralizadas y cuestionadas por la población beneficiaria demandan años de inercia que les mantiene sin acceso al recurso agua; de los miles de funcionarios pasibles de sanción muy pocos son alcanzados por el brazo de la Ley tal como lo presenté en Inversiones,corrupción e impunidad.

Cobertura del servicio de agua en cuarenta y nueve (49) meses

La presión ejercida para alcanzar la meta de cerrar la brecha de agua en zona urbana del país en aproximadamente cuarenta y nueve meses (aprox. un mil quinientos días), evidencia las debilidades en términos de recursos humanos especializados que tratara de cubrirse a través de redefinir el sector por el Ejecutivo con el Decreto Legislativo 1280 (2016) aprobando la Ley marco de gestión y prestación de servicios de saneamiento y que el Legislativo modificara y derogara en parte por Ley 30672 (2017).

Medidas integrales de rápido impacto

La frase “Si no hubiera corrupción en el Perú del pasado, ya tendríamos agua potable en todo el país, pero se llevaron la plata", pasa por el ciclo "protesta-propuesta-acción", y  a diferencia de las medidas de rápido impacto en saneamiento que acrecentaron el forado sectorial en las arcas del tesoro público- las medidas integrales de rápido impacto u otras que pudiera implementar el Estado a través de diversas instituciones como en el caso de OTASS para garantizar el acceso al recurso agua en el plazo previsto; no debiera desestabilizar Empresas, hacer atractivo el sector a profesionales especializados, formalizar las cadenas de pago, entre otras medidas a tomar ; y para ello es imprescindible fortalecer como componente transversal a la investigación criminal  a efectos de identificar y sancionar a los corruptores, de esta forma se podría mitigar el impacto que generan las asociaciones ilícitas para delinquir y los sobrecostos producidos por la corrupción en el sector.  

El Dato

• Casos emblemáticos de falta de capacidad de respuesta en el proceso de reconstrucción como en los casos del Terremoto en Pisco (2007) y El Niño Costero (2016-2017), generan altos niveles de desconfianza en los actores sociales que ralentizan la ejecución de obras y por consiguiente la cobertura de los servicios de agua y saneamiento en zonas urbanas.
• Tres meses al año se presentan con diversa intensidad los impactos generados por el Fenómeno El Niño. Lo que en cuatro años implicarían retrasos por doce meses en obras civiles destinadas a cobertura de servicios, sin perjuicio del tiempo que demande reparar los daños adicionales que pudieran ocasionar los embates de la naturaleza.

Glencore invierte $734 millones en Volcan Compañía Minera

La agencia oficial Andina, publicó que la suiza Glencore, el mayor negociante de materias primas del mundo, anunció hoy que ha cerrado los trámites para aumentar su participación en la peruana Volcan Compañía Minera,en una operación en la que ha invertido 734 millones de dólares.

Volcan es una compañía que produce particularmente zinc,pero de sus minas también se extraen plata y plomo. Glencore lanzó el pasado octubre una oferta pública de adquisición por hasta un 48,19 % del total de acciones clase A (con derecho a voto) de la minera, ofreciendo 1,215 dólares por unidad.

La oferta le ha permitido hacerse con un 36,92 % de títulos de esa categoría.Con ese conjunto de adquisiciones,la multinacional ahora detenta el 55,03 % de acciones A de Volcan Compañía Minera. 

De esta manera, la multinacional tiene ahora un interés económico en la minera peruana equivalente al 23,29 % (incluyendo acciones clase B, pero excluyendo títulos de tesorería).

Volcan es una minera que opera desde la década de los años cuarenta y cuenta con diversas operaciones ubicadas en la zona andina del centro de Perú, con un total de doce minas, siete plantas concentradoras y una planta de lixiviación.

Alberto Benavides, Buenaventura y Oro en Perú

El País, presenta una significativa remembranza de lo que significó Alberto Benavides de la quintana y Buenaventura en los siguientes términos:

“En febrero de 1952, con 31 años y un posgrado de Harvard, el geólogo peruano Alberto Benavides de la Quintana recorría una pequeña mina de plata ubicada a 4.200 metros de altura y unos 450 kilómetros al sureste de Lima con la intención de resolver un dilema. La disyuntiva era si arrendar esa explotación o seguir con su más seguro puesto como jefe de exploraciones de la Cerro de Pasco ­Copper Corporation, que entonces era la mayor minera del país. Más de seis décadas después, su renuncia se ve como un gran acierto. La Cerro, el jugador dominante de la minería peruana durante medio siglo, fue estatizada en 1974, mientras que Buenaventura, la empresa que fundó el exfuncionario, no ha parado de crecer hasta convertirse en la mayor productora de metales preciosos e industriales del país sudamericano, que es el segundo productor de plata del mundo y el sexto en oro.

A lo largo de más de seis décadas, con el desarrollo de minas propias o mediante asociaciones, la empresa ha sumado una decena de operaciones a lo largo de los Andes peruanos, en las que emplea a 12.700 personas y produce unas 620.000 onzas anuales de oro, 30 millones de onzas de plata, 130.000 toneladas finas de cobre y más de 55.000 toneladas finas de zinc.

Este año, beneficios

Este año, la minera espera dejar atrás un ciclo de resultados negativos. Los menores precios de los metales significaron números rojos en los últimos cuatro balances cerrados. En 2016, las cotizaciones de sus principales productos empezaron a subir, pero aun así la compañía registró una pérdida de 327 millones de dólares. "Fueron números muy negativos, pero solo en términos contables, porque tuvimos que registrar una provisión por el potencial cierre de (la mina) Yanacocha, que se estimó para 2020, y ahora estamos trabajando para extender la vida hasta 2025 o 2026", explica Victor Gobitz, gerente general de Buenaventura, que espera cerrar 2017 con beneficios netos del orden de los 200 millones de dólares.

En dos años, la ratio de deuda neta sobre ebitda bajó de 5,3 veces al actual 1,5. En Buenaventura explican que las pérdidas de 2015, de 375 millones de dólares, se debieron en parte a las inversiones que hizo la compañía mientras los precios de sus productos declinaban. Una de sus máximas es que sacrificar la exploración para lograr buenos resultados en los años malos no es beneficioso en el largo plazo. "Somos una industria cíclica y cuando vienen los precios bajos la tentación es reducir los costes parando las exploraciones, pero, si uno hace eso, está acortando la vida del negocio", afirma Gobitz.

La buena noticia, destaca el primer ejecutivo, es que el año pasado lograron inaugurar Tambomayo, una nueva mina de oro en la provincia de Caylloma (región de Arequipa). La nueva explotación es el último avance en una historia de crecimiento permanente.

Las cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos indican que Perú produjo 4.100 toneladas de plata en 2016, solo por detrás de las 5.600 toneladas de México. En el caso del oro, la producción peruana fue de 150 toneladas, una cantidad que lo posiciona en el sexto lugar, por detrás de China, Australia, Rusia, Estados Unidos y Canadá. Las ventas de oro de Buenaventura representaron el 43% de la facturación en 2016, dentro de un total de 1.044 millones de dólares.

En las últimas tres décadas, los principales proyectos de la compañía se han desarrollado mediante asociaciones. En 1993, junto con Newmont, una de las mayores productoras auríferas del mundo, de origen estadounidense, y la Corporación Financiera Internacional (CFI), un organismo del Banco Mundial, comenzó a explotar Yanacocha, la mina de oro más grande de Sudamérica. "Tenemos el 44% de las acciones, que es un activo muy importante dentro del portafolio de Buenaventura", afirma Gobitz. La CFI tiene el 5%, mientras que Newmont es el mayoritario con el 51%.

Las privatizaciones de activos estatales emprendidas por el Gobierno peruano en esos años abrieron nuevas oportunidades. El ímpetu de la empresa en los años noventa la llevó a Wall Street en 1996. Buenaventura, que cotizaba en la Bolsa de Lima desde 1971, se convirtió así en la primera minera de América Latina en listarse en Nueva York. "Hemos precedido incluso a la brasileña Vale (la mayor productora mundial de mineral de hierro)", destaca el gerente general. La familia del fundador conserva alrededor del 30% de las acciones y su hijo Roque Benavides Ganoza es el presidente del directorio. Hasta principios de año, ejercía a la vez el cargo de gerente general, pero los roles fueron separados, en una decisión que destacan como la última de una serie de mejoras en sus prácticas de gobierno corporativo que comenzó con el doble listado.

Por el momento, no hay intenciones de dar un salto internacional. "No descartamos ir a otros países de la región, pero al menos en los próximos dos años tenemos el foco en Perú", señala Gobitz”. 

¿Cómo se podría reflotar EPS en Perú sin el concurso de especialistas e invirtiendo 50 mil millones de soles en el sector saneamiento?

Un interesante artículo de Karina Montoya publicado por la importante revista peruana Semana Económica, recoge la opinión autorizada del ex ministro de vivienda,construcción y saneamiento, y flamante presidente del directorio de la EPS mas grande del país SEDAPAL y director Ejecutivo de OTASS ingeniero sanitario Edmer Trujillo,en los siguientes términos:

"Reflotar las empresas prestadoras de agua y saneamiento (EPS) en crisis financiera y operativa le está resultando al Ejecutivo más difícil de lo planeado. Y no es obstáculo menor para alcanzar cobertura universal de servicios de saneamiento al 2021, la promesa de campaña del presidente Kuczynski.

En el Foro Peruano de Inversión e Infraestructura 2017, organizado por Semana Económica y Seminarium, especialistas discutirán la nueva generación de APP en el Perú en diversos sectores, y los retos para financiarlas. 

Como analizó previamente SEMANAeconómica, de los varios problemas que atraviesan las EPS, uno que dificulta su reflote es la falta de capacidad del Ejecutivo de renovar la plana profesional al interior de las EPS. Actualmente, la escala remunerativa presenta amplias brechas entre los gerentes en las EPS de alcance regional, como en Lima o Arequipa, y las de alcance distrital.

Edmer Trujillo, director de la OTASS —entidad técnica del Ministerio de Vivienda a cargo del reflote de las EPS—, reconoció que el problema es grave, y que por ello “no se puede traer a mejores profesionales”, indicó ayer durante una charla técnica organizada como antesala a Expo Agua 2017.

“En Sedapar [Arequipa], el gerente general percibe alrededor de S/.6,000. En las demás EPS, los montos son muy pequeños: el sueldo más bajo de un gerente general es de S/.1,500. No se puede traer a mejores profesionales”, explicó Trujillo.

Esta brecha, frente a un gerente general en Sedapal, es mayor, pues puede percibir hasta S/.15,000. Aunque el monto es mayor que en otras regiones, está muy por debajo del promedio del sector privado para ese tipo de actividades altamente técnicas.

“En la mejora de remuneraciones, el sector saneamiento es el más detenido del país. Todos los otros sectores han avanzado. Estos servicios requieren personal especializado, que es imposible incorporar con los sueldos que se tienen. ¿Se imaginan cuánto percibe el resto del personal? Realmente es una situación muy complicada”, continuó Trujillo.

EL CONGRESO IMPIDE RENOVACIÓN

Trujillo no indicó qué medidas tomaría la OTASS o el Ministerio de Vivienda sobre la escala remunerativa de las EPS, ni declaró después de su presentación. El funcionario podría optar por cambiar las principales cabezas de las EPS, integrar a las EPS de menor escala, y presentar una nueva escala remunerativa, desde cada EPS, al MEF.

La renovación será posible en tanto la OTASS incorpore a las EPS en crisis al Régimen de Administración Transitoria (RAT), que básicamente permite al Ministerio de Vivienda administrar la EPS en su conjunto.

A julio del 2017, el 28% (13) de 50 EPS —excluyendo Sedapal y Aguas de Tumbes, que es privada— estaba intervenida por la OTASS. Hasta esa fecha, otras 12 EPS calificaban para ingresar al RAT. En su presentación del martes 24 de octubre, Trujillo actualizó la cifra a 16 EPS. Como proceso de intervención, lo primero que sucede en una EPS intervenida es el cambio de sus directores, lo cual permite cambiar también a los gerentes.

Pero ya no se podría continuar con la renovación del directorio, al menos no en el caso las próximas 16 EPS que ingresarán al RAT. La Ley 30672, aprobada a inicios de octubre por el Congreso, eliminó la facultad del Ministerio de Vivienda de remover a los directores de las EPS en el RAT, como lo establecía el reglamento del Decreto Legislativo 1280.

Así, la dificultad del Ejecutivo para reflotar las EPS se viene complicando no sólo por las amplias brechas salariales, sino porque una vez que administre las EPS, tendrá una facultad menos para conseguir eficiencias en menor tiempo.

Entre el 2009 y el 2016, la inversión pública en el sector saneamiento llegó a S/.29,000 millones, “y lamentablemente, los resultados no han sido los esperados”, reconoció Trujillo. Para los próximos cinco años, ese presupuesto es de S/50,000 millones, gran parte de ello a cargo de ejecución subnacional. ¿Está a punto de repetirse la historia?"

Pasivos ambientales y agua de fuentes subterráneas

En aguas subterráneas y adaptación basada en ecosistemas, me referí a los datos de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que realizó inventarios y monitoréos de acuíferos en 50 de los 52 valles que tiene la costa peruana, encontrando sobre explotación en siete (7) valles pertenecientes a Lambayeque, Ica y Tacna. Precisé entonces que la crisis del agua en la costa peruana podría agravarse por los siguientes conductos: Demanda de alimentos de la mayor población costera,la presión que ejerce el crecimiento de ciudades costeras, el cambio climático, y fragilidad institucional en la gestión del recurso hídrico,con énfasis en el agua subterránea; a mayor abundamiento, considerando la contaminación del agua por la debilidad presentada en el país para controlar ,mitigar y reducir los pasivos ambientales que pudiera afectar la salud pública de parte de la población actual que estaría en el orden de los 31 millones de peruanos.

Perú como escenario

A diferencia de otros países de América latina y el caribe, Perú tiene la mayor cantidad de sus habitantes en la costa - allí donde viven dos de cada tres peruanos _ en 52 valles donde hay limitada disponibilidad de agua y escaso acceso al recurso hídrico en sus diferentes usos. Su situación de disponibilidad al agua varía gradual y recurrentemente con fenómenos climáticos, supeditada a ocurrencias de El Niño, que produce condiciones cálidas y secas, en tanto que La Niña, produce condiciones frías y húmedas.

Eventos extremos por tres meses a inicio de año presentados con variado rigor, son susceptibles de agudizarse por exceso o escacez de agua en usuarios, siendo el más impactado el uso poblacional.

La pérdida de los glaciares de las diecinueve cordilleras nevadas del país que redujeron en más del cuarenta por ciento de su superficie en las últimas cuatro décadas con respecto al inventario realizado en los años setenta, reducen el stock de sus reservas de agua dulce existentes,vislumbrando la naturaleza finita de las aguas ubicadas en las altas cumbres. Desde mediados de siglo pasado a la actualidad , en Perú se apostó por dar afianzamiento hídrico a las fuentes de aguas superficiales desarrollando infraestructuras hídricas mayores para represar y almacenar agua, así como trasladar aguas de la cuenca oriental hacia su costa desértica en el pacífico. Reciente inventario de presas en el País (realizado por ANA), identificó un mil trescientas presas, siendo que de setecientos cuarenta y tres inventariadas, un alto porcentaje de estas presas se encuentran en situación de abandono, con escasa o nula información respecto a su construcción y  operación.

Las aguas de las presas son usadas para riego, minería, aprovechamiento energético y escasa utilización para suministro de agua para consumo humano.

Lagunas de información sobre aguas superficiales y subterráneas en términos de balance hídrico en los ríos, cuerpos de agua y acuíferos del país, sumados a importantes cambios en la hidrología estacional en las cuencas de la vertiente del pacífico, colocan a la franja costera en potencial alto riesgo por la crisis del agua. Registros pluviométricos en costa desértica peruana esta en el orden de los veinte milímetros al año (20 mm/año). Reportes de NASA indicaron que en el 2017 se presentaron lluvias extremas en costa norte peruana donde los radares registraron 137 mm/hora y las otras tasas de lluvias presentadas estaban entre 20 mm/hora y 50 mm/hora. Podríamos inferir entonces que llovió en una hora lo mismo que llueve en un año en algunos lugares del Perú,variable a tomar en cuenta en los periodos de retorno eventualmente modificados por el calentamiento global y cambio climático.
En este escenario de variabilidad espacial y temporal y de crisis focalizada en la oferta de agua, demandan una adecuada gestión del agua superficial y subterránea.

Fuentes subterráneas en el país de los incas

Hace poco más de una década atrás en Perú-cuando contaba con 27 millones de habitantes- la población efectivamente abastecida por las Empresas Prestadoras de Saneamiento (EPS) ascendían a trece millones y medio de habitantes; de los cuales 41,4% eran abastecidos por fuentes subterráneas —que agrupan pozos, galerías de infiltración y manantiales—.

En “Calidad del agua potable en el Perú” publicada en el año 2004, SUNASS  explicaba que son fuentes subterráneas los pozos, las galerías de infiltración y los manantiales. Los basamentos de estas fuentes, en la zona costera, se encontraban a 400 ó 500 metros de profundidad. Normalmente, su origen es producto de la escorrentía superficial, a través de los ríos y canales que riegan los valles, y de la recarga subterránea a través de las filtraciones cordilleranas; tan sólo un mínimo porcentaje se forma a partir de las precipitaciones.

En las zonas áridas abundan los pozos tubulares, por lo general con profundidades que varían entre 40 y 100 metros; los caudales que se obtienen están entre 12 y 100 litros por segundo. Las fuentes subterráneas de las EPS producen aproximadamente 630 mm3  por año. Las ciudades que utilizaban en ese entonces  exclusivamente aguas subterráneas de pozos para el abastecimiento de agua potable eran  Ica, Piura y Huacho. Dadas las características de estas aguas, en estas ciudades —como en otras localidades de la costa—, se presenta la necesidad de incrementar el uso de aguas superficiales con proyectos de alto costo. Otras ciudades como Pisco, Andahuaylas, Azángaro y Jauja se abastecen sólo de manantiales y galerías de infiltración.

Oasis artificial de Ica - en dos momentos en el tiempo - mostrando su
impacto en el acceso y disponibilidad del recurso agua en costa Peruana.

En ese entonces se dio cuenta de supervisiones realizadas a las EPS se tomaron muestras para los análisis físicos y químicos. Los primeros se realizaron en el mismo lugar de la toma de muestras,ya que los valores de pH, turbiedad y continuidad varían con la temperatura y el tiempo de almacenamiento, mientras que los segundos se realizaron en el Laboratorio de Referencia y Control de SUNASS. Los resultados obtenidos fueron evaluados y SUNASS remitió a las EPS los informes correspondientes, para que los conocieran y, en caso de ser necesario,aplicaran las medidas correctivas requeridas.

Problemas de calidad de agua 

Los resultados del análisis físico y químico del agua potable producida por las EPS entre los años 1995 y 2003 permitieron a SUNASS conocer con precisión, año tras año, los problemas de calidad del agua potable que presentaba cada EPS.

Por citar un ejemplo, menciono al Arsénico. Se encontró —y se corrigió la presencia de este parámetro— en EPS ILO (Ilo), SEDAPAL (Lima), SEDAPAR (Mollendo, Mejía, La Curva) y EPS TACNA (Tacna), debido a la presencia natural de arsénico en las aguas del sur del país y a la contaminación por relaves mineros en el río Rímac. Sin embargo, sería factible que el problema pueda presentarse nuevamente de no haber un control adecuado. La situación era controlada por SUNASS, para que los porcentajes que superen los límites máximos permisibles referenciales no se repitan.

Es importante acotar que en ese escenario antes descrito, se encontraba vigente la norma aprobada mediante Resolución Suprema de diciembre del año 1946, la cual se modificó con el Decreto Supremo N° 031-2010-SA actualizándose los límites máximos permisibles en norma de agua para consumo humano del Perú.

Recordemos que para el elemento Arsénico, la nueva norma peruana para el agua de consumo humano,paso de no mas de 0.1 ppm  a 0.01 ppm el límite máximo permisible.

En este contexto, a efectos de garantizar la salud pública queda en agenda pendiente las acciones que estime por convenientes realizar las actuales y futuras administraciones del Estado peruano, en virtud del incremento sostenido de los pasivos ambientales existentes e inventariados en territorio peruano.

Censos Nacionales 2017 en Perú y el legado de Fernando de Szyszlo

Hoy 22 de octubre se realizará en Perú los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, un evento realizado cada diez años en el país de los Incas. El levantamiento de datos para producir información dura es de suma importancia para hacer ver a los tomadores de decisión que "El Perú está yendo al desarrollo inconteniblemente"en determinados sectores, tal cual lo expresara el maestro don Fernando de Szyszlo que dejara de existir hace trece días, a los 92 años en su domicilio de Lima.

Quedan vigente sus expresiones: “No hay relación con la realidad,  vivimos en un momento importante para crear desarrollo y hay quienes jalan para atrás con ideas muertas”, en estricto , confunden crecimiento con desarrollo ; y “la gente se mueve por intereses y no por ideas, si queremos generar desarrollo sostenible debemos sacarnos de esta tara”. Asimismo, “ No podemos salir de la corrupción por una descentralización mal organizada, que hizo que cada departamento sea una región y el jefe de la región asuma actitudes de autoritarismo y de prepotencia”.

En este contexto, con los datos evacuados de este último Censo  2017 es preciso corregir Políticas de Estado que necesiten cambios  y fortalecer  aquellos Planes, Programas  y Políticas de Estado que están evidenciando desarrollo de los pueblos pues “La pobreza ha disminuido como consecuencia del crecimiento económico. La pobreza no ha disminuido por obra del Espíritu Santo, sino porque la economía ha mejorado”.

El premio nobel Mario Vargas llosa al referirse a Szyszlo indicó :  "Fue un gran artista, uno de los últimos, entre los pintores, al que se podía aplicar ese adjetivo con justicia, y una espléndida persona. Culto, entrañable, divertido, leal", a lo cual añadiríamos, un ilustre peruano que no registrará el Censo de 2017 pero que vivirá por siempre en  los anales de la historia peruana.

Desafío en remediación de Pasivos Ambientales Mineros hasta el 2021

Según la agencia oficial de noticias ANDINA, "un total de 1,945 pasivos mineros en zonas afectadas por la minería tradicional, a escala nacional, remediará hasta el año 2021, la empresa estatal de derecho privado Activos Mineros SAC (AMSAC), con una inversión de 1,193 millones de soles, informó su gerente general, Ramón Huapaya.

El funcionario sostuvo en diálogo con la Agencia Andina que estos pasivos ambientales son llamados “huérfanos”, porque no tienen un dueño vigente, pero derivan de la actividad empresarial del Estado. Estos se encuentran en las regiones de Cajamarca, La Libertad, Áncash, Lima, Junín, Huancavelica, Ica y Puno, detalló.

Enfatizó que la remediación ambiental constituye una responsabilidad del Estado para garantizar una calidad de vida saludable a las comunidades asentadas en zonas donde opera la minería, así como a mejorar la imagen de la minería y su sostenibilidad.

Huapaya refirió que AMSAC, que hoy celebra 11 años de vida institucional, es una empresa estatal de derecho privado, perteneciente al sector minero y a la Corporación FONAFE (Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado) que es titular del 100 % de las acciones.

AMSAC se creó el 12 de julio de 2006 por acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión (Decreto Legislativo 674), cambiándose la denominación social de Empresa Minera Regional Grau Bayóvar S.A. por Activos Mineros S.A.C. y heredó los pasivos ambientales de Centromin Perú.

“El principal objetivo de AMSAC es remediar los pasivos mineros que le encarga el Estado (Ministerio de Energía y Minas, Proinversión y el FONAFE). También figura entre sus responsabilidades el mantenimiento de los pasivos ya remediados”, subrayó.

Anotó que, desde entonces, la empresa se dedicó a remediar los pasivos mineros que dejó principalmente la actividad minera del Estado, empezando en La Oroya, en Cerro de Pasco, donde operó la empresa Centromin, y donde se logró actualmente una remediación del 85 %.

En la zona central del país existen otros dos grandes pasivos mineros: Excelsior, que concentra 55 millones de metros cúbicos de material residual minero; y Quiulacocha, que es una laguna de relaves ubicada al costado de la ciudad.

También se trabaja en la remediación del río San Juan, que es tributario del lago Junín. “Se identificaron alrededor de 80 pasivos mineros cuya remediación demanda una inversión aproximada de 600 millones de soles, refirió. 

Huapaya agregó que AMSAC trabaja junto con el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) en un estudio de “caracterización” para determinar que pasivos mineros pueden generar valor económico con su recuperación. 

Otra función importante de AMSAC es la administración y supervisión de los compromisos de post privatización asumidos por los inversionistas mineros y, a su vez, colabora con la promoción de la inversión privada en las concesiones mineras del Estado. “AMSAC es titular de proyectos como Michiquillay, por ejemplo, que será concesionado en noviembre de este año, así como otros 15 entre los que se encuentra Tambogrande”, dijo.

También participa en la supervisión de la recaudación por concepto de regalías mineras obtenidas de las concesiones, lo que en los últimos años representó la suma de 825 millones de dólares. “Este año vamos a recaudar 120 millones de dólares”, refirió.

Asimismo, administra otros encargos de entidades del Estado en Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, La Libertad, Madre de Dios, Piura, Puno, como la construcción de reservorios familiares".

Mineras en Perú podrían pedir devolución de aporte por regulación

El caso PERUBAR S.A vs OEFA ante el Tribunal Constitucional (TC) podría constituirse  en un sensible precedente para que empresas mineras en Perú puedan pedir devolución de Aporte por Regulación ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, debilitando al ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

Los Hechos

En marzo del año 2014 la empresa minera PERUBAR S.A  interpone demanda de amparo ante el Poder Judicial del Callao para que se le devuelva todo el dinero que la OEFA le ha cobrado por concepto de Aporte por Regulación,la misma que fue declarada improcedente mediante resolución número 1 de fecha 05 de mayo del 2014.  PERUBAR S.A. plantea nulidad de la resolución número 1 y mediante resolución número 2 se declara la nulidad de la resolución número 1 y volviendo a calificar la demanda la declara nuevamente su improcedencia, a lo que con fecha 11 de julio del 2014 la demandante interpone recurso de apelación. Posteriormente, al 22 de agosto del 2014, le conceden el recurso de apelación con efecto suspensivo y que resuelve el 14 de abril del 2015 en segunda instancia confirmando la improcedencia del amparo de PERUBAR SA. El 20 de agosto del 2015, PERUBAR SA. interpone recurso de agravio constitucional que se le concede y con resolución número 15 de fecha 28 de marzo del 2016 se remite el expediente al TC.

La sentencia del TC 

La fecha de vista de la causa se llevó a cabo el 24 de agosto del 2016, donde el TC dejó entrever que se habían vulnerado derechos constitucionales del accionante y que se pronunciaría sobre el fondo de la controversia.

El TC ordena que se devuelva 120 millones de soles a favor de la empresa. Las sumas dinerarias que se debería devolver a PERUBAR SA sería: para el año 2014 S/ 58 millones, para el 2015 unos S/ 66 millones y para el 2016 y 2017 aún estaría pendiente establecer.

Eventual impacto

La sentencia del TC crearía precedente para que otras empresas que tienen operaciones mineras evaluadas y fiscalizadas, pidan que se les devuelva el Aporte por Regulación a la OEFA que financia el proceso de fiscalización ambiental.

El Dato

• En estricto se pide inaplicar el Decreto Supremo N°130-2013-PCM, que establece el Aporte por Regulación del OEFA a cargo de las empresas mineras, que se traducen en los aportes que el organismo fiscalizador recibe por las multas que impone. La parte demandante no solo requiere que no se les cobre este aporte, sino también la devolución de todo lo pagado.
• El proceso se habría realizado sin que el TC haya notificado oportunamente a los procuradores del MINAM y del MEM, hecho que habría generado  que los precitados procuradores se apersonaran en forma posterior a la vista de la causa. 

Crisis política en Lima-Perú y lección aprendida de la crisis del agua

La lamentable crisis política recientemente sucedida en Perú por controversias entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, me obliga reiterar por enésima vez la alta vulnerabilidad y fragilidad hídrica que presenta el sector agua y saneamiento en el país de los incas.

A través de los años y como experto en el tema, recurrentemente vengo alertando a las administraciones de turno de los riesgos a resultas de no contar con una percepción sistémica de su gestión ambiental. 

Lima, la capital de la república peruana, sufrió recientemente una restricción del servicio de agua por efectos de El Niño costero, la cual podría tomar visos de gravedad tal como aconteciera en la ciudad de Sao paulo el año 2014 cuando sufrió la peor sequía de su historia,impactando a una población superior en número a los habitantes en Lima, con la consecuente afectación de millonarias pérdidas económicas. 

De los registros 

La actual administración no ha sido la excepción de las alertas, pues desde agosto del año 2016 registro en este espacio los elementos, que a juicio del suscrito, deberían tomarse en consideración para reducir los niveles de vulnerabilidad existentes.

Es así que se sucedieron los títulos siguientes : Reto histórico de PPK : " Fomento de política de estado para el saneamiento";Nuevo marco legal de los servicios de saneamiento en Perú;Desafíos ocultos en agua y saneamiento_Perú-2016;Demoras en redefinición del marco legal para el sector saneamiento;Desafíos por superar en reforma de agua y saneamiento;Proceso de redefinición del sector saneamiento: La experiencia peruana; Regulación tarifaria que hace agua en Perú;Control de empresas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS);Gobernanza del agua en Perú;Capacidad y calidad de gasto en agua y saneamiento;Crímenes financieros en agua y saneamiento;Sobrecosto por corrupción en agua potable y saneamiento;Normas para transformar el objetivo agua en Perú ;Alerta temprana frente a la crisis del agua dulce en Perú y Leyes que retardan acceso al agua y saneamiento a poblaciones vulnerables, entre otros.

De la alta rotación 

En un lapso corto se aprecia, como se van sucediendo funcionarios que deberían cumplir las políticas de gobierno en coherencia y concordancia con las políticas de Estado respecto al agua y saneamiento. Es así que en catorce meses en lo que va de la actual administración se cambiaron sucesivamente al director del Programa Nacional de Saneamiento Urbano, al Vice Ministro y finalmente al Ministro del Ministerio de Vivienda , Construcción y Saneamiento. Asimismo , la rotación se está ampliando a la mayor EPS del país - SEDAPAL S.A. y alcanza a OTASS, teniendo al regulador SUNASS con altas limitaciones, particularmente en las zonas rurales del país. Es recomendable reducir esta alta rotación en el futuro.

¿El Ministerio del Ambiente se encuentra implementado y operativo?

Si la respuesta es positiva, entonces el proceso de adscripción de la Autoridad Nacional del Agua es posible en este régimen, para evitar que continúe registrándose las fallas del sesgo agrario que presentan los recursos hídricos; especialmente en lo referente a las retribuciones económicas y tarifas,las cuales distorsionan en gran medida los sistemas de gestión ambiental del agua, haciendo imperceptibles las inversiones privadas en el sector agua y saneamiento.

Cumplimiento de metas sectoriales de la administración PPK

Ante los evidentes retrasos registrados para el sector agua y saneamiento, en términos del gasto público y cumplimiento de metas, se hace indispensable la aplicación de reingeniería, acompañado de criterios sociales,ambientales y económicos, tal cual se estipula en la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento.

Exceso de regulación gubernamental y Minería

Tomando en consideración que Doing Business analiza las regulaciones que afectan a once áreas del ciclo de vida de una empresa. Diez de estas áreas se incluyen en la clasificación sobre la facilidad para hacer negocios de este año: apertura de una empresa, manejo de permisos de construcción, obtención de electricidad, registro de propiedades, obtención de crédito, protección de los inversionistas minoritarios, pago de impuestos, comercio transfronterizo, cumplimiento de contratos y resolución de insolvencia.

Los datos de Doing Business 2017 están actualizados a fecha de 1 de junio de 2016. Los indicadores se utilizan para analizar resultados económicos e identificar qué reformas de la regulación empresarial han funcionado, dónde y por qué.

El caso peruano

Perú como país minero está siendo impactada por un exceso de regulación gubernamental en esta industria estratégica, que constituye uno de los motores del crecimiento económico obtenido en un periodo admirado en américa latina y el mundo. Este impase subsistente relaja la confianza de los capitales e inversionistas y al mismo tiempo retarda la licencia social y confianza de las poblaciones localizadas en proximidades de proyectos mineros.

La planificación estratégica en los últimos años de las administraciones en el país de los incas consideraron que "el PBI crecerá gracias al empuje minero a pesar de los precios en caída de los metales", sin embargo , la sobreregulación que "penaliza" la competitividad y productividad minera, constituyen evidentes trabas para retornar al crecimiento soñado.

Palabra autorizada

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, se refirió con duras palabras al retroceso de la productividad del Perú en los últimos años, y señaló que "somos un desastre" en ese ámbito."No es broma, somos un desastre y eso hay que decirlo claramente", señaló durante su presentación en un foro organizado por la Cámara de Comercio Americana del Perú (Amcham).

Velarde indicó que el Perú está en los últimos lugares de una lista de indicadores del ranking elaborado por el Banco Mundial (BM). Además señaló que ocupamos el lugar 134 de 138 países en exceso de regulación gubernamental.

Recordó que en el gobierno anterior se incrementaron las normas regulatorias que, en conjunto, "jalaban a la economía para que no creciera".

Hacemos votos porque la actual administración PPK , que lleva un poco mas de un año en la tarea, pueda retomar las sendas del crecimiento económico aplicando una regulación en minería adecuada al desarrollo que demanda el país.

Informe documentado de la autoridad ambiental en proceso penal

El 5 de setiembre de 2017 , se publicó en Perú el Decreto Supremo N° 007-2017-MINAM aprobando un nuevo Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente (2005) ; el cual disponía que en las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, la exigencia obligatoria de un informe fundamentado por escrito por parte de la autoridad ambiental, antes del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal.

Para regular los alcances previamente se emitió el Decreto Supremo N° 009-2013-MINAM, que aprobó un primer Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149 de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente, de cuya aplicación se pudo advertir la imperiosa necesidad de mejorar el marco normativo del informe documentado.

Desde este espacio y en el marco del registro histórico y estrictamente académico, pude compendiar una secuencia progresiva de elementos que permiten visualizar en parte los fundamentos técnicos que demandaría el informe.

Diversas consideraciones presentadas en : Derecho penal como prima ratio frente a conflictos sociales (2010) , Análisis de riesgo en LMP (2011) , Mito de la norma & Minería (2012), LMP en la nueva escala de sanciones (2013), Faltas y delitos ambientales en Perú (2014) , Panorama de Fiscalización ambiental (2015), Ejes de desarrollo del plan de gobierno para la nueva administración en Perú (2016) y Pasivos ambientales & LMP (2017) nos permite recoger la suma de voluntades con que cuenta la administración moderna respecto a una nueva relación con la minería, donde no se puede soslayar el proceso histórico del deterioro ambiental y debe honrarse la deuda pendiente del pasado atendiendo oportunamente a los pasivos ambientales.

La imperiosa restitución de la relación de confianza entre los actores sociales, pasa por la formalización,identificación de las obligaciones ambientales fiscalizables de los administrados y el cumplimiento de la norma ambiental,sin distinción alguna que conduzca a enfrentamientos,instaurando valor compartido que coadyuven a destrabar importantes proyectos de inversión privada en capitales nacionales y extranjeros que buscan el bien común y desarrollo armónico del pueblo peruano.