El caso PERUBAR S.A vs OEFA ante el Tribunal Constitucional (TC) podría constituirse en un sensible precedente para que empresas mineras en Perú puedan pedir devolución
de Aporte por Regulación ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, debilitando al ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
Los Hechos
En
marzo del año 2014 la empresa minera PERUBAR S.A interpone demanda de amparo ante el Poder
Judicial del Callao para que se le devuelva todo el dinero que la OEFA le ha
cobrado por concepto de Aporte por Regulación,la misma que fue declarada
improcedente mediante resolución número 1 de fecha 05 de mayo del 2014. PERUBAR S.A. plantea nulidad de la resolución
número 1 y mediante resolución número 2 se declara la nulidad de la resolución número 1 y
volviendo a calificar la demanda la declara nuevamente su improcedencia, a lo
que con fecha 11 de julio del 2014 la demandante interpone recurso de
apelación. Posteriormente, al 22 de agosto del 2014, le conceden el recurso de
apelación con efecto suspensivo y que resuelve el 14 de abril del 2015 en
segunda instancia confirmando la improcedencia del amparo de PERUBAR SA. El
20 de agosto del 2015, PERUBAR SA. interpone recurso de agravio constitucional que
se le concede y con resolución número 15 de fecha 28 de marzo del 2016 se
remite el expediente al TC.
La sentencia del TC
La fecha de vista de la causa se llevó a cabo el 24 de agosto del 2016, donde el TC dejó entrever que se habían vulnerado derechos constitucionales del accionante y que se pronunciaría sobre el fondo de la controversia.
El TC ordena que se devuelva 120 millones de soles a favor de la empresa. Las sumas dinerarias que se debería devolver a PERUBAR SA sería: para el año 2014 S/ 58 millones, para el 2015 unos S/ 66 millones y para el 2016 y 2017 aún estaría pendiente establecer.
Eventual impacto
La sentencia del TC crearía precedente para que otras empresas que tienen operaciones mineras evaluadas y fiscalizadas, pidan que se les devuelva el Aporte por Regulación a la OEFA que
financia el proceso de fiscalización ambiental.
