viernes, 17 de junio de 2011

Denuncias y evidencias difusas sobre contaminación minera.

Sorprendente el nivel de conclusiones difusas a que llega en sendas publicaciones El Comercio -uno de los principales diarios del país-al afirmar que "hay exceso de metales pesados propios de la actividad minera" pese a que OEFA no le proporcionó información alguna sobre el particular en el caso del río Rímac.
De otro lado, culpa del estado de situación de una eventual contaminación minera a los recientes Decretos Supremos 023-2009 y 010-2010, del Ministerio del Ambiente.
El Lunes 13 de junio del 2011
Este Diario (El Comercio) constató que a menos de medio kilómetro de la naciente del Rímac, ya hay exceso de metales pesados propios de la actividad minera. Más abajo, se sumarán más metales y luego los desagües de poblaciones enteras.
Desde el 2009, con la creación de la Ley de Recursos Hídricos, hay un ente encargado de proteger nuestros ríos. Se trata de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura (Minag). Lo cierto es que aún cuando la ANA llegue a determinar el nivel de contaminación que dejan las mineras, no podrá sancionarlas si no cumplen con los ECA- agua.
Las mineras pueden seguir ensuciando por cinco años más, gracias al Decreto Supremo 023-2009, del Minam, el cual les pide que presenten un plan de adecuación al Ministerio de Energía y Minas (Minem); y que se adecúen a su propio plan en un plazo de cinco años

Por lo dispersa que está la tarea de proteger los ríos, a la ANA (Minag) le corresponde evaluar la contaminación en el río, pero al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Minam, le toca medir la calidad del vertimiento minero.
Si bien OEFA (Minam) debe supervisar los vertimientos mineros, la composición de estos es aprobada antes por Energía y Minas, en base a un estudio de impacto ambiental.
Antes de la ANA, correspondía a Digesa (Ministerio de Salud) evaluar y sancionar la contaminación. Ello cambió el 2009, con la nueva ley.
Sedapal y Digesa también monitorean la calidad del Rímac. También hallan metales en la cuenca alta, aunque disminuyen antes de llegar a la Atarjea, en Lima.
El martes 14 de Junio de 2011
A menos de un km de su naciente, en las punas del distrito de Chicla, el río Rímac –aún en formación– ya discurre envenenado con altas concentraciones de plomo, aluminio, arsénico, cadmio y zinc. Y envenenado continúa a lo largo de toda la cuenca alta. Así lo reveló ayer este Diario, tras haber analizado muestras de agua del Río Hablador.
Pero esos resultados, validados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Agricultura (Minag), no son suficientes para culpar a las empresas mineras que operan en la zona.
Para saber si son estas compañías formales las responsables del envenenamiento de nuestro principal río limeño, era necesario contar con los informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam). Anteayer publicamos las disculpas de funcionarios del OEFA por no poder remitirnos tal información, y la promesa de que la entregarían ayer lunes. Pero tampoco sucedió.
Y aun cuando el OEFA hallara que los vertimientos mineros superan los límites máximos permisibles para el agua (LMP-agua) fijados por ley, esto no implica que la empresa contaminadora vaya a ser sancionada. Esto debido al permisivo Decreto Supremo 010-2010, emitido por el propio Ministerio del Ambiente en agosto del año pasado.
Esta disposición fija los nuevos LMP-agua y otorga a las mineras que ya vienen operando un plazo de adecuación de entre dos y tres años. Para acceder al plazo máximo, debieron presentar hasta febrero un plan de implementación al Ministerio de Energía y Minas. Pero este último no ha remitido ningún documento al OEFA.
... el otro ente con capacidad de sancionar, también está atada de manos frente a las mineras. Esto por culpa de otro decreto supremo del Minam, el 023 del 2009, el cual permite a las mineras adecuarse a los estándares de calidad ambiental para el agua en un plazo de cinco años.
Las denuncias difusas, sin mayor sustento que muestreos puntuales de agua con características organolépticas ofensivas a la estética del recurso, que no discrimina la existencia de daño ambiental generada por el LMP exedido por alguna actividad minera, en lugar de identificar eventuales responsabilidades sectoriales o de algún funcionario público individual, genera temores y pánico generalizado en las personas poco informadas respecto de la actividad del sector minero en su totalidad.
Los mitos en relación a la minería se incrementan justamente por los temores que causa el desconocimiento o la información parcial respecto a los procesos históricos que pasa la minería en el Perú.
Las evidencias difusas que se presentan para determinar el origen de contaminación minera tiene hasta dos asunto previos que no merecieron ser soslayados.
El primero, el análisis de fondo que debió darse a sucesos desarrollados en territorio peruano, como: Tambogrande (Piura), Cerro Quilish (Cajamarca), Tía María (Arequipa), entre otros, que toda unidad de investigación periodística debiera tomar en consideración, habida cuenta el rechazo a proyectos y/o empresas mineras que tienen que ver con la necesidad de una adecuada ley de ordenamiento y desarrollo territorial, y la participación de la comunidad en relación al procedimiento de consulta previa a la aprobación del proyecto (Decreto Supremo N° 007-85-VC - Reglamento de acondicionamiento territorial, desarrollo urbano y medio ambiente). 
El segundo, relacionado a la oportunidad , se produce a escasos días en que se realizará el cambio en la administración del Estado peruano, en un escenario plagado de conflictos socioambientales que tiene como origen el tema minero.
Esperamos que el tema minero se maneje de la mejor manera y hacemos votos para que se realicen los esfuerzos necesarios en todos los involucrados -incluyendo al periodismo serio- a fin de que las partes armonicen en el marco del desarrollo sostenible del país.