Ausencia de estrategias para gestionar eficientemente el recurso agua

En el Perú existe una paradoja altamente sensible: mientras el presupuesto público se ha incrementado de manera sostenida desde inicios del siglo XXI, la inversión en infraestructura mayor de almacenamiento de agua, ya sea represas, reservorios y sistemas de regulación hídrica no ha seguido el mismo ritmo.

Este desfase no es menor. Es, en realidad, uno de los principales factores que explican la creciente vulnerabilidad del país frente a una eventual crisis hídrica y energética.

El país cuenta con más de 700 presas inventariadas por la Autoridad Nacional del Agua, construidas a lo largo de casi un siglo. Durante décadas, especialmente entre 1960 y 1980, el Estado peruano entendió que el agua era un factor clave para el desarrollo y promovió grandes proyectos de irrigación y regulación hídrica. Posteriormente, entre 1980 y el 2000, se consolidó una etapa de expansión hidroeléctrica y de proyectos multipropósito.

Sin embargo, en lo que va del siglo XXI, este impulso se ha diluido en simultaneo con la recurrente crisis política del país.

Existen esfuerzos singulares como el Proyecto Olmos, pero no una política sistemática ni sostenida de almacenamiento de agua en espacios estratégicos a escala nacional.

Lo más preocupante es que esta desaceleración ocurre en un contexto diametralmente opuesto al del siglo pasado. Hoy enfrentamos los efectos del cambio climático, con periodos de sequía más prolongados, mayor variabilidad en las precipitaciones y un acelerado retroceso de los glaciares andinos.

Es decir, cuando más necesitamos capacidad de almacenamiento, menos estamos invirtiendo en ella. El argumento de falta de recursos ya no es válido. El presupuesto público peruano ha crecido significativamente en las últimas dos décadas, impulsado por el crecimiento económico, la recaudación tributaria y los ingresos provenientes de actividades extractivas. Sin embargo, ese mayor gasto no se ha traducido en infraestructura estratégica que garantice la seguridad hídrica. Se ha priorizado, en muchos casos, el gasto corriente o proyectos de impacto inmediato, dejando de lado inversiones de largo plazo cuya rentabilidad social es incuestionable.

Consecuencias de la inacción

En primer lugar, afecta la seguridad alimentaria. La agricultura en la costa, donde se concentra gran parte de la producción y fomentar la cadena de valor, depende críticamente de sistemas de almacenamiento y regulación. Sin ellos, el agua de las lluvias se pierde en el mar durante los meses húmedos y escasea durante los periodos secos.

En segundo lugar, compromete la seguridad energética. El Perú mantiene una alta dependencia de la generación hidroeléctrica. Sin reservorios adecuados, la producción de energía queda sujeta a la disponibilidad inmediata de agua, lo que incrementa el riesgo de déficits en años secos y obliga a recurrir a fuentes térmicas más costosas y contaminantes.

En tercer lugar, incrementa la conflictividad social. La falta de infraestructura hídrica exacerba la competencia por el recurso entre agricultura, consumo humano, industria y minería. En este último caso, el debate suele centrarse en la supuesta competencia por el agua, cuando en realidad el problema de fondo es la ausencia de sistemas de regulación que permitan gestionar eficientemente el recurso.

Así, el Perú enfrenta una triple vulnerabilidad: hídrica, energética y económica. No porque carezca de agua, sino porque carece de capacidad para almacenarla y gestionarla estratégicamente. 

Es la paradoja de un país con abundantes recursos hídricos que, sin embargo, no logra convertirlos en seguridad ni en desarrollo sostenible. Lo que está en juego no es solo la gestión del agua, sino la capacidad del Estado para planificar el futuro.

Seguridad Hídrica como eje central de la política pública

La seguridad hídrica debería ser un eje central de la política pública, articulando inversiones en infraestructura gris, pudiendo ser represas, reservorios, trasvases y otras opciones con soluciones basadas en la naturaleza, como la siembra y cosecha de agua.

Asimismo, se requiere promover esquemas de financiamiento innovadores, incluyendo la participación del sector privado en proyectos multipropósito que beneficien a múltiples usuarios. 

Persistir en la inacción tiene un costo creciente. Cada año que pasa sin ampliar la capacidad de almacenamiento es un año en el que el país se vuelve más vulnerable frente a sequías, más dependiente de condiciones climáticas inciertas y más expuesto a crisis que podrían evitarse con planificación. 

El país requiere retomar la política de almacenar agua para que no se pierda

El Perú no necesita descubrir nuevas fuentes de agua, tampoco necesita de masivos costosos proyectos de desalinización de agua de mar, necesita, con urgencia, aprender a almacenar la que ya tiene, así como tratar las aguas residuales para darle valor en diversos usos.

Esa es la verdadera base de la seguridad hídrica y, también, una de las claves más importantes para garantizar su desarrollo en el siglo XXI.

Crisis en política de los residuos sólidos municipales

A escasos 24 días de las elecciones generales del próximo 12 de abril, en las que el país de los Incas elegirá presidente de la república, senadores, diputados y representantes al parlamento andino y, en términos prácticos, una nueva conducción del Estado peruano, resulta importante poner en agenda uno de los problemas estructurales más graves y persistentes de América Latina y particularmente en Perú: la gestión de los residuos sólidos municipales - RSM.

Durante el periodo 2001–2026, el Perú ha experimentado un importante crecimiento económico, acompañado de una expansión urbana acelerada y altamente fragmentado territorialmente con 196 municipios provinciales y 1890 municipios distritales.

Sin embargo, este crecimiento no ha sido respaldado por un fortalecimiento equivalente del Estado, generando una crisis silenciosa pero profunda en la gestión de RSM. 

Hoy enfrenta una realidad crítica en la que cada vez genera más residuos sólidos mientras la responsabilidad de su disposición final recae en sus 196 municipalidades provinciales que, en su mayoría, no cuentan con capacidades técnicas ni financieras suficientes, lo que ha derivado en la persistencia de vertederos o botaderos a cielo abierto en gran parte del país y en el desaprovechamiento de la posibilidad de generar energía eléctrica a partir de estos residuos. 

A ello se suma la alta morosidad ciudadana en el pago de arbitrios, lo que debilita aún más el sistema, así como la corrupción en gobiernos locales que ha contribuido a decisiones que agravan el problema. Uno de los aspectos más graves y menos discutidos es el enterramiento de residuos en zonas inundables de la costa norte peruana, justamente donde son recurrentes eventos como el Fenómeno El Niño y el Fenómeno El Niño Costero. 

Estas prácticas han generado la dispersión de residuos durante inundaciones, la liberación de lixiviados altamente contaminantes y la consecuente contaminación de agua, suelos y zonas habitadas, afectando directamente a la salud de la población más vulnerable.No es casualidad que, en contextos críticos como la pandemia de COVID-19, las zonas con mayor precariedad ambiental y competencia municipal hayan registrado niveles dramáticos de morbimortalidad, lo que evidencia una relación directa entre mala gestión pública, degradación ambiental y vulnerabilidad sanitaria.

A pesar de que el país cuenta con un marco normativo claro, como el establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que obliga a priorizar la valorización de los residuos antes de su disposición final, la realidad en los 196 municipios provinciales del país muestra un incumplimiento sistemático de estas disposiciones. Este no es un problema aislado ni técnico; es una expresión directa de las debilidades estructurales de las políticas públicas que arrastra el Estado peruano sujeto a una alta rotación de los tomadores de decisión en este extremo que amerita un serio debate con algunas ideas fuerza expresadas seguidamente:

La primera, que debe quedar claramente establecida, es que existe una brecha crítica entre la norma y la realidad, producto de una combinación de limitaciones presupuestales, falta de capacidades técnicas y ausencia de planificación de largo plazo. Para muchos gobiernos locales, enterrar residuos sigue siendo la alternativa más sencilla y menos exigente en el corto plazo, aun cuando ello comprometa la sostenibilidad ambiental, la salud pública y la economía futura. La valorización, que implica reciclaje, compostaje y reaprovechamiento, requiere inversión, conocimiento y gestión eficiente, elementos que no han sido priorizados en la mayoría de las municipalidades provinciales.

La segunda, es la debilidad institucional del sistema de control y fiscalización. Entidades como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y la Contraloría General de la República no han logrado generar mecanismos efectivos, continuos y disuasivos que obliguen a los gobiernos locales a cumplir con la normativa vigente. La falta de supervisión oportuna y de sanciones ejemplares ha permitido que el incumplimiento se normalice.

La tercera, es la ausencia de un mercado sólido y formal para la valorización de residuos. Sin cadenas de valor estables para los materiales reciclables, los municipios carecen de incentivos económicos para apostar por sistemas de reaprovechamiento. A ello se suma la persistencia de la informalidad en el reciclaje, que, si bien cumple un rol importante, no ha sido adecuadamente integrada en modelos formales e inclusivos de gestión. 

La cuarta, es la débil cultura ciudadana en materia de segregación en la fuente. Sin participación activa de la población, cualquier esfuerzo de valorización se vuelve más costoso y menos eficiente. Este componente, fundamental para el éxito de cualquier sistema moderno de gestión de residuos, ha sido históricamente relegado. 

Una quinta idea fuerza que no puede seguir siendo omitida: la corrupción estructural que atraviesa la gestión de residuos sólidos en el país y que alcanza, en mayor o menor medida, a los 196 municipios provinciales. La contratación de servicios de recolección, transporte y disposición final, así como la ejecución de proyectos de infraestructura como rellenos sanitarios o plantas de tratamiento, representan espacios altamente vulnerables a prácticas corruptas.La transparencia opaca en los procesos, la colusión con proveedores, la sobrevaloración de proyectos y la falta de rendición de cuentas han convertido a la basura en un negocio antes que en un servicio público. Esta realidad distorsiona completamente los incentivos, desincentivando soluciones sostenibles como la valorización, que suelen ser menos rentables desde una lógica corrupta.

Nos encontramos, por tanto, ante una crisis sistémica que combina fallas institucionales, debilidad financiera, corrupción, mala planificación territorial, pérdida de oportunidades económicas como la valorización energética de residuos y graves impactos ambientales y sanitarios. 

En síntesis, objetivamente me reafirmo en la convicción que el crecimiento económico y el aumento sostenido de los RSM no han sido acompañados por un fortalecimiento del Estado. La asignación de responsabilidades a municipalidades sin capacidades, sumada a la morosidad, la corrupción y prácticas no sanitarias como el enterramiento de residuos en zonas inundables, ha generado una crisis estructural que incrementa la vulnerabilidad de la población y desperdicia oportunidades de desarrollo. 

En este contexto, resulta indispensable que los múltiples candidatos a la presidencia, al Congreso y a los distintos niveles de gobierno se pronuncien de manera clara, técnica y verificable sobre cómo enfrentarán este problema.

No basta con declaraciones generales; el país necesita propuestas concretas que aborden el financiamiento de la valorización, el fortalecimiento de capacidades municipales, la reforma de los sistemas de fiscalización, la formalización de los recicladores, la educación ciudadana y, de manera central, la lucha frontal contra la corrupción en la gestión de residuos sólidos municipales.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048 

CIP N° 38874

  

USD 200 millones del BM para minería en Perú

El directorio ejecutivo del Banco Mundial aprobó un nuevo proyecto para respaldar al Perú en aumentar la competitividad, transparencia y sostenibilidad del sector minero, sentando las bases para la creación de más y mejores empleos.

Destacó que la minería representa cerca del 10% del PBI peruano y constituye uno de los principales motores de exportaciones y generación de empleo.

En el año 2025, las exportaciones mineras alcanzaron USD 61.849 millones, reflejando un crecimiento interanual significativo. 

Asimismo, advirtió que la inversión minera se ha desacelerado en los últimos años debido a factores como: cuellos de botella regulatorios, demoras en la aprobación de permisos y desafíos de gobernanza en el sector.

El proyecto busca modernizar la capacidad geocientífica del país y fortalecer la gestión institucional del sector minero. Entre las medidas previstas se incluye la generación y difusión de datos geocientíficos de última generación, lo que permitirá mejorar el conocimiento del potencial mineral del país.

Asimismo, contempla la creación de: una Litoteca Nacional de Testigos de Perforación, un laboratorio de geocronología de última generación y la implementación de una Ventanilla Única Digital para agilizar la aprobación de permisos mineros.

¿Consultas sobre las próximas elecciones generales en Perú?

Ante el honor que me hacen mis pares, colegas y discípulos al consultarme sobre el próximo proceso electoral a realizarse en Perú el 12 de abril del presente año, comparto con ustedes algunas reflexiones asi como la opinión personalísima del suscrito sobre el particular:

Escenario electoral en Perú para las elecciones generales del año 2021

En toda democracia el voto es un derecho. Pero en determinados momentos de la historia de un país, ese derecho adquiere también la dimensión de una responsabilidad moral. 

El Perú atraviesa hoy uno de esos momentos. La fragilidad institucional, la desconfianza en la política, la polarización y los constantes conflictos entre poderes del Estado han debilitado la confianza ciudadana.

En ese contexto, votar pensando en el imperio de la ley deja de ser solo una preferencia política y se convierte en una obligación ética, de tal manera que las reglas se aplican por igual a todos, que las autoridades están sometidas a la Constitución y que ninguna persona o colectividad política está por encima de la ley.

No se trata de una consigna abstracta; es la base que permite que las instituciones funcionen, que la economía genere confianza y que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos con plena seguridad.

Cuando el imperio de la ley se debilita, las consecuencias son visibles: proliferan la corrupción, la arbitrariedad, la captura de instituciones y el uso del poder para intereses particulares, primando los crematísticos en el país que fue un modelo de desarrollo con el floreciente imperio de los Incas.

La historia reciente del Perú ofrece suficientes ejemplos de cómo la erosión institucional termina afectando no solo a la política, sino también al crecimiento económico, la inversión y la estabilidad social.

Un indicador particularmente dramático de esta crisis institucional es el hecho de que varios presidentes de la República en las últimas décadas han sido investigados, procesados e incluso encarcelados por delitos de corrupción. No estuvieron ajenos a seguir estas vicisitudes los funcionarios de los otros niveles de la gestión pública del Estado.  

No escapa al conocimiento público que en los últimos 10 años la crisis e inestabilidad  política ha hecho que 8 presidentes de la república se sentaran en el sillón de Pizarro, de los cuales solamente dos (2) fueron electos en elecciones generales y el resto ocuparon el espacio por sucesión constitucional o gobiernos de transición tras renuncias o vacancias, donde el balance de poder se concentró en la representación nacional del Congreso de la República.

Así las malas prácticas en democracia llegaron a su clímax con el último referendum nacional realizado el nueve de diciembre de 2018, cuando la propuesta de restablecer la bicameralidad del congreso contemplando senadores y diputados, fue rechazada por amplia mayoría en una cantidad superior al noventa por ciento de electores de la población peruana.  

Sin perjuicio de la primacía de la voluntad popular, en el proceso electoral a realizarse este 12 de abril del 2026, se impuso vía reforma constitucional a la bicameralidad, manteniendo el status quo mediante un poderoso senado. 

Esta situación no solo daña la imagen presidencial como piensan algunos, sino lesiona la percepción de todo el país, revelando una falla profunda en los mecanismos de selección política y en la cultura de la libertad respecto al extremo de la consciencia pública.

La corrupción no empieza necesariamente con grandes escándalos, diezmos o millonarios sobornos. Comienza antes, en un acto más sutil pero igualmente grave: aceptar un cargo público para el cual no se tiene la preparación, la experiencia o la integridad necesarias.

Cuando alguien asume una función pública sin la capacidad para ejercerla adecuadamente, se debilita la calidad de las decisiones públicas y se abre la puerta a la improvisación, al clientelismo y a la captura de instituciones.

Las consecuencias de esta práctica son visibles en la vida cotidiana del país. La falta de preparación y de visión de Estado suele traducirse en las recurrentes crisis políticas, inestabilidad gubernamental y debilitamiento institucional a que hago referencia. 

Los patriotas que se atreven a enfrentar a estas malas prácticas, son neutralizados de diversas formas y en el caso de militares y policías simplemente son invitados a pasar al retiro.

El accionar de los operadores de justicia son ralentizados mediante el argumento presupuestal.

A ello se suman crisis sectoriales recurrentes que afectan directamente a la población, como los problemas del deterioro en la seguridad ciudadana, la seguridad en los servicios de salud, la seguridad energética y las crecientes tensiones en torno a la disponibilidad y gestión del agua justamente en la costa peruana, allí donde se localiza la mayor población de peruanos. 

Cuando las decisiones públicas se toman sin conocimiento técnico, sin planificación y sin respeto por las instituciones, el país pasa de administrar problemas estructurales a vivir permanentemente en estado de urgencia y plagado de la informalidad en su vida cotidiana.

Lo que debería gestionarse con políticas públicas de largo plazo termina convirtiéndose en emergencias cíclicas tanto de origen antropogénico como natural, con un alto costo social, económico y humano para millones de personas instaladas en territorio nacional.

Por ello, frente a cada proceso electoral, los ciudadanos deberíamos hacernos una pregunta sencilla pero fundamental: ¿qué candidato cuenta con la trayectoria, el equipo y planes de administración de la cosa pública que garantizan realmente el respeto a la ley y a las instituciones? Más allá de ideologías, promesas o discursos demagógicos, el criterio mínimo para evaluar a quienes aspiran a gobernar debería ser su compromiso con el Estado de derecho, la independencia de poderes, la transparencia y la rendición de cuentas.

Votar pensando en el imperio de la ley no significa apoyar a un partido específico. Significa algo más profundo: defender las reglas que hacen posible la convivencia democrática. Sin instituciones fuertes, cualquier programa político sea económico, social o ambiental,termina siendo inviable. 

Bajo estas consideraciones, muchos partídos políticos y sus candidatos experimentados en lides electorales no pasarían con éxito una auditoría de gestión y por consiguiente la valla electoral.

Estas reflexiones las hago mirando todo el país, incluyendo porsupuesto al Perú profundo, al país real que vive más allá de los círculos del poder político y de los debates coyunturales de la capital Lima, la ciudad tres veces coronada villa. 

Conocer el territorio en sus cuencas hidrográficas, sus regiones, sus recursos y las dificultades que enfrentan millones de peruanos respecto a las brechas existentes en los servicios básicos, permite comprender que el país no puede seguir repitiendo las mismas fórmulas, ni los mismos rostros políticos que fracasaron rotundamente en el pasado. Persistir en los mismos errores solo prolonga los ciclos de crisis y frustración colectiva.

En ese sentido, resulta fundamental que las nuevas generaciones asuman su rol ante la historia. Los jóvenes peruanos no solo representan el futuro del país; también tienen la responsabilidad de renovar la política con ideas, preparación, ética pública y compromiso con el bien común. Sin su participación activa y consciente, será difícil romper con las prácticas que han debilitado dramáticamente la gobernanza y gobernabilidad del país.

En estas elecciones generales, la cédula electoral que es considerada la más grande en la história electoral del pais, presenta el desafío de llenar una matriz con filas de múltiples organizaciones políticas y 5 columnas donde en la misma cédula se eligirá al Presidente y vicepresidente de la República (columna 1), senadores nacionales que representan a todo el país (columna 2), senadores regionales que representan a cada región del país (columna 3), diputados a nivel regional (columna 4) y representantes al parlamento Andino (columna 5). Ante la complejidad de las 5 elecciones en la misma cédula, el tiempo estimado para votar que tiene el elector, podría constituirse en un cuello de botella para definir los votos validamente emitidos en ciertas jurisdicciones electorales de un país multidiverso.

La democracia no se sostiene solo con elecciones; se sostiene con ciudadanos que comprenden que su voto tiene consecuencias para el futuro institucional del país.

En el Perú de hoy, ejercer ese voto con responsabilidad implica priorizar el respeto a la ley por encima de la coyuntura política o de las simpatías momentáneas.

En tiempos de incertidumbre, la defensa del imperio de la ley no es solo una opción política. Es, ante todo, un compromiso con la democracia, con la integridad de las instituciones y con el futuro del país.

En consecuencia, soy de la opinión que el ciudadano peruano , este en territorio peruano o en el extranjero, debe ir a votar en estas elecciones generales de abril y defender su voto para lograr el bien común de ésta y las futuras generaciones. 

Por estas consideraciones mi voto será para la alternativa que reuna las calificaciones antes mencionadas y será consecuente con lo que muy probablemente pensarían mis colegas y amigos que formaron parte de ese 99% de los fallecidos por COVID-19 en el Perú que estaban en edad de votar.

! Dios bendiga al pueblo peruano e ilumine a sus gobernantes !

Dr. Msc. Ing. Javier Prado Blas

DNI N° 08186048

CIP N° 38874

La administración pública ante eventos climáticos extremos

Hoy 4 de marzo, en el día mundial de la ingeniería para el desarrollo sostenible comparto las siguientes reflexiones en momentos en que diversos gobiernos locales a nivel nacional del país de los Incas se encuentran en emergencia para fortalecer la respuesta del Estado ante intensas lluvias y a escasos 39 días para las elecciones generales de una nueva administración de la cosa pública en Perú.

Administración pública en 482 años

La administración pública en los tiempos del virreinato del Perú como máxima entidad territorial y administrativa duró oficialmente 282 años, pues después de crearse el virreinato en 1542, se activó administrativamente con el primer virrey en 1544; por lo que su duración administrativa efectiva fue de 280 años, comprendiendo total o parcialmente en su máxima extensión territorial (siglos XVI–XVII) a los territorios de seis países actuales en la región andina de sudamérica y a partir del siglo XVIII, su territorio se redujo ante la creación del virreinato de Nueva Granada (1717) y el virreinato del Río de la Plata (1776).

Desde entonces, la administración pública del virreinato del Perú quedó concentrado principalmente en los actuales Perú y Bolivia, hasta su desaparición en 1824.

Constituye un hito la conmemoración de los 200 años de la independencia peruana su declaración de independencia en 1821  y la consolidación de su libertad en 1824; motivo por el cual se estima en libertad hasta la actualidad la vigencia de 202 años en que esta fase de la administración  pública participó en el proceso de crecimiento y desarrollo del país.

Periodos de retorno de los eventos climáticos

Registros históricos arqueológicos y sedimentológicos de efectos climáticos ocurridos en el periodo colonial sobre la costa peruana asociados con el fenómeno El Niño, caracterizado por intensas lluvias, grandes avenidas e inundaciones, fueron anotados en apuntes no instrumentales desde el año 1578, seguidos en 1607–1608; 1619–1620; 1630–1631; 1650; 1671; 1687 ; 1701;1720;1728;1761;1784–1785;1791.

Durante el periodo republicano temprano (siglo XIX), se registraron en los años: 1803–1804; 1828;1844–1846;1857–1858;1864;1871;1877–1878;1884–1885;1891.

Asimismo en el periodo instrumental temprano (1900–1950) se suscedieron en los años : 1902;1905–1906;1911–1912;1918–1919;1925–1926; 1930;1932;1939–1941 y en el periodo instrumental moderno (1950–2000) las anotaciones datan de : 1951;1953;1957–1958;1965–1966;1969–1970;1972–1973;1976–1977;1982–1983;1986–1988;1991–1992;1997–1998.

Al llegar el Siglo XXI , con el soporte de equipos e instrumentos de alta confiabilidad científica se obtuvieron registros en los años : 2002–2003;2004–2005;2006–2007;2009–2010;2014–2016 ;2017–Niño Costero; 2018–2019;2023–2024, 2026.

De la misma manera, eventos extremos de sequías constituyen una característica repetitiva del espectro climático peruano durante milenios, habiéndose registrado en el último medio siglo, eventos con intensidades de moderada a extremadamente seco en departamentos andinos para los años : 1982,1983,1985,1987,1988,1990,1992,2004,2005 y 2016; considerando que su impacto está en función a la capacidad de gestión del agua. 

Registro histórico y sedimentológico de efectos climáticos en el desierto de Nazca

Entrando en contexto, es una verdad irrefutable que en territorio peruano, tanto en la antigua como en la nueva administración pública , tuvieron que gestionar los impactos climáticos y en la medida del avance científico, es posible establecer rangos de ocurrencia y patrones probabilísticos que hacen posible que la administración pública no actúe reactivamente ante intensas lluvias o sequías severas , ya que es perfectamente posible prevenir y gestionar el riesgo de ocurrencia con rangos aceptables para los eventos extremos. 

Gestión del recurso agua

En la época preinca, los mecanismos utilizados para captar agua de la escorrentía subterránea en ríos estacionales de la costa desértica fue mediante puquios, reservorios y canales; en tanto que en la zona alto andina de la sierra, fueron usadas las qochas,amunas,waru waru y andenería. En la época Inca se perfeccionaron las terrazas agrícolas con andenes, la siembra y cosecha del agua mediante amunas, el uso de reservorios alto andinos y camellones  o waru waru, así como los sistemas de drenaje; todos ellos en el marco de un modelo de gestión de riesgo climático integrado a la estructura política y administrativa del Estado. 

Así,en el tahuantinsuyo al gestionar sistémicamente la ecuación tierra y agua, se relacionaba con el clima anticipándose a eventos extremos,distribuyendo su impacto territorialmente,de tal manera que el suceso producido se amortiguaba y compensaba socialmente.

Durante el virreinato, la gestión del agua pasó del modelo territorial integral andino a un modelo jurídico productivo colonial, convirtiéndose en un recurso económico estratégico, regulado y su uso concentrado en haciendas y centros mineros.

En la época republicana, la gestión del agua discurrió de un modelo agrícola-sectorial hacia un modelo legal, institucional y técnico especializado integrado por cuencas.

Así, los instrumentos jurídicos y normativos se dieron a través del código de aguas de 1902, la ley general de aguas de 1969 y la ley de recursos hídricos de 2009; los instrumentos institucionales que cuentan con las empresas prestadoras de servicios supervisadas por el organismo regulador, los consejos de recursos hídricos de cuenca y la autoridad nacional del agua; los instrumentos técnicos y de planificación con los planes de gestión de recursos hídricos por cuenca, estudios hidrológicos y económicos ; los instrumentos de infraestructura hidráulica mayor conformado por los proyectos de trasvase e irrigación como Choclococha de Huancavelica-Ica (1950), Chira-Piura (1970), Majes-Siguas (1980), Olmos del río Huancabamba al río Olmos (2000).Un tratamiento especial se identifica en la infraestructura de trasvase alto andinos de Marcapomacocha para la capital del país - Lima.

Los precitados proyectos de trasvase fueron acompañados entre otros por represas y reservorios para la costa como : San Lorenzo (Piura-1958), Tinajones (Lambayeque 1968),Poechos (Piura-1978), Condoroma (Arequipa-1985), Gallito ciego (Cajamarca-1988),Chavimochic (La libertad-1997),Limón (Lambayeque-2009).

A lo largo de este proceso, la administración pública coadyuvó en los esfuerzos para controlar avenidas y sequías; regular caudales, mantener el caudal ecológico, expandir la frontera agrícola, general energía, entre otros y en estricto  gestionar el riesgo climático mitigando los fenómenos meteorológicos,atmosféricos e hidrológicos que se presentan a nivel nacional en sus 159 cuencas hidrográficas.

Desafíos de la nueva administración pública

La gestión de la nueva administración pública en Perú,supone grandes desafíos con agenda pendiente por atender frente a los eventos climáticos extremos que las sociedades prehispánicas desarrollaron en armonía con la naturaleza.

Pese a que en la modernidad se cuenta con una combinación de avances científicos,tecnológicos y de gestión que permiten monitorear,predecir y mitigar el cambio climático asi como a los fenómenos el niño, el niño costero, la niña, entre otros; la desatención del impacto climático combinado sobre el crecimiento del PBI peruano en el periodo 2001-2026 es en el orden del 9 % del PBI acumulado.

Abona a obtener esta realidad la recurrente crisis política que influye directamente en la suficiencia del Estado, donde la inestabilidad institucional incrementa los impactos económicos y sociales derivados de la reducción en su capacidad de resiliencia climática.