Perú, el país de los Incas - un país minero por excelencia - que en sus entrañas y bajo la cordillera de los Andes, guarda ingentes recursos mineros, pasa por una marcada tragedia al tratar de aprovechar los bienes comunes que no armonizan los intereses del hombre con la naturaleza.
Legados que valoran el significado de suelo, subsuelo, tierra , agua , recursos naturales, ordenamiento territorial, derechos de propiedad , entre otros, bajo la cosmovisión de ancestrales generaciones que han poblado ecosistemas de montañas y bosques en las zonas aluviales (conteniendo oro a márgenes de los ríos del oriente peruano), son puestos en valor confundiendo paradigmas, principios y conceptos que el esfuerzo legislativo de largo aliento no terminan por regular : La informalidad minera.
En Perú, se evidencia el accionar de la informalidad minera como un intermedio entre la actividad minera legal y la actividad minera ilegal, sobre la base del uso de medios y fines.
Las actividades mineras formales tienen fines legales, pero algunas son conducidas ilegalmente porque es difícil para los concesionarios mineros cumplir con regulaciones oficiales en el marco de las múltiples autoridades competentes y la inadecuada regulación ambiental.No es que tengan previsto actuar bajo el radar de las normas peruanas, es que simplemente en ciertos proyectos mineros no se ha logrado internalizar la licencia social producto del conocimiento real de la existencia de pasivos ambientales. La falta de una apropiada comunicación entre los actores sociales impide un accionar concensuado respecto del impacto producido por labores mineras que deben ser atendidas ajustadas a Ley.
Las actividades mineras ilegales tienen fines ilegales y por consiguiente no pueden ser desarrolladas sino ilegalmente.
Esta informalidad minera tiene como soporte el hecho que sólo pueden ser considerados como infracciones las contenidas expresamente en normas de la misma naturaleza. Es así que la Infracción, bajo la óptica del derecho general es considerado como toda acción u omisión que importe violación de normas, de allí subyace lo prescrito en la infracción penal e infracción tributaria.
Proceso Histórico
La informalidad minera organizada en Perú tendría sus antecedentes más próximos en la corriente de pensamiento y forma como se desarrollaron las invasiones de terrenos en 1940 y 1968.
Un precedente mas ligado a la minería actual, se dio con la compañía Manhattan , quien inició sus estudios en Tambogrande (Mayo,1999) cuando tomó una opción del Estado a tres años para explorar la zona en Piura, al norte de Lima.
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| Recursos polimetálicos encontrados en Tambogrande que generan expectativas. |
Las pretensiones de la empresa Manhattan era de reubicar una parte del pueblo para ejecutar el proyecto de explotación de los recursos polimetálicos que se hallan bajo su suelo.
La explotación sería mediante tajo abierto, para lo cual tendría que reubicar a veinticinco mil habitantes, lo cual fue rechazado por la comunidad pues la población se mostró contraria a una posible reubicación. Bajo una inadecuada relación comunitaria por el tema de la reubicación y la información que desplegaron los activistas ambientales sobre problemas por disponibilidad de agua, y la contaminación de los recursos, se llegó finalmente a determinar el rechazo de la minería por estos y otros riesgos que se plantearon.
El espacio dejado por la minería formal, fue cubierto en parte por la minería ilegal, dejando con ello una muestra de la capacidad de los operadores ante las concesiones mineras en otras localidades del territorio peruano.
El año 2001 la empresa Minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, obtuvo concesiones mineras en territorios de propiedad de las comunidades campesinas de Yanta (provincia de Ayabaca) y Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba), también en la región Piura, zona norte del Perú.
Una de estas concesiones fue el proyecto minero Río Blanco, que buscó explotar un yacimiento de cobre y molibdeno. Las comunidades campesinas de la zona rechazaron el proyecto porque lo consideraron una amenaza para la agricultura y al uso de agua para consumo humano.
Con similares métodos, procedimientos y características que llevaron al desborde popular aunque en diversa magnitud y dimensión llevadas a cabo en Piura, se dieron episodios en Cerro Quilish (Cajamarca), Tía María (Arequipa), entre otros.
El año 2001 la empresa Minera Majaz, subsidiaria de la empresa británica Monterrico Metals, obtuvo concesiones mineras en territorios de propiedad de las comunidades campesinas de Yanta (provincia de Ayabaca) y Segunda y Cajas (provincia de Huancabamba), también en la región Piura, zona norte del Perú.
Una de estas concesiones fue el proyecto minero Río Blanco, que buscó explotar un yacimiento de cobre y molibdeno. Las comunidades campesinas de la zona rechazaron el proyecto porque lo consideraron una amenaza para la agricultura y al uso de agua para consumo humano.
Con similares métodos, procedimientos y características que llevaron al desborde popular aunque en diversa magnitud y dimensión llevadas a cabo en Piura, se dieron episodios en Cerro Quilish (Cajamarca), Tía María (Arequipa), entre otros.
A inicios del año próximo pasado (2010) se presentaba un reportaje de lo que estaba sucediendo en Madre de Dios, un ejemplo palmario de lo que estaría sucediendo con la informalidad minera organizada.
Concesiones mineras
En Derecho Público, la palabra Concesión ; se aplica a los actos de la autoridad soberana por los cuales se otorga a un particular (concesionario) o a una empresa (concesionaria), determinado derecho o privilegio para la explotación de un territorio o de una fuente de riqueza, la prestación de un servicio o la ejecución de las obras convenidas.
En ese orden de ideas, el Estado peruano al otorgar las Concesiones mineras se encuentra atravezando un terreno minado que debe transitar sin perjuicio del cumplimiento del ordenamiento jurídico y considerando el impulso que viene alcanzando la informalidad minera organizada que no toma reparos en utilizar la violencia, así como las legítimas demandas socio ambientales del pueblo para arrinconar a la administración del Estado en turno, conseguir zonas liberadas de concesiones mineras , a fin de generar el espacio para el desarrollo de la minería ilegal que es por naturaleza salvaje, invasiva y contraria al desarrollo sostenible.
Ante la formalidad del Estado lleno de normas ambientales (desarticuladas en sus diferentes niveles) que dificilmente llega al consumidor de leyes surgen -sobre la base del interés social y necesidad pública- los operadores que en grado extremo se convirtieron en traficantes, a los cuales habría que neutralizarlos oponiéndoles no solo medidas represivas sino creando políticas públicas de atención a la población peruana necesitada de acciones con resultados concretos de corto y mediano plazo.
